Es un hecho histórico bien sabido que la extracción de metales y minerales de la tierra ha estado más sujeta a monopolio que casi cualquier otro negocio.
Era, y en gran parte del mundo civilizado todavía es, estimada como una prerrogativa del soberano. Los productos agrícolas siempre se han obtenido de una amplia área; las manufacturas eran antiguamente producto de talleres modestos y dispersos; pero en la explotación de una mina rica, existía un ingreso constante más principesco que el que se podía obtener de cualquier otra fuente individual.
Asimismo, con todo el respeto debido a las tradiciones de generaciones anteriores, parece haberse considerado que cualquier cosa sobre la cual nadie más tuviera un título válido pertenecía a la corona; y como nadie era capaz de esgrimir una pretensión más sólida sobre la propiedad de la riqueza mineral que el haber tropezado con ella, era natural que el soberano la reclamara como suya.
Vemos así el reconocimiento, desde una época temprana, de la diferencia inherente entre la riqueza natural y la creada por el trabajo.
Pero llegando al tiempo presente, es evidente que el negocio de extraer algunos de los metales más raros de la tierra es singularmente propenso a convertirse en un monopolio. Es una de las nuevas leyes del comercio, cuya fuerza e importancia apenas estamos descubriendo, que la facilidad de restringir la competencia varía con el número de unidades competidoras que deben combinarse.