El Derecho de Vida y Muerte

A menudo se plantea la cuestión de cómo los particulares, que no tienen derecho a disponer de su propia vida, pueden transmitir al Soberano un derecho del que carecen.

La dificultad para responder a esta pregunta me parece que radica en que está mal planteada.

Todo hombre tiene derecho a arriesgar su propia vida con el fin de conservarla.

• ¿Se ha dicho alguna vez que un hombre que se arroja por la ventana para escapar de un incendio es culpable de suicidio?
• ¿Se ha imputado jamás semejante delito a quien perece en una tempestad porque, al embarcarse, conocía el peligro?

El pacto social tiene por fin la conservación de los contratantes. Quien quiere el fin quiere también los medios, y estos medios son inseparables de algunos riesgos y aun de algunas pérdidas.

Quien quiere conservar su vida a expensas de los demás debe también darla por ellos cuando sea necesario.

Además, el ciudadano ya no es juez del peligro al que la ley quiere que se exponga; y cuando el príncipe le dice: «Es conveniente para el Estado que mueras», debe morir, porque solo con esa condición ha vivido en seguridad hasta entonces, y porque su vida ya no es tan solo un favor de la naturaleza, sino un don condicional del Estado.

La pena de muerte infligida a los criminales puede verse bajo una luz muy similar: es para que no caigamos víctimas de un asesino por lo que consentimos en morir si nosotros mismos nos convertimos en asesinos. En este pacto, lejos de disponer de nuestra propia vida, solo pensamos en garantizarla, y no ha de suponerse que ninguna de las partes espere entonces ser ahorcada.

De nuevo, todo malhechor, al atacar los derechos sociales, se convierte por su delito en rebelde y traidor a la patria; al violar sus leyes, deja de ser miembro de ella; incluso le hace la guerra.

En tal caso, la conservación del Estado es incompatible con la suya, y uno u otro debe perecer; al dar muerte al culpable, matamos no tanto al ciudadano cuanto a un enemigo.

El proceso y el juicio son las pruebas de que ha roto el pacto social y de que, en consecuencia, ya no es miembro del Estado. Puesto que él mismo se ha reconocido como tal al residir allí, debe ser expulsado mediante el exilio por violar el pacto, o mediante la muerte como enemigo público; pues semejante enemigo no es una persona moral, sino meramente un hombre; y en tal caso el derecho de la guerra consiste en matar al vencido.

Mas, se dirá, la condena de un criminal es un acto particular. Lo admito; mas tal condena no es una función del Soberano; es un derecho que el Soberano puede conferir sin poder ejercerlo él mismo. Todas mis ideas son coherentes, pero no puedo exponerlas todas a la vez.

Podemos añadir que los castigos frecuentes son siempre un signo de debilidad o negligencia por parte del gobierno.

No hay un solo malhechor que no pudiera ser aprovechado para algún bien. El Estado no tiene derecho a ejecutar, ni siquiera a título de ejemplo, a nadie a quien pueda dejar con vida sin peligro.

El derecho de indultar o de eximir al culpable de una pena impuesta por la ley y pronunciada por el juez pertenece únicamente a la autoridad que está por encima tanto del juez como de la ley, es decir, el Soberano; incluso su derecho en esta materia está lejos de ser claro, y los casos para ejercerlo son extremadamente raros.

En un Estado bien gobernado hay pocos castigos, no porque haya muchos indultos, sino porque los criminales son raros; es cuando un Estado está en decadencia que la multitud de crímenes es una garantía de impunidad.

Bajo la República romana, ni el Senado ni los cónsules intentaron jamás indultar; ni siquiera el pueblo lo hizo nunca, aunque a veces revocó su propia decisión. Los indultos frecuentes significan que el crimen pronto dejará de necesitarlos, y nadie puede dejar de ver adónde conduce eso.

Pero siento que mi corazón protesta y detiene mi pluma; dejemos estas cuestiones al hombre justo que nunca ha ofendido, y que él mismo no tendría necesidad de indulto.