Del *New York Packet*. El martes 4 de diciembre de 1787.
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
LA tendencia del principio de la legislación para los Estados, o comunidades, en sus capacidades políticas, tal como ha quedado demostrada por la experiencia que hemos hecho de él, es igualmente atestiguada por los acontecimientos acaecidos en todos los demás gobiernos de tipo confederado, de los que tenemos alguna noticia, en exacta proporción a su predominio en dichos sistemas.
Las confirmaciones de este hecho merecen un examen distinto y particular. Me contentaré con observar aquí simplemente que, de todas las confederaciones de la antigüedad que la historia nos ha transmitido, las ligas licia y aquea, en la medida en que quedan vestigios de ellas, parecen haber estado más libres de las trabas de ese principio erróneo y fueron, en consecuencia, las que mejor han merecido y más liberalmente han recibido los aplausos y sufragios de los escritores políticos.
Este principio censurable puede ser llamado, con tanta verdad como énfasis, el padre de la anarquía: se ha visto que las infracciones de los miembros de la Unión son su descendencia natural y necesaria, y que siempre que ocurren, el único remedio constitucional es la fuerza, y el efecto inmediato de su uso, la guerra civil.
Resta por averiguar hasta qué punto un instrumento de gobierno tan odioso, en su aplicación a nosotros, sería siquiera capaz de cumplir su cometido.
Si no hubiera un gran ejército constantemente a disposición del gobierno nacional, este o bien no podría emplear la fuerza en absoluto, o bien, cuando pudiera hacerlo, equivaldría a una guerra entre partes de la Confederación a causa de las infracciones de una liga, en la cual la combinación más fuerte probablemente prevalecería, ya estuviera compuesta por quienes apoyaban o por quienes se resistían a la autoridad general.
Rara vez ocurriría que la infracción que se debía enmendar se limitara a un solo miembro, y si hubiere más de uno que hubiese descuidado su deber, la similitud de su situación los induciría a unirse para su defensa común.
Independientemente de este motivo de simpatía, si un Estado grande e influyente llegara a ser el miembro agresor, comúnmente tendría suficiente peso con sus vecinos para atraer a algunos de ellos como asociados a su causa.
- Se podrían idear fácilmente argumentos falaces sobre el peligro para la libertad común;
- se inventarían sin dificultad excusas plausibles para las deficiencias del partido con el fin de alarmar los temores, inflamar las pasiones y ganarse la buena voluntad, incluso de aquellos Estados a los que no se les pudiera imputar ninguna violación u omisión del deber.
Esto sería lo más probable que ocurriera, ya que cabría esperar que las transgresiones de los miembros más grandes procedieran a veces de una premeditación ambiciosa en sus gobernantes, con el propósito de librarse de todo control externo sobre sus designios de engrandecimiento personal; para lograr lo cual de mejor manera es de presumir que sobornarían de antemano a individuos influyentes en los Estados vecinos.
Si no se podía encontrar a los asociados en casa, se recurriría a la ayuda de potencias extranjeras, las cuales rara vez se mostrarían indispuestas a fomentar las disensiones de una Confederación, de cuya unión firme tanto tenían que temer.
Una vez que se desenvaina la espada, las pasiones de los hombres no conocen límites de moderación.
Las sugestiones del orgullo herido, las instigaciones del resentimiento irritado, serían proclives a llevar a los Estados contra los cuales se ejercieran las armas de la Unión a cualquier extremo necesario para vengar la afrenta o evitar la deshonra de la sumisión. La primera guerra de este tipo probablemente terminaría en una disolución de la Unión.
Esto puede considerarse como la muerte violenta de la Confederación. Su muerte más natural es la que ahora parecemos estar a punto de experimentar, si el sistema federal no es renovado rápidamente en una forma más sustancial.
No es probable, considerando el genio de este país, que los Estados cumplidores estuvieran a menudo dispuestos a respaldar la autoridad de la Unión embarcándose en una guerra contra los Estados reacios. Estarían siempre más dispuestos a seguir el camino más suave de ponerse en pie de igualdad con los miembros morosos mediante la imitación de su ejemplo. Y la culpa de todos se convertiría así en la seguridad de todos.
Nuestra experiencia pasada ha mostrado la operación de este espíritu en su plena luz. Habría, en verdad, una dificultad insuperable para determinar cuándo se podría emplear la fuerza con propiedad. En el asunto de la contribución pecuniaria, que sería la fuente más habitual de incumplimiento, a menudo sería imposible decidir si este había provenido de desgana o de incapacidad. El pretexto de esta última estaría siempre a mano. Y el caso tendría que ser muy flagrante para que su falacia pudiera detectarse con la certeza suficiente como para justificar el duro recurso de la coacción.
Es fácil ver que este solo problema, con la frecuencia con que habría de presentarse, abriría un amplio campo para el ejercicio de miras facciosas, de parcialidad y de opresión por parte de la mayoría que llegara a prevalecer en el consejo nacional.
Parece no requerir esfuerzo demostrar que los Estados no deberían preferir una Constitución nacional que solo pudiera mantenerse en funcionamiento mediante el uso de un gran ejército permanentemente en pie para ejecutar las requisiciones o los decretos ordinarios del gobierno.
Y sin embargo, esta es la clara alternativa que entrañan quienes desean negarle la facultad de extender sus operaciones a los individuos. Tal plan, de ser practicable en modo alguno, degeneraría al instante en un despotismo militar; pero se verá que en todos los aspectos es impracticable.
Los recursos de la Unión no bastarían para el mantenimiento de un ejército lo bastante considerable como para mantener a los Estados más grandes dentro de los límites de su deber; ni se dispondría jamás de los medios necesarios para formar semejante ejército en un principio.
Quien considere la población y la fuerza de varios de estos Estados individualmente en la coyuntura actual, y mire hacia lo que llegarán a ser, aun a la distancia de medio siglo, desechará de inmediato por ocioso y visionario cualquier plan que tenga por objeto regular sus movimientos mediante leyes que actúen sobre ellos en sus capacidades colectivas, y que deban ser ejecutadas por una coacción aplicable a ellos en esas mismas capacidades.
Un proyecto de esta especie es poco menos que romántico que ese espíritu domador de monstruos que se atribuye a los fabulosos héroes y semidioses de la antigüedad.
Aun en aquellas confederaciones que han estado compuestas por miembros más pequeños que muchos de nuestros condados, el principio de legislar para Estados soberanos, respaldado por la coerción militar, nunca ha resultado eficaz. Raras vez se ha intentado emplear, sino contra los miembros más débiles; y en la mayoría de los casos los intentos de coaccionar a los refractarios y desobedientes han sido la señal de guerras sangrientas, en las cuales una mitad de la confederación ha desplegado sus banderas contra la otra mitad.
El resultado de estas observaciones para una mente inteligente debe ser claramente este: que si es posible de algún modo construir un gobierno federal capaz de regular los asuntos comunes y preservar la tranquilidad general, este debe fundarse, en lo que respecta a los objetos confiados a su cuidado, sobre el principio inverso al que defienden los opositores a la Constitución propuesta.
- Debe ejercer su acción directamente sobre las personas de los ciudadanos.
- No debe necesitar ninguna legislación intermedia, sino estar facultado para emplear por sí mismo el brazo del magistrado ordinario en la ejecución de sus propias resoluciones.
- La majestad de la autoridad nacional debe manifestarse por medio de los tribunales de justicia.
- El gobierno de la Unión, al igual que el de cada Estado, debe poder dirigirse inmediatamente a las esperanzas y los temores de los individuos, y atraer hacia su apoyo aquellas pasiones que ejercen mayor influencia sobre el corazón humano.
En una palabra, debe poseer todos los medios, y tener el derecho de recurrir a todos los métodos, para ejecutar los poderes que se le han confiado, que posee y ejerce el gobierno de los Estados particulares.
A este razonamiento tal vez se objete que, si algún Estado estuviera descontento con la autoridad de la Unión, podría en cualquier momento obstaculizar la ejecución de sus leyes y llevar el asunto al mismo desenlace de la fuerza, de cuya necesidad se acusa al sistema opuesto.
La plausibilidad de esta objeción se desvanecerá en el momento en que advirtamos la diferencia esencial entre un mero INCUMPLIMIENTO y una RESISTENCIA DIRECTA y ACTIVA. Si la interposición de las legislaturas estatales es necesaria para dar efecto a una medida de la Unión, les basta con NO ACTUAR, o ACTUAR EVASIVAMENTE, y la medida queda frustrada. Este incumplimiento del deber puede disfrazarse bajo disposiciones afectadas pero insustanciales, de modo que no sea evidente y, por consiguiente, no excite ninguna alarma en el pueblo por la seguridad de la Constitución. Los líderes estatales pueden incluso hacer un mérito de sus invasiones surrepticias a la misma basándose en alguna conveniencia, exención o ventaja temporal.
Pero si la ejecución de las leyes del gobierno nacional no debiera requerir la intervención de las legislaturas estatales, si hubieran de entrar en operación inmediata sobre los propios ciudadanos, los gobiernos particulares no podrían interrumpir su marcha sin un ejercicio abierto y violento de un poder inconstitucional.
Ni las omisiones ni las evasiones habrían servido al propósito. Se habrían visto obligados a actuar, y de tal manera que no dejaría duda de que habían vulnerado los derechos nacionales.
Un experimento de esta naturaleza siempre sería peligroso frente a una constitución en cualquier grado competente para su propia defensa, y a un pueblo lo suficientemente ilustrado como para distinguir entre un ejercicio legal y una usurpación ilegal de la autoridad.
- El éxito de esta requeriría no meramente una mayoría fraccional en la legislatura, sino la concurrencia de los tribunales de justicia y del cuerpo del pueblo.
- Si los jueces no estuviesen embarcados en una conspiración con la legislatura, declararían que las resoluciones de dicha mayoría son contrarias a la ley suprema del país, inconstitucionales y nulas.
- Si el pueblo no estuviera contaminado con el espíritu de sus representantes estatales, este, como guardián natural de la Constitución, inclinaría su peso en la balanza nacional y le daría una preponderancia decisiva en la contienda.
Intentos de esta índole no se harían a menudo con ligereza o imprudencia, porque rara vez podrían realizarse sin peligro para sus autores, a menos que se tratara de casos de ejercicio tiránico de la autoridad federal.
Si la oposición al gobierno nacional surgiera de la conducta desordenada de individuos refractarios o sediciosos, podría ser vencida por los mismos medios que se emplean diariamente contra el mismo mal bajo los gobiernos estatales.
La magistratura, siendo igualmente los ministros de la ley del país, de cualquier fuente que pudiera emanar, estaría sin duda tan dispuesta a proteger las regulaciones nacionales como las locales contra las incursiones del libertinaje privado.
En cuanto a aquellas conmociones e insurrecciones parciales, que a veces inquietan a la sociedad, por las intrigas de una facción inconsiderable, o por malos humores repentinos u ocasionales que no infectan al gran cuerpo de la comunidad, el gobierno general podría disponer de recursos más amplios para la supresión de disturbios de esa índole de los que estarían al alcance de cualquier miembro individual.
Y en cuanto a esas mortales enemistades que, en ciertas coyunturas, extienden un incendio por toda una nación, o por una proporción muy grande de ella, procedentes ya de graves motivos de descontento dados por el gobierno o del contagio de algún violento paroxismo popular, no entran dentro de ninguna regla ordinaria de cálculo.
Cuando ocurren, comúnmente equivalen a revoluciones y desmembramientos del imperio. Ninguna forma de gobierno puede evitarlos o controlarlos siempre. Es en vano esperar guardarse de acontecimientos demasiado poderosos para la previsión o precaución humanas, y sería ocioso objetar a un gobierno porque no pudiera realizar imposibles.
PUBLIUS Anclaje H2