La política de «dejar hacer» que hemos seguido hasta ahora es absolutamente perversa desde dos puntos de vista.

Mediante esta política hemos permitido que los inmigrantes, y con demasiada frecuencia los trabajadores nativos también, sufran injusticias.

Además, mediante esta política no hemos logrado inculcar al inmigrante, ni tampoco al nativo, que se espera de ellos que hagan justicia además de recibirla, que se espera de ellos que sean leales de corazón, activa y resueltamente a la bandera, tanto como beneficiarse de vivir bajo ella.

No podemos permitirnos seguir utilizando a cientos de miles de inmigrantes meramente como activos industriales mientras permanezcan como marginados sociales y amenazas, del mismo modo que hace cincuenta años no podíamos permitirnos mantener al hombre negro meramente como un activo industrial y no como un ser humano.

No podemos permitirnos construir una gran planta industrial y hacinar hombres y mujeres a su alrededor sin preocuparnos por su bienestar. No podemos permitirnos consentir el hacinamiento sórdido ni el tipo de sistema de vida que hace imposibles la decencia y las necesidades de la existencia.

No podemos permitirnos los bajos salarios ni las industrias meramente estacionales que significan el sacrificio tanto de la vida individual y familiar como de la moral en favor de la maquinaria industrial.