I

Hay una gran dificultad en el camino del escritor que intenta delinear una Constitución viva⁠—una Constitución que está en activo funcionamiento y poder. La dificultad estriba en que el objeto se encuentra en constante cambio. Un escritor histórico no siente esta dificultad: trata únicamente con el pasado; puede afirmar categóricamente que la Constitución funcionó de tal o cual manera en el año en que empieza, y de una manera diferente en tales o cuales aspectos en el año en que termina; comienza con un punto temporal definido y termina también con otro. Pero un escritor contemporáneo que intenta pintar lo que tiene ante sí se siente desconcertado y perplejo: lo que ve cambia a diario. Debe pintarla tal como se encontraba en un momento determinado, o de lo contrario estará poniendo lado a lado en sus representaciones cosas que jamás fueron contemporáneas en la realidad.

La dificultad es tanto mayor cuanto que un escritor que trata sobre un Gobierno vivo lo compara naturalmente con los demás Gobiernos vivos más importantes, y estos también están cambiando; aquello que ilustra se modifica de una manera, y sus fuentes de ilustración se modifican probablemente de otra diferente.

Esta dificultad se ha interpuesto constantemente en mi camino al preparar una segunda edición de este libro. En él se describe la Constitución inglesa tal como se encontraba en los años 1865 y 1866. A grandes rasgos, describe su funcionamiento tal como era en la época de lord Palmerston; y desde entonces ha habido muchos cambios, algunos de espíritu y otros de detalle. En un período tan corto pocas veces se han dado más cambios. Si hubiera ofrecido un esbozo de la época de Palmerston como un esbozo de la actualidad, en muchos puntos habría resultado falso; y si hubiera intentado convertir el esbozo de hace siete años en un esbozo del tiempo presente, probablemente habría emborronado el cuadro y ofrecido algo igualmente distinto a ambos.

El mejor plan en tal caso es, a mi juicio, conservar el boceto original en lo esencial tal como fue escrito por primera vez, y describir brevemente aquellos cambios, ya sea en la propia Constitución o en las Constituciones comparadas con ella, que parezcan importantes.

Hay en este libro varias expresiones que aluden a personas que vivían y a acontecimientos que ocurrían cuando apareció por primera vez; y las he conservado cuidadosamente. Servirán para advertir al lector sobre qué época está leyendo y para evitar que se equivoque respecto a la fecha en que se intentó tomar el retrato.

Paso a hablar de los cambios que han tenido lugar, ya sea en la Constitución misma o en las instituciones competidoras que la ilustran.

Es demasiado pronto todavía para intentar calcular el efecto de la Ley de Reforma de 1867. El pueblo enfranchecido por ella aún no conoce su propio poder; una sola elección, lejos de enseñarnos cómo usará ese poder, ni siquiera ha bastado para explicarle que posee tal poder. La Ley de Reforma de 1832 no reveló sus verdaderas consecuencias hasta transcurridos muchos años; un escritor en 1836, tanto si las aprobaba como si las desaprobaba, tanto si las menospreciaba como si las exageraba, se habría equivocado con seguridad acerca de ellas. Una nueva Constitución no produce su pleno efecto en tanto que todos sus súbditos se hayan criado bajo una Constitución antigua, en tanto que sus hombres de estado hayan sido formados por esa Constitución antigua. No es realmente puesta a prueba hasta que llega a ser aplicada por hombres de estado y entre un pueblo que no estén guiados por una experiencia diferente.

En un aspecto nos equivocamos con especial facilidad en cuanto al efecto del último proyecto de ley de reforma.

Innegablemente ha habido últimamente un gran cambio en nuestra política. Se suele decir que «no queda ni un ladrillo en pie de la Casa Palmerston».

El cambio desde 1865 no es un cambio en un solo punto, sino en mil puntos; no es un cambio de detalles particulares, sino de un espíritu omnipresente.

• Ahora estamos discutiendo sobre los detalles menores de una ley de educación; en la época de lord Palmerston no se habría podido aprobar tal ley.
• En la época de lord Palmerston, sir George Grey dijo que la disolución de la Iglesia irlandesa sería un «acto de revolución»; ahora ha sido disuelta por grandes mayorías, con el propio consentimiento de sir George Grey.

Ha surgido un mundo nuevo que no es como el viejo mundo; y naturalmente atribuimos el cambio a la Ley de Reforma. Pero esto es un completo error.

Si no hubiera habido ninguna Ley de Reforma en absoluto, se habría producido, sin embargo, un gran cambio en la política inglesa. Ha habido un cambio del tipo que, por encima de todo, genera otros cambios: un cambio generacional. Por lo general, una generación en la política sucede a otra casi silenciosamente; en cada momento, los hombres de todas las edades entre los treinta y los setenta años ejercen una influencia considerable; cada año se lleva a muchos ancianos, hace que todos los demás sean más mayores, trae a muchos nuevos. La transición es tan gradual que apenas la percibimos. La junta directiva de la empresa política experimenta unos pocos cambios leves cada año y, por lo tanto, los accionistas no perciben ningún cambio abrupto. Pero a veces se produce un cambio abrupto. Ocasionalmente sucede que varios directores gobernantes que tienen aproximadamente la misma edad sobreviven durante muchos años, dirigen la empresa durante todos esos años y luego desaparecen de la escena casi al mismo tiempo. En ese caso, los asuntos de la empresa tienden a alterarse mucho, para bien o para mal; a veces se vuelve más exitosa, a veces se arruina, pero casi nunca permanece como estaba.

Algo parecido ocurrió antes de 1865 . Durante todo el periodo comprendido entre 1832 y 1865 , los estadistas anteriores al 32⁠—si se me permite llamarlos así⁠—, lord Derby, lord Russell y lord Palmerston, conservaron un gran poder. Lord Palmerston retuvo hasta el final un gran poder de veto. Aunque en ciertos aspectos siempre joven, no tenía ni una pizca de simpatía por la generación más joven; no promovía a ningún joven; obstaculizaba todo lo que los jóvenes deseaban. En consecuencia, a su muerte, una nueva generación irrumpió de golpe en la vida pública; los anteriores al 32 se extinguieron de golpe. La mayoría de los nuevos políticos eran hombres que bien podrían haber sido nietos de lord Palmerston. Él había entrado en el Parlamento en 1806 , ellos ingresaron después de 1856 . Un cambio tan enorme en la edad de los actores causó necesariamente un gran cambio en el tipo de labor intentada y en la manera en que se llevaba a cabo. Lo que llamamos el «espíritu» de la política cambia de manera más infalible por un relevo generacional en los hombres que por cualquier otro cambio imaginable. Incluso de no haber existido ninguna Ley de Reforma, esta sola causa habría provocado profundas alteraciones.

La mera resolución de la cuestión de la Reforma produjo también un gran cambio. Si se hubiera podido resolver mediante cualquier otro cambio, o incluso sin cambio alguno, el efecto inmediato de la resolución habría sido inmenso de todos modos.

Nuevas cuestiones habrían aparecido de inmediato. Un país político es como un bosque americano: no hay más que cortar los árboles viejos y enseguida surgen árboles nuevos para reemplazarlos; las semillas estaban esperando en la tierra y comenzaron a crecer en cuanto la retirada de las viejas trajo luz y aire.

Estas nuevas cuestiones habrían creado por sí mismas una nueva atmósfera, nuevos partidos, nuevos debates.

Por supuesto que no sostengo que una innovación tan importante como la Ley de Reforma de 1867 no vaya a tener efectos muy grandes. Con toda probabilidad, deberá tenerlos muy grandes. Solo digo que todavía no sabemos cuáles son esos efectos; que el gran cambio evidente desde 1865 ciertamente no se debe estrictamente a ella; que probablemente ni siquiera se deba a ella en una medida principal; que todavía tenemos que conjeturar lo que causará y lo que no causará.

La principal pregunta surge de manera muy natural de una doctrina fundamental de estos ensayos. He dicho que el gobierno de gabinete es posible en Inglaterra porque Inglaterra era un país deferente. Quería decir que el electorado nominal no era el electorado real; que la masa de los cabezas de familia con un alquiler de diez libras no formaba realmente sus propias opiniones, ni exigía a sus representantes obediencia a dichas opiniones; que, de hecho, se dejaban guiar en su criterio por las clases más instruidas; que preferían a representantes de esas clases y concedían a dichos representantes un amplio margen.

Si por milagro se hubiera añadido un centenar de pequeños tenderos a cualquiera de los Parlamentos del 32, se habrían sentido marginados en ellos. Nada podía ser más diferente de esos Parlamentos que la masa promedio del electorado del que fueron elegidos.

No quiero decir, por supuesto, que los electores de diez libras fueran grandes admiradores del intelecto o buenos jueces del refinamiento. Todos sabemos que, en su mayor parte, no lo eran en absoluto; muy pocos ingleses lo son.

No se veían influidos por las ideas, sino por los hechos; no por cosas impalpables, sino por cosas palpables. Para decirlo sin rodeos, les influían el rango y la riqueza.

Sin duda, los mejores de entre ellos creían que quienes les eran superiores en estos aspectos indiscutibles lo eran también en las cualidades más intangibles del juicio y el saber. Pero la masa de los antiguos electores no analizaba demasiado: les gustaba tener a uno de sus «superiores» para que los representara; si era rico lo respetaban mucho; y si era lord, tanto mejor.

La cuestión que se planteaba a estos electores era: ¿A cuál de los dos ricos vais a elegir? Y cada uno de esos ricos era presentado por grandes partidos cuyas nociones eran las nociones de los ricos, cuyos planes eran sus planes. Los electores se limitaban a seleccionar a uno o dos hombres adinerados para llevar a cabo los proyectos de una o dos asociaciones adineradas.

Hasta tal punto era esto así, que la clase a la que pertenecía el grueso de los votantes de diez libras —la pequeña burguesía— era, por encima de todas las clases, la más duramente tratada en la imposición de los impuestos. Un pequeño tendero, o un empleado que apenas, y solo apenas, era lo bastante rico como para pagar el impuesto sobre la renta, era quizás el único hombre gravemente gravado del país. Pagaba las tasas, los impuestos sobre el té, el azúcar, el tabaco, la malta y los licores, así como el impuesto sobre la renta, pero sus medios eran sumamente escasos. Curiosamente, la clase que en teoría era omnipotente, era la única clase maltratada financieramente. A lo largo de la historia de nuestros anteriores Parlamentos, el electorado no habría podido originar la política que dichos Parlamentos eligieron del mismo modo que tampoco habría podido crear el sistema solar.

Tal como me he esforzado por mostrar en este volumen, la deferencia de los antiguos electores hacia sus superiores era la única forma en que nuestro viejo sistema podía mantenerse. Sin duda se pueden imaginar países en los cuales la masa de los electores sea plenamente competente para formarse buenas opiniones; aproximaciones a ese estado existen felizmente. Pero tal no era el estado de los pequeños tenderos ingleses. Eran apenas competentes para hacer una selección entre dos conjuntos de ideas superiores; o más bien —pues las concepciones de tal gente son más personales que abstractas— entre dos partidos opuestos, cada uno de los cuales profesaba un credo de tales ideas. Pero no podían hacer más. Sus propias nociones, si hubieran sido sometidas a un riguroso interrogatorio sobre ellas, se habrían revelado siempre de lo más confusas y a menudo de lo más necias. Eran competentes para decidir una cuestión seleccionada por las clases superiores, pero eran incompetentes para ir más allá.

La grave cuestión ahora es: ¿Hasta qué punto continuará este peculiar sistema antiguo y hasta qué punto será alterado?

Me temo que debo descartar de inmediato la idea de que sea alterado por completo y alterado para bien. No puedo esperar que la nueva clase de votantes sea en absoluto más capaz de formarse opiniones sensatas sobre cuestiones complejas que los viejos votantes.

Existía en verdad una idea —una idea muy generalizada cuando se publicó la primera edición de este libro— de que entonces había una clase no representada de artesanos cualificados que podían formarse opiniones superiores sobre asuntos nacionales y debían tener los medios para expresarlas. Solíamos idear planes minuciosos para darles tales medios. Pero la Ley de Reforma de 1867 no se detuvo en el trabajo cualificado; también otorgó el derecho al sufragio al trabajo no cualificado. Y nadie sostendrá que el trabajador ordinario que no tiene una cualificación especial, y que solo paga impuestos por tener una casa, pueda juzgar gran cosa sobre asuntos intelectuales. El ordenanza de una oficina no es más inteligente que los empleados, ni está mejor educado, sino peor; y, sin embargo, el ordenanza es probablemente un espécimen muy superior de las clases recién enfranquiciadas.

El término medio sólo puede ganar un jornal muy escaso mediante el trabajo bruto. No tienen tiempo para mejorarse a sí mismos, pues están trabajando durante todo el día; y su educación temprana fue tan escasa que en la mayoría de los casos es dudoso que, incluso si tuvieran mucho tiempo, pudieran aprovecharlo para un buen fin.

No hemos enfranchised a una clase que necesite menos ser guiada por sus superiores que la antigua clase; por el contrario, la nueva clase lo necesita más que la antigua. La verdadera cuestión es: ¿Se someterán a ello, se inclinarán de la misma manera ante la riqueza y el rango, y ante las cualidades superiores de las cuales éstos son los símbolos toscos y los acompañamientos comunes?

Hay una dificultad peculiar en responder a esta pregunta.

Por lo general, los debates sobre la aprobación de una ley contienen mucha instrucción valiosa sobre lo que se puede esperar de ella.

Pero los debates sobre la Ley de Reforma de 1867 apenas dicen nada. Están ocupados con tecnicismos sobre los contribuyentes de tasas y el compound householder. Nadie en el país sabía lo que se estaba haciendo.

Me encontraba por entonces de visita en un condado puramente agrícola y conservador, y les pregunté a los tories locales: «¿Comprenden este Proyecto de Ley de Reforma? ¿Saben que su Gobierno conservador ha presentado un proyecto mucho más radical que cualquier proyecto anterior, y que es muy probable que sea aprobado?».

La respuesta que obtuve fue: «¡Qué tonterías dices! ¿Cómo va a ser un Proyecto de Reforma Radical? ¡Hombre, si Bright se opone!».

No había forma de replicar a eso de un modo que un «jurado popular» pudiera comprender. El proyecto contaba con el respaldo del Times y la oposición del señor Bright; y, por consiguiente, la masa de los conservadores y de la gente común y moderada, sin distinción de partidos, no tenía la menor idea de sus efectos. Decían que eran «tonterías de Londres» si intentabas explicárselo.

La nación en efecto suele buscar en los debates del Parlamento la iluminación sobre los efectos de los proyectos de ley. Pero en este caso ningún partido, como tal partido, pudo hablar abiertamente.

Muchos, tal vez la mayoría de los conservadores inteligentes, temían las consecuencias de la propuesta; pero como había sido hecha por los dirigentes de su propio partido, no les gustaba oponerse a ella, y la disciplina partidaria los arrastró con ella.

Por otro lado, muchos, probablemente la mayoría de los liberales inteligentes, estaban consternados por el proyecto de ley; llevaban años acostumbrados a proponer proyectos de reforma; conocían los puntos de diferencia entre cada proyecto y percibían que este era, con mucho, el más radical que jamás había propuesto ningún ministerio.

Pero casi todos se mostraban reacios a admitirlo. Habrían ofendido a un gran sector de sus electorados si se hubieran opuesto a un proyecto de ley conservador por considerarlo demasiado democrático; los partidarios más extremistas de la democracia habrían dicho:

«Los enemigos del pueblo tienen suficiente confianza en el pueblo como para confiarle este poder, pero vosotros, un “liberal” y supuesto amigo del pueblo, no tenéis esa confianza; si es así, no volveremos a votar por vosotros».

Muchos miembros radicales que llevaban años pidiendo el sufragio universal masculino (por cabeza de familia) se mostraron mucho más sorprendidos que complacidos ante la cercana posibilidad de obtenerlo; lo habían pedido como los regateadores piden el precio más alto posible, pero nunca esperaron conseguirlo.

En conjunto, los liberales, o al menos los liberales extremos, se parecía mucho a un hombre que ha estado empujando con fuerza contra una puerta cerrada, hasta que, de repente, la puerta se abre, cesa la resistencia y él se ve lanzado violentamente hacia adelante.

Las personas en tan desagradable aprieto difícilmente pueden hacer críticas eficaces, y desde luego los liberales no las hicieron. No hemos tenido debates previos que debieran guiar nuestras expectativas respecto a la Ley de Reforma, ni tampoco los que habríamos tenido bajo circunstancias ordinarias.

Tampoco nos sirve de mucho la experiencia de las últimas elecciones. Las circunstancias fueron demasiado excepcionales.

En primer lugar, la popularidad personal del señor Gladstone era tal como no se había visto desde los tiempos de Mr. Pitt, y como tal vez no vuelva a verse. Ciertamente, se verá en muy raras ocasiones. Se cuenta que a un mal orador le preguntaron cómo le iba como candidato. «Ah —respondió—, cuando no sé qué decir, digo “Gladstone”, y entonces seguro que vitorean, y así tengo tiempo para pensar».

De hecho, esa popularidad actuó como guía tanto para los distritos electorales como para los diputados. Los candidatos se limitaban a decir que votarían con el señor Gladstone, y los distritos solo elegían a quienes decían eso. Incluso la minoría solo podía describirse como anti-Gladstone, del mismo modo que la mayoría solo podía describirse como pro-Gladstone.

Los restos, además, de la antigua organización electoral eran sumamente poderosos; los antiguos votantes votaron tal como se les había indicado, y los nuevos votantes votaron mayoritariamente con ellos. En muy pocos casos hubo alguna organización nueva y contraria. En las últimas elecciones, la prueba del sistema nuevo apenas comenzó y, en la medida en que lo hizo, estuvo favorecida por una orientación peculiar.

Mientras tanto, nuestros estadistas tienen las mayores oportunidades que han tenido en muchos años, y asimismo el mayor deber. Tienen que guiar a los nuevos votantes en el ejercicio del sufragio; guiarlos silenciosamente, y sin decir lo que están haciendo, pero aun así guiarlos.

Los principales hombres de Estado en un país libre tienen un gran poder momentáneo. Ellos dirigen la conversación de la humanidad. Son ellos quienes, mediante un par de grandes discursos, determinan lo que se dirá y lo que se escribirá durante mucho tiempo. Ellos, en conjunto con sus consejeros, fijan el programa de su partido —la «plataforma», como la llaman los estadounidenses— sobre el cual ellos y quienes los acompañan han de sostenerse para la campaña política. Es mediante ese programa, mediante una comparación de los programas de los diferentes hombres de Estado, como el mundo forma su juicio.

La mente común y corriente es muy poco apta para decidir por sí misma a qué cuestión política debe prestar atención; ya es bastante con que pueda juzgar decorosamente las cuestiones que llegan hasta ella de forma espontánea y se le presentan; casi nunca fija sus temas; solo puede decidir sobre los resultados de esos temas.

Y al decidir cuáles han de ser estas cuestiones, los hombres de estado tienen ahora una gran responsabilidad, especialmente si plantean cuestiones que exciten a las clases más bajas de la humanidad; si plantean cuestiones sobre las cuales es probable que esas clases se equivoquen; si plantean cuestiones en las que el interés de esas clases no sea idéntico al interés general del Estado, o sea antagónico a este, habrán causado el mayor daño posible.

El porvenir de este país depende del feliz funcionamiento de un delicado experimento, y habrán hecho todo lo posible para viciar ese experimento.

Justo cuando es deseable que a los hombres ignorantes, recién llegados a la política, se les planteen buenos asuntos, y solo buenos asuntos, estos estadistas habrán sugerido malos asuntos.

Habrán sugerido temas que unirán a los pobres como clase; temas que los excitarán contra los ricos; temas cuya discusión, en la única forma en que dicha discusión llega a sus oídos, consistirá en hacerles creer que alguna nueva ley puede hacerlos vivir cómodamente —que es la ley actual la que los hace vivir incansablemente— que el Gobierno tiene a su disposición un fondo inagotable del cual puede dar a quienes ahora tienen necesidades sin crear al mismo tiempo en otra parte otras y mayores necesidades.

Si la primera obra de los votantes pobres es intentar crear el «paraíso del pobre», tal como los hombres pobres suelen imaginarse ese Paraíso, y tal como suelen creer que pueden crearlo, la gran prueba política que ahora comienza simplemente fracasará. La amplia concesión del sufragio electoral será una gran calamidad para toda la nación, y para quienes lo obtienen una calamidad tan grande como para cualquiera.

No quiero decir por supuesto que los estadistas puedan elegir con absoluta libertad de qué temas van a ocuparse y de cuáles no. Soy consciente, por supuesto, de que eligen bajo condiciones estrictas.

En los estados de agitación de la opinión pública apenas tienen margen de discreción; la tendencia de la perturbación pública determina de qué se debe tratar y de qué no.

Pero, por otra parte, en tiempos tranquilos los estadistas tienen un gran poder; cuando no hay ningún fuego encendido, pueden decidir qué fuego se encenderá. Y como el nuevo sufragio va a probarse felizmente en un tiempo tranquilo, la responsabilidad de nuestros estadistas es grande porque su poder también lo es.

Y el modo en que se abordan los asuntos tratados es casi tan importante como la selección de dichos asuntos. Corresponde a nuestros principales hombres de Estado guiar al público, y no dejar que el público los guíe a ellos. Sin duda, cuando los hombres de Estado viven del favor público, como lo hacen los nuestros, esta es una afirmación difícil, y requiere ser acotada cuidadosamente.

No quiero decir que nuestros hombres de estado deban adoptar un tono pedante y doctrinario con el pueblo inglés; si hay algo que el pueblo inglés detesta profundamente, es precisamente ese tono.

Y hacen bien en detestarlo; si un hombre no puede dar orientación y comunicar instrucción formalmente sin decirle a su audiencia «soy mejor que vosotros; yo he estudiado esto como vosotros no lo habéis hecho», entonces no sirve como guía o instructor.

Un hombre de estado que mostrara tal gaucherie exhibiría un defecto de imaginación y dejaría al descubierto una incapacidad para tratar con los hombres que le constituiría un gran obstáculo en su vocación.

Pero no se requiere de mucha argumentación para guiar al público, y menos aún de una exposición formal de ese argumento.

Lo que más se necesita es la enérgica enunciación de conclusiones claras; si un estadista las expresa de manera afortunada (y si es con algunas ilustraciones ligeras y humorísticas, tanto mejor), habrá cumplido su parte. Él habrá dado el texto, los escribas de los periódicos escribirán el sermón.

Un estadista debe mostrar su propia naturaleza y expresar de forma palpable lo que para él es una verdad importante. Y así guiará y beneficiará a la nación.

Pero si, especialmente en una época en que la gran ignorancia tiene un poder inusual en los asuntos públicos, elige aceptar y reiterar las decisiones de esa ignorancia, no es más que el mercenario de la nación, y hace poco más que perjudicarla.

Se me dirá que esto es muy obvio, y que todo el mundo sabe que 2 y 2 son 4, y que no sirve de nada inculcarlo. Pero respondo que la lección no se observa de hecho; la gente no hace así sus cuentas políticas.

De todos nuestros peligros políticos, el mayor, según creo, es que vayan a descuidar la lección. En buen castellano, lo que temo es que ambos partidos políticos pujen por conseguir el apoyo del trabajador; que ambos prometan hacer lo que a él le plazca con tal de que se lo diga; que, dado que ahora él tiene el voto decisivo en nuestros asuntos, ambos partidos le rueguen e imploren que les dé ese voto.

No alcanzo a imaginar nada más corruptor ni peor para un grupo de gente pobre e ignorante que el hecho de que dos combinaciones de hombres instruidos y ricos se ofrezcan constantemente a someterse a su decisión y compitan por el cargo de ejecutarla.

Vox populi será Vox diaboli si se maneja de esa manera.

Y, por otra parte, mi imaginación evoca un peligro contrario. Puedo concebir que, al plantearse cuestiones que, de ser debatidas continuamente, unieran a los obreros como clase, las clases altas tendrían que considerar si conceder la medida que zanjara tales cuestiones, o si arriesgarse al efecto de la unión de los obreros.

Sin duda, la cuestión no puede debatirse fácilmente en abstracto; mucho debe depender de la naturaleza de las medidas en cada caso particular; del mal que causarían si se concedieran; del atractivo de su idea para las clases trabajadoras si se deniegan.

Pero en todos los casos debe recordarse que una combinación política de las clases bajas, como tales y para sus propios fines, es un mal de primera magnitud; que una combinación permanente de ellas las haría (ahora que tantas de ellas tienen el sufragio) supremas en el país; y que su supremacía, en el estado en que se encuentran ahora, significa la supremacía de la ignorancia sobre la instrucción y de los números sobre el conocimiento.

Mientras no se les enseñe a actuar juntas, hay una posibilidad de que esto se evite, y solo puede evitarse mediante la mayor sabiduría y la mayor previsión en las clases superiores. Deben evitar, no solo todo mal, sino toda apariencia de mal; mientras aún tengan el poder deben eliminar, no solo todo agravio real, sino, cuando sea posible, todo agravio aparente también; deben conceder voluntariamente toda reivindicación que puedan conceder con seguridad, para no tener que conceder de mala gana alguna reivindicación que comprometería la seguridad del país.

Este consejo, también, se dirá que es obvio; pero tengo el mayor temor de que, cuando llegue el momento, sea descartado por tímido y cobarde.

Tan fuertes son las propensiones combativas del hombre que preferiría librar una batalla perdida antes que no luchar en absoluto.

Es sumamente difícil persuadir a la gente de que al luchar pueden fortalecer al enemigo, pero eso es lo que ocurriría aquí; ya que una batalla perdida —especialmente una larga y bien disputada— habría enseñado a fondo a las clases bajas a organizarse, y habría dejado a las clases altas frente a frente con un electorado irritado, organizado y superior.

El valor que fortalece a un enemigo y que así pierde, no solo la batalla actual, sino muchas batallas posteriores, es una pesada maldición para los hombres y las naciones.

En un aspecto menor, en verdad, creo que podemos percibir con claridad el efecto de la Ley de Reforma de 1867. Pienso que ha completado un cambio que la Ley de 1832 comenzó; ha completado el cambio que dicha ley produjo en la relación de la Cámara de los Lores con la Cámara de los Comunes.

Como me he esforzado en explicar en este libro, la teoría literaria de la Constitución inglesa está en este punto, como de costumbre, completamente equivocada. Según dicha teoría, las dos Cámaras son dos ramas del poder legislativo, perfectamente iguales y perfectamente distintas. Pero antes de la Ley de 1832 no eran tan distintas; había un elemento común muy amplio y muy fuerte. Mediante su influencia dominante en muchos distritos electorales y condados, los Lores designaban una parte considerable de los Comunes; la mayoría de la otra parte estaba compuesta por la alta burguesía más adinerada —hombres en casi todo semejantes a los Lores y en simpatía con ellos—. Bajo la Constitución tal como era entonces, las dos Cámaras no eran en su esencia distintas; eran en su esencia similares; no eran, en lo fundamental, Cámaras de origen contrastado, sino Cámaras de origen semejante. La parte predominante de ambas provenía de la misma clase: de la alta sociedad inglesa, con título y sin título.

Por la Ley de 1832 esto cambió radicalmente. La aristocracia y la pequeña nobleza perdieron su predominio en la Cámara de los Comunes; dicho predominio pasó a manos de la clase media. Las dos Cámaras pasaron entonces a ser distintas, pero dejaron de ser coiguales. El duque de Wellington, en un escrito sumamente notable, ha explicado cuánto se esmeró en inducir a los Lores a someterse a su nueva posición y a doblegar, una y otra vez, su voluntad ante la de los Comunes.

La Ley de Reforma de 1867 ha completado, a mi juicio, de manera inconfundible el efecto que la Ley de 1832 comenzó, pero dejó inacabado. El elemento de la clase media ha ganado enormemente con este segundo cambio, y el elemento aristocrático ha perdido en gran medida.

Si examináis atentamente las listas de los miembros, especialmente de los miembros más destacados, de cualquiera de los bandos de la Cámara, no veréis que se trate en general de nombres aristocráticos. Si consideráis el poder y la posición de la aristocracia titulada, es posible que os sorprenda el grado tan pequeño en que contribuye a la parte activa de nuestra asamblea gobernante.

El espíritu de nuestra actual Cámara de los Comunes es plutocrático, no aristocrático; sus estadistas más prominentes no son hombres de abolengo ni de grandes bienes hereditarios; son hombres en su mayoría de desahogada posición, pero están también en su mayor parte vinculados, de un modo u otro, a la nueva riqueza comercial. El espíritu de ambas Asambleas se ha vuelto mucho más contrastado de lo que jamás fue.

El efecto completo de la Ley de Reforma de 1832 fue en verdad pospuesto por la causa que acabo de mencionar. Los estadistas que hicieron funcionar el sistema que se instauró se habían educado bajo el sistema que fue derribado.

Curiosamente, su dirección predominante duró tanto como el sistema que crearon. Lord Palmerston, Lord Russell, Lord Derby murieron o bien perdieron su influencia en el plazo de uno o dos años a partir de 1867.

Las consecuencias completas de la Ley de 1832 sobre la Cámara de los Lores no pudieron apreciarse mientras los Comunes estuvieron sujetos a semejante dirección aristocrática. Gran parte del cambio que cabría haber esperado de la Ley de 1832 quedó en suspenso, y no comenzó hasta que a esa medida le siguió otra de similar y mayor poder.

La labor que el duque de Wellington cumplió en parte debe, por tanto, completarse ahora también. Él afrontó la mitad de la dificultad; nosotros tenemos que superar la entera. Tenemos que redactar reglas tácitas, establecer costumbres imperantes pero no promulgadas, tales que hagan que la Cámara de los Lores ceda ante la de los Comunes cuando y tan a menudo como nuestra nueva Constitución requiera que ceda. Se me preguntará: ¿Con qué frecuencia ocurre eso, y cuál es la prueba mediante la cual lo sabéis?

Respondo que la Cámara de los Lores debe ceder siempre que la opinión de los Comunes sea también la opinión de la nación, y cuando sea evidente que la nación se ha decidido. Si la nación se ha decidido o no, es una cuestión que debe decidirse por todas las circunstancias del caso y de la manera común en que se deciden todas las cuestiones prácticas.

Hay personas que establecen una especie de prueba mecánica; afirman que la Cámara de los Lores debería tener la libertad de rechazar una medida aprobada por los Comunes una o más veces, y luego, si los Comunes la envían de nuevo una y otra vez, inferir que la nación está decidida. Pero ninguna cuestión práctica importante en la vida real puede resolverse de manera uniforme mediante una regla fija y formal de este modo. Esta regla demostraría que los Lores podrían haber rechazado la Ley de Reforma de 1832. Siempre que la nación estuviera a la vez agitada y decidida, tal regla constituiría un veneno político agudo y peligroso. Le enseñaría a la Cámara de los Lores que podría cerrar los ojos ante todos los hechos de la vida real y decidir simplemente mediante una fórmula abstracta. Si en 1832 los Lores hubieran actuado así, habría habido una revolución.

Indudablemente hay una verdad general en la regla. Si un proyecto de ley ha surgido una sola vez, o si ha surgido varias veces, es un hecho importante para juzgar si la nación está decidida a que se apruebe esa medida; es un indicio, pero es solo uno de los indicios.

Hay otros igualmente decisivos. La voz unánime del pueblo puede ser tan fuerte, y puede transmitirse a través de tantos órganos, que se puede suponer que es duradera.

Los ingleses son tan sumamente misceláneos, que aquello que realmente ha convencido a una gran y variada mayoría de ellos por el momento, bien puede presumirse que probablemente continúe convenciéndolos de forma permanente. Es muy fácil que una clase caiga en un fanatismo temporal y erróneo, pero es muy improbable que lo hagan todas las clases simultáneamente.

Me atreveré a establecer como regla aproximada que la Cámara de los Lores debería mostrarse lenta —muy lenta—, tratándose de un asunto de primera magnitud, a la hora de rechazar un proyecto de ley aprobado, aunque solo sea una vez, por una amplia mayoría de la Cámara de los Comunes. No establecería esto, por supuesto, como una regla invariable; como ya he dicho, para fines prácticos no creo en las reglas invariables. Las mayorías pueden ser genuinas o ficticias, y si no son genuinas, si no plasman la opinión del representante además de la opinión del electorado, nadie desearía que se les prestara atención alguna. Pero si la opinión de la nación es firme y universal, si realmente creen en ella tanto los miembros del Parlamento como quienes los envían al Parlamento, a mi juicio los Lores deberían ceder de inmediato y no oponer resistencia.

Mi razón principal es una que no se ha esgrimido mucho. Como escritor teórico, puedo atreverme a decir lo que ningún miembro electo del Parlamento, conservador o liberal, puede atreverse a decir: que le tengo un miedo inmenso a la multitud ignorante de los nuevos distritos electorales.

Deseo tener un poder lo más grande y compacto posible para resistirme a ella. Pero una disensión entre los Lores y los Comunes divide ese poder de resistencia; como he explicado, la Cámara de los Comunes aún representa principalmente a la plutocracia, y los Lores representan a la aristocracia.

El interés principal de ambas clases es hoy idéntico: prevenir o mitigar el gobierno de las masas sin educación. Pero para prevenirlo con eficacia, no deben pelearse entre sí; no deben competir la una con la otra por conseguir la ayuda de su oponente común. Y este es precisamente el efecto de una división entre los Lores y los Comunes.

Los dos grandes cuerpos de los ricos educados acuden a los distritos electorales para que estos decidan entre ellos, y la mayoría de los distritos electorales está compuesta hoy por los pobres sin educación. Esto no puede ser ventajoso para nadie.

Al hacerlo, además, la aristocracia abdica de su posición natural: aquella mediante la cual obtendría mayor poder y en la cual haría mayor bien. Deben ser los líderes de la plutocracia. En todos los países la riqueza nueva está dispuesta a adorar a la vieja riqueza, con tal de que la vieja riqueza se lo permita, y no necesito decir que en Inglaterra la riqueza nueva se muestra ávida en su devoción. Satírico tras satírico nos ha contado cuán rápidos, cuán dispuestos, cuán ansiosos están los recién enriquecidos por relacionarse con los antiguamente ricos. Probablemente en ningún país del mundo el rango tiene tanto valor de «mercado» como en Inglaterra hoy en día. Por supuesto, ha habido muchos países en los que ciertas familias antiguas, ricas o pobres, eran adoradas por poblaciones enteros con una devoción más intensa y poética, pero dudo que haya existido alguno en el que todas las familias antiguas y todas las familias con título hayan recibido una observancia más pronta por parte de quienes eran sus iguales, tal vez sus superiores, en riqueza, sus iguales en cultura, y sus inferiores únicamente en linaje y rango. Los poseedores de las distinciones «materiales» de la vida, como los clasificaría un economista político, se apresuran a adorar a quienes poseen las distinciones inmateriales. Nada puede ser políticamente más útil que tal homenaje, si se utiliza con habilidad; ninguna insensatez puede ser más vana que repelerlo y rechazarlo.

El culto es tanto más importante políticamente por tratarse del culto del superior político al inferior político. En unas elecciones, los no titulados son mucho más poderosos que los titulados.

Ciertos pares a título individual ejercen, debido a sus grandes posesiones, una gran influencia electoral, pero, en su conjunto, la Cámara de los Lores no constituye una fuerza electoral principal. Cuenta con tantos hombres pobres en su interior, y tantos hombres ricos en su exterior, que su valor electoral se ve mermado.

Además, está en la naturaleza de la curiosa influencia de la jerarquía obrar mucho más sobre los hombres considerados individualmente que sobre los hombres en colectivo; es una influencia que la mayoría de los hombres —al menos la mayoría de los ingleses— siente con intensidad, pero de la cual la mayoría de los ingleses se avergüenza un tanto. En consecuencia, cuando se reúne un grupo de hombres, cada uno de los cuales adora la jerarquía en su fuero interno, todo el conjunto escuchará pacientemente —en muchos casos aplaudirá y aprobará— algunos discursos bastante enérgicos contra la jerarquía. Cada hombre teme un poco que su «inconfesable debilidad por un lord», como expresó Mr. Gladstone, sea descubierta; no está seguro de hasta qué punto esa debilidad es compartida por quienes lo rodean. Y así los ingleses se ven fácilmente comprometidos con sentimientos antiaristocráticos que son la oposición directa de su verdadero sentimiento, y su acción colectiva puede ser encarnizadamente hostil a la jerarquía mientras que el sentimiento secreto de cada uno por separado es especialmente favorable a ella.

En 1832 los distritos electorales cerrados, que estaban en gran parte en manos de la aristocracia, y se suponía aún más en gran parte que lo estaban, fueron barridos en medio de un tumulto de júbilo; y en otra época similar de gran entusiasmo, los propios Lores, si se lo merecen, podrían desaparecer.

Las pasiones democráticas ganan fomentando una agitación difusa y agrupándome a los hombres en multitudes; los sentimientos aristocráticos ganan con la calma y la tranquilidad, y actúan sobre los hombres sobre todo de manera individual, en el seno de sus familias y cuando la influencia femenina no está ausente.

El poder de campaña electoral abierto de los Lores no equivale en absoluto a su poder social real. A la plutocracia inglesa, como suele decirse de algo aún más burdo, hay que «mecerla, no sacudirla»; se la puede incitar fácilmente contra la aristocracia, aunque esta le infunda un gran respeto; y, como es mucho más fuerte que la aristocracia, podría, de enojarse, llegar a destruirla; aunque, para destruirla, deba contribuir a avivar un frenesí desenfrenado entre los pobres ignorantes que, una vez desatado, tal vez no sea fácil de calmar y pueda resultar fatal para mucho más de lo que sus instigadores pretenden.

Esta es la explicación de la anomalía que desconcierta a muchos señores inteligentes. Ellos piensan, si es que no lo dicen: «¿Por qué estamos confinados aquí? ¿Por qué no estamos en la Cámara de los Comunes, donde podríamos tener mucho más poder? ¿Por qué se nos otorga este rango nominal a cambio de una influencia sustancial? Si preferimos el peso real al prestigio irreal, ¿por qué no podemos tenerlo?».

La respuesta es que el conjunto de los Lores ejerce una influencia sobre la sociedad inconmensurablemente mayor mientras sigue existiendo una Cámara de los Lores que la que tendría si esta fuera abolida; y que, aunque a uno o dos jóvenes pares inteligentes les iría mejor en los Comunes, el viejo orden de pares, jóvenes y ancianos, inteligentes y no tan inteligentes, está mucho mejor donde está.

El instinto egoísta de la masa de los pares en este punto es un juez más agudo y exacto del mundo real que la fina inteligencia de uno o dos de ellos.

Si la Cámara de los Lores llega a desaparecer algún día, desaparecerá en medio de una tormenta, y la tormenta no dejará todo lo demás tal como está. No destruirá la Cámara de los Lores y dejará a los jóvenes lores ricos, con su riqueza y sus títulos, sentados en los Comunes. Probablemente arrasaría con todos los títulos a su paso —al menos con todos los títulos legales— y de un modo u otro rompería el curioso sistema por el cual las haciendas de las grandes familias van a parar al primogénito. Ese sistema es muy artificial; se puede esgrimir un buen argumento a favor, pero no se puede esgrimir un argumento sonoro, un argumento que llegue a la multitud y la gobierne. La cosa parece una injusticia, y en una época de pasión popular no se sostendría. Mucho antes de llegar a la división igualitaria obligatoria del Código Napoleónico, se podrían estipular cláusulas estrictas para obstruir e impedir estas grandes acumulaciones de propiedad. Ciertamente, pocas cosas son menos probables que una tempestad violenta como esta para destruir haciendas grandes y hereditarias. Pero entonces, también, pocas cosas son menos probables que un estallido para destruir la Cámara de los Lores; mi punto es que una catástrofe que nivele una no perdonará a la otra.

Concibo, por lo tanto, que el gran poder de la Cámara de los Lores debe ejercerse con mucha timidez y mucha cautela.

Por el bien de conservar la jefatura de la plutocracia, y a través de ella la de la nación, no deben ofender a la plutocracia; los puntos en los que tienen que ceder son en su mayoría muy menores, y deberían ceder muchos puntos importantes antes que arriesgar la base de su poder.

Deben hacer grandes donaciones procedentes de sus ingresos si al hacerlo conservan, como conservarían, su capital intacto.

El duque de Wellington guio a la Cámara de los Lores de esta manera durante años, y nada podría marchar mejor para ellos ni para el país, y los Lores solo tienen que volver al buen camino por el que él los dirigió.

Los acontecimientos de 1870 provocaron un amplio debate sobre los títulos nobiliarios vitalicios, y hemos dado este gran paso: mientras que el anterior líder del partido tory en la Cámara de los Lores —lord Lyndhurst— derrotó la última propuesta para crear pares vitalicios, lord Derby, cuando era líder de dicho partido, deseaba crearlos. Como he expuesto en este libro lo que me parecieron buenas razones para crearlos, no necesito repetir aquí tales razones; solo necesito decir cuál es el estado de esta idea en mi juicio actual.

No puedo ver los pares vitalicios de la manera en que los consideran algunos de sus más fervientes defensores; no puedo pensar en ellos como un método para remediar una oposición permanente o un contraste entre las cámaras de los Lores y de los Comunes.

Para ser eficaces en ese sentido, los pares vitalicios tendrían que ser muy numerosos. Ahora bien, la Cámara de los Lores jamás consentirá un número muy elevado de pares vitalicios sin que se desate una tormenta; tendrán que verse aterrorizados para hacerlo, o no lo harán. Y si la tormenta sopla con la fuerza suficiente para lograr tal cosa, con toda probabilidad soplará con la fuerza suficiente para lograr mucho más.

Si la revolución es lo suficientemente poderosa y está lo suficientemente ávida como para crear un número inmenso de pares vitalicios, es probable que barra por completo con el principio hereditario en la Cámara Alta. Por supuesto, uno puede imaginar que suceda de otro modo; podemos concebir una tormenta política que se detiene justo en el límite de la dignidad vitalicia y luego se frena de golpe.

Pero en política no debemos inquietarnos por accidentes sumamente excepcionales; ya es bastante difícil contar con las probabilidades regulares y claras, y estar preparados para ellas. Hablando matemáticamente, podemos perdernos fácilmente el curso permanente de la curva política si concentramos nuestra mente en sus cúspides y puntos conjugados.

Ni, por otra parte, puedo simpatizar con la objeción a los títulos vitalicios que algunos miembros del partido radical albergan y sienten. Piensan que esto fortalecerá a los Lores y los capacitará mejor para oponerse a los Comunes; piensan, si es que no lo dicen:

«La Cámara de los Lores es nuestra enemiga y la de todos los liberales; por fortuna, la masa de ella no destaca por su intelecto; allí nacen unos cuantos hombres inteligentes, contra lo cual no podemos hacer nada, pero no la “vacunaremos” con genio; no introduciremos por el resto de sus vidas a un grupo de hombres inteligentes que con la misma probabilidad podrían volverse en contra nuestra».

Esta objeción parte del supuesto de que los pares inteligentes tienen tantas probabilidades de oponerse a los Comunes como los pares estúpidos. Pero yo lo niego. La mayoría de los hombres inteligentes que se encuentran en un lugar tan bueno como el que evidentemente es la Cámara de los Lores serán muy reacios a perderlo si pueden evitarlo; ante la clara llamada de un gran deber podrían perderlo, pero solo ante semejante llamada. Y no hace falta ser un hombre inteligente para ver que la oposición sistemática a los Comunes es lo único que puede poner en peligro a los Lores, o hacer que un par en lo particular deje de serlo.

Cuanto mayor hagano el sentido de los Lores, más verán que su claro interés es congraciarse con la plutocracia y ser sus jefes, y no desear oponerse a los Comunes allí donde esa plutocracia gobierna.

Es verdad que una Cámara de los Lores completamente nueva, compuesta principalmente por hombres de talento, seleccionados por tenerlo, muy probablemente intentaría hacer del talento el poder predominante en el Estado y rivalizar, si no conquistar, con la Cámara de los Comunes, donde el nivel de inteligencia no está muy por encima del promedio común inglés.

Pero en el mundo inglés actual, una Cámara de los Lores así perdería pronto toda influencia. La gente diría: «Es demasiado lista», y en boca de un inglés eso significa una censura muy severa.

El pueblo inglés consideraría una anomalía flagrante que su asamblea electa de hombres ricos fuera obstaculizada por una asamblea nombrada de oradores y escritores. Deseamos ser gobernados por hombres sensatos de medios sustanciales, y una nobleza de genio no podría compararse con ella en poder.

También es verdad que, en la actualidad, algunos de los pares más inteligentes no están tan dispuestos como otros a ponerse de acuerdo con los Comunes. Pero no es innatural que personas de alta alcurnia y gran capacidad no estén dispuestas a doblegarse ante personas de menor rango y de una capacidad que ciertamente no es mayor.

Unos pocos de tales pares (pues son muy pocos) podrían decir: «Preferimos no tener nuestra dignidad nobiliaria si hemos de pagarla al precio de ceder». Pero un par vitalicio que se hubiera abierto camino hasta la Cámara de los Pares jamás pensaría así. Los jóvenes que nacen con un título pueden arriesgarlo, pero no los hombres de mediana edad o ancianos que se han ganado el rango.

Un número moderado de pares vitalicios aconsejaría casi siempre la moderación a los Lores, y casi siempre tendría razón al aconsejarla.

Las discusiones recientes también han puesto de relieve con curiosa notoriedad otra parte de la Constitución. Dije en este libro que a la gente le sorprendería mucho que se le dijera cuántas cosas puede hacer la Reina sin consultar al Parlamento, y así ha resultado ser ciertamente, pues cuando la Reina abolíó la Compra de grados en el Ejército mediante un acto de prerrogativa (después de que los Lores hubieran rechazado el proyecto de ley para hacerlo), hubo un gran y general asombro.

Pero esto no es nada comparado con lo que la Reina puede hacer por ley sin consultar al Parlamento. Por no hablar de otras cosas, podría disolver el ejército (por ley no puede reclutar a más de un determinado número de hombres, pero no está obligada a reclutar a ninguno); podría destituir a todos los oficiales, desde el general en jefe hacia abajo; también podría despedir a todos los marineros, podría vender todos nuestros buques de guerra y todas nuestras reservas navales; podría firmar una paz mediante el sacrificio de Cornualles y empezar una guerra para la conquista de Bretaña. Podría hacer que cada ciudadano del Reino Unido, hombre o mujer, fuera par del reino; podría convertir cada parroquia del Reino Unido en una «universidad»; podría despedir a la mayoría de los funcionarios públicos; podría indultar a todos los infractores. En una palabra, la Reina podría, mediante su prerrogativa, trastocar toda la acción del gobierno civil dentro del Gobierno, podría deshonrar a la nación con una mala guerra o una mala paz y podría, al disolver nuestras fuerzas, ya sean terrestres o marítimas, dejarnos indefensos frente a las naciones extranjeras. ¿Por qué no tememos que haga esto, o algo que se le parezca?

Porque hay dos frenos⁠—uno antiguo y burdo, el otro moderno y delicado. El primero es el freno del juicio político (impeachment). Cualquier ministro que aconsejara a la Reina usar su prerrogativa de tal modo que pusiera en peligro la seguridad del reino, podría ser sometido a juicio político por alta traición, y así se haría. De dicho ministro se diría, en nuestro derecho técnico, que ha levantado, o ayudado a levantar, «guerra contra la Reina». Este consejo dado a ella para usar de tal manera su prerrogativa sería declarado por el juez como un acto de violencia contra ella misma, y de esa manera peculiar pero eficaz el ofensor podría ser condenado y ejecutado. Contra todos los excesos groseros de la prerrogativa, esta es una protección suficiente.

Pero no sería ninguna protección contra los errores menores; cualquier error de juicio cometido bona fide, y que solo acarreara consecuencias que una persona pudiera calificar de buenas y otra de malas, no podría ser castigado de ese modo. Sería posible procesar políticamente a cualquier ministro que disolviera el ejército de la Reina, y se haría con toda seguridad. Pero supóngase que un ministro redujera el ejército o la armada muy por debajo de la fuerza prevista —supóngase que solo gastara en ellos una tercera parte de la cantidad que el Parlamento le había permitido gastar—, supóngase que un ministro de los principios de Lord Palmerston se convirtiera repentinamente y estando en el cargo a los principios del Sr. Bright y del Sr. Cobden, y obrara conforme a esos principios, no podría ser procesado políticamente. La ley de traición ni podía ni debía aplicarse contra un acto que fuera un error de juicio, no de intencionalidad —que estuviera destinado de buena fe a no menoscabar el bienestar del Estado, sino a promoverlo y acrecentarlo—.

Contra tales abusivos usos de la prerrogativa, nuestro remedio es un cambio de Ministerio. Y, en general, esto funciona muy bien. Todo ministro lo piensa mucho antes de incurrir en tal penalidad, y nadie incurre en ella a la ligera.

Pero, sin embargo, hay dos defectos en esto:

• El primero es que puede no ser un remedio en absoluto; puede ser tan solo un castigo. Un ministro puede arriesgarse a su destitución; puede cometer algún acto difícil de deshacer, y entonces todo lo que quede por hacer sea destituirlo y censurarlo.

Y la segunda es que solo hay una Cámara del Parlamento que tiene mucho que decir respecto a este remedio, tal como es; solo la Cámara de los Comunes puede destituir a un Ministro mediante un voto de censura.

La mayoría de los ministerios durante treinta años no han poseído jamás la confianza de los Lores, y en tales casos un voto de censura por parte de los Lores apenas podría tener peso; sería simplemente la expresión particular de una desaprobación política general.

Sería como un voto de censura contra un gobierno liberal por parte del Carlton, o contra un gobierno tory por parte del Reform Club.

Y en ningún caso un voto adverso de los Lores tiene el mismo efecto decisivo que un voto de los Comunes; la Cámara Baja es la cámara que gobierna y que elige, y si un gobierno realmente posee eso, posee a fondo nueve décimas partes de lo que necesita.

El apoyo de los Lores es una ayuda y un lujo; el de los Comunes es un requisito estricto e indispensable.

Estas dificultades se plantean especialmente en cuestiones de política exterior. En la mayoría de los asuntos nacionales, la costumbre o la legislación han limitado el uso de la prerrogativa. La forma de gobernar el país, de acuerdo con las leyes vigentes, está ya muy encarrilada, y la mayoría de las administraciones se mueven en ese cauce porque es más fácil moverse en él que en cualquier otro. La mayoría de las crisis políticas —las votaciones decisivas que determinan el destino del Gobierno— versan generalmente sobre cuestiones de política exterior o de nuevas leyes; y las cuestiones de política exterior se plantean por lo general de tal modo que el Gobierno ya ha hecho algo, y corresponde a una sola parte del poder legislativo —a la Cámara de los Comunes, y no a la Cámara de los Lores— decidir si han perdido o no su puesto debido al tratado que han celebrado.

Creo que todo el mundo debe admitir que este no es un arreglo que parezca correcto a primera vista.

Los tratados son tan importantes como la mayoría de las leyes, y exigir el asentimiento elaborado de las asambleas representativas para cada palabra de la ley, y no consultarlas ni siquiera en cuanto a la esencia del tratado, resulta prima facie absurdo.

En las formas más antiguas de la Constitución inglesa, esto pudo ser muy acertado; el poder residía entonces realmente en la Corona, y debido a que el Parlamento se reunía en muy pocas ocasiones, y por otras razones, era necesario entonces que, en una multitud de puntos, la Corona tuviera mucho más poder del que le es ampliamente suficiente en la actualidad. Pero ahora el poder real no está en el Soberano, está en el Primer Ministro y en el Gabinete⁠—es decir, en las manos de un comité designado por el Parlamento y del presidente de dicho comité.

Ahora bien, de antemano, nadie se habría atrevido a sugerir que un comité del Parlamento sobre relaciones exteriores debiera poder comprometer al país con las mayores obligaciones internacionales sin consultar ni al Parlamento ni al país.

Ningún otro comité selecto tiene un poder comparable; y considerando cuán cuidadosamente hemos encadenado y limitado los poderes de todas las demás autoridades subordinadas, permitir que tanto poder discrecional en asuntos peculiarmente peligrosos y peculiarmente delicados descanse en la sola carga de un comité secreto es sumamente extraño.

Sin duda puede ser beneficioso; muchas anomalías aparentes lo son, pero a primera vista no parece correcto.

Confieso que no vería ninguna ventaja en ello si nuestras dos Cámaras fueran suficientemente homogéneas y suficientemente armónicas.

Por el contrario, si esas dos Cámaras fueran como debieran ser, consideraría que es un gran defecto.

Si la administración tuviera en ambas Cámaras una mayoría —no una mayoría mecánica dispuesta a aceptarlo todo, sino una justa y razonable, predispuesta a pensar que el Gobierno tiene razón, pero no dispuesta a darla por sentada ante los hechos y en oposición a cualquier cosa que pudiera ocurrir—; si un buen Gobierno se encontrara en tal situación, consideraría decididamente mejor que los acuerdos de la administración con potencias extranjeras fueran sometidos al Parlamento.

Recibirían entonces aquello que es mejor para todos los arreglos de asuntos: una crítica comprensiva y solidaria, pero aun así, una crítica.

La mayor parte del Parlamento, estando bien dispuesta hacia el Gobierno, no votaría «en contra» de este a menos que hubiera cometido realmente algún error grave y evidente. Pero si el Gobierno hubiera cometido semejante error, ciertamente la mayor parte del Parlamento votaría en contra de él.

En un país apto para instituciones parlamentarias, el partidismo de los miembros del legislativo nunca entra en manifiesta oposición al interés evidente de la nación; si lo hiciera, la nación —estando (como lo están todas las naciones capaces de instituciones parlamentarias) constantemente atenta a los asuntos públicos— les infligiría la máxima pena parlamentaria en las próximas elecciones y en muchas futuras. Destruiría su carrera.

Ninguna mayoría inglesa se atreve a votar a favor de un tratado sumamente malo; antes abandonaría a su propio líder que asegurar su propia ruina.

Y una minoría inglesa, que ha heredado una larga experiencia en asuntos parlamentarios, no estaría excesivamente dispuesta a rechazar un tratado celebrado con un Gobierno extranjero.

Los líderes de la Oposición inglesa conocen muy bien el dicho escolar de que «a ese juego pueden jugar dos». Saben que la próxima vez que estén en el poder se podría emplear contra ellos el mismo tipo de mala praxis, por lo que deciden no utilizarla.

Tan fuerte es esta predisposición que, no hace mucho, un miembro subalterno de la Oposición declaró que los «bancos delanteros» de ambos lados de la Cámara —es decir, los líderes del Gobierno y los líderes de la Oposición— mantenían una constante liga tácita para reprimir las objeciones de los diputados independientes. Y lo que dijo suele ser muy cierto.

A menudo surgen objeciones aparentes que no son objeciones reales; al menos, que en los casos particulares se ven superadas por consideraciones contrarias; y estos «miembros independientes», al no tener una responsabilidad real, al no correr el riesgo de salir perjudicados si cometen un error, sin duda los soltarán y querrán actuar en consecuencia.

Pero los líderes responsables del partido, que quizás tengan que decidir cosas similares, o incluso las mismas cosas por sí mismos, no lo permitirán. Se niegan, tanto por interés como por patriotismo, a envolver al país en un lío extranjero permanente con el fin de asegurarse a sí mismos y a su partido una ventaja momentánea a nivel nacional.

En consecuencia, un Gobierno que negociara un tratado sentiría que su tratado estaría sujeto ciertamente a un escrutinio, pero aun así a un escrutinio candoroso y clementemente imparcial; que iría ante jueces de los cuales la mayoría era favorable, y entre los cuales la parte más influyente de la minoría era en este caso muy contraria al antagonismo excesivo.

Y esta parece ser la mejor posición en la que los negociadores pueden encontrarse, a saber, que deban rendir cuentas a personas consideradas y justas, pero no a personas inconsideradas e injustas.

En la actualidad, apenas puede decirse que el Gobierno que negocia un tratado rinda cuentas ante nadie. Con toda seguridad será objeto de vagas censuras.

Benjamin Franklin dijo: «Jamás he conocido una paz hecha, por muy ventajosa que fuera, que no fuera censurada por considerarla inadecuada, y a sus artífices condenados por imprudentes o corruptos. "Bienaventurados los pacificadores", supongo, debe entenderse en el otro mundo, pues en este con frecuencia son maldicen».

Y esta es muy a menudo la perspectiva que se tiene hoy en Inglaterra de los tratados.

Como no hay nada práctico en la Oposición⁠—nada que pueda obstaculizarlos en el futuro⁠—, los líderes de la Oposición casi con seguridad sugerirán todas las objeciones posibles.

El hecho está hecho y no se puede deshacer, y el deseo más natural de los líderes de la Oposición es demostrar que, si hubiesen estado en el gobierno, y por lo tanto les hubiera correspondido hacerlo a ellos, lo habrían hecho mucho mejor.

Por otra parte, es muy posible que no llegue a haber ninguna crítica real sobre un tratado; o bien que el tratado haya sido celebrado por el Gobierno y, dado que nadie puede deshacerlo, la Oposición tal vez no considere oportuno decir gran cosa al respecto. El Gobierno, por lo tanto, nunca tiene la certeza de recibir crítica alguna; por el contrario, tiene grandes probabilidades de eludirla; pero, si llega a haber alguna crítica, el Gobierno debe esperar que esta sea amarga, aguda y capciosa⁠—formulada tal como la haría un opositor irresponsable, y no como un estadista responsable, que tal vez deba lidiar con una dificultad si él mismo la provoca y que, por consiguiente, será cauto al decir cualquier cosa que pueda acrecentarla.

Esto es lo que ocurre en los casos comunes; y en el poco común⁠—el noventa y nueve por ciento de las veces⁠—en el que la Oposición esperaba derrocar al Gobierno debido a la supuesta ineptitud del tratado que ha firmado, las críticas serán sin duda de la índole más indeseable, y dirán lo que resulte más ofensivo para las naciones extranjeras. Toda la agudeza experimentada de los escritores y oradores antigubernamentales se empleará con seguridad en demostrar que se ha aprovechado de Inglaterra⁠—que, como se dijo en una ocasión, «se han separado las cualidades morales y las intelectuales; que nuestra negociación tuvo la moral, y la negociación de la otra parte la intelectual», y así sucesivamente. Todo el tono de la malicia partidista se despliega entonces, porque no hay nada que frene al partido en la oposición. El tratado ha sido hecho y, aunque pueda ser censurado y el partido que lo hizo expulsado, el problema que pretendía resolver queda resuelto, y el partido de la oposición, si llega al poder, no tendrá que lidiar con ese problema.

En la teoría abstracta, estos defectos de nuestra práctica actual parecerían extraordinariamente grandes, pero en la práctica no lo son tanto.

Los hombres de estado ingleses y los partidos ingleses poseen en verdad un gran patriotismo; rara vez se les puede persuadir, ni siquiera por sus pasiones o sus intereses, de hacer algo contrario al verdadero interés de Inglaterra, o algo que degradara a Inglaterra a los ojos de las naciones extranjeras. Y se harían un grave daño a sí mismos si lo hicieran.

Pero aun así, estas son las tendencias reales de nuestra práctica actual, y estas solo son evitadas por cualidades de la nación y cualidades de nuestros hombres de estado, las cuales existirán exactamente igual si cambiamos nuestra práctica.

Ciertamente sería en muchos aspectos ventajoso cambiarlo.

Si exigimos que de alguna forma se otorgue el asentamiento del Parlamento a tales tratados, tendríamos un debate real antes de la celebración de dichos tratados. Se expondrían claramente las razones a favor del tratado, así como las razones en su contra.

En la actualidad, como hemos visto, el debate es irreal. El hecho está consumado y no puede modificarse; y lo que se dice a menudo no debería decirse porque es caviloso, y lo que no se dice debería decirse con la misma frecuencia porque es sustancial.

Tendríamos una manera más varonil y clara de tratar la política exterior, si los ministros estuvieran obligados a explicar claramente sus contratos exteriores antes de que fueran válidos, del mismo modo que tienen que explicar sus propuestas nacionales antes de que puedan convertirse en leyes.

Las objeciones a esto son, hasta donde sé, tres, y solo tres.

First, that it would not be always desirable for Ministers to state clearly the motives which induced them to agree to foreign compacts.

“Treaties,” it is said, “are in one great respect different from laws, they concern not only the Government which binds, the nation so bound, but a third party too⁠—a foreign country⁠—and the feelings of that country are to be considered as well as our own. And that foreign country will, probably, in the present state of the world be a despotic one, where discussion is not practised, where it is not understood, where the expressions of different speakers are not accurately weighed, where undue offence may easily be given.”

Esta objeción podría evitarse fácilmente exigiendo que el debate sobre los tratados en el Parlamento, al igual que el debate en el Senado estadounidense, se celebre «en sesión secreta» y que no se publique ningún informe sobre él.

Pero yo, por mi parte, estaría más dispuesto a arriesgarme a un debate público. Las naciones despóticas hoy no pueden entender a Inglaterra; es para ellas una anomalía «amparada por la Providencia»; llevan desde tiempos inmemoriales desconcertadas por sus instituciones, irritadas por sus estadistas y enfadadas por sus periódicos.

Un poco más de semejante desconcierto y de semejante irritación no me parece un gran mal.

Y si se quiere decir, como a menudo se quiere decir, que no se puede decir toda la verdad en cuanto a los tratados, respondo que tampoco se puede decir toda la verdad en cuanto a las leyes.

Todas las leyes importantes afectan a grandes «intereses creados»; tocan grandes fuentes de fuerza política; y estos grandes intereses exigen ser tratados con tanta delicadeza, y con una manipulación del lenguaje tan sutil, como los sentimientos de cualquier país extranjero.

Un ministro parlamentario es un hombre formado mediante una práctica minuciosa para no soltar cosas brutas, y un parlamento inglés es una asamblea a la que le disgusta particularmente cualquier cosa gauche o imprudente. Les disgusta aún más si perjudica tanto a ellos y al país como al orador.

Yo también estoy dispuesto a negar por completo que pueda haber algún tratado para el cual no se le puedan dar razones adecuadas al pueblo inglés, que el pueblo inglés deba hacer.

Una gran parte de la reticencia de la diplomacia, según creo que muestra la historia, valdría mucho más que se dijera abiertamente.

Las peores familias son aquellas en las que los miembros nunca se dicen realmente lo que piensan los unos a los otros; mantienen una atmósfera de irrealidad y todos viven siempre en un ambiente de animadversión reprimida. Lo mismo ocurre con las naciones.

A las partes interesadas casi siempre les iría mejor si escucharan las razones de peso que indujeron a los negociadores a hacer el tratado, y los negociadores harían su trabajo mucho mejor, pues la mitad de las ambigüedades en los tratados son causadas porque a los negociadores no les agrada el hecho o no se toman la molestia de formular claramente su propio significado en sus propias mentes. Y se verían obligados a dejarlo claro si tuvieran que defenderlo y debatir sobre él ante una gran asamblea.

En segundo lugar, se podrá objetar al cambio sugerido que el Parlamento no está siempre en sesiones, y que si los tratados requirieran su aprobación, a veces habría que convocarlo fuera de temporada, o los tratados tendrían que retrasarse.

Y esta es, hasta cierto punto, una objeción válida, pero no creo que llegue muy lejos. La gran mayoría de los tratados podrían esperar un poco sin daño, y en los muy escasos casos en que sea necesaria una prisa urgente, se podría justificar perfectamente una sesión otoñal del Parlamento, ya que la ocasión ha de ser de grave y crítica importancia.

En tercer lugar, puede decirse que si requiriéramos el consentimiento de ambas Cámaras del Parlamento para los tratados extranjeros antes de que fueran válidos, aumentaríamos en gran medida el poder de la Cámara de los Lores. Y este es también, en mi opinión, un justo objeción hasta cierto punto.

La Cámara de los Lores, como no puede destituir al Gabinete por celebrar tratados, no tiene en ningún caso un peso decisivo en la política exterior, aunque sus debates sobre ellos suelen ser excelentes; y existe un peligro real en la actualidad al otorgarle tal peso. No están bajo la misma orientación que la Cámara de los Comunes.

En la Cámara de los Comunes, por necesidad, el Gabinete cuenta con una mayoría, y la mayoría aprobará los tratados que los líderes hayan hecho si buenamente pueden. No estarán ansiosos por disentir de ellos. Pero la mayoría de la Cámara de los Lores puede ser siempre, y últimamente ha sido por lo general una mayoría de oposición, y por lo tanto el tratado puede ser sometido a críticos estrictamente comprometidos con puntos de vista opuestos. Podría ser como someter el diseño de un arquitecto conocido por sostener «principios medievales» a un comité apegado a «principios clásicos».

Aun así, en conjunto, creo que el aumento del poder de los pares podría correrse sin un temor real de un daño grave. Nuestra práctica actual, tal como se ha explicado, solo funciona debido al buen sentido de quienes la llevan a la práctica, y la nueva práctica tendría que basarse también en un buen sentido y una sensatez similares. La Cámara de los Lores debe tratar la aprobación de los tratados del mismo modo que la aprobación de las leyes; deben someterse a la voz del país y a la autoridad de los Comunes incluso en aquellos casos en los que su propio juicio pudiera guiarles de otro modo. En los tratados de gran importancia, probablemente, al ser ingleses, compartirían el mismo criterio que el resto de los ingleses. Si en tales casos mostraran reticencia a obrar como el pueblo desea, se les impartiría la misma lección que en las cuestiones vitales y apasionantes de la legislación interna, y no es tan probable que esto suceda, pues en estas cuestiones internas y orgánicas el interés y el sentimiento de los pares suelen ser presumiblemente opuestos a los de otras clases: es posible que estén ansiosos por no renunciar al poder mismo que otras clases están ansiosas por adquirir; pero en política exterior no existe una oposición de intereses similar⁠ — un par y un no par tienen presumiblemente en ese asunto el mismo interés y los mismos deseos.

Probablemente, si se considerara deseable otorgar al Parlamento un control más directo sobre las cuestiones de política exterior del que posee ahora, el mejor método no sería exigir un voto formal sobre el tratado cláusula por cláusula.

Esto exigiría demasiado tiempo y conduciría a modificaciones innecesarias en detalles menores. Bastaría con permitir que el tratado fuera presentado ante ambas Cámaras, digamos durante catorce días, y que adquiriera validez a menos que una u otra Cámara pusiera objeciones antes de que expirara dicho intervalo.