IV. La Cámara de los Comunes

La Cámara de los Comunes

El aspecto dignificado de la Cámara de los Comunes es totalmente secundario respecto a su uso eficiente.

Es dignificado: en un Gobierno en el que las partes más destacadas son buenas porque son muy solemnes, cualquier parte destacada, para ser buena en absoluto, debe ser algo solemne.

La imaginación humana exige decoro en el gobierno tanto como en el arte; no se dejará influir en absoluto por instituciones que no guarden consonancia con aquellas por las que es principalmente influida.

La Cámara de los Comunes necesita ser imponente, e imponente es: pero su utilidad no reside en su apariencia, sino en su realidad. Su función no es ganar poder atemorizando a la humanidad, sino usar el poder para gobernar a la humanidad.

La función principal de la Cámara de los Comunes es una que conocemos muy bien, aunque nuestro lenguaje constitucional común no la reconozca.

La Cámara de los Comunes es una cámara electoral; es la asamblea que elige a nuestro presidente. Washington y sus colegas políticos idearon un colegio electoral, compuesto (como se esperaba) por las personas más sabias de la nación, que, tras la debida deliberación, debía elegir como presidente al hombre más sabio de la nación. Pero ese colegio es una farsa; no tiene independencia ni vida. Nadie sabe, ni le importa saber, quiénes son sus miembros. Nunca discuten y nunca deliberan. Fueron elegidos para votar que el señor Lincoln fuera presidente, o que el señor Breckenridge fuera presidente; votan de ese modo y se van a casa.

Pero nuestra Cámara de los Comunes es un verdadero órgano de elección; elige a las personas que le gustan. Y destituye también a quien le gusta. No importa que hace pocos meses fuera elegida para apoyar a lord Aberdeen o a lord Palmerston; en una ocasión imprevista expulsa al estadista al que al principio se adhirió y selecciona a un estadista opuesto al que al principio rechazó.

Sin duda, en tales casos hay una referencia tácita a la probable opinión pública; pero ciertamente también hay mucho libre albedrío en el juicio de los Comunes. La Cámara solo va allí donde piensa que al final la nación la seguirá; pero se arriesga a que la nación la siga o no; asume la iniciativa y actúa según su discreción o su capricho.

Cuando la nación americana ha elegido a su presidente, su virtud se desvanece, al igual que la del Colegio Trasmisivo a través del cual lo elige. Pero debido a que la Cámara de los Comunes tiene el poder de destitución además del poder de elección, sus relaciones con el primer ministro son incesantes. Ellos lo guían y él los lidera. Él es para ellos lo que ellos son para la nación. Solo va a donde cree que irán tras él. Pero tiene que tomar la iniciativa; debe elegir su dirección y comenzar el viaje. Tampoco debe acobardarse. A un buen caballo le gusta sentir el freno del jinete; y a una gran asamblea deliberativa le gusta sentir que está bajo una guía digna. Un ministro que sucumbe ante la Cámara —que busca ostentosamente su complacencia— que no intenta regularla —que no le señala con audacia los errores evidentes— rara vez prospera. Los grandes líderes del Parlamento han variado mucho, pero todos han tenido una cierta firmeza. Una gran asamblea se echa a perder tan pronto por exceso de indulgencia como un niño pequeño. Toda la vida de la política inglesa es la acción y la reacción entre el Ministerio y el Parlamento. Los designados se esfuerzan por guiar, y los designantes se agitan bajo esa guía.

La función electiva es ahora la más importante de la Cámara de los Comunes. Conviene mucho insistir en esto, y ser machacón, porque nuestra tradición lo ignora.

Al final de la mitad de los períodos de sesiones del Parlamento, se lee en los periódicos, y se oye incluso a quienes han observado de cerca el asunto y deberían saber más, que «el Parlamento no ha hecho nada en este periodo de sesiones. Se prometieron algunas cosas en el discurso de la Reina, pero eran solo pequeñeces; y la mayoría ni siquiera se han aprobado».

Lord Lyndhurst se pasó años enumerando los escasos logros legislativos; y, sin embargo, aquellos eran los tiempos de los primeros Gobiernos güigos, que tuvieron más cosas que hacer en el ámbito legislativo, y las hicieron, que ningún otro Gobierno. La verdadera respuesta de un ministro a arengas como las de Lord Lyndhurst debería haber sido en primera persona. Debería haber dicho con firmeza: «El Parlamento me ha sostenido, y esa ha sido su mayor obligación; el Parlamento ha llevado a cabo lo que, en el lenguaje del respeto tradicional, llamamos el Gobierno de la Reina; ha mantenido lo que, con acierto o sin él, consideró el mejor poder ejecutivo de la nación inglesa».

La segunda función de la Cámara de los Comunes es lo que podría llamar una función expresiva. Es su deber expresar el pensamiento del pueblo inglés en todos los asuntos que se le presentan. Si lo hace bien o mal, lo discutiré en breve.

La tercera función del Parlamento es lo que podría llamar⁠—conservando cierto tecnicismo incluso en asuntos familiares por aras de la claridad⁠—la función docente. Un gran y abierto consejo de hombres notables no puede ser colocado en el centro de una sociedad sin alterar a dicha sociedad. Debería alterarla para mejor. Debería enseñar a la nación lo que no sabe. Hasta qué punto la Cámara de los Comunes puede enseñar así, y hasta qué punto lo enseña efectivamente, son cuestiones para un debate posterior.

En cuarto lugar, la Cámara de los Comunes tiene lo que podría llamarse una función informativa: una función que, aunque en su forma actual es bastante moderna, resulta singularmente análoga a una función medieval. Antiguamente, una de las funciones de la Cámara de los Comunes era informar al soberano de lo que iba mal. Presentaba ante la Corona los agravios y quejas de intereses particulares. Desde la publicación de los debates parlamentarios, una función correspondiente del Parlamento es presentar estos mismos agravios, estas mismas quejas, ante la nación, que es el soberano actual. La nación los necesita tanto como el rey los necesitó jamás. Un pueblo libre es en verdad mayor anverso equitativo, la libertad ejercita a los hombres en el dar y recibir, que es la esencia tosca de la justicia. El pueblo inglés, posiblemente incluso por encima de otras naciones libres, es equitativo. Pero una nación libre rara vez puede ser —y la nación inglesa no lo es— de rápida comprensión. Solo comprende lo que le es familiar, lo que entra dentro de su propia experiencia, lo que concuerda con sus propios pensamientos. «Jamás en mi vida había oído tal cosa», dice el inglés de clase media, y cree que con eso refuta un argumento. El polemista común no puede replicar que su experiencia es limitada, y que la afirmación puede ser cierta aunque no se haya topado con nada parecido en absoluto. Pero un gran debate en el Parlamento sí hace que este sentimiento cale en cierta medida. Cualquier noción, cualquier credo, cualquier sentimiento, cualquier agravio que logre que un número decente de diputados ingleses lo defienda, es percibido por casi todos los ingleses como una opinión tal vez falsa y perniciosa, pero en cualquier caso posible; una opinión dentro de la esfera intelectual, una opinión con la que hay que contar. Y eso es un logro inmenso. Los diplomáticos prácticos afirman que un Gobierno libre es más difícil de tratar que uno despótico; es posible que uno logre que el déspota escuche a la otra parte; sus ministros, hombres de inteligencia formada, sabrán sin duda qué juega en su contra, y es posible que se lo digan. Pero una nación libre jamás escucha otra parte que no sea la suya propia. Los periódicos solo repiten el bando que gusta a sus compradores: los argumentos favorables se exponen, se elaboran, se ilustran; los argumentos adversos se mutilan, se exponen mal, se confunden. El peor juez, dicen, es un juez sordo; el Gobierno más torpe es un Gobierno libre en aquellos asuntos que sus clases dirigentes no quieren escuchar. Me inclino a considerar como la segunda función del Parlamento en orden de importancia que, hasta cierto punto, nos hace escuchar lo que de otro modo no oiríamos.

Por último, se encuentra la función de la legislación, cuya gran importancia sería, por supuesto, absurdo negar, y a la que solo niego ser tan importante como la gestión ejecutiva de todo el Estado, o la educación política que el Parlamento imparte a toda la nación.

Hay, lo confieso, épocas en las que la legislación es más importante que cualquiera de estas dos cosas. Puede ser que las leyes de la nación no le queden bien y esta necesite cambiarlas; alguna ley de cereales en particular puede perjudicar a toda la industria, y puede valer la pena cometer mil errores administrativos para librarse de ella. Pero, por lo general, las leyes de una nación se adaptan a su vida; las adaptaciones especiales de estas son meramente secundarias; la administración y la conducción de esa vida es el asunto que más urge.

Aun así, el cuerpo legislativo de toda gran nación contiene cada año muchas leyes nuevas e importantes, y el de Inglaterra lo hace por encima de cualquiera. Una inmensa masa de la legislación, en verdad, no es tal, en el lenguaje propio de la jurisprudencia.

• Una ley es un mandato general aplicable a muchos casos.
• Los «actos especiales» que abarrotan el cuerpo legislativo y fatigan a los comités parlamentarios son aplicables a un solo caso.

No establecen reglas conforme a las cuales deban construirse los ferrocarriles, sino que decretan que se construirá tal ferrocarril desde este lugar hasta aquel otro, y no tienen relación con ninguna otra transacción.

Pero, hechas todas las deducciones y rebajas, la legislación anual del Parlamento es un resultado de singular importancia; si no fuera así, no podría ser, como a menudo se considera, el único resultado de sus sesiones anuales.

Algunos pensarán quizá que debería enumerar una sexta función de la Cámara de los Comunes⁠: una función financiera. Pero no considero que, en un principio general y omitiendo los tecnicismos legales, la Cámara de los Comunes tenga ninguna función especial en lo tocante a lo financiero que difiera de sus funciones respecto a otras legislaciones.

Debe gobernar en ambas, y gobernar en ambas a través del Gabinete. La legislación financiera es por necesidad una legislación que se repite anualmente; pero la frecuencia con la que ocurre no indica una diversidad de naturaleza ni obliga a un tratamiento de oposición.

En verdad, la principal peculiaridad de la Cámara de los Comunes en asuntos financieros no es hoy en día un privilegio especial, sino una incapacidad excepcional. Sobre asuntos comunes cualquier miembro puede proponer cualquier cosa, pero no sobre dinero; solo el Ministro puede proponer gravar al pueblo.

Este principio se envuelve comúnmente en la metafísica medieval sobre la prerrogativa de la Corona, pero es tan útil en el siglo diecinueve como en el catorce, y descansa sobre un principio igual de seguro.

La Cámara de los Comunes —ahora que es la verdadera soberana y nombra al poder ejecutivo real— hace tiempo que dejó de ser el organismo fiscalizador, austero y económico que solía ser. Hoy es más propensa a gastar dinero que el Ministro en turno.

He oído decir a un financiero muy experimentado: «Si quieres suscitar una ovación general en la Cámara de los Comunes, haz un panegírico general sobre la economía; si quieres invitar a una derrota segura, propón un ahorro en particular».

El proceso es sencillo. Todo gasto de dinero público tiene algún objetivo público aparente; quienes desean gastar el dinero se explayan sobre ese objetivo; dicen: «¿Qué son 50.000 libras para este gran país? ¿Es este un momento para objeciones mezquinas? Nuestra industria nunca ha sido tan productiva; nuestros recursos nunca han sido tan inmensos. ¿Qué son 50.000 libras en comparación con este gran interés nacional?».

Los miembros que están a favor del gasto siempre acuden; tal vez un votante o un amigo que se beneficiará del desembolso, o que está entusiasmado con el objetivo, les ha pedido que asistan; en cualquier caso, hay que emitir un voto popular, sobre el cual los periódicos —siempre filantrópicos y a veces convencidos— seguramente verterán elogios.

Los miembros que se oponen al gasto rara vez acuden por iniciativa propia; ¿por qué habrían de volverse impopulares sin razón? El objetivo parece decente, muchos de sus defensores son sin duda sinceros: un voto hostil creará enemigos y será censurado por la prensa.

Si no hubiera algún freno, la «cámara del pueblo» pronto gastaría más que el dinero del pueblo.

Ese control es responsabilidad del Gabinete en lo que respecta a la hacienda nacional. Si cualquiera pudiera proponer un impuesto, podría dejar que la Cámara lo gaste como quisiera, y lavarse las manos en el asunto; pero ahora, por cada gasto que se aprueba —incluso cuando se aprueba en contra de los deseos del Ministerio—, el Ministerio debe encontrar el dinero. En consecuencia, tienen el más fuerte de los motivos para oponerse a los gastos extraordinarios. Tendrán que pagar la cuenta de estos; tendrán que imponer tributos, lo cual siempre es desagradable, o sugerir empréstitos, que, bajo circunstancias ordinarias, son vergonzosos. El Ministerio es (por decirlo así) el sostén de la familia política, y tiene que hacer frente al costo de la filantropía y la gloria, tal como el cabeza de familia tiene que pagar las obras de caridad de su esposa y el tocador de sus hijas.

En verdad, cuando un Gabinete se convierte en el único poder ejecutivo, se sigue que debe tener la única responsabilidad financiera, pues toda acción cuesta dinero, toda política depende del dinero, y es en el ajuste de la bondad relativa de la acción y las políticas donde el ejecutivo se emplea.

De la consideración de estas funciones se deduce que estamos gobernados por la Cámara de los Comunes; de hecho, estamos tan acostumbrados a ser gobernados así que no nos parece extraño en absoluto. Pero de todas las formas extrañas de gobierno, la más extraña es en verdad el gobierno mediante una asamblea pública. He aquí 658 personas, reunidas de todas partes de Inglaterra, distintas en su naturaleza, distintas en sus intereses, distintas en su aspecto y en su idioma. Si pensamos en qué clase de imperio es el inglés, cuán diversos son sus componentes, cuán incesantes sus asuntos, cuán sumergida en la historia su política; si pensamos qué vasta información, qué sutil cautela, qué voluntad coherente deberían caracterizar a los gobernantes de ese imperio, nos sorprenderemos al verlos. Vemos a un cuerpo cambiante de personas heterogéneas, a veces pocas, a veces muchas, nunca las mismas durante una hora; a veces exaltadas, pero las más de las veces aburridas y a medio gas⁠—impacientes ante la elocuencia, aferrándose a cualquier broma como alivio. Estas son las personas que gobiernan el Imperio Británico⁠—que gobiernan Inglaterra, que gobiernan Escocia, que gobiernan Irlanda, que gobiernan una gran parte de Asia, que gobiernan una gran parte de la Polinesia, que gobiernan una gran parte de América y fragmentos dispersos por todas partes.

Paley dijo muchas cosas agudas, pero nunca dijo nada mejor que esto: es mucho más difícil hacer que los hombres vean una dificultad que comprender la explicación de ella.

La clave de las dificultades de la mayoría de las cuestiones debatidas y no resueltas se encuentra comúnmente en sus partes no debatidas: son como el fondo de un cuadro, que parece obvio, fácil, exactamente lo que cualquiera podría haber pintado, pero que, de hecho, coloca a las figuras en su posición correcta, las modera y las hace ser lo que son.

Nadie comprenderá el gobierno parlamentario si se imagina que es algo fácil, algo natural, algo que no necesita explicación. No se tiene una percepción de los primeros elementos en este asunto hasta que se sabe que el gobierno por asamblea es una maravilla permanente.

Ha habido recientemente una excelente ilustración de cuán indefensos se hallan muchos caballeros ingleses cuando se les convoca de repente.

El Gobierno, con razón o sin ella, creyó conveniente encomendar a las sesiones plenarias de cada condado el deber de combatir la peste bovina, pero el panorama en la mayoría de las «salas de los condados» fue insatisfactorio.

Hubo grandísimas dificultades para tomar no ya una decisión acertada, sino cualquier decisión. Yo mismo presencié una que discurrió así. El presidente propuso una resolución muy compleja, en la cual había mucho que a todos gustaba y mucho que a todos desagradaba, aunque, por supuesto, las partes favoritas de unos eran las objetables para otros. Esta resolución quedó, por decirlo así, atascada en la reunión; todo el mundo sugirió enmiendas; se aprobó una enmienda con la que nadie quedó satisfecho, y así quedó el asunto en el aire.

Es un dicho en Inglaterra que «una gran reunión nunca hace nada»; y, sin embargo, nos gobierna la Cámara de los Comunes⁠—es decir, «una gran reunión».

Se puede decir que la Cámara de los Comunes no gobierna, sino que se limita a elegir a los gobernantes. Pero debe de haber algo especial en ella para permitirle hacer tal cosa. Supongamos que el Gabinete fuera elegido por un club de Londres, ¡qué confusión se produciría, cuántas notas y respuestas! «¿Quieres hablar con Fulano y pedirle que vote por mi candidato?», se oiría por todas partes. Cómo tramarían la esposa de A y la esposa de B para desconcertar a la esposa de C. Que el club eligiera bajo la sombra dignificada de una reina, o sin tal sombra, apenas importaría; si la elección sustancial dependiera de ellos, la confusión y la intriga también estarían ahí. Me propongo comenzar este escrito preguntando, no por qué la Cámara de los Comunes gobierna bien, sino formulando la pregunta fundamental —casi nunca planteada—: ¿cómo llega la Cámara de los Comunes a ser capaz de gobernar en absoluto?

La Cámara de los Comunes puede realizar una labor que las sesiones trimestrales o los clubes no pueden hacer, porque es un organismo organizado, mientras que las sesiones trimestrales y los clubes no están organizados. Dos de los más grandes oradores de Inglaterra —lord Brougham y lord Bolingbroke— gastaron gran elocuencia en atacar el gobierno de partidos. Bolingbroke probablemente sabía lo que hacía; era un opositor consecuente al poder de los Comunes; deseaba atacarlos en una parte vital. Pero lord Brougham no lo sabe; propone enmendar el gobierno parlamentario eliminando los mismos elementos que hacen posible el gobierno parlamentario. En la actualidad, la mayoría del Parlamento obedece a ciertos líderes; lo que esos líderes proponen lo apoyan, lo que esos líderes rechazan lo rechazan. Un viejo secretario del Tesoro solía decir: «Este es un mal caso, un caso indefendible. Debemos aplicar nuestra mayoría a esta cuestión». Ese secretario vivió hace cincuenta años, antes de la Ley de Reforma, cuando las mayorías eran muy ciegas y muy «aplicables». Hoy en día, el poder de los líderes sobre sus seguidores está estricta y sensatamente limitado: solo pueden llevar a sus seguidores un poco más allá, y solo en ciertas direcciones. Sin embargo, todavía hay líderes y seguidores. En el lado conservador de la Cámara hay vestigios del liderazgo despótico incluso ahora. Se dice que un político cínico observó la larga hilera de diputados de los condes, tan frescos y de aspecto respetable, y murmuró: «¡Por Júpiter, son los mejores votos brutos de Europa!». Pero, dejando a un lado la sátira, el principio del Parlamento es la obediencia a los líderes. Cambia de líder si quieres, toma otro si quieres, pero obedece al número 1 mientras sirvas al número 1, y obedece al número 2 cuando te hayas pasado al número 2. El castigo por no hacerlo es el castigo de la impotencia. No es que no vayas a poder hacer ningún bien, sino que no podrás hacer absolutamente nada. Si todo el mundo hace lo que cree correcto, habrá 657 enmiendas a cada moción, y ninguna de ellas será aprobada ni tampoco la moción.

El momento, en verdad, en que concebimos claramente que la Cámara de los Comunes es principal y ante todo una asamblea electiva, percibimos de inmediato que el partido es de su esencia.

Jamás ha habido una elección sin un partido. No se puede meter a un niño en un asilo sin una combinación.

En tales lugares se puede ver «Vote por el huérfano A» en un cartel, y «Vote por el huérfano B (¡¡¡también un idiota!!!)» en una pancarta, y el partido de cada uno anda ocupado con su cartel y su pancarta.

Lo que es verdad en esas elecciones menores y pasajeras debe ser mucho más verdad en una elección grande y constante de gobernantes. La Cámara de los Comunes vive en un estado de perpetua elección potencial; en cualquier momento puede elegir a un gobernante y destituir a un gobernante.

Y por tanto el partido es inherente a ella, es hueso de sus huesos y aliento de su aliento.

En segundo lugar, aunque los líderes de los partidos ya no disponen del vasto clientelismo del siglo pasado con el que sobornar, pueden coaccionar mediante una amenaza mucho más potente que cualquier halago: pueden disolver la cámara. Este es el secreto que mantiene unidos a los partidos. El Sr. Cobden dijo con gran acierto: «Nunca ha sido capaz de descubrir cuál era el momento oportuno, según los miembros del Parlamento, para una disolución. Les ha oído decir que están dispuestos a votar por cualquier otra cosa, pero nunca les ha oído decir que están dispuestos a votar por eso». La eficacia en una asamblea requiere una masa sólida de votos constantes; y estos se obtienen mediante una lealtad deferente hacia hombres determinados, o por la creencia en los principios que esos hombres representan, y se mantienen por el miedo a esos hombres: por el temor de que, si votas en su contra, es muy posible que pronto tú dejes de tener voto alguno.

En tercer lugar, puede parecer extraño decirlo, justo después de inculcar que la organización de partido es el principio vital del gobierno representativo, pero dicha organización es permanentemente eficiente porque no está compuesta de partidarios fervorosos. El cuerpo es entusiasta, pero los átomos son fríos. Si fuera de otro modo, el gobierno parlamentario se convertiría en el peor de los gobiernos: un gobierno sectario. El partido en el poder llegaría hasta donde sus oradores propusieran, hasta donde sus fórmulas ordenaran, tan lejos como alguna vez hubieran dicho que llegarían. Pero los partidarios del Parlamento inglés no tienen tal temple. Son whigs, radicales o tories, pero también muchas otras cosas más. Son ingleses comunes y corriente y, como se lamenta el padre Newman, «difíciles de elevar al nivel dogmático». No están ansiosos por llevar los principios de su partido a conclusiones imposibles. Por el contrario, la forma de dirigirlos —la mejor y más reconocida— es fingir una moderación estudiada e ilógica. Se puede oír a los hombres decir: «Sin comprometerme con la tesis de que 3 + 2 son 5, aunque tengo la libertad de admitir que el honorable miembro por Bradford ha presentado argumentos muy serios en favor de ella, creo que puedo, con el permiso del Comité, asumir que 2 + 3 no son 4, lo cual será una base suficiente para las importantes proposiciones que me atreveré a someter en la presente ocasión». Este lenguaje es muy adecuado para la mayor parte de la Cámara de los Comunes. A la mayoría de los hombres de negocios les encanta una especie de penumbra. Han vivido toda su vida en una atmósfera de probabilidades y de duda, donde nada es muy claro, donde hay algunas posibilidades para muchos acontecimientos, donde hay mucho que decir a favor de varios cursos de acción, donde sin embargo un curso debe ser elegido con determinación y mantenido firmemente. Les gusta escuchar argumentos adecuados a esta bruma intelectual. Tan lejos está de parecerles la cautela o la vacilación en la exposición del argumento como un indicio de imbecilidad, que les parece un signo de pragmatismo. Ellos mismos se enriquecieron mediante transacciones de las cuales no habrían podido exponer la base argumentativa, y todo lo que piden es una conclusión clara aunque moderada, que puedan repetir cuando se les pregunte; algo que sienten que no es un argumento abstracto, sino un argumento abstracto diluido y disuelto en la vida real. «A mí me parece», dijo una vez un joven impaciente, «que los argumentos de Peel no tienen consistencia». Y esa fue la razón por la cual Sir Robert Peel fue el mejor líder de los Comunes en nuestro tiempo; nos gusta que a un argumento se le quite la rigidez y se le deje la sustancia.

Ni en verdad, bajo nuestro sistema de gobierno, los propios líderes de la Cámara de los Comunes están, por lo general, ávidos de llevar las conclusiones partidistas demasiado lejos. Están en contacto con la realidad.

Una Oposición, al llegar al poder, suele ser como un comerciante especulador cuyas letras de cambio vencen. Los ministros tienen que cumplir sus promesas, y encuentran dificultades para hacerlo. Han dicho que el estado de cosas es tal y cual, y que si les dan el poder harán esto y aquello.

Pero cuando llegan a manejar los documentos oficiales, a conversar con el subsecretario permanente —familiarizado con los hechos desagradables y que, aunque de modales muy respetuosos, resulta de lo más inquebrantable en su opinión—, muy pronto surgen las dudas.

Por supuesto, hay que hacer algo; el comerciante especulador no puede olvidar sus letras; la antigua Oposición no puede, ya en el cargo, olvidar aquellas frases que los admiradores implacables en el país todavía citan. Pero así como el comerciante le pregunta a su deudor: «¿No podría aceptar un pagaré a cuatro meses?», el nuevo ministro le dice al subsecretario permanente: «¿No podría sugerir un término medio? Por supuesto, no estoy atado por meras frases usadas en el debate; nunca se me ha acusado de permitir que una falsa ambición de coherencia desvíe mi conducta; pero», etc., etc.

Y el resultado final es siempre que se concibe un término medio que se parece lo más posible a lo sugerido en la oposición, pero que es lo más posible lo que los hechos patentes —hechos que parecen vivir en la oficina, tan molestos e incesantes son— demuestran que debe hacerse.

De todos los modos de imponer la moderación a un partido, el mejor es ingeniárselas para que los miembros de ese partido sean hombres intrínsecamente moderados, prudentes y casi pusilánimes; y el segundo mejor es lograr que los líderes del partido, que más han protestado en su favor, sean colocados en el contacto más estrecho con el mundo real.

Nuestro sistema inglés contiene ambos artificios; hace que el gobierno de partido sea permanente y posible de la única manera en que puede serlo: haciéndolo apacible.

Pero estos expedientes, aunque remedian suficientemente los defectos que restan eficacia a un club común o a unas sesiones de magistrados (quarter-sessions), no permitirían a la Cámara de los Comunes gobernar Inglaterra.

Una reunión pública representativa está sujeta a un defecto añadido a los de otras reuniones públicas. Puede no ser independiente. Los distritos electorales pueden no dejarla en paz. Pero si no lo hacen, todos los frenos enumerados contra los males de una organización partidista resultarían fútiles.

El sentimiento de un distrito electoral es el sentimiento de un partido dominante, y ese sentimiento es provocado, estimulado y a veces incluso fabricado por el agente político local. Tal opinión no podría ser moderada; no podría estar sujeta a un debate eficaz; no podría estar en estrecho contacto con los hechos apremiantes; no podría elaborarse bajo un sentido moderador de responsabilidad inmediata; no podría formarse como forman sus opiniones aquellos que tienen que actuar en consecuencia.

El gobierno de los distritos electorales es exactamente lo opuesto al gobierno parlamentario. Es el gobierno de personas desmedidas lejos de la escena de acción, en lugar del gobierno de personas moderadas cerca de la escena de acción; es el juicio de personas que juzgan en última instancia y sin penalización, en lugar de personas que juzgan con el temor a una disolución y siempre conscientes de que están sujetas a una apelación.

La mayoría de las personas admitirían estas condiciones del gobierno parlamentario al leerlas, pero al menos dos de las ideas más destacadas en la opinión pública son incompatibles con ellas.

El plan hacia el que tienden claramente los argumentos de nuestros demagogos, y el plan al que se aferran las predilecciones de algunos de los filósofos más eminentes, son ambos de esa índole. No solo harían que el gobierno parlamentario funcionara mal, sino que impedirían que funcionara en absoluto; no lo harían malo, pues lo harían imposible.

La primera de ellas es la teoría ultrademocrática. Esta teoría exige que todo hombre de veintiún años (si no también toda mujer) tenga un voto igualitario para elegir al Parlamento.

Supongamos que el año pasado había doce millones de varones adultos en Inglaterra. Según esta teoría, cada hombre debe tener una docemillonésima parte en la elección de un Parlamento; ni por ley explícita han de tener los ricos y sabios más votos que los pobres y estúpidos, ni ningún artificio latente ha de otorgarles una influencia equivalente a más votos.

El mecanismo para llevar a cabo tal plan es muy sencillo. En cada censo, el país debería dividirse en 658 distritos electorales, en cada uno de los cuales el número de varones adultos debería ser el mismo; y estos distritos deberían ser las únicas circunscripciones y elegir a todo el Parlamento.

Pero si los requisitos anteriores son indispensables para el gobierno parlamentario, ese Parlamento no funcionaría.

Un Parlamento de este tipo no podría estar compuesto por hombres moderados.

Los distritos electorales estarían situados, algunos de ellos, en lugares puramente agrícolas, y en estos el pastor y el terrateniente tendrían un poder casi ilimitado. Podrían conducir o enviar a las urnas a toda la población trabajadora. Estos distritos elegirían a una oligarquía terrateniente sin mezcla. Los pequeños y dispersos pueblos que ahora envían tantos miembros al Parlamento quedarían perdidos en la masa paleta; sus votos no enviarían al Parlamento ningún miembro singular. La parte agrícola de Inglaterra elegiría a sus representantes exclusivamente entre jueces de paz.

Por otra parte, una gran parte de los colegios electorales serían distritos urbanos, y estos enviarían a personas que representarían las creencias o increencias de las clases más bajas de sus ciudades. Estarían, tal vez, divididos entre los genuinos representantes de los artesanos —posiblemente no de los mejores artesanos, que son una clase selecta e intelectual, sino del orden común de los trabajadores— y los miembros meramente fingidos de esa clase a los que puedo llamar los diputados de las tabernas. En todas las grandes ciudades en las que hay actividad electoral, estos establecimientos son los centros de la corrupción ilícita y de la gestión ilícita. Existen registros bastante buenos de lo que son esa corrupción y esa gestión, pero no hay necesidad de describirlas aquí. Todo el mundo comprenderá qué clase de cosas quiero decir, y la especie de miembros sin principios que son elegidos por ellas.

Nuestro nuevo Parlamento, por tanto, estaría formado por dos tipos de representantes de la clase baja urbana y un tipo de representantes de la clase baja agrícola. Los genuinos representantes del campo serían hombres de una índole muy marcada, y los genuinos representantes del condado, hombres de otra índole muy marcada, pero muy opuesta: unos tendrían los prejuicios de los artesanos urbanos, y los otros los prejuicios de los magistrados rurales. Cada clase hablaría un lenguaje propio; cada una sería ininteligible para la otra; y la única clase próspera sería la de los representantes inmorales, que fueron elegidos mediante maquinación corrupta y que probablemente obtendrían un buen beneficio sobre el capital que invirtieron en esa corrupción.

Si es verdad que un gobierno parlamentario solo es posible cuando la abrumadora mayoría de los representantes son hombres esencialmente moderados, sin variedades pronunciadas, libres de prejuicios de clase, este Parlamento ultrademocrático no podría sostener tal gobierno, pues sus miembros se destacarían por dos tipos de violencia moral y un tipo de violencia inmoral.

No considero ni por un momento que el proyecto del señor Hare esté al nivel del de los ultrademócratas. Es difícil no sentir cierta fascinación romántica hacia él. El mundo parece volverse joven cuando serios ancianos abogados y maduros filósofos proponen un plan que promete tanto.

Es de estas clases de donde los jóvenes suelen sufrir la fría demostración de que sus buenos planes chocan contra obstáculos arraigados, de que son repeticiones de otros planes que fracasaron hace mucho y de que debemos conformarnos con los muy moderados resultados de la maquinaria probada.

Pero el señor Hare y el señor Mill ofrecen, como efecto de su nuevo plan, resultados tan vastos y mejoras tan interesantes como los que un joven entusiasta se haya prometido jamás en su estado de ánimo más dichoso.

No concedo ninguna importancia a la supuesta inviabilidad del proyecto del Sr. Hare por el hecho de ser nuevo. Por supuesto, no podrá ponerse en práctica hasta que sea viejo. Un gran cambio de esta clase, por fortuna, no puede ser repentino; un pueblo libre no puede verse confundido por nuevas instituciones que no comprende, pues no las adoptará hasta que las comprenda. Pero si el plan del Sr. Hare lograra lo que sus defensores afirman, o la mitad de lo que afirman, valdría la pena trabajar por él, aunque no se adoptara hasta el año 1966. Debemos popularizar incesantemente el principio mediante la escritura; y, lo que es mejor que la escritura, pequeños ensayos experimentales preliminares. Hay tanto que resulta fatigoso y detestable en el resto de los mecanismos electorales, que comprendo perfectamente —y ojalá pudiera compartir— la sensación de alivio con la que los creyentes en este esquema se despojan de todas sus trabas y miran hacia un futuro casi ideal en el que este cautivador plan se lleve a cabo.

El plan del señor Hare no puede discutirse de manera satisfactoria en la compleja forma en que lo presenta.

Ninguna persona corriente comprende con facilidad todos los detalles en los que, con cariñoso esmero, lo ha materializado. Estaba tan ansioso por demostrar lo que se podía hacer, que ha confundido a la mayoría de la gente sobre lo que es.

He oído decir a un hombre: «Jamás podía recordarlo dos días seguidos». Pero la dificultad que yo siento es fundamental, y totalmente independiente de los detalles.

Hay dos modos en que pueden formarse las circunscripciones electorales.

Primero, la ley puede crearlas, como en Inglaterra y en casi todas partes: la ley puede estipular que tales o cuales requisitos otorguen el derecho al voto en la circunscripción X; aquellos que posean dicho requisito conformarán la circunscripción X. Estas son las que podemos denominar circunscripciones obligatorias, y las conocemos bien.

O, en segundo lugar, la ley puede dejar que sean los propios electores quienes las formen. La ley puede decretar que voten todos los varones adultos de un país, o aquellos varones que sepan leer y escribir, o los que posean cincuenta libras al año, o cualesquiera personas definidas de cualquier modo, y luego permitir que esos votantes se agrupen como prefieran.

Supongamos que hubiera 658.000 votantes para elegir la Cámara de los Comunes; es posible que la legislatura declare: «No nos importa cómo se combinen. En un día determinado, que cada conjunto de personas notifique en qué grupo pretende votar; si cada votante da aviso y cada cual procura aprovechar al máximo su voto, cada grupo tendrá exactamente 1.000. Pero la ley no hará que esto sea necesario; tomará los 658 grupos más numerosos, sin importar si tienen 2.000, 1.000, 900 u 800 votos; los grupos más numerosos, sea cual fuere su número; y estas serán las circunscripciones de la nación».

Estas son circunscripciones voluntarias, si se me permite llamarlas así; la clase más simple de circunscripciones voluntarias. El Sr. Hare propone una clase mucho más compleja; pero para mostrar los méritos y deméritos del principio voluntario, la forma más simple es la mejor con mucho.

La tentación de ese principio es muy clara.

Bajo la forma obligatoria de circunscripción, los votos de las minorías se desperdician.

En la ciudad de Londres, actualmente, hay muchos tories, pero todos los miembros son whigs; por lo tanto, cada tory de Londres está, por ley y por principio, mal representado: su ciudad envía al Parlamento no al miembro que él deseaba tener, sino al miembro que no deseaba tener.

Pero bajo el sistema voluntario, los tories de Londres, que son muchos más de 1.000 en número, pueden combinarse; pueden formar una circunscripción y elegir a un miembro.

En muchas circunscripciones existentes, la privación del derecho de voto de las minorías es desesperada y crónica.

Yo mismo he tenido un voto para un condado agrícola durante veinte años, y soy liberal; pero siempre han sido elegidos dos tories, y toda mi vida lo serán.

Tal como están las cosas ahora, mi voto no sirve de nada.

Pero si pudiera combinarme con otros 1.000 liberales en ese y en otros condados conservadores, podríamos elegir a un miembro liberal.

Nuevamente, este plan elimina todas nuestras dificultades en cuanto al tamaño de las circunscripciones. Se suele decir que no es razonable que Liverpool elija únicamente el mismo número de diputados que King’s Lynn o Lyme Regis; pero, según el plan voluntario, Liverpool podría reducirse al nivel de King’s Lynn.

La minoría liberal en King’s Lynn podría comunicarse con la minoría liberal en Liverpool y sumar 1.000; y así en todas partes. Las poblaciones numerosas obtendrían lo que se denomina su ventaja legítima: cuando las circunscripciones se formen voluntariamente, podrán formar, y estarán dispuestas a formar, el mayor número de circunscripciones.

Nuevamente, los admiradores de un gran hombre podrían formarle un electorado digno. Tal como están las cosas, el señor Mill fue elegido por los electores de Westminster; y estos nunca, desde que tienen diputados, se han hecho a sí mismos un honor tan grande.

Pero ¿qué sabían los electores de Westminster del señor Mill? ¿Qué fracción de su mente podía ser imaginada por cualquier porcentaje de las mentes de ellos? Buena parte de su genio no les habría gustado a la mayoría de ellos. Tenían la intención de rendir homenaje a la capacidad intelectual, pero era el culto a un Dios desconocido, si es que alguna vez ha habido tal cosa en este mundo.

Pero bajo el sistema voluntario, mil de los muchos miles de estudiantes del libro del señor Mill le habrían constituido un electorado capaz de apreciarlo.

Podría calcular otras ventajas, pero tengo que oponerme al plan, no recomendarlo. ¿Cuáles son los contrapesos que anulan estos méritos? Respondo que la composición voluntaria de los distritos electorales me parece incompatible con los requisitos previos necesarios del gobierno parlamentario tal y como acaban de exponerse.

Bajo el sistema voluntario, la crisis de la política no es la elección del miembro, sino la creación de la circunscripción electoral. La fabricación de presidentes ya es un oficio en América, y la fabricación de circunscripciones electorales sería, bajo el plan voluntario, un oficio aquí.

Cada partido tendría un problema numérico que resolver. Los líderes dirían: «Tenemos 350.000 votos, debemos procurar tener 350 miembros»; y la única forma de conseguirlos es organizarse.

Un hombre que quisiera formar parte de una circunscripción liberal no tendría que ponerse a buscar él mismo a otros 1.000 liberales; si lo hiciera, tras escribir 10.000 cartas, probablemente descubriría que estaba contribuyendo a una circunscripción de 100, cuyos votos se perderían por completo al ser la circunscripción demasiado pequeña para ser tenida en cuenta.

Un liberal así tendría que escribir a la gran Asociación de Registro en Parliament Street; tendría que comunicarse con sus hábiles administradores, y estos no tardarían en usar su voto por él. Le dirían: «Señor, llega tarde; el señor Gladstone, señor, está completo. Consiguió sus 1.000 el año pasado. La mayoría de los caballeros sobre los que lee en los periódicos están completos. Tan pronto como un caballero pronuncia un buen discurso, recibimos un montón de cartas que dicen: "Hacednos la circunscripción de ese caballero". Pero no podemos hacer eso. Aquí está nuestra lista. Si no quiere desperdiciar su voto, debe dejarse guiar por nosotros: aquí tiene a tres caballeros muy satisfactorios (y uno es Honorable): puede votar por cualquiera de ellos y apuntaremos su nombre; pero si se dedica a votar a la ligera, quedará totalmente descartado».

El resultado evidente de esta organización sería el regreso principal de hombres de partido. Los creadores de diputados no buscarían la independencia, sino el servilismo, y difícilmente se les podría culpar por ello. Son agentes del partido Liberal y, como tales, deben guiarse por lo que consideran que son los deseos de su mandante. La masa del partido Liberal desea la medida A, la medida B, la medida C. Los directores del registro —los hábiles manipuladores— son hombres ocupados. Dirían: «Señor, aquí está nuestra tarjeta; si quiere entrar en el Parlamento de nuestro lado, debe respaldar esa tarjeta; fue redactada por el señor Lloyd; solía dedicarse a los ferrocarriles, pero desde que aprobaron este nuevo plan de votación, le pedimos que nos atienda; es una tarjeta sólida; cíñase a eso y le irá bien». Con este plan (en teoría) voluntario, se reuniría a un grupo de diputados atados de pies y manos con lazos y grillos partidistas, infinitamente más apretados que los de cualquier diputado actual.

Quien espere algo de una acción popular inconexa cuando se enfrenta a una acción popular sistematizada, debería considerar el modo en que se elige al presidente estadounidense.

El plan preveía que los ciudadanos en general votaran al estadista que más les gustara. Pero nadie hace nada por el estilo. Votan por la candidatura elaborada por «el caucus», y el caucus es una especie de asamblea representativa que vota y vota hasta que descarta a todos los hombres conocidos contra los que hay mucho que objetar, y acuerda un hombre desconocido contra el que no se conoce nada y, por tanto, nada se puede alegar.

Los caucuses, o su equivalente, serían mucho peores aquí en la creación de circunscripciones electorales que allí en la elección presidencial, porque en las grandes ocasiones la nación estadounidense puede fijarse en un gran hombre al que conoce, pero la nación inglesa no podría fijarse en 658 grandes hombres y elegirlos. No conoce a tantos y, si lo hiciera, se equivocaría en las dificultades de la manipulación.

Pero aunque un votante común solo pudiera ser encuadrado en un distrito electoral efectivo, y un candidato común solo pudiera alcanzar un distrito obedeciendo las órdenes de los artífices de las elecciones políticas de su bando, ciertos votantes y ciertos diputados serían totalmente independientes de ambos.

Hay organizaciones en este país que pronto se crearían un conjunto de distritos electorales a su medida. Cada capilla sería una oficina de transferencia de votos antes de que el plan llevara tres meses conocido. La Iglesia sería mucho más lenta en aprenderlo y mucho menos mañosa en aplicarlo; pero lo aprendería.

En la actualidad, los disidentes son un componente de lo más enérgico y valioso del partido liberal; pero bajo el plan voluntario no serían un componente, sino un elemento separado e independiente. Hoy proponemos agrupar distritos urbanos; pero entonces combinarían capillas. Habría un diputado por la congregación bautista de Tavistock, cum Totnes, cum, etc., etc.

Toda la fuerza de esto no puede apreciarse a menos que se remita a la prueba anterior de que la masa de un Parlamento debe estar compuesta por hombres de sentimientos moderados, o elegirán un Ministerio desmedido y promulgarán leyes violentas. Pero, según el plan sugerido, la Cámara estaría formada por políticos de partido seleccionados por un comité partidista, encadenados a ese comité y comprometidos con la violencia partidista, y por representantes característicos, y por lo tanto desmedidos, de cada «ismo» de toda Inglaterra. En lugar de una asamblea deliberativa de hombres moderados y juiciosos, tendríamos un compuesto heterogéneo de todo tipo de violencias.

Quizá parezca que estoy trazando una caricatura, pero aún no he llegado a lo peor. Por malos que fueran estos diputados si se les dejara a su aire —si, en un Parlamento libre, tuvieran que enfrentarse a los peligros del gobierno—, una estrecha responsabilidad podría mejorarlos y hacerlos tolerables.

Pero no se les dejaría a su aire. Un cuerpo electoral voluntario será casi siempre un cuerpo electoral despótico. Aun en el mejor de los casos, en el que un grupo de hombres serios elige a un diputado para exponer su seriedad, vigilarán de cerca que, en efecto, la exponga.

Los diputados se parecerán al ministro de una congregación disidente. Dicha congregación se reúne por una unidad de sentimiento en la doctrina A, y el predicador ha de predicar la doctrina A; si no lo hace, es despedido.

En la actualidad, el diputado es libre porque el cuerpo electoral no es serio; ningún cuerpo electoral posee un credo doctrinal político agudo y preciso. La ley creó los cuerpos electorales mediante divisiones geográficas, y estos no están unidos por un estrecho vínculo de creencias. Tienen preferencias vagas por determinadas doctrinas, y eso es todo.

Pero un cuerpo electoral voluntario sería una iglesia con dogmas; convertiría a su representante en el mensajero de sus mandatos y en el delegado de sus determinaciones. Tal como ocurre en el caso de una congregación disidente, donde un gran ministro a veces la gobierna, mientras que noventa y nueve de cada cien ministros son gobernados por ella, así aquí un hombre célebre gobernaría a sus electores, pero los electores gobernarían a todos los demás.

Por lo tanto, los miembros de un buen distrito electoral voluntario quedarían irremediablemente esclavizados a causa de su bondad; pero los miembros de un mal distrito electoral voluntario quedarían aún más esclavizados a causa de su maldad. Los creadores de estos distritos electorales mantendrían el despotismo en sus propias manos. En América hay una división de políticos entre tramoyistas y voceros; bajo el sistema voluntario, el miembro del Parlamento sería el único portavoz momentáneo —el vocero impotente—, mientras que el creador del distrito sería el tramoyista latente —el autócrata constante—. Le escribiría a los caballeros en el Parlamento y les diría: «Ustedes fueron elegidos por la "candidatura liberal", y si se desvían de esa candidatura no podrán volver a ser elegidos». Y no habría recurso de apelación para el hombre de mentalidad corriente. No es más probable que él se cree un distrito electoral por sí mismo de lo que es probable que un topo se fabrique un planeta.

Puede afirmarse, en verdad, que contra un Parlamento septenal tales maquinaciones serían impotentes; que un diputado elegido por siete años podría desafiar las reconvenciones de un electorado entusiasta, o las imprecaciones de los manipuladores en la sombra.

Pero tras la formación voluntaria de los electorados, pronto no habría más que Parlamentos efímeros. Los electorados entusiastas exigirían elecciones frecuentes; no les gustaría desprenderse de su virtud por un largo periodo; les indignaría verla utilizada en contra de sus deseos, en medio de circunstancias en las que nadie había pensado durante las elecciones.

Un Parlamento de siete años suele elegirse en un periodo político, perdura a lo largo de un segundo y se disuelve en un tercero. Un electorado reunido por ley y por obligación soporta este cambio porque carece de fervor colectivo; no le importa ver que el poder que otorgó se emplea de un modo que no habría podido prever.

Sin embargo, un electorado autodeterminado de opiniones fervientes, un electorado misionero, por decirlo así, pondría objeciones; consideraría su deber ineludible ponerlas; y los hábiles manipuladores, aunque no dijeran nada, en silencio pondrían aún más objeciones. Ambos juntos exigirían elecciones anuales y gobernarían a sus diputados con mano de hierro.

El plan voluntario, por consiguiente, cuando se prueba en esta forma sencilla, es incompatible tanto con la independencia extrínseca como con la moderación inherente de un Parlamento⁠—dos de las condiciones que, como hemos visto, son esenciales para la mera posibilidad del gobierno parlamentario. Las mismas objeciones, como es inevitable, se adhieren a dicho principio bajo sus formas más complicadas. Es en vano acumular detalle sobre detalle cuando la objeción es de un principio fundamental. Si el razonamiento anterior es sólido, las circunscripciones obligatorias son necesarias, las voluntarias destructivas; la transferibilidad opcional de los votos no es una ayuda salutaria, sino una innovación ruinosa.

Me he detenido en la propuesta del Sr. Hare y en la propuesta ultrademocrática, no solo por el elevado interés intelectual de la primera y el posible interés práctico de la segunda, sino porque tienden a poner de relieve al menos dos de las condiciones necesarias del gobierno parlamentario.

Pero además de estas cualidades necesarias que se requieren para que un gobierno parlamentario pueda funcionar en absoluto, existen algunos prerrequisitos adicionales para que pueda funcionar bien. Para que una Cámara de los Comunes pueda funcionar bien, debe desempeñar bien, como hemos visto, cinco funciones:

• debe elegir bien a un Ministerio,
• legislar bien,
• educar bien a la nación,
• expresar bien la voluntad de la nación,
• llevar los asuntos a la atención de la nación de manera adecuada.

La discusión tiene una dificultad propia.

¿Qué se entiende por «bien»? ¿Quién ha de juzgarlo? ¿Ha de ser algún panel de filósofos, alguna posteridad imaginada u otra autoridad externa?

Respondo que ni la filosofía, ni la posteridad, ni la autoridad externa, sino la nación inglesa aquí y ahora.

El gobierno libre es autogobierno: un gobierno del pueblo por el pueblo. El mejor gobierno de este tipo es aquel que el pueblo considera el mejor. Un gobierno impuesto, un gobierno como el de los ingleses en la India, bien puede ser mejor; puede representar las opiniones de una raza superior a la raza gobernada; pero no por ello es un gobierno libre. Un gobierno libre es aquel que el pueblo sujeto a él elige voluntariamente. En una recopilación casual de personas dispersas, el único gobierno libre posible es un gobierno democrático. Donde nadie conoce, ni le importa, ni respeta a los demás, todos deben tener el mismo rango; la opinión de nadie puede ser más potente que la de otro. Pero, como se ha explicado, una nación deferente tiene una estructura propia. Ciertas personas son consideradas más sabias que otras por común acuerdo, y su opinión debe valer, por dicho acuerdo, mucho más que su valor numérico. Podemos, en estas naciones felices, ponderar los votos además de contarlos, aunque en los países menos favorecidos solo podamos contarlos. Pero en las naciones libres, los votos así ponderados o así contados deben decidir. Un gobierno libre perfecto es aquel que decide perfectamente según esos votos; uno imperfecto, el que decide así imperfectamente; uno malo, el que no decide así en absoluto. La opinión pública es la prueba de este sistema político; la mejor opinión que la nación acepte con sus hábitos actuales de deferencia: si el gobierno libre se rige por esa opinión, es un buen gobierno de su especie; si contraviene esa opinión, es uno malo.

Sometida a esta regla, la Cámara de los Comunes cumple bien con su tarea de nombramiento. Elige a los gobernantes tal como deseamos que sean elegidos. Si no fuera así, en una época de la palabra hablada y escrita, pronto lo sabríamos.

He oído decir a un gran estadista liberal: «Se acerca el momento en que tendremos que poner un anuncio para buscar una queja».

Qué gran queja sería si el Ministerio nombrado y mantenido por el Parlamento fuera un Ministerio detestado por la nación. Se crearía al instante una liga contra el actual gobierno, y sería mucho más instantáneamente poderosa y mucho más instantáneamente exitosa que la Liga contra las Leyes de Granos.

Se ha objetado, en efecto, que la tarea de elección del Parlamento se realiza mal, porque no elige Gobiernos fuertes. Y es cierto que, cuando la opinión pública no se decide de manera definitiva por una política marcada y cuando, en consecuencia, los partidos en el Parlamento están casi empatados, la codicia y la inconstancia individuales pueden hacer que el Parlamento cambie a sus designados con demasiada frecuencia; pueden inducirle a no confiar nunca lo suficiente en ninguno de ellos; pueden hacer que los mantenga a todos bajo una sentencia suspendida de inminente destitución.

Pero la experiencia del segundo Gobierno de Lord Palmerston demuestra, a mi juicio, que estos temores son exagerados. Cuando la elección de una nación se fija realmente en un estadista, el Parlamento también se fijará en él. Los partidos en el Parlamento de 1859 estaban tan estrechamente divididos como en cualquier Parlamento probable; a un gran número de liberales no les gustaba mucho Lord Palmerston, y habrían cooperado gustosamente en un intento de derrocarle. Pero sobre el Parlamento actuó la misma influencia que actuaba en el exterior sobre la nación. Los hombres moderados de ambos partidos estaban convencidos de que el de Lord Palmerston era el mejor Gobierno, y por lo tanto lo mantuvieron a pesar de ser odiado por los extremistas de ambos bandos.

Hemos comprobado entonces, mediante un caso decisivo, que un gobierno apoyado por lo que puedo llamar «el elemento común» —por los hombres de pareceres afines procedentes de partidos dispares— se mantendrá en el poder, aunque los partidos estén empatados y aunque, según el recuento del Tesoro, la mayoría sea imperceptible. Si por ventura, mediante su inteligencia y su atractivo, un Gabinete logra captar a la gran parte central del Parlamento, seguirá existiendo a pesar de la gestación de pequeñas intrigas y de las maquinaciones de facciones mezquinas.

En general, creo indiscutible que la tarea de selección del Parlamento se realiza tan bien como la opinión pública desea que se realice; y si queremos mejorar ese nivel, primero debemos mejorar a la nación inglesa, que impone dicho nivel.

De la parte sustancial de su tarea legislativa, creo que puede decirse asimismo lo mismo. El modo de nuestra legislación es en verdad detestable, y la maquinaria para fijar ese modo, odiosa.

Una comisión plenaria de la Cámara, que trata, o intenta tratar, con las elaboradas cláusulas de un largo proyecto de ley, es un mísero espécimen de labor ardua pero mal ubicada. Con toda seguridad encajará en la ley alguna cláusula como aquella de la que el juez dijo que «parecía haber caído por sí misma, tal vez del cielo, en la mente del legislador», tan poco tenía que ver con cualquier cosa a uno u otro lado o en derredor suyo.

En tales momentos, el gobierno por asamblea pública exhibe sus defectos inherentes y se ve poco cohibido por sus frenos necesarios. Pero la esencia de nuestra legislación puede separarse de sus accidentes. A reserva de dos defectos considerables, creo que el Parlamento aprueba las leyes tal como la nación desea que sean aprobadas.

Hace treinta años esto no era así. La nación había superado sus instituciones y se sentía agobiada por ellas. Era un hombre con la ropa de un muchacho; cada extremidad pedía más espacio y cada prenda necesitaba ser hecha de nuevo.

«Maldita sea», dijo lord Eldon en el dialecto de su época, «si tuviera que empezar la vida de nuevo, empezaría como agitador».

El astuto anciano vio que la mejor vida era la de un objetor heterogéneo del viejo mundo, aunque amaba ese mundo, creía en él y no podía imaginar otro. Pero hoy no diría eso. No hay peor oficio que el de la agitación en este momento. Apenas se puede conseguir un público si uno desea quejarse de algo.

Hoy en día, no solo la mente y la política del Parlamento (sujetas a las excepciones antes mencionadas) poseen el tipo común de moderación esencial para la posibilidad del gobierno parlamentario, sino también esa gradación exacta, esa especie precisa de moderación, que resulta más grata a la nación en su conjunto.

• La nación no solo tolera un gobierno parlamentario —lo cual no haría si el Parlamento fuera inmoderado—, sino que le gusta el gobierno parlamentario.
• Un sentimiento de satisfacción impregna el país porque la mayor parte de este siente que ha obtenido exactamente lo que le conviene.

Las excepciones son dos. Primera. Que el Parlamento se inclina demasiado hacia las opiniones de los intereses agrarios. La Ley de la Peste Bovina es un ejemplo conspicuo de este defecto. Los detalles de ese proyecto de ley podrán ser buenos o malos, y su política sabia o insensata. Pero la manera en que se apresuró su paso por la Cámara sabía a despotismo. El comercio algodonero o el comercio vitivinícola no habrían podido, en su máximo grado de peligro, obtener semejante ayuda de tal manera. La Cámara de los Comunes no quiso oír hablar de ninguna pausa ni prestó atención a argumento alguno. La gran mayoría de ellos temía por sus rentas. La tierra de Inglaterra elige muchos miembros anualmente para los condados; estos miembros se los dio la Constitución. Pero lo curioso es que los intereses agrarios no ceden escaños a otras clases, sino que toman muchos escaños de otras clases. La mitad de los burgos de Inglaterra están representados por terratenientes considerables, y cuando la renta está en juego, como en el caso del ganado, piensan más en sí mismos que en aquellos que los enviaron. En número, la pequeña nobleza terrateniente en la Cámara supera con creces a cualquier otra clase. Tienen, además, una conexión más íntima entre sí; fueron educados en las mismas escuelas; conocen el apellido de familia de los demás desde la infancia; forman una sociedad; son el mismo tipo de hombres; se casan con el mismo tipo de mujeres. Los comerciantes y fabricantes en el Parlamento son una raza heterogénea —uno educado aquí, otro allá, un tercero sin educación en absoluto—; algunos pertenecen a la segunda generación de comerciantes, los cuales consideran que los hombres hechos a sí mismos son intrusos en un lugar hereditario; otros son hombres hechos a sí mismos, y consideran a los hombres de riqueza heredada, que no hicieron ni aumentan, como seres sin mente ni lugar, inferiores a ellos mismos porque no tienen cerebro, e inferiores a los lores porque no tienen rango. Los comerciantes no tienen ningún vínculo de unión, ningún hábito de relación; sus mujeres, si se preocupan por la sociedad, no desean ver a las mujeres de otros hombres semejantes, sino a «gente mejor», como dicen: las mujeres de hombres que ciertamente poseen tierras y, si Dios ayuda, títulos. Los hombres que estudian la estructura del Parlamento, no en libros abstractos, sino en el mundo concreto de Londres, no se extrañan de que los intereses agrarios sean muy poderosos, sino de que no sean despóticos. Creo que serían despóticos si fueran inteligentes, o más bien si sus representantes lo fueran, pero tienen un artilugio fijo para volverlos estúpidos. Los condados no solo eligen terratenientes, lo cual es natural y tal vez prudente, sino que también eligen únicamente a terratenientes de su propio condado, lo cual es absurdo. No hay libre mercado en la mente agrícola; cada condado prohíbe la importación de hombres capaces procedentes de otros condados. Esta es la razón por la cual los escépticos elocuentes —Bolingbroke y Disraeli— han sido tan propensos a liderar a los tories poco escépticos. Quieren personas con una gran porción de tierra en un lugar determinado y, por supuesto, estas personas por lo general no saben hablar y a menudo ni siquiera pensar. Y así, hombres elocuentes que se ríen del partido terminan por liderar el partido. Los intereses agrarios tienen mucha más influencia de la que deberían; pero desperdician tanto esa influencia que el exceso resulta, salvo en ocasiones singulares (como la peste bovina), de importancia secundaria.

Es casi otra cara de la misma cuestión decir que la estructura del Parlamento concede demasiado poco peso a los distritos en crecimiento del país y demasiado a los estancados. En los viejos tiempos, el sur de Inglaterra no era solo la parte más agradable, sino también la más importante de Inglaterra. Devonshire era un gran condado marítimo cuando se establecieron los cimientos de nuestra representación; Somersetshire y Wiltshire, grandes condados manufactureros. El clima más duro de los condados septentrionales se asociaba con un pueblo más rudo, áspero y disperso. La inmensa preponderancia que nuestro Parlamento concedía antes de 1832 —y que, aunque recortada y mitigada, aún concede— a la Inglaterra al sur del río Trent, se correspondía entonces con una preponderancia real en riqueza e inteligencia. Cuán opuesto es el contraste actual lo sabemos todos. Y la situación empeora cada día. La naturaleza del comercio moderno es dar a los que tienen mucho y quitar a los que tienen poco. La manufactura va allí donde está la manufactura, porque allí y solo allí encuentra manufacturas concurrentes y auxiliares. Cada ferrocarril arrebata el comercio a la pequeña ciudad en beneficio de la grande, ya que permite al cliente comprar en esta última. Año tras año, el Norte (como podemos llamar a grandes rasgos al nuevo mundo industrial) adquiere mayor importancia, y el Sur (como podemos llamar al apacible vestigio de los viejos tiempos) pierde importancia. Es un grave reproche a nuestra actual constitución parlamentaria que otorgue tanto poder a regiones de grandeza pasada y niegue el mismo poder a regiones de grandeza presente.

Creo (aunque no sea una idea popular) que con mucho la mayor parte del clamor en favor de la reforma parlamentaria se debe a esta desigualdad.

Los grandes capitalistas, el señor Bright y sus amigos, creen ser sinceros al pedir más poder para el obrero, pero, de hecho, con mucha naturalidad y mucha propiedad quieren más poder para sí mismos. No pueden soportar —no deberían soportar— que un fabricante rico y capaz sea un hombre inferior a un pequeño y estúpido hacendado.

Las nociones de igualdad política que expone el señor Bright son tan antiguas como la especulación política, y han sido refutadas por los primeros esfuerzos de dicha especulación. Pero, a pesar de todo, es probable que duren tanto como la sociedad política, porque se basan en principios indelibles de la naturaleza humana.

Edmund Burke llamó a los primeros angloindios "jacobinos hasta el hombre", porque no sentían su "importancia presente a la altura de su riqueza real". Mientras haya una clase descontenta, una clase que no posea su justo poder, se aferrará temerariamente y creerá ciegamente en la noción de que todos los hombres debieran tener el mismo poder.

No considero que la exclusión de las clases trabajadoras de una representación efectiva sea un defecto en este aspecto de nuestra representación parlamentaria.

Las clases trabajadoras no contribuyen casi nada a nuestra opinión pública corporativa y, por tanto, el hecho de que carezcan de influencia en el Parlamento no menoscaba la coincidencia de este con la opinión pública. Se las deja fuera de la representación y también de lo representado.

Tampoco creo que el número de personas de ascendencia aristocrática en el Parlamento perjudique la concordancia de este con la opinión pública. Sin duda, los descendientes directos y parientes colaterales de familias nobles aportan miembros al Parlamento en una proporción mucho mayor de lo que justifica el número de tales familias en comparación con el conjunto de la nación. Pero no creo que estas familias tengan el menor carácter corporativo, ni opiniones comunes distintas de las de otros miembros de la pequeña nobleza rural (landed gentry). Tienen las opiniones de la clase propietaria en la que nacieron. La aristocracia inglesa nunca ha sido una casta aparte, y no lo es ahora. No mantendrían nada que otros hidalgos rurales no mantuvieran. Y si se va a enviar a la Cámara de los Comunes a algún hidalgo rural, es deseable que muchos sean hombres de cierto rango. Mientras mantengamos un doble juego de instituciones —uno dignificado y destinado a impresionar a las masas, el otro eficiente y destinado a gobernar a las masas—, debemos cuidar de que ambos encajen a la perfección y oculten dónde empieza el uno y dónde termina el otro. Esto se logra en parte concediendo cierto poder subordinado a la parte augusta de nuestro sistema político, pero se ve igualmente favorecido al mantener un elemento aristocrático en la parte útil de nuestro sistema político. En verdad, el instinto deferente garantiza ambas cosas. La aristocracia es un poder en los «distritos electorales». Un hombre que es honourable o baronet, o mejor aún, tal vez, un verdadero conde, aunque sea irlandés, es codiciado por la mitad de los cuerpos electorales; y caeteris paribus, el hijo de un fabricante no tiene ninguna posibilidad frente a él. La realidad del sentimiento de deferencia en la comunidad se comprueba con la elección real de la clase a la que se le guarda deferencia, cuando existe una amplia libertad de elección entre esta y las demás.

Sujeto, por tanto, a los dos defectos menores, aunque no desdeñables, que he mencionado, el Parlamento se ajusta con bastante precisión, tanto como seleccionador de ejecutivos como en su labor legislativa, a la opinión formada del país.

De manera similar, y con sujeción a las mismas excepciones, expresa bien la opinión de la nación en palabras, cuando se da el caso de que se necesitan palabras, no leyes. En asuntos exteriores, donde no podemos legislar, sea lo que fuere lo que la nación inglesa piense, o crea pensar, respecto a los acontecimientos críticos del mundo, ya sea en Dinamarca, en Italia o en América, y sin importar si piensa con sabiduría o insensatez, ese mismo algo, sabio o necio, quedará perfectamente expuesto en el Parlamento.

La función lírica del Parlamento, si se me permite usar tal expresión, se cumple bien; derrama en palabras características el corazón característico de la nación. Y poco más útil puede hacer.

Ahora que el gobierno libre es tan raro en Europa y tan distante en América, la opinión, incluso la incompleta, errónea y apresurada opinión del pueblo inglés libre es invaluable. Puede ser muy equivocada, pero con seguridad será única; y si es acertada, con toda certeza contendrá materia de gran magnitud, pues solo es una cuestión de primer orden en asuntos lejanos lo que un pueblo libre llega a ver o aprender. El pueblo inglés debe de perderse mil menudencias que las burocracias continentales conocen demasiado bien; pero si ve una verdad cardinal que esas burocracias pasan por alto, esa verdad cardinal puede ayudar enormemente al mundo.

Pero si de estas maneras, y con sujeción a estas excepciones, el Parlamento mediante su política y su discurso encarna y expresa bien la opinión pública, confieso que debe concederse que no tiene el mismo éxito a la hora de elevar la opinión pública.

La tarea docente del Parlamento es la tarea que peor realiza. Probablemente en este momento sea natural exagerar este defecto. El mayor maestro de todos en el Parlamento, el director de la nación, el gran elevador del país —en la medida en que el Parlamento lo eleva— debe ser el Primer Ministro: él tiene una influencia, una autoridad, una facilidad para imprimir un gran tono al debate, o un tono mezquino, que ningún otro hombre posee.

Ahora bien, lord Palmerston aplicó firmemente su mente durante muchos años a conferir, no ciertamente un tono mezquino, sino un tono ligero a los procedimientos del Parlamento. Uno de su mayores admiradores ha contado, desde su muerte, una anécdota cuyo pleno efecto apenas ve, o parece ver. Cuando lord Palmerston fue nombrado por primera vez líder de la Cámara, sus modales desenfadados no eran en absoluto populares y algunos predijeron el fracaso. «No —dijo un viejo miembro—, pronto nos educará hasta descender a su nivel; la Cámara pronto preferirá este estilo del Ja, Ja al ingenio de Canning y a la seriedad de Peel».

Me temo que debemos admitir que la profecía se cumplió. Ningún Primer Ministro, tan popular y tan influyente, ha dejado jamás en la memoria pública una enseñanza tan poco noble. De aquí a veinte años, cuando los hombres pregunten por el entonces desvanecido recuerdo de Palmerston, no podremos señalar ninguna gran verdad que haya enseñado, ninguna gran política definida que haya encarnado, ninguna palabra noble que en su día fascinara a su época y que, en años posteriores, los hombres no quisieran dejar morir. Pero podremos decir «tenía un trato afable, un sentido firme y sensato; tenía una especie de cantinela de insinceridad, pero siempre sabíamos a qué se atenía; tenía el cerebro de un gobernante bajo las ropas de un dandi».

La posteridad apenas comprenderá las palabras del anciano memorialista, pero nosotros hoy sentimos su efecto. La Cámara de los Comunes, desde que adoptó su tono de un estadista semejante, ha enseñado peor a la nación y la ha elevado menos que de costumbre.

Creo, sin embargo, que un observador atento decidiría que, en general y por principio, la Cámara de los Comunes no enseña al público tanto como podría enseñarle, o como el público desearía aprender.

No deseo que en el Parlamento se expongan asuntos muy abstractos, muy filosóficos o muy arduos. La enseñanza que allí se imparte debe ser popular, y para ser popular ha de ser concreta, encarnada, breve. El problema consiste en conocer la verdad más alta que el pueblo sea capaz de soportar, e inculcarla y predicarla.

Ciertamente, lord Palmerston no la predicaba. Nos envileció un poco al predicar una doctrina situada justo por debajo de nuestro propio nivel; una doctrina no lo suficientemente inferior como para repugnarnos en gran medida, pero sí lo bastante como para perjudicarnos al acrecentar una mundanidad que no necesitaba añadidos, y al mermar un amor por los principios y la filosofía que no precisaba recortes.

En comparación con los debates de cualquier otra asamblea, es cierto que los debates del Parlamento inglés son de lo más instructivos. Los debates en el Congreso estadounidense tienen escasa eficacia didáctica; es el vicio característico del gobierno presidencial privarles de dicha eficacia; en ese gobierno, un debate en la legislatura tiene poco efecto, ya que no puede destituir al ejecutivo, y el ejecutivo puede vetar todo lo que este decida. Las Cámaras francesas son apéndices adecuados para un Imperio que desea el poder del despotismo sin su vergüenza; impiden que los enemigos del Imperio tengan toda la razón cuando afirman que no hay libertad de expresión; unos cuantos opositores tolerados llenan el aire de una elocuencia que todos saben que a menudo es cierta, y siempre vana. Los debates en un Parlamento inglés ocupan un espacio en el mundo que, en estas cámaras auxiliares, no es posible. Pero creo que cualquiera que compare las discusiones sobre grandes cuestiones en la parte superior de la prensa con las discusiones en el Parlamento, sentirá que hay (por supuesto, en medio de mucha exageración y vaguedad) un mayor vigor y un sentido más elevado en la escritura que en el discurso: un vigor que el público aprecia⁠, un sentido que le gusta escuchar.

The Saturday Review dijo, hace algunos años, que la capacidad del Parlamento era una «capacidad protegida»: que en la puerta había un arancel diferencial de al menos 2.000 libras al año. En consecuencia, la Cámara de los Comunes, que solo representa a la inteligencia unida a la propiedad, no está a la altura intelectual de una legislatura elegida exclusivamente por su inteligencia, ya esté acompañada de riqueza o no. Pero no deseo ni por un momento ver una representación de la pura inteligencia; sería contrario a la tesis principal de este ensayo. Sostengo que el Parlamento debe encarnar la opinión pública de la nación inglesa; y, ciertamente, esa opinión está mucho más determinada por su propiedad que por su inteligencia. La gente «demasiado lista» que vive en la «Bohemia» no debería tener más influencia en el Parlamento de la que tiene en Inglaterra, y difícilmente puede tener menos. Solo que, tras cada gran rebaja y deducción, creo que el país soportaría un poco más de inteligencia; y que hay una profusión de opulenta estupidez en el Parlamento que podría ser podada un poco, aunque solo un poco.

La única función del Parlamento que queda por considerar es la función informadora, como acabo de llamarla; la función que le corresponde, o a sus miembros, de llevar ante la nación las ideas, quejas y deseos de clases especiales. Esto no debe confundirse con lo que he llamado su función docente.

En la vida, sin duda, ambas se funden la una en la otra. Pero también lo hacen muchas cosas que es muy importante separar en la definición. El hecho de que dos cosas se encuentren a menudo juntas es más bien una razón para separarlas en la idea, más que una objeción para ello. A veces no se encuentran juntas, y entonces podemos sentirnos desconcertados si no nos hemos entrenado para separarlas.

La función docente presenta ideas verdaderas ante la nación, y es la función de sus mentes más elevadas. La función expresiva presenta solo ideas especiales, y es la función de mentes que no son sino especiales. Cada clase tiene sus ideas, necesidades y nociones; y ciertos cerebros están impregnados de ellas. Semejantes concepciones sectarias no son aquellas por las cuales una nación determinante deba regular su acción, ni los oradores, principalmente animados por tales concepciones, son guías seguros en la política.

Pero esos oradores deben ser escuchados; esas concepciones deben mantenerse a la vista. La gran máxima del pensamiento moderno no es solo la tolerancia de todo, sino el examen de todo. Es examinando cosas muy áridas, muy aburridas, muy poco prometedoras, como la ciencia moderna ha llegado a ser lo que es.

Se cuenta la historia de un gran químico que dijo que debía la mitad de su fama a su costumbre de examinar, después de sus experimentos, lo que iba a ser arrojado a la basura: todo el mundo conocía el resultado del experimento en sí, pero en la materia de desecho había muchos pequeños hechos y cambios desconocidos, que sugirieron los descubrimientos de una vida famosa a una persona capaz de buscarlos. Lo mismo ocurre con las nociones especiales de las clases olvidadas. Pueden contener elementos de verdad que, aunque pequeños, son precisamente los elementos que ahora necesitamos, porque todo lo demás ya lo conocemos.

Esta doctrina era bien conocida por nuestros antepasados. Se esmeraron en dotar de un carácter propio a las diversas circunscripciones electorales, o a muchas de ellas. Deseaban que el comercio marítimo, el comercio de la lana y el comercio del lino tuvieran cada uno su propio portavoz; que el Parlamento, ajeno a divisiones parciales, supiera lo que pensaba cada sector de la nación antes de emitir la decisión nacional. Esta es la verdadera razón para admitir a las clases trabajadoras a una participación en la representación, al menos en la medida en que la composición del Parlamento deba mejorarse con dicha admisión. Un gran número de ideas y de sentimientos se han acumulado entre los artesanos de las ciudades; una vida intelectual peculiar ha surgido entre ellos. Creen que tienen intereses que son malinterpretados o descuidados; que saben algo que los demás no saben; que los pensamientos del Parlamento no son como sus pensamientos. Se les debería permitir intentar convencer al Parlamento; sus nociones deberían exponerse tal como se exponen las de las otras clases; sus defensores deberían ser escuchados tal como son escuchados los defensores de los demás. Antes de la Ley de Reforma, existía un mecanismo reconocido para ese propósito. El diputado por Westminster, y otros diputados, eran elegidos por sufragio universal (o por lo que en esencia era tal); dichos diputados, en su época, expusieron cuáles eran las quejas e ideas —o se creía que eran las quejas e ideas— de las clases trabajadoras. Ha sido el sufragio único e inflexible introducido en 1832 el que ha causado esta dificultad, al igual que otras.

Hasta que no se haga tal cambio, la Cámara de los Comunes será defectuosa, tal como la Cámara de los Lores era defectuosa. No tendrá el aspecto correcto.

Mientras los Lores no acudan a su propia Cámara, podremos demostrar sobre el papel que es una buena cámara revisora, pero será difícil hacer que el argumento literario prevalezca.

Del mismo modo, mientras una gran clase, congregada en localidades políticas y de la que se sabe que tiene pensamientos y deseos políticos, carezca de defensores notorios y palpables en el Parlamento, podremos demostrar sobre el papel que nuestra representación es adecuada, pero el mundo no lo creerá.

Hay un dicho del siglo XVIII según el cual, en política, «las apariencias groseras son grandes realidades».

Es en vano demostrar que las clases trabajadoras no tienen agravios; que las clases medias han hecho todo lo posible por ellas, y así con una multitud de argumentos que no necesito repetir, pues los periódicos los mantienen en composición y nos los sabemos de memoria.

Pero mientras la «apariencia grosera» sea que no hay representantes evidentes e incansables que expresen las necesidades de los artesanos, la «gran realidad» será una insatisfacción difusa.

Hace treinta años era en vano demostrar que Gatton y Old Sarum eran escaños valiosos y enviaban buenos miembros. Todo el mundo decía: «Vaya, no hay gente allí».

Del mismo modo, todo el mundo debe decir ahora: «Nuestro sistema representativo debe de ser imperfecto, pues una clase inmensa no tiene miembros que hablen por ella».

La única respuesta al clamor contra las circunscripciones sin habitantes era transferir su poder a circunscripciones con habitantes.

Exactamente igual, la manera de acallar la queja de que los artesanos no tienen miembros es darles miembros —crear un cuerpo de representantes, elegidos por los artesanos, que crean, como diría el señor Carlyle, «que el artesanado es lo único necesario»—.