XIV. Remedios contra los males del monopolio.

Hemos investigado ahora la naturaleza de todas las diferentes clases de monopolios y combinaciones para la supresión de la competencia. Hemos estudiado su funcionamiento y su efecto sobre las distintas clases de la sociedad. Hemos analizado los principios fundamentales de la sociedad civilizada tal como se ven en la teoría abstracta y en la práctica real de hoy, junto con los males que la competencia intensa, por un lado, y el monopolio extorsivo, por el otro, nos han acarreado. Por último, hemos considerado las influencias que tienden a disminuir y mitigar estos males, y la medida en que podemos confiar en ellas para beneficiar la condición de la sociedad. Estamos ahora plenamente preparados para considerar los remedios que se proponen para estos males y para ver en qué dirección reside nuestra esperanza para el mejoramiento de la condición de la humanidad.

Sería una tarea mucho mayor de la que nos proponemos intentar, sin embargo, discutir todos los proyectos que se han propuesto para mejorar la condición de la sociedad. Han sido numerosos desde los albores de la idea de la libertad popular, la han acompañado a lo largo de sus siglos de crecimiento y hoy en día, a pesar de que la cantidad de comodidades de la vida accesibles para las masas populares es mucho mayor que nunca antes, los planes para seguir mejorando la condición de la sociedad, la producción más económica y la distribución equitativa de la riqueza, se impulsan y defienden con más fuerza que nunca.

Tampoco este hecho constituye motivo alguno de pesimismo. Tendremos mucho más motivo de lamentación cuando los hombres se vuelvan tan engreídos por el avance que la raza ya ha hecho —tan insensibles ante los males que todavía los oprimen— que ya no participen en la agitación de planes para un mayor progreso.

Al considerar ahora los planes propuestos en la actualidad por quienes desean remediar los males del monopolio, nos será útil examinar primero dos grandes principios opuestos, que designaremos como individualismo y societismo. En uno u otro de estos principios se basa casi todo proyecto para mejorar la condición de la sociedad.

La doctrina del individualismo tiene por fundamento la absoluta libertad industrial de cada individuo.

Por esto se entiende que cada persona deberá tener "el libre derecho de contrato", es decir, el derecho a vender su trabajo o propiedad o a comprar el de otros como elija.

Sostiene que en todos los asuntos en los que la producción y distribución de riqueza están concernidas, el deseo de cada hombre de promover sus propios intereses resultará, por sí solo, a la larga, en el mayor bien para el mayor número.

Pide al gobierno que "deje en paz" los asuntos industriales del país y permita que la empresa privada siga su propio curso.

Sus adherentes son afectos a afirmar que cada hombre conoce sus propias necesidades y puede dirigir sus propios asuntos comerciales mucho mejor que cualquier gobierno pueda dirigirlos por él.

Declara que la libre competencia es el mejor agente posible para regular todos los asuntos industriales, y atribuye todos los males económicos al hecho de que la libre competencia ha sido obstaculizada o destruida.

La doctrina opuesta del societismo sostiene que el desperdicio en la producción de riqueza y las inequidades en su distribución, que afligen a la humanidad hoy en día, se deben a la aplicación extrema de la doctrina del individualismo.

Sus adherentes analizan la competencia y declaran que no es más que otra expresión de una ley de la naturaleza salvaje, expresada concisamente como "la supervivencia del más apto".

Un sistema que empuja brutalmente al más débil contra la pared, afirman, no es apto para regir las interrelaciones de los seres humanos civilizados.

Condenando así los principios y la práctica de sus oponentes, irían al extremo opuesto y pondrían el control de la producción y distribución de la riqueza en manos de la sociedad organizada o de los gobiernos locales y centrales, para que estos los administren en beneficio común.

El primero y más obvio comentario sobre estas dos doctrinas opuestas es que cualquiera de las dos es impracticable; y que si a cualquiera de ellas se le otorgara el control absoluto de nuestras industrias, todo el pueblo se uniría para condenarla.

Para que no haya ninguna confusión sobre lo que con esto se quiere decir, conviene aclarar que ahora no nos referimos ni al individualismo ni al socialismo que se defienden en la práctica hoy en día, sino más bien a la esencia de ambos principios opuestos.

Para ver con la mayor claridad el fracaso práctico de cualquiera de estos dos principios cuando se aplica sin la modificación del otro, consideremos nuestro sistema social actual, que se basa tanto en el individualismo como en el societismo.

Si el principio del individualismo fuera aplicado plenamente y el societismo fuera abolido por completo, un primer paso sería la renuncia por parte del gobierno a todas las empresas que actualmente lleva a cabo; y estas quedarían a cargo de la iniciativa privada, para que las asumiera o las ignorara según prefiriera.

Esto significa, por una parte, para traer el asunto claramente a la realidad, que todo el sistema postal nacional sería eliminado, y dependeríamos de alguna compañía o compañías privadas para recolectar, transportar y distribuir nuestra correspondencia. El gobierno también abandonaría toda su labor en el mantenimiento y la seguridad de las vías fluviales naturales del país, así asímismo como de todos los puertos, faros, etc. Los gobiernos municipales entregarían todos sus sistemas de suministro de agua a compañías privadas, al igual que sus sistemas de alcantarillado, e incluso la pavimentación, la limpieza de calles, etc. En efecto, el mantenimiento de todo nuestro sistema de carreteras se cedería a la iniciativa privada.

¿Es esto demasiado? Es tan solo una aplicación legítima del principio de que el gobierno debe dejar a la iniciativa privada todos los asuntos relacionados con el comercio y la industria.

Poco es necesario decir para demostrar que una aplicación similar del principio del societismo a nuestro sistema industrial resultaría aún más desastrosa.

Por regla general, la formalidad y el gasto de administración necesarios cuando los negocios son manejados por el gobierno hacen que el costo final de producción sea mucho mayor que bajo la gestión privada, incluso cuando se lleva a cabo con toda honestidad.

Pero la razón principal por la cual el principio del societismo es impracticable e imprudente para una aplicación universal radica en el hecho de que los hombres que administran nuestros gobiernos no son ni los más sabios ni los más honestos.

• La competencia entre quienes se dedican a los negocios privados tiende, mediante un proceso de selección natural, a poner a los hombres de mayor capacidad comercial al frente de los asuntos.
• Pero en cualquier forma de gobierno probada hasta ahora, la popularidad en lugar del mérito, y la excelencia en las artes del político por encima de la experiencia y la capacidad como estadista y hombre de negocios, son las cualidades que sitúan a los hombres en puestos desde los cuales pueden controlar los asuntos públicos.

No es que no haya muchos hombres sabios y buenos que ocupen cargos actualmente, ni que muchos hombres sin principios y viciosos no alcancen el éxito en los negocios privados. Pero, como regla general, las afirmaciones recién hechas siguen siendo válidas.

Parece, pues, evidente que ni el principio del individualismo ni el principio del societismo pueden tomarse como una guía infalible para determinar el control de nuestra industria.

Sería tan manifiestamente imprudente dar un paso hacia la abolición del societismo existente poniendo nuestro departamento de correos bajo el control de una empresa privada, como lo sería dar un paso hacia la abolición del individualismo haciendo que el gobierno asuma la gestión de todas las granjas del país.

Ambos principios son necesarios.

Existe, en verdad, una marcada tendencia hacia una mayor dependencia del principio de socialismo a medida que la civilización avanza y nuestra vida se vuelve necesariamente más intensa y compleja.

Una comunidad de agricultores sencillos, aislados los unos de los otros, puede llevar su vida individual casi como le plazca, sin que sea necesaria la intervención del gobierno para proteger los derechos de cada hombre frente a las transgresiones de sus vecinos.

Pero el residente de un gran pueblo debe someterse a ciertas restricciones por el bien común. No debe llevar a cabo ningún tipo de negocio que pueda convertirse en una molestia pública. Su ganado no puede pastar en las calles. Debe destinar parte de sus ganancias al mantenimiento de un suministro de agua como protección contra incendios.

El ciudadano de una gran ciudad está sujeto a muchas más restricciones. El gobierno asume el control de la educación, las obras de caridad, el cuidado de la salud pública, el drenaje de las calles, la recolección de desperdicios y una multitud de otros deberes que, en una civilización menos intensa, cada familia realiza por sí misma.

El avance de la ciencia y de las artes también ha provocado una revolución cuyos efectos debemos reconocer.

Hace cien años, casi todas las comunidades y, en gran medida, todas las familias eran industrialmente casi independientes de las demás, como ya hemos demostrado.

Hoy en día, cada hombre depende de un millón de personas para que le abastezcan de los artículos de primera necesidad más comunes.

El caballero con armadura era invulnerable ante todos sus enemigos, salvo los pocos antagonistas equipados de forma similar. Hoy mi vida depende de la fidelidad y la vigilancia de diez mil hombres, y cada hombre con el que me cruzo me tiene a su merced.

Con la voluntad maligna y la astucia diabólica necesarias, un solo hombre puede matar a mil seres humanos y destruir un millón de dólares de un solo golpe.

En resumen, cada avance de la civilización hace que los hombres dependan más unos de otros y aumenta la ventaja y la necesidad de que las industrias más importantes para el bienestar común sean controladas por la sociedad en su conjunto en lugar de por particulares.

Algunos sostienen que, debido a la creciente injerencia del gobierno en los asuntos privados, existe el peligro de que las libertades del pueblo se vean coartadas y de que sus derechos queden tan acotados por restricciones que el resultado sea perjudicial en lugar de beneficioso.

A esto debe responderse que el pueblo mismo es la fuente de la autoridad y del poder de restricción del gobierno, y que en ningún caso se mantendrá por mucho tiempo una restricción gubernamental que no beneficie mucho más al preservar los derechos de los hombres de lo que los perjudica al infringirlos.

Aplíquese esta regla a cualquier caso de acción gubernamental en asuntos industriales. Un gobierno municipal, por ejemplo, construye un sistema de alcantarillado. Todos los contribuyentes deben aportar algo para sufragar sus gastos, y su derecho a gastar ese dinero de otras maneras que elijan se ve recortado; pero, al mismo tiempo, se preserva el derecho más importante de contar con un drenaje saludable y seguro para sus hogares.

De manera similar, el gobierno puede aprobar leyes de diversa índole para restringir y controlar lo que a primera vista parece ser un negocio puramente privado, como la venta de explosivos, bebidas espirituosas, venenos, drogas y muchos otros artículos. En cada caso, esto se hace bajo el argumento de que la intervención del gobierno es necesaria para proteger los derechos de la comunidad en su conjunto, aun cuando las libertades de ciertas clases se vean recortadas.

El estudio de estos hechos nos llama la atención sobre un principio importante de la acción gubernamental, que siempre debe recordarse cuando en cualquier asunto industrial encontremos que el principio de la acción individual está produciendo resultados insatisfactorios, y decidamos, por lo tanto, pedir al gobierno que tome parte en su control.

Este principio es el siguiente:

el gobierno, como representante de la voluntad de todo el pueblo, debe, por lo general, intentar la regulación o el control de los asuntos industriales únicamente para beneficiar al pueblo en su conjunto.

Por supuesto, no puede decirse que toda acción gubernamental en beneficio de clases especiales de la comunidad sea incorrecta. El otorgamiento de pensiones a aquellos defensores y sostenedores del gobierno que lo merecen, es un claro ejemplo de caso en el que la legislación especial es justificable y adecuada; y existen muchos otros casos.

Sin embargo, la configuración de la legislación para favorecer los intereses de clases especiales de la comunidad es algo que actualmente le está causando un grave daño a la nación; y se ha arraigado con tanta firmeza que nos llevará mucho tiempo librarnos de ello.

Hace que los hombres de todas las clases consideren al gobierno como un benefactor paternal, cuyo deber es ayudarlos, ya sea en sus planes para enriquecerse o en sus luchas por ganarse la vida; cuando su verdadero cometido es proteger a todos los ciudadanos en sus derechos individuales, emprender únicamente aquellas empresas industriales que de manera evidente puedan ser conducidas mejor y más económicamente por este que por la empresa privada, y aplicar restricciones a la industria solo en la medida en que sean necesarias para proteger los derechos personales o los intereses de la comunidad en su conjunto.

Peor que todo, el uso del gobierno para promover intereses especiales premia los esfuerzos de aquellos que buscan corromper la expresión de la voluntad popular en cada una de sus etapas, desde los votantes en las urnas hasta los principales gobernantes en los escaños del gobierno. Pues al unirse para lograr sus propósitos mutuos, son capaces de desviar a todos los departamentos del gobierno de su labor legítima y ocuparlos con medidas para promover intereses especiales, algunos bastante loables, otros una mera excusa para robar del erario público, pero todos por igual exigiendo atención y acción, mientras los asuntos del pueblo marchan por muy mal camino.

Ha parecido necesario discutir así brevemente estas dos teorías opuestas de la sociedad, el individualismo y el societismo, con el fin de mostrar la inviabilidad de cualquiera de ellas cuando se aplica a la sociedad de hoy sin la limitación y modificación de la otra; y [de que] al adoptar o rechazar cualquier remedio que pueda proponerse para los males industriales que hemos discutido, debemos guiarnos por los hechos tal como los encontramos, y no por una adhesión ciega a principios abstractos.

Reunamos ahora las decisiones más destacadas a las que hemos llegado en toda nuestra investigación anterior.

Hemos descubierto que está en marcha una gran revolución industrial, mediante la cual la manufactura, la minería y el transporte, en grandísima medida, y otras industrias, en medida considerable, han sido y están siendo concentradas en manos de muy pocos competidores.

Hemos comprobado que, por las leyes de la competencia, esta reducción en el número de competidores aumenta enormemente la intensidad de la competencia y el despilfarro y la inestabilidad de precios resultantes, y finalmente hace surgir el monopolio.

Hemos determinado que este monopolio constituye una grave vulneración de los derechos del pueblo, y hemos descubierto que las pérdidas debidas a la intensa competencia y a los infructuosos intentos de derrotar al monopolio añadiendo nuevas unidades competidoras han dilapidado la riqueza de la nación en incontables millones.

Nos disponemos ahora a considerar los remedios propuestos para estos males.

El remedio más obvio para el monopolio, y aquel con el que se ha ensayado y perseverado con más notable fe, es la creación de nuevos competidores.

¿Nos oprime el monopolio de un ferrocarril? Construyamos una línea paralela.

¿Nos cobra la compañía de gas de nuestra ciudad 3 dólares por cada mil pies cúbicos de gas que cuesta producir y suministrar tan solo 50 centavos? Pongamos en marcha otra compañía de gas y rompamos de nuevo todos nuestros pavimentos para tender sus tuberías.

¿Ha subido el trust del azúcar el precio del azúcar dos centavos por libra? Bueno, «el azúcar puede producirse en cualquier lugar mediante el gasto de trabajo y capital», dicen los abogados del Trust, y por tanto confiaremos en que algún fabricante emprendedor entre en el mercado para hacer frente a la combinación.

Pero si hacemos cualquiera de estas cosas, solo habremos añadido un competidor al número de los que ya están en el mercado. Y con solo dos competidores en el mercado, la competencia seguro que será tan intensa y ruinosa que la formación de un nuevo monopolio será cuestión de poco tiempo.

Esta es la conclusión a la que nos conduce la teoría; y cuanto más se estudia la historia de los intentos reales de crear competencia de este modo, más convencido debe quedar uno de que el resultado inevitable será el mismo: la combinación tácita o formal entre el viejo monopolio y el nuevo competidor, lo que da como resultado el restablecimiento del reinado absoluto del monopolio.

El autor ha estudiado a fondo el funcionamiento real de cientos de proyectos, en todas partes de Estados Unidos, cuyo objetivo era crear competencia en el transporte ferroviario. Es un hecho sumamente asombroso ver el entusiasmo con que miles de municipios, en todo el país, que han cargado con grandes deudas sobre sus hombros para conseguir "líneas en competencia", y han visto estas líneas ser devoradas por sus rivales, aún están ansiosos por repetir la tontería y asumir nuevas cargas para ayudar a construir nuevas líneas, que inevitablemente serán absorbidas al igual que aquellas a las que precedieron.

Si el pueblo en su conjunto aprende la sabiduría mediante la experiencia, parece aprender con penosa lentitud. La primera gran lección que debe aprender el pueblo que gime bajo el peso del monopolio es, por tanto, que cuando intentamos derrotar al monopolio creando nuevas unidades competidoras, el remedio es peor para la comunidad en general que la enfermedad, y en el mejor de los casos solo produce un alivio temporal.

Otra clase de remedios contra el monopolio busca cumplir su propósito oponiéndose a la tendencia hacia una reducción en el número de unidades competidoras.

No faltan personas que, habiendo adquirido una vaga percepción de que los monopolios son un resultado inevitable de la moderna concentración de la industria, concluyen que, después de todo, «los tiempos pasados fueron mejores que estos», y que nuestro curso más sabio es uno retrógrado.

Afortunadamente, sin embargo, estas personas son comparativamente pocas. Es un hecho tan evidente que incluso los más torpes difícilmente pueden dejar de percibirlo, que la consolidación y concentración de industria que se han producido en todas partes han abaratado maravillosamente el costo de producción, haciendo posible que fabriquemos mejores bienes con un menor gasto de mano de obra y material.

La revolución en nuestras industrias no podría deshacerse sin una acción más radical hacia los derechos de propiedad adquiridos de lo que podría tolerarse hoy; y, como ya se ha visto, operaría en detrimento de cada persona en la comunidad. No podemos volver a la diligencia, al taller y al telar manual de nuestros antepasados; no podemos, aunque quisiéramos, deshacer el crecimiento de un siglo en la civilización; y es bueno que así sea.

Pero mientras que la mayoría de los hombres ve el beneficio que ha resultado de las consolidaciones ya efectuadas, son pocos los que no se oponen a nuevas consolidaciones.

Se argumenta que la reducción en el número de unidades competidoras resulta en un incremento en la intensidad de la competencia, lo cual se supone que es un fin deseable; y que también ha reportado un gran beneficio en la reducción de costos.

Habiendo logrado esto, se propone detener las consolidaciones futuras y prevenir el establecimiento de un monopolio. Esto es lo que la mayoría de los planes actuales para ofrecer alivio frente al monopolio se propone lograr.

Ciertamente la tarea no es fácil; investiguemos si acaso es posible.

Podemos suponer con seguridad, en primer lugar, que los competidores en cualquier industria siempre se reducirán a un número muy pequeño antes de que el público esté lo suficientemente agitado como para hacer algún movimiento tendiente a la prevención de la consolidación.

Mientras un monopolio no sea inminente, por lo general, en realidad, mientras no esté en plena operación, a nadie le importa ni le presta atención a cuán lejos llegan la consolidación y la combinación.

Ahora bien, por las leyes de la competencia, cuando el número de unidades competidoras es pequeño, la competencia es intensa y despilfarradora, y actúa reduciendo de tal manera los rendimientos de la industria que la combinación y el establecimiento de un monopolio resultan una consecuencia natural.

Evidently this result can only be prevented by some interference outside the industry itself. If we allow it to take its own course, a monopoly is certain, sooner or later, to be formed. But the only agency which has the right and power to interfere is government.

The question then is, can government successfully interfere to prevent intense competition from bringing about monopoly? In order to do this it must of course keep competition in action; but it cannot do this directly.

Competition is essentially a strife. No law was ever enacted which could force two men to fight if they were really determined to be at peace. No law was ever enacted which could force two manufacturers or merchants to compete with each other in price, if they really were agreed to sell at the same price.

The common-law principle that contracts in restraint of competition are void, so often appealed to nowadays, has really but slight power. It merely prevents the parties who make an agreement to restrain competition, from enforcing such agreements in court.

Attempts have also been made to apply this principle to secure an annulment of the charter of corporations which engage in monopolistic combinations. Even if this be successful, the only result probable is that private parties instead of corporations will carry on the monopolies in a few cases, while in most cases the competition-destroying agreements will be made so secretly that it will be impossible to prove their existence.

Queda así de manifiesto que la acción del gobierno al declarar ilegal la restricción de la competencia es totalmente ineficaz para frenar el crecimiento del monopolio. Y, además, el hecho es que resulta casi imposible para el gobierno adoptar una postura más extrema en este asunto.

Supongamos que declara, no solo que estas combinaciones van en contra del interés público, y que deben ser castigadas. ¡Entonces sería un delito punible que dos tenderos rurales que habían estado vendiendo azúcar por debajo del costo acordaran que de ahí en adelante cobrarían un precio uniforme y obtendrían un octavo de centavo por libra!

Hay que recordar que la competencia requiere acción. ¿Puede el gobierno, por lo tanto, obligar a un hombre a competir, a recortar los precios por debajo de los de sus vecinos, o a llevar a cabo su negocio en absoluto, si no lo desea?

Tal ley establecería el derecho del gobierno a regular la conducta de negocios puramente privados en un grado nunca antes conocido. Una ley semejante, para proteger la teoría del individualismo, constituiría una flagrante violación de los derechos de los individuos. Queda claro, entonces, que el gobierno no puede de ningún modo mantener la competencia mediante una acción directa.

Si es posible hacerlo por medios indirectos es una pregunta mucho más difícil.

El monopolio resulta, como hemos comprobado, de la intensidad de la competencia. Si es posible modificar dicha intensidad, evitar que la vela se consuma demasiado rápido, por decirlo de algún modo, es posible que la competencia pueda mantenerse con vida mediante legislación.

Hasta ahora, prácticamente no se ha hecho nada en esta dirección, y aún queda por ver qué pueden lograr los remedios de este tipo.

Un ejemplo pertinente de un intento del gobierno por mantener viva la competencia es la ley de Comercio Interestatal. Antes de su aprobación, las compañías ferroviarias mantenían una especie de combinación improvisada y nominalmente ilegal para restringir la competencia, conocida como pooling (mancomunación de ingresos).

Como lo describió el presidente Charles Francis Adams, del Ferrocarril Union Pacific, «era simplemente un método mediante el cual se mantenía con vida a las corporaciones más débiles».

La ley interestatal prohibió esta restricción de la competencia y, además, mediante la promulgación de la cláusula sobre trayectos largos y cortos, hizo que la competencia fuera más generalizada y perjudicial para los ferrocarriles. Como resultado, se ha dado un impulso sorprendente al crecimiento de los grandes sistemas y a la consolidación de los caminos menores en competencia.

Más que eso, sin embargo, el gran incremento en la intensidad de la competencia ha hecho tanto por mermar los recursos de las compañías y perjudicar sus ingresos, que en la actualidad muchos hombres en los círculos ferroviarios están planeando seriamente alguna medida para unificar todos los ferrocarriles del país bajo una sola administración.

Así, este resultado, que probablemente era inevitable, sin duda ha sido acelerado muchos años por la acción de la ley. Los medios tomados para intensificar la competencia han operado, como cabía esperar, para acelerar el establecimiento completo del monopolio.

Hemos descubierto ahora que el monopolio es el resultado inevitable de la concentración de la competencia en cualquier industria en unas pocas manos, si se permite que los acontecimientos sigan su curso natural; que el único agente que tiene el derecho o el poder de intervenir en el caso es el gobierno —ya sea Nacional, Estatal o Municipal—; que el gobierno no puede castigar directamente a quienes forman combinaciones para restringir la competencia sin ejercer en un grado sin precedentes su derecho de injerencia en los asuntos privados; mientras que su intento de disuadir a los hombres de establecer monopolios denegándoles su protección en sus contratos para restringir la competencia ha demostrado ser tan solo un leve obstáculo para el crecimiento del monopolio.

Hay, por lo tanto, solo dos maneras de evitar que el monopolio se establezca y cobre al público en general, por el suministro del producto que controla, el impuesto que le plazca.

• La primera es la acción para reducir la intensidad de la competencia, de modo que los competidores más débiles puedan mantener su independencia y no se vean obligados a fusionarse con sus rivales más fuertes.
• La segunda es la acción para permitir o fomentar el establecimiento de un monopolio, y regular por algún medio que no sea la competencia los precios que este cobrará por los productos y la calidad del producto que suministrará.

Estas dos clases generales de remedios que consideramos viables las discutiremos aquí solo de manera general. La primera, la reducción en la intensidad de la competencia, apenas se ha intentado de ninguna forma, y aún no podemos decir qué medios prácticos deben adoptarse para llevarla a cabo. Volveremos sobre esto más adelante en nuestra discusión.

El segundo remedio es aquel hacia cuya adopción nos encaminamos con rapidez. Ya se han establecido comisiones estatales e interestatales para regular los monopolios ferroviarios; y, en general, es cierto que las personas que sienten la carga de los monopolios buscan alivio en el gobierno y esperan que este tome medidas positivas para el control de otros monopolios, tal como lo ha hecho para el control de los ferrocarriles.

Se verá que ahora hemos llegado, mediante el estudio de los diversos remedios posibles para el monopolio, a la misma conclusión ineludible a la que nos condujo nuestro estudio de las leyes de la competencia. El remedio adecuado para el monopolio no es la abolición, sino el control. Parecía necesario llevar a cabo esta investigación independiente para que ninguna adhesión ciega al individualismo ni ninguna idea sobre la posible eficacia de otros remedios nos llevaran a dudar de esta importante verdad.

Tenemos a continuación que considerar el hecho de que el gobierno puede controlar los monopolios de dos maneras. Puede permitir que el monopolio permanezca bajo propiedad privada y regular sus operaciones mediante la ley y funcionarios debidamente designados; o puede asumir por sí mismo la entera propiedad y control del monopolio.

Cuál de estos planes es mejor es una cuestión de política pública sobre la cual es probable que los futuros partidos políticos discutan.

• Un partido sostendrá que cuando sea necesario que el gobierno intervenga para proteger a aquellos a quienes representa de la opresión del monopolio, debe asumir de inmediato la propiedad y la gestión totales del monopolio.
• Sus oponentes argumentarán que el gobierno debe intervenir solo en la medida necesaria para mantener los derechos del público; y que es mucho mejor que la industria sea dirigida por los particulares cuyos intereses están en juego antes que por funcionarios gubernamentales.

Discutir a fondo los argumentos a favor de cada uno de estos dos principios de nuestra práctica futura en el trato con los monopolios iría más allá del alcance previsto de este volumen. Solo puede decirse brevemente que los argumentos presentados indicarán ciertamente que las condiciones que rodean a cada monopolio dado tendrán un gran peso para determinar qué política es la más ventajosa.

Sería manifiestamente imprudente, por ejemplo, poner nuestros servicios postales bajo la dirección de una corporación, aun cuando sus operaciones estuvieran reguladas por el gobierno. Sería aún más imprudente poner las operaciones de los molinos harineros del país en manos de un departamento del gobierno.

Los factores importantes a considerar al decidir cualquier caso dado son, primero, la importancia y necesidad del servicio para el público, y segundo, la cuestión de si es probable que la producción en el caso dado sea llevada a cabo de manera más económica por el gobierno o por la empresa privada.

La primera tiene la ventaja de que puede asegurar su capital a un tipo de interés más bajo. La segunda, la ventaja de que asegura una mayor eficiencia del trabajo que emplea.

Estando dadas las demás circunstancias en igualdad de condiciones, parecería entonces más prudente que el gobierno se hiciera cargo directamente de aquellos monopolios en los que se invierte la mayor cantidad de capital y se emplea la menor cantidad de trabajo, dejando a la empresa privada bajo regulación gubernamental la operación de los monopolios en los que prevalece el conjunto opuesto de condiciones.

Como ya se ha indicado, sin embargo, la cuestión se complica por los efectos sociales e industriales que podrían derivarse de una gran transferencia de empresas de la dirección privada a la gubernamental; y estos efectos no los discutiremos ahora.