Aplicaciones

Los principios afirmados en estas páginas deben ser admitidos de un modo más general como base para la discusión de los detalles, antes de que pueda intentarse con alguna perspectiva de éxito una aplicación consecuente de los mismos a todos los diversos departamentos del gobierno y de la moral.

Las pocas observaciones que me propongo hacer sobre cuestiones de detalle tienen por objeto ilustrar los principios, más bien que seguirlos hasta sus consecuencias. Ofrezco, no tanto aplicaciones, como especímenes de aplicación, los cuales pueden servir para poner de manifiesto con mayor claridad el significado y los límites de las dos máximas que juntas forman la doctrina íntegra de este Ensayo, y para ayudar al juicio a mantener el equilibrio entre ambas, en los casos en que parezca dudosa la aplicabilidad de una u otra al caso concreto.

Las máximas son, primero, que el individuo no es responsable ante la sociedad de sus acciones, en tanto que estas no conciernan a los intereses de ninguna persona más que a los suyos propios.

Los consejos, la instrucción, la persuasión y el apartamiento por parte de los demás, si estos los consideran necesarios para su propio bien, son los únicos medios mediante los cuales puede la sociedad expresar justificadamente su antipatía o desaprobación hacia su conducta.

Segundo, que por aquellas acciones que sean perjudiciales para los intereses de los demás, el individuo es responsable y puede ser sometido a castigos sociales o legales, si la sociedad es de la opinión de que lo uno o lo otro es necesario para su protección.

En primer lugar, no debe suponerse de ningún modo que, porque el daño, o la probabilidad de daño, a los intereses de otros pueda justificar por sí solo la intervención de la sociedad, por ello justifique siempre tal intervención. En muchos casos, un individuo, al perseguir un objetivo legítimo, causa necesaria y por tanto legítimamente dolor o pérdida a otros, o intercepte un bien que tenían una esperanza razonable de obtener. Tales oposiciones de intereses entre individuos surgen a menudo de malas instituciones sociales, pero son inevitables mientras duren dichas instituciones; y algunas serían inevitables bajo cualesquiera instituciones. Quien triunfa en una profesión saturada o en un examen competitivo; quien es preferido a otro en cualquier concurso por un objeto que ambos desean, obtiene beneficio de la pérdida de otros, de su esfuerzo desaprovechado y de su desengaño. Pero es, por aceptación común, mejor para el interés general de la humanidad que las personas persigan sus objetivos sin desanimarse por este tipo de consecuencias. En otras palabras, la sociedad no admite ningún derecho, ni legal ni moral, en los competidores desengañados, a la inmunidad contra esta clase de sufrimiento; y solo se siente llamada a intervenir cuando se han empleado medios de éxito cuyo permiso es contrario al interés general —a saber, el fraude, la traición y la fuerza—.

De nuevo, el comercio es un acto social. Quienquiera que emprenda la venta de cualquier clase de bienes al público, realiza algo que afecta al interés de otras personas y de la sociedad en general; y por lo tanto su conducta, en principio, entra dentro de la jurisdicción de la sociedad: en consecuencia, en otro tiempo se consideraba deber de los gobiernos, en todos los casos que se consideraban importantes, fijar los precios y regular los procesos de fabricación.

Pero hoy se reconoce, aunque no sin una larga lucha, que tanto la baratura como la buena calidad de las mercancías se garantizan de la manera más eficaz dejando a los productores y vendedores en perfecta libertad, bajo el único control de la igual libertad de los compradores para proveerse en otra parte. Esta es la llamada doctrina del Libre Comercio, que descansa en fundamentos diferentes, aunque igualmente sólidos, que el principio de la libertad individual afirmado en este Ensayo.

Las restricciones al comercio, o a la producción con fines comerciales, son en verdad coacciones; y toda coacción, en tanto que coacción, es un mal: pero las coacciones en cuestión afectan únicamente a esa parte de la conducta que la sociedad es competente para coaccionar, y son erróneas únicamente porque en realidad no producen los resultados que se desea producir con ellas.

Como el principio de la libertad individual no está implicado en la doctrina del Libre Comercio, tampoco lo está en la mayoría de las cuestiones que surgen respecto a los límites de dicha doctrina: como por ejemplo, qué grado de control público es admisible para la prevención del fraude mediante adulteración; hasta qué punto deben imponerse a los empleadores precauciones sanitarias, o medidas para proteger a los obreros empleados en ocupaciones peligrosas.

Tales cuestiones implican consideraciones de libertad solo en la medida en que dejar a las personas a su libre albedrío es siempre mejor, caeteris paribus, que controlarlas; pero que puedan ser legítimamente controladas para estos fines es, en principio, innegable.

Por otra parte, hay cuestiones relativas a la intervención en el comercio que son esencialmente cuestiones de libertad; tales como la Ley de Maine, ya mencionada; la prohibición de la importación de opio en China; la restricción de la venta de venenos; en suma, todos los casos en que el objeto de la intervención es hacer imposible o difícil la obtención de un determinado producto. Estas intervenciones son objetables, no por constituir infracciones de la libertad del productor o del vendedor, sino de la del comprador.

Uno de estos ejemplos, el de la venta de venenos, plantea una nueva cuestión: los límites propios de lo que puede llamarse funciones de policía; hasta qué punto se puede invadir legítimamente la libertad para la prevención de delitos o accidentes. Es una de las funciones indiscutibles del gobierno tomar precauciones contra el delito antes de que haya sido cometido, así como detectarlo y castigarlo después. La función preventiva del gobierno, sin embargo, es mucho más susceptible de ser abusada, en perjuicio de la libertad, que la función punitiva; pues difícilmente hay alguna parte de la libertad legítima de acción de un ser humano que no admita ser presentada, y además con justicia, como un aumento de las facilidades para alguna forma u otra de fechoría. No obstante, si una autoridad pública, o incluso un particular, ve a alguien preparándose evidentemente para cometer un delito, no está obligado a mirar inactivo hasta que el delito sea cometido, sino que puede intervenir para impedirlo. Si los venenos nunca se comprasen o usasen con ningún otro propósito que no fuera la comisión de un asesinato, sería correcto prohibir su fabricación y venta. Sin embargo, pueden ser necesarios no solo para propósitos inocentes sino también útiles, y no se pueden imponer restricciones en un caso sin que operen en el otro. A su vez, es una función propia de la autoridad pública guardarse de los accidentes. Si un oficial público o cualquier otra persona viese a alguien intentando cruzar un puente que se hubiera comprobado que no es seguro, y no hubiera tiempo para advertirle de su peligro, podrían sujetarle y hacerle retroceder, sin ninguna vulneración real de su libertad; porque la libertad consiste en hacer lo que uno desea, y él no desea caer al río. No obstante, cuando no hay certeza, sino solo peligro de daño, nadie excepto la persona misma puede juzgar la suficiencia del motivo que pueda impulsarle a incurrir en el riesgo: en este caso, por tanto (a menos que sea un niño, o esté delirando, o en algún estado de excitación o absorción incompatible con el pleno uso de la facultad reflexiva), debería, según creo, ser únicamente advertido del peligro; no impedido por la fuerza de exponerse a él. Consideraciones similares, aplicadas a una cuestión como la venta de veninos, pueden permitirnos decidir cuáles entre los modos posibles de regulación son o no contrarios a los principios. Dicha precaución, por ejemplo, como la de etiquetar la droga con alguna palabra que exprese su carácter peligroso, puede ser impuesta sin violación de la libertad: el comprador no puede desear no saber que la cosa que posee tiene cualidades venenosas. Pero exigir en todos los casos el certificado de un médico haría que fuese a veces imposible, y siempre costoso, obtener el artículo para usos legítimos. El único modo aparente para mí en que se pueden poner dificultades en el camino del delito cometido a través de este medio, sin ninguna vulneración, digna de tenerse en cuenta, de la libertad de aquellos que desean la sustancia venenosa para otros propósitos, consiste en proveer lo que, en el lenguaje acertado de Bentham, se denomina «prueba preconstituida». Esta disposición es familiar para todos en el caso de los contratos. Es habitual y correcto que la ley, cuando se celebra un contrato, exija como condición para su cumplimiento forzoso que se observen ciertas formalidades, tales como firmas, atestación de testigos y similares, con el fin de que, en caso de disputa posterior, pueda haber pruebas que demuestren que el contrato se celebró realmente y que no había nada en las circunstancias que lo invalidara legalmente; siendo el efecto el de interponer grandes obstáculos en el camino de los contratos ficticios, o contratos hechos en circunstancias que, de ser conocidas, destruirían su validez. Se podrían imponer precauciones de naturaleza similar en la venta de artículos adecuados para ser instrumentos de delito. Al vendedor, por ejemplo, se le podría exigir que anotara en un registro la hora exacta de la transacción, el nombre y la dirección del comprador, la calidad y cantidad precisas vendidas; que preguntara el propósito para el que se deseaba y registrara la respuesta recibida. Cuando no hubiera prescripción médica, se podría requerir la presencia de una tercera persona, para atribuir el hecho al comprador, en caso de que posteriormente hubiera razones para creer que el artículo había sido aplicado a propósitos criminales. Tales regulaciones no constituirían en general un impedimento material para obtener el artículo, pero sí uno muy considerable para hacer un uso indebido del mismo sin ser descubierto.

El derecho inherente de la sociedad a prevenir los delitos en su contra mediante precauciones anteriores sugiere los límites obvios de la máxima de que en la mala conducta puramente autodirigida no se debe interferir adecuadamente a modo de prevención o castigo.

La embriaguez, por ejemplo, en los casos ordinarios, no es un tema adecuado para la intervención legislativa; pero consideraría perfectamente legítimo que una persona que hubiera sido condenada alguna vez por cualquier acto de violencia contra otros bajo los efectos delcohól fuera sometida a una restricción legal especial, personal para ella; que si posteriormente se la encontrara borracha, estuviera sujeta a una sanción, y que si en ese estado cometiera otro delito, la pena a la que estaría expuesta por ese otro delito viera aumentada su gravedad.

El hecho de emborracharse, en una persona a quien la embriaguez incita a hacer daño a otros, es un delito contra los demás.

Asimismo, la ociosidad, excepto en una persona que recibe ayuda del público, o excepto cuando constituye un incumplimiento de contrato, no puede convertirse sin tiranía en objeto de castigo legal; pero si ya sea por ociosidad o por cualquier otra causa evitable, un hombre deja de cumplir sus deberes legales hacia los demás, como por ejemplo mantener a sus hijos, no es ninguna tiranía obligarle a cumplir esa obligación, mediante trabajo forzoso, si no se dispone de ningún otro medio.

Nuevamente, hay muchos actos que, al ser directamente perjudiciales solo para los propios agentes, no deben ser prohibidos legalmente, pero que, si se cometen públicamente, constituyen una violación de las buenas costumbres y, entrando así en la categoría de ofensas contra los demás, pueden ser prohibidos legítimamente.

De esta índole son las ofensas contra la decencia; sobre las cuales es innecesario explayarse, tanto más cuanto que solo están conectadas indirectamente con nuestro tema, siendo la objeción a la publicidad igualmente fuerte en el caso de muchas acciones que no son en sí mismas condenables, ni se supone que lo sean.

Hay otra cuestión cuya respuesta debe ser encontrada, de acuerdo con los principios que se han establecido. En los casos de conducta personal que se supone reprobable, pero que el respeto a la libertad impide que la sociedad prevenga o castigue, porque el mal resultante recae por entero sobre el agente; ¿lo que el agente es libre de hacer, deberían ser igualmente libres otras personas de aconsejar o instigar?

Esta cuestión no está exenta de dificultad. El caso de una persona que solicita a otra para que realice un acto, no es estrictamente un caso de conducta referida a uno mismo. Dar consejos u ofrecer incentivos a cualquiera es un acto social y, por lo tanto, puede suponerse susceptible de control social, al igual que las acciones en general que afectan a los demás. Pero una pequeña reflexión corrige la primera impresión al mostrar que, si bien el caso no entra estrictamente en la definición de libertad individual, las razones en las que se fundamenta el principio de libertad individual son aplicables a él.

Si se debe permitir a las personas, en todo aquello que concierne únicamente a ellas mismas, actuar como mejor les parezca y bajo su propio riesgo, deben ser igualmente libres para consultarse mutuamente sobre lo que es adecuado hacer de ese modo; para intercambiar opiniones, y dar y recibir sugerencias. Todo lo que está permitido hacer, debe estar permitido aconsejar que se haga.

La cuestión es dudosa únicamente cuando el instigador obtiene un beneficio personal de su consejo; cuando hace de ello su ocupación, para subsistir o por ganancia pecuniaria, para promover lo que la sociedad y el Estado consideran un mal. Entonces, en verdad, se introduce un nuevo elemento de complicación; a saber, la existencia de clases de personas con un interés opuesto a lo que se considera el bienestar público, y cuyo modo de vida se fundamenta en la contrariedad del mismo. ¿Debe interferirse en esto o no? La fornicación, por ejemplo, debe ser tolerada, y también los juegos de azar; pero ¿debería ser libre una persona para ser proxeneta o para mantener una casa de apuestas?

El caso es uno de aquellos que se encuentran en la línea limítrofe exacta entre dos principios, y no resulta evidente de inmediato a cuál de los dos pertenece propiamente. Hay argumentos en ambos sentidos.

• Del lado de la tolerancia se puede decir que el hecho de seguir cualquier ocupación, y vivir o lucrarse con la práctica de la misma, no puede convertir en criminal lo que de otro modo sería admisible; que el acto debe ser consistentemente permitido o consistentemente prohibido; que si los principios que hasta ahora hemos defendido son verdaderos, la sociedad no tiene por qué, en cuanto sociedad, decidir que es malo nada que concierna únicamente al individuo; que no puede ir más allá de la disuasión, y que una persona debe ser tan libre para persuadir como otra para disuadir.
• En oposición a esto, se puede sostener que, aunque el público o el Estado no están justificados para decidir con autoridad, con fines de represión o castigo, que tal o cual conducta que afecta únicamente a los intereses del individuo es buena o mala, están plenamente justificados para asumir, si la consideran mala, que el hecho de que lo sea o no es al menos una cuestión disputable: que, supuesto esto, no pueden estar actuando mal al esforzarse por excluir la influencia de las instigaciones que no son desinteresadas, de instigadores que no pueden ser imparciales de ninguna manera⁠—que tienen un interés personal directo en un bando, y ese bando es el que el Estado cree que está equivocado, y que confiesan promoverlo solo por objetivos personales⁠. Sin duda se puede aducir que no hay nada que perder, ningún sacrificio de bien, al ordenar las cosas de tal modo que las personas tomen su decisión, ya sea con sensatez o insensatez, por iniciativa propia, tan libres como sea posible de las artimañas de quienes estimulan sus inclinaciones con fines interesados propios.

Así (se puede decir), aunque los estatutos relativos a los juegos ilegales son totalmente indefendibles⁠ —aunque todas las personas debieran ser libres para apostar en sus propias casas o en las de los demás, o en cualquier lugar de reunión establecido mediante sus propias suscripciones, y abierto únicamente a los miembros y a sus visitantes⁠—, las casas de apuestas públicas no deberían permitirse. Es verdad que la prohibición nunca es eficaz y que, por mucho poder tiránico que se dé a la policía, las casas de apuestas siempre pueden mantenerse bajo otros pretextos; pero se las puede obligar a conducir sus operaciones con cierto grado de secreto y misterio, de modo que nadie sepa nada de ellas excepto quienes las buscan; y más que esto, la sociedad no debe pretender.

Hay una fuerza considerable en estos argumentos; no me arriesgaré a decidir si son suficientes para justificar la anomalía moral de castigar al cómplice cuando al autor principal se le permite (y debe permitírsele) quedar en libertad; o de multar o encarcelar al proxeneta, pero no al fornicador, al dueño de la casa de apuestas, pero no al apostador.

Menos aún debería interferirse en las operaciones comunes de compra y venta basándose en motivos análogos. Casi todos los artículos que se compran y venden pueden usarse en exceso, y los vendedores tienen un interés pecuniario en fomentar ese exceso; pero no se puede fundar ningún argumento en esto a favor, por ejemplo, de la Ley de Maine; porque la clase de comerciantes de bebidas espirituosas, aunque interesada en el abuso de estas, es indispensablemente requerida en aras de su uso legítimo. El interés, sin embargo, de estos comerciantes en promover la intemperancia es un mal real y justifica que el Estado imponga restricciones y exija garantías que, de no mediar esa justificación, serían violaciones de la libertad legítima.

Una cuestión ulterior es si el Estado, al tiempo que lo permite, debe sin embargo desincentivar indirectamente una conducta que considera contraria a los mejores intereses del agente; si, por ejemplo, debe tomar medidas para encarecer los medios para la embriaguez, o dificultar su obtención limitando el número de los lugares de venta.

Sobre esta, como sobre la mayoría de las cuestiones prácticas, es necesario hacer muchas distinciones.

Gravar los estimulantes con el único propósito de hacerlos más difíciles de obtener es una medida que solo difiere en grado de su prohibición total, y solo sería justificable si esta lo fuera.

• Todo aumento de costo es una prohibición para aquellos cuyos medios no alcanzan el precio incrementado; y para aquellos a quienes sí, es una sanción impuesta por satisfacer un gusto particular.
• Su elección de placeres y su modo de gastar sus ingresos, tras satisfacer sus obligaciones legales y morales con el Estado y con los individuos, son asunto propio y deben quedar a su propio juicio.

Estas consideraciones pueden parecer a primera vista condenar la selección de los estimulantes como objetos especiales de tributación con fines recaudatorios. Pero debe recordarse que los impuestos con fines fiscales son absolutamente inevitables; que en la mayoría de los países es necesario que una parte considerable de dichos impuestos sea indirecta; que el Estado, por tanto, no puede evitar imponer sanciones, que para algunas personas pueden ser prohibitivas, sobre el uso de ciertos artículos de consumo.

De ahí que sea deber del Estado considerar, al imponer impuestos, de qué bienes pueden prescindir mejor los consumidores; y a fortiori, seleccionar preferentemente aquellos cuyo uso, más allá de una cantidad muy moderada, considera positivamente perjudicial.

Por consiguiente, la imposición de impuestos a los estimulantes, hasta el límite que produzca la mayor cantidad de ingresos (suponiendo que el Estado necesite todos los ingresos que esta produce), no solo es admisible, sino que debe ser aprobada.

La cuestión de hacer de la venta de estas mercancías un privilegio más o menos exclusivo debe responderse de diferente manera, según los fines a los que se pretenda subordinar la restricción.

Todos los lugares de reunión pública exigen la vigilancia de la policía, y los de esta índole particularmente, porque las ofensas contra la sociedad son especialmente propensas a originarse allí. Por consiguiente, es conveniente limitar la facultad de vender estas mercancías (al menos para su consumo en el local) a personas de respetabilidad de conducta conocida o abalada; dictar las regulaciones relativas a las horas de apertura y cierre que sean necesarias para la vigilancia pública, y retirar la licencia si se producen repetidas alteraciones del orden público por la connivencia o la incapacidad del dueño del establecimiento, o si este se convierte en un punto de encuentro para idear y preparar delitos contra la ley.

Cualquier otra restricción no me parece justificable en principio. La limitación en el número, por ejemplo, de establecimientos de cerveza y espirituosos, con el propósito expreso de hacerlos de más difícil acceso y disminuir las ocasiones de tentación, no solo expone a todos a un inconveniente debido a que hay algunos que abusarían de dicha facilidad, sino que solo es adecuada para un estado de sociedad en el que las clases trabajadoras son tratadas abiertamente como niños o salvajes, y son sometidas a una educación de restricción para prepararlas para su futura admisión a los privilegios de la libertad.

Este no es el principio por el cual las clases trabajadoras son gobernadas declaradamente en ningún país libre; y ninguna persona que valore debidamente la libertad dará su adhesión a que sean gobernadas de ese modo, a menos que, tras haberse agotado todos los esfuerzos para educarlas en la libertad y gobernarlas como hombres libres, se haya demostrado definitivamente que solo pueden ser gobernadas como niños. La mera exposición de la alternativa muestra lo absurdo de suponer que tales esfuerzos se hayan realizado en cualquier caso que deba ser considerado aquí.

Solo debido a que las instituciones de este país son un cúmulo de incoherencias se cuelan en nuestra práctica cosas que pertenecen al sistema de gobierno despótico, o al llamado paternal, mientras que la libertad general de nuestras instituciones impide el ejercicio del grado de control necesario para dotar a la restricción de una eficacia real como educación moral.

Se señaló en una primera parte de este Ensayo que la libertad del individuo, en aquellas cuestiones que conciernen exclusivamente al individuo, implica una libertad correspondiente en cualquier número de individuos para regular mediante mutuo acuerdo aquellos asuntos que les atañen conjuntamente y que no conciernen a más personas que a ellos mismos. Esta cuestión no presenta dificultad alguna mientras la voluntad de todas las personas implicadas permanezca inalterada; pero puesto que dicha voluntad puede cambiar, a menudo es necesario, incluso en los asuntos que les conciernen solo a ellos, que contraigan compromisos mutuos; y cuando lo hacen, lo apropiado, por regla general, es que tales compromisos sean cumplidos. Sin embargo, en las leyes de probablemente todos los países, esta regla general tiene algunas excepciones. No solo no se considera a las personas vinculadas por compromisos que violen los derechos de terceros, sino que a veces se juzga razón suficiente para liberarlas de un compromiso el hecho de que este sea perjudicial para ellas mismas. En este y en la mayoría de los demás países civilizados, por ejemplo, un compromiso mediante el cual una persona se vendiera a sí misma, o permitiera ser vendida como esclavo, sería nulo y sin valor; no sería respaldado ni por la ley ni por la opinión pública. El fundamento para limitar de este modo su poder de disponer voluntariamente de su propia suerte en la vida es evidente, y se aprecia con gran claridad en este caso extremo. La razón para no interferir en los actos voluntarios de una persona, salvo por el bien de los demás, es la consideración hacia su libertad. Su elección voluntaria es prueba de que lo que así elige es deseable, o al menos tolerable, para él, y su bienestar se procura del mejor modo posible, en conjunto, permitiéndole adoptar sus propios medios para alcanzarlo. Pero al venderse como esclavo, abdica de su libertad; renuncia a cualquier uso futuro de ella más allá de ese único acto. Por lo tanto, frustra, en su propio caso, el propósito mismo que sirve de justificación para permitirle disponer de sí mismo. Ya no es libre; sino que a partir de entonces se encuentra en una situación que deja de contar con la presunción a su favor que ofrecería el hecho de permanecer en ella por propia voluntad. El principio de la libertad no puede exigir que uno sea libre para dejar de serlo. No es libertad que se le permita a uno enajenar su libertad. Estas razones, cuya fuerza es tan conspicua en este caso particular, son evidentemente de una aplicación mucho más amplia; sin embargo, las necesidades de la vida les ponen límites en todas partes, exigiendo continuamente, no en verdad que renunciemos a nuestra libertad, sino que consintamos en esta u otra limitación de la misma. El principio, no obstante, que exige una libertad de acción incontrolada en todo aquello que concierne únicamente a los propios agentes, requiere que aquellos que se han obligado mutuamente en asuntos que no atañen a ningún tercero puedan liberarse el uno al otro del compromiso; y aun sin tal liberación voluntaria, no hay quizás ningún contrato o compromiso, excepto aquellos que se refieren al dinero o a su equivalente, de los cuales uno pueda atreverse a afirmar que no deba existir en absoluto la libertad de retractación. El barón Wilhelm von Humboldt, en el excelente ensayo del que ya he citado antes, afirma como su convicción que los compromisos que implican relaciones o servicios personales nunca deberían ser legalmente vinculantes más allá de una duración limitada de tiempo; y que el más importante de estos compromisos, el matrimonio —el cual tiene la peculiaridad de que sus fines se frustran a menos que los sentimientos de ambas partes estén en armonía con él—, no debería requerir más que la voluntad declarada de cualquiera de las partes para disolverlo. Este tema es demasiado importante y demasiado complejo como para ser tratado entre paréntesis, y solo lo abordo en la medida en que es necesario con fines ilustrativos. Si la concisión y generalidad de la disertación del barón Humboldt no le hubieran obligado en esta instancia a conformarse con enunciar su conclusión sin discutir las premisas, sin duda habría reconocido que la cuestión no puede decidirse basándose en principios tan simples como aquellos a los que se limita. Cuando una persona, ya sea mediante una promesa expresa o mediante su conducta, ha alentado a otra a confiar en que continuará actuando de cierta manera —a albergar expectativas y cálculos, y a apostar cualquier parte de su plan de vida sobre esa suposición—, surge de su parte una nueva serie de obligaciones morales hacia dicha persona, las cuales podrán posiblemente ser sobrepasadas, pero no ignoradas. Y, por otra parte, si la relación entre dos partes contratantes ha traído consigo consecuencias para terceros; si ha colocado a terceros en alguna posición peculiar, o, como en el caso del matrimonio, ha incluso traído a terceros a la existencia, surgen obligaciones por parte de ambos contratantes hacia esos terceros, cuyo cumplimiento, o al menos el modo de cumplimiento, debe verse profundamente afectado por la continuidad o la ruptura de la relación entre las partes originales del contrato. De ello no se sigue, ni puedo admitir, que estas obligaciones se extiendan hasta exigir el cumplimiento del contrato a toda costa para la felicidad de la parte reacia; pero constituyen un elemento necesario en el problema; y aun cuando, como sostiene Von Humboldt, no debieran marcar ninguna diferencia en la libertad legal de las partes para liberarse del compromiso (y yo también sostengo que no deberían marcar una gran diferencia), marcan necesariamente una gran diferencia en la libertad moral. Una persona está obligada a tomar en consideración todas estas circunstancias antes de decidirse por un paso que pueda afectar intereses tan importantes de los demás; y si no concede el peso adecuado a esos intereses, es moralmente responsable de la falta. He formulado estas observaciones obvias para una mejor ilustración del principio general de la libertad, y no porque sean necesarias en absoluto respecto a la cuestión particular la cual, por el contrario, suele debatirse como si el interés de los hijos lo fuera todo y el de los adultos nada.

Ya he observado que, debido a la ausencia de principios generales reconocidos, la libertad se concede a menudo donde debería negarse, del mismo modo que se niega donde debería concederse; y uno de los casos en los que, en el mundo europeo moderno, el sentimiento de libertad es más fuerte, es un caso en el que, a mi juicio, resulta totalmente desacertado.

Una persona debe ser libre de hacer lo que le plazca en sus propios asuntos; pero no debe ser libre de hacer lo que le plazca al actuar por otro, bajo el pretexto de que los asuntos ajenos son asuntos propios. El Estado, al tiempo que respeta la libertad de cada individuo en lo que le concierne de manera especial, tiene el deber de mantener una vigilancia estricta sobre el ejercicio de cualquier poder que le permita detentar sobre los demás. Esta obligación se ignora casi por completo en el caso de las relaciones familiares, un caso que, por su influencia directa en la felicidad humana, es más importante que todos los demás juntos.

No es necesario explayarse aquí sobre el poder casi despótico de los maridos sobre las mujeres, porque para la completa erradicación de este mal no se requiere más que el reconocimiento a las esposas de los mismos derechos, y la protección de la ley de la misma manera, que a todas las demás personas; y porque, sobre este asunto, los defensores de la injusticia establecida no recurren al pretexto de la libertad, sino que se presentan abiertamente como los paladines del poder.

Es en el caso de los hijos donde las nociones mal aplicadas de la libertad constituyen un verdadero obstáculo para el cumplimiento de los deberes del Estado. Casi se diría que se supone que los hijos de un hombre son literal y no metafóricamente una parte de él mismo, tan celosa es la opinión pública ante la más mínima intervención de la ley en su control absoluto y exclusivo sobre ellos; más celosa que ante casi cualquier injerencia en su propia libertad de acción: ¡cuánto menos valora la generalidad de la humanidad la libertad que el poder!

Consideremos, por ejemplo, el caso de la educación. ¿No es acaso un axioma casi evidente por sí mismo que el Estado debería exigir y obligar a la educación, hasta cierto nivel, de todo ser humano que nace como ciudadano suyo? Y sin embargo, ¿quién hay que no tema reconocer y afirmar esta verdad?

Casi nadie negará, en verdad, que uno de los deberes más sagrados de los padres (o, tal como están la ley y la costumbre en la actualidad, del padre), después de traer un ser humano al mundo, es proporcionarle una educación que lo capacite para desempeñar bien su papel en la vida hacia los demás y hacia sí mismo. Pero, aunque se declara unánimemente que este es el deber del padre, casi nadie en este país tolera que se le obligue a cumplirlo. En lugar de exigírsele que haga cualquier esfuerzo o sacrificio para garantizar la educación del hijo, ¡se deja a su elección aceptarla o no cuando se le proporciona de forma gratuita!

Todavía sigue sin reconocerse que traer un hijo al mundo sin una perspectiva razonable de poder proporcionarle no solo alimento para su cuerpo, sino instrucción y formación para su mente, constituye un crimen moral, tanto contra el desafortunado descendiente como contra la sociedad; y que, si el padre no cumple con esta obligación, el Estado debe velar por que se cumpla, a costa del padre en la medida de lo posible.

Una vez admitido el deber de hacer cumplir la educación universal, se acabarían las dificultades sobre lo que el Estado debe enseñar y cómo debe enseñarlo, que ahora convierten el tema en un verdadero campo de batalla para sectas y partidos, haciendo que el tiempo y el trabajo que deberían haberse empleado en educar se desperdicien en disputas sobre la educación.

Si el gobierno se decidiera a exigir una buena educación para cada niño, podría ahorrarse la molestia de proporcionarla. Podría dejar que los padres obtuvieran la educación dónde y cómo quisieran, y conformarse con ayudar a pagar las cuotas escolares de la clase más pobre de niños y sufragar los gastos escolares completos de aquellos que no tienen a nadie más que pague por ellos.

Las objeciones que con razón se esgrimen contra la educación de Estado no se aplican a la imposición de la educación por parte del Estado, sino a que el Estado asuma la dirección de esa educación, lo cual es algo totalmente distinto. Que toda o una gran parte de la educación del pueblo esté en manos del Estado es algo que desapruebo tanto como cualquiera. Todo lo que se ha dicho sobre la importancia de la individualidad del carácter y la diversidad de opiniones y modos de conducta implica, con la misma indescriptible importancia, la diversidad de la educación.

Una educación general de Estado es un mero artificio para moldear a las personas de modo que sean exactamente iguales unas a otras; y como el molde en el que las encierra es el que complace al poder predominante en el gobierno, ya sea este un monarca, un sacerdocio, una aristocracia o la mayoría de la generación actual, en la medida en que sea eficiente y exitosa, establece un despotismo sobre la mente, conduciendo por tendencia natural a uno sobre el cuerpo.

Una educación establecida y controlada por el Estado solo debería existir, si es que llega a existir, como uno entre muchos experimentos competitivos, llevados a cabo con el propósito de servir de ejemplo y estímulo, para mantener a los demás en un cierto nivel de excelencia. A menos que, en verdad, la sociedad en general se encuentre en un estado tan atrasado que no pudiera o no quisiera proveerse a sí misma de instituciones de educación adecuadas, a menos que el gobierno asumiera la tarea; entonces, en verdad, el gobierno puede, como el menor de dos grandes males, tomar sobre sí el negocio de las escuelas y universidades, tal como puede hacerlo con el de las sociedades anónimas, cuando la empresa privada, en una forma adecuada para emprender grandes obras de industria, no existe en el país.

Pero, en general, si el país cuenta con un número suficiente de personas cualificadas para impartir educación bajo los auspicios del gobierno, esas mismas personas serían capaces y estarían dispuestas a ofrecer una educación igualmente buena bajo el principio voluntario, con la garantía de remuneración que proporciona una ley que hace que la educación sea obligatoria, combinada con la ayuda del Estado para aquellos que no pueden pagar el gasto.

El instrumento para hacer cumplir la ley no podía ser otro que los exámenes públicos, que se extendieran a todos los niños y comenzaran a una edad temprana.

Podría fijarse una edad a la que todo niño deba ser examinado para comprobar si sabe leer. Si un niño resulta incapaz, el padre, a menos que tenga alguna causa justa de excusa, podría ser sometido a una multa moderada, que pagaría mediante su trabajo de ser necesario, y el niño podría ser enviado a la escuela a expensas de aquel.

Una vez al año el examen debería renovться, con un abanico de materias progresivamente más amplio, de modo que se hiciera virtualmente obligatorio el dominio universal y, lo que es más, la retención de un cierto mínimo de conocimientos generales.

Más allá de ese mínimo, debería haber exámenes voluntarios sobre todas las materias, en los cuales todos los que alcancen un cierto nivel de competencia puedan reclamar un certificado.

Para evitar que el Estado ejerza, a través de estas disposiciones, una influencia indebida sobre la opinión, el conocimiento requerido para aprobar un examen (más allá de las partes meramente instrumentales del conocimiento, como las lenguas y su uso) debería, incluso en la clase superior de exámenes, limitarse exclusivamente a los hechos y a la ciencia positiva.

Los exámenes sobre religión, política u otros temas controvertidos no deberían girar en torno a la verdad o falsedad de las opiniones, sino sobre el hecho material de que tal o cual opinión es sostenida, basándose en tales fundamentos, por tales autores, escuelas o iglesias.

Bajo este sistema, la generación en ascenso no estaría en peores condiciones respecto a todas las verdades controvertidas de lo que está en la actualidad; serían criados ya sea como miembros de la Iglesia o disidentes tal como lo son ahora, limitándose el Estado a cuidar de que sean anglicanos instruidos o disidentes instruidos.

No habría nada que les impidiera recibir enseñanza religiosa, si sus padres así lo elegían, en las mismas escuelas donde se les enseñaban otras cosas.

Todos los intentos del Estado por sesgar las conclusiones de sus ciudadanos en materias controvertidas son perniciosos; pero puede muy bien ofrecerse a comprobar y certificar que una persona posee el conocimiento requerido para hacer que sus conclusiones, sobre cualquier tema dado, merezcan ser atendidas.

Un estudiante de filosofía saldría beneficiado si fuera capaz de superar un examen tanto sobre Locke como sobre Kant, cualquiera de los dos que adopte, o incluso si no adopta ninguno; y no existe objeción razonable a examinar a un ateo en las evidencias del cristianismo, siempre que no se le exija profesar la creencia en ellas.

Los exámenes, sin embargo, en las ramas superiores del conocimiento deberían ser, a mi juicio, enteramente voluntarios.

Sería otorgar un poder demasiado peligroso a los gobiernos si se les permitiera excluir a cualquiera de las profesiones, incluso de la profesión de maestro, por una supuesta deficiencia de cualificaciones; y opino, junto con Wilhelm von Humboldt, que los títulos u otros certificados públicos de conocimientos científicos o profesionales deberían concederse a todos los que se presenten al examen y superen la prueba; pero que tales certificados no deben conferir ninguna ventaja sobre los competidores, aparte del peso que la opinión pública pueda atribuir a su testimonio.

No es solo en el ámbito de la educación donde las nociones descarriadas de la libertad impiden que se reconozcan las obligaciones morales por parte de los padres, y que se impongan obligaciones legales, aun cuando existen los motivos más sólidos para las primeras siempre, y en muchos casos también para las segundas. El hecho mismo de dar existencia a un ser humano es uno de los actos más llenos de responsabilidad en toda la gama de la vida humana. Asumir esta responsabilidad —otorgar una vida que puede ser una maldición o una bendición— a menos que el ser a quien va a ser otorgada tenga al menos las probabilidades ordinarias de una existencia deseable, es un crimen contra dicho ser. Y en un país superpoblado, o amenazado con estarlo, procrear hijos, más allá de un número muy reducido, con el efecto de reducir la remuneración del trabajo mediante su competencia, es una ofensa grave contra todos los que viven de la remuneración de su trabajo. Las leyes que, en muchos países del continente, prohíben el matrimonio a menos que los contrayentes puedan demostrar que tienen los medios para mantener a una familia no exceden los poderes legítimos del Estado: y, ya sean tales leyes convenientes o no (una cuestión que depende principalmente de las circunstancias y los sentimientos locales), no son objetables por constituir violaciones de la libertad. Tales leyes son interferencias del Estado para prohibir un acto nocivo —un acto perjudicial para los demás, que debería ser objeto de reprobación y estigma social, aun cuando no se considere oportuno añadir un castigo legal—. Sin embargo, las ideas corrientes sobre la libertad, que se pliegan con tanta facilidad ante las infracciones reales de la libertad del individuo en asuntos que conciernen únicamente a este, rechazarían el intento de imponer cualquier restricción a sus inclinaciones cuando la consecuencia de su complacencia es una vida, o vidas, de miseria y depravación para la descendencia, con múltiples males para aquellos que se encuentran lo suficientemente al alcance como para verse afectados de algún modo por sus acciones. Cuando comparamos el extrañísimo respeto de la humanidad por la libertad con su extrañísima falta de respeto hacia ella, cabría imaginar que un hombre tiene un derecho indispensable a hacer daño a los demás, y ningún derecho en absoluto a complacerse a sí mismo sin causar dolor a nadie.

He reservado para el último lugar una amplia clase de cuestiones relativas a los límites de la intervención gubernamental, las cuales, aunque están estrechamente relacionadas con el tema de este Ensayo, no pertenecen a él en estricto rigor.

Estos son casos en los que las razones contra la intervención no giran en torno al principio de la libertad: la cuestión no trata sobre coartar las acciones de los individuos, sino sobre ayudarlos; se plantea si el gobierno debe hacer, o hacer que se haga, algo en beneficio de ellos, en lugar de dejar que lo hagan ellos mismos, individualmente o en combinación voluntaria.

Las objeciones a la intervención del gobierno, cuando no es de tal índole que suponga una violación de la libertad, pueden ser de tres tipos.

La primera es, cuando es probable que el asunto de que se trate sea mejor realizado por los individuos que por el gobierno.

Hablando en general, no hay nadie tan apto para dirigir un negocio, o para determinar cómo o por quién debe ser dirigido, como aquellos que están personalmente interesados en él.

Este principio condena las injerencias, antaño tan comunes, de la legislatura o de los funcionarios del gobierno en los procesos ordinarios de la industria.

Pero esta parte del tema ha sido suficientemente desarrollada por los economistas políticos, y no está relacionada de manera particular con los principios de este Ensayo.

La segunda objeción guarda mayor relación con nuestro tema. En muchos casos, aunque los individuos no hagan una cosa determinada tan bien, por término medio, como los funcionarios del gobierno, es sin embargo deseable que la hagan ellos en lugar del gobierno, como medio para su propia educación mental: un modo de fortalecer sus facultades activas, ejercitar su juicio y darles un conocimiento familiar de los asuntos que de este modo se les deja manejar.

Esta es una de las principales recomendaciones —aunque no la única— del juicio por jurados (en causas no políticas); de las instituciones locales y municipales libres y populares; y de la dirección de empresas industriales y filantrópicas por parte de asociaciones voluntarias. No se trata de cuestiones de libertad, y están conectadas con ese tema solo por tendencias remotas; pero son cuestiones de desarrollo. Corresponde a una ocasión distinta de la presente insistir en estas cosas como partes de la educación nacional; como integrantes, en verdad, del entrenamiento peculiar de un ciudadano, la parte práctica de la educación política de un pueblo libre, que los saca del estrecho círculo del egoísmo personal y familiar, y los acostumbra a la comprensión de los intereses comunes, a la gestión de los asuntos comunes, habituándolos a actuar por motivos públicos o semipúblicos, y a guiar su conducta mediante fines que los unen en lugar de aislarlos unos de otros.

Sin estos hábitos y facultades, una constitución libre no puede funcionar ni conservarse, como lo ejemplifica la naturaleza con demasiada frecuencia transitoria de la libertad política en países donde esta no descansa sobre una base suficiente de libertades locales.

La gestión de los asuntos puramente locales por parte de las localidades, y de las grandes empresas industriales mediante la unión de quienes aportan voluntariamente los medios pecuniarios, se ve además recomendada por todas las ventajas que se han expuesto en este Ensayo como propias de la individualidad de desarrollo y de la diversidad en los modos de acción. Las operaciones del gobierno tienden a ser iguales en todas partes. Con los individuos y las asociaciones voluntarias, por el contrario, existen experimentos variados y una diversidad infinita de experiencias.

Lo que el Estado puede hacer útilmente es constituirse en un depósito central, y en un activo circulador y difusor, de la experiencia resultante de múltiples ensayos. Su labor es permitir que cada experimentador se beneficie de las experiencias de los demás, en lugar de no tolerar más experimentos que los suyos propios.

La tercera razón, y la más convincente, para restringir la injerencia del gobierno es el gran mal que supone añadir innecesariamente poder a este. Cada función añadida a las que ya ejerce el gobierno hace que su influencia sobre las esperanzas y los temores se difunda más ampliamente, y convierte, cada vez más, a la parte activa y ambiciosa del público en dependientes del gobierno, o de algún partido que aspire a convertirse en el gobierno.

Si los caminos, los ferrocarriles, los bancos, las compañías de seguros, las grandes sociedades anónimas, las universidades y las beneficencias públicas fueran todas ellas ramas del gobierno; si, además, las corporaciones municipales y las juntas locales, con todo lo que hoy recae en ellas, se convirtieran en departamentos de la administración central; si los empleados de todas estas diferentes empresas fueran nombrados y pagados por el gobierno, y esperasen del gobierno cada uno de sus ascensos en la vida, ni toda la libertad de prensa ni una constitución popular de la legislatura harían que este o cualquier otro país fuera libre más que de nombre.

Y el mal sería mayor cuanto más eficiente y científicamente estuviera construida la maquinaria administrativa, cuanto más hábiles fueran las disposiciones para obtener las manos y las cabezas mejor cualificadas para hacerla funcionar.

En Inglaterra se ha propuesto últimamente que todos los miembros del servicio civil del gobierno sean seleccionados mediante examen competitivo, con el fin de obtener para dichos empleos a las personas más inteligentes e instruidas que se puedan conseguir; y mucho se ha dicho y escrito a favor y en contra de esta propuesta. Uno de los argumentos en los que más insisten sus oponentes es que la ocupación de funcionario permanente del Estado no ofrece suficientes perspectivas de emolumentos e importancia como para atraer los mayores talentos, los cuales siempre podrán encontrar una carrera más atractiva en las profesiones liberales o al servicio de compañías y otros organismos públicos.

No habría extrañado que este argumento hubiera sido utilizado por los defensores de la propuesta como respuesta a su principal dificultad. Viniendo de los oponentes, resulta bastante extraño. Lo que se presenta como una objeción es la válvula de escape del sistema propuesto. Si, en efecto, todo el gran talento del país pudiera ser atraído al servicio del gobierno, una propuesta destinada a lograr ese resultado bien podría inspirar inquietud.

Si cada parte de la actividad de la sociedad que requiriera una acción concertada y organizada, o visiones amplias y globales, estuviera en manos del gobierno, y si las oficinas gubernamentales estuvieran universalmente ocupadas por los hombres más capaces, toda la cultura ampliada y la inteligencia ejercitada del país, excepto la puramente especulativa, se concentrarían en una burocracia numerosa, ante la cual y sola la cual el resto de la comunidad esperaría todas las cosas:

• la multitud, dirección y dictación en todo lo que tuviera que hacer;
• los capaces y ambiciosos, promoción personal.

Ser admitido en las filas de esta burocracia, y una vez admitido, ascender en ella, serían los únicos objetos de ambición. Bajo este régimen, no sólo el público de fuera está mal cualificado, por falta de experiencia práctica, para criticar o fiscalizar el modo de operar de la burocracia, sino que, incluso si los accidentes despóticos o el funcionamiento natural de las instituciones populares elevan ocasionalmente a la cúspide a un gobernante o a gobernantes con inclinaciones reformistas, no se puede llevar a cabo ninguna reforma que sea contraria al interés de la burocracia.

Tal es la melancolía del imperio ruso, como muestran los relatos de quienes han tenido suficientes oportunidades de observación. El propio Zar es impotente frente al cuerpo burocrático; puede enviar a cualquiera de ellos a Siberia, pero no puede gobernar sin ellos, ni contra su voluntad. Sobre cada decreto suyo tienen un veto tácito, limitándose a no llevarlo a la práctica.

En países de civilización más avanzada y de espíritu más insurrecto, el público, acostumbrado a esperar que el Estado se lo haga todo, o al menos a no hacer nada por sí mismo sin pedir al Estado no sólo permiso para hacerlo, sino incluso cómo debe hacerse, considera naturalmente al Estado responsable de todos los males que le sobrevienen; y cuando el mal supera su grado de paciencia, se alza contra el gobierno y hace lo que se llama una revolución, momento en el cual otra persona, con o sin autoridad legítima de la nación, salta al asiento, imparte sus órdenes a la burocracia y todo sigue más o menos como antes; al no cambiar la burocracia y no haber nadie más capaz de ocupar su lugar.

Un espectáculo muy diferente ofrece un pueblo acostumbrado a gestionar sus propios asuntos.

En Francia, habiendo participado una gran parte del pueblo en el servicio militar, muchos de los cuales han ostentado al menos el rango de suboficiales, hay en cada insurrección popular varias personas competentes para tomar la iniciativa e improvisar algún plan de acción tolerable.

Lo que los franceses son en los asuntos militares, los americanos lo son en cualquier tipo de asunto civil; si se les deja sin gobierno, cualquier grupo de americanos es capaz de improvisar uno y de llevar a cabo ese o cualquier otro asunto público con una cantidad suficiente de inteligencia, orden y decisión.

Esto es lo que todo pueblo libre debería ser: y un pueblo capaz de esto tiene la libertad asegurada; nunca se dejará esclavizar por ningún hombre o cuerpo de hombres porque estos sean capaces de apoderarse y tirar de las riendas de la administración central.

Ninguna burocracia puede esperar hacer que un pueblo así haga o soporte algo que no le agrada. Pero donde todo se hace a través de la burocracia, nada a lo que esta se oponga realmente puede llegar a hacerse.

La constitución de tales países es una organización de la experiencia y la capacidad práctica de la nación, convertida en un cuerpo disciplinado con el fin de gobernar al resto; y cuanto más perfecta es esa organización en sí misma, cuanto más exitosa en atraer hacia sí y educar para sí a las personas de mayor capacidad de todas las clases de la comunidad, más completa es la servidumbre de todos, incluidos los miembros de la burocracia.

• Pues los gobernantes son tan esclavos de su organización y disciplina como los gobernados lo son de los gobernantes.
• Un mandarín chino es tan instrumento y criatura de un despotismo como el más humilde labrador.
• Un jesuita individual es, hasta el grado más extremo de abyección, esclavo de su orden, aunque la orden misma exista para el poder y la importancia colectiva de sus miembros.

No ha de olvidarse tampoco que la absorción de toda la capacidad principal del país en el cuerpo gobernante resulta fatal, tarde o temprano, para la actividad mental y el progresismo del cuerpo mismo. Agrupados como están —aplicando un sistema que, como todos los sistemas, procede necesariamente en gran medida mediante reglas fijas—, los funcionarios se hallan bajo la tentación constante de hundirse en una rutina indolente o, si de vez en cuando abandonan esa ronda de noria, de precipitarse en alguna ocurrencia poco meditada que haya cautivado la fantasía de algún miembro principal del cuerpo; y el único freno contra estas tendencias estrechamente aliadas, aunque aparentemente opuestas, el único estímulo capaz de mantener la capacidad del propio cuerpo en un nivel elevado, es la exposición a la atenta crítica de una capacidad equivalente situada fuera de él. Es indispensable, por tanto, que existan medios, independientes del gobierno, para formar dicha capacidad y dotarla de las oportunidades y la experiencia necesarias para un juicio correcto sobre los grandes asuntos prácticos. Si hemos de poseer permanentemente un cuerpo de funcionarios hábil y eficiente —sobre todo, un cuerpo capaz de concebir y dispuesto a adoptar mejoras—, si no queremos que nuestra burocracia degenere en una pedantocracia, este cuerpo no debe acaparar todas las ocupaciones que forman y cultivan las facultades requeridas para el gobierno de la humanidad.

Para determinar el punto en el que los males, tan formidables para la libertad y el progreso humanos, comienzan —o más bien en el que empiezan a predominar sobre los beneficios que conlleva la aplicación colectiva de la fuerza de la sociedad, bajo sus jefes reconocidos, para la eliminación de los obstáculos que se interponen en el camino de su bienestar—; para asegurar tantas ventajas del poder y la inteligencia centralizados como sea posible obtener sin desviar hacia cauces gubernamentales una proporción excesiva de la actividad general, constituye una de las cuestiones más difíciles y complicadas en el arte de gobernar.

Es, en gran medida, una cuestión de detalle, en la que se deben tener presentes muchas y variadas consideraciones, y en la que no se puede establecer ninguna regla absoluta. Pero creo que el principio práctico en el que reside la seguridad, el ideal que debe tenerse en cuenta y la norma para poner a prueba todas las disposiciones destinadas a superar esta dificultad, puede expresarse con estas palabras:

la mayor diseminación de poder compatible con la eficiencia; pero la mayor centralización posible de la información, y su difusión desde el centro.

Así, en la administración municipal, habría, como en los estados de Nueva Inglaterra, una división muy minuciosa entre funcionarios separados, elegidos por las localidades, de todos aquellos asuntos que no se deje mejor en manos de las personas directamente interesadas; pero, además de esto, existiría en cada departamento de asuntos locales una superintendencia central, que constituiría una rama del gobierno general.

El órgano de esta superintendencia concentraría, como en un foco, la variedad de información y experiencia derivada de la gestión de esa rama de los asuntos públicos en todas las localidades, de todo lo análogo que se realiza en los países extranjeros y de los principios generales de la ciencia política. Este órgano central debería tener el derecho de conocer todo lo que se hace, y su deber especial consistiría en hacer que el conocimiento adquirido en un lugar estuviera disponible para los demás.

Emancipado de los pequeños prejuicios y de las estrechas miras de una localidad gracias a su elevada posición y a su amplia esfera de observación, su consejo llevaría naturalmente consigo una gran autoridad; pero su poder efectivo, en calidad de institución permanente, debería, a mi juicio, limitarse a obligar a los funcionarios locales a obedecer las leyes establecidas para su orientación. En todo aquello no previsto por las reglas generales, dichos funcionarios deben quedar a su propio criterio, bajo su responsabilidad ante los electores.

Por la violación de las reglas, deberían ser responsables ante la ley, y las reglas mismas tendrían que ser dictadas por el poder legislativo; la autoridad administrativa central solo velaría por su ejecución y, si estas no se llevaran a cabo adecuadamente, recurriría, según la naturaleza del caso, al tribunal para hacer cumplir la ley, o a los distritos electorales para destituir a los funcionarios que no la hubieran ejecutado conforme a su espíritu.

Tal es, en su concepción general, la superintendencia central que la Junta de la Ley de Pobres (Poor Law Board) está destinada a ejercer sobre los administradores de la tasa de pobres en todo el país. Cualesquiera que sean los poderes que la Junta ejerza más allá de este límite, eran justos y necesarios en ese caso particular, para la erradicación de hábitos arraigados de mala administración en asuntos que afectan profundamente no solo a las localidades, sino a toda la comunidad; puesto que ninguna localidad tiene el derecho moral de convertirse, por una mala gestión, en un nido de pauperismo, que necesariamente se desborde hacia otras localidades y perjudique la condición moral y física de toda la clase trabajadora.

Los poderes de coerción administrativa y de legislación subordinada que posee la Junta de la Ley de Pobres (pero que, debido al estado de la opinión sobre el asunto, ejerce de forma muy escasa), aunque perfectamente justificables en un caso de interés nacional de primer orden, estarían totalmente fuera de lugar en la superintendencia de intereses puramente locales. Sin embargo, un órgano central de información e instrucción para todas las localidades sería igualmente valioso en todos los departamentos de la administración.

Un gobierno no puede tener demasiado de ese tipo de actividad que no entorpece, sino que ayuda y estimula, el esfuerzo y el desarrollo individuales. El daño comienza cuando, en lugar de invocar la actividad y las facultades de los individuos y de los cuerpos, sustituye la actividad de estos por la suya propia; cuando, en vez de informar, aconsejar y, en ocasiones, censurar, los hace trabajar encadenados o les ordena apartarse para hacer el trabajo en lugar de ellos.

El valor de un Estado, a la larga, es el valor de los individuos que lo componen; y un Estado que pospone los intereses de su expansión y elevación mental en favor de un poco más de habilidad administrativa, o de esa apariencia de la misma que la práctica otorga en los detalles de los negocios; un Estado que empequeñece a sus hombres para que sean instrumentos más dóciles en sus manos, incluso con fines beneficiosos, descubrirá que con hombres pequeños no se puede lograr realmente nada grande; y que la perfección de la maquinaria a la que lo ha sacrificado todo no le servirá de nada al final, por falta de esa fuerza vital que, para que la máquina funcionara con mayor suavidad, prefirió desterrar.