El imperialismo, un estudio

John A. Hobson

I

La afirmación, que se hace a menudo, de que la labor de expansión imperial está prácticamente terminada no es correcta. Es verdad que la mayoría de las razas «atrasadas» han quedado bajo algún tipo de dependencia respecto a una u otra potencia «civilizada» en calidad de colonia, protectorado, territorio interior o esfera de influencia.

Pero esto, en la mayoría de los casos, marca más el principio de un proceso de imperialización que la consecución definitiva del imperio. El crecimiento intensivo del imperio, mediante el cual se incrementa la injerencia y se endurece el control gubernamental sobre las esferas de influencia y los protectorados, es un aspecto del imperialismo tan importante y peligroso como el crecimiento extensivo que toma forma en la imposición del dominio sobre nuevas áreas de territorio y nuevas poblaciones.

El famoso dicho, atribuido a Napoleón, de que «los grandes imperios mueren de indigestión», sirve para recordarnos la importancia de los procesos imperialistas que aún perduran una vez completada la «expansión» formal.

Durante los últimos veinte años, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Rusia se han zampado enormes porciones de África y Asia que aún no han sido masticadas, digeridas ni asimiladas. Además, todavía quedan grandes zonas cuya independencia, aunque amenazada, sigue intacta.

Vastos países de Asia, como Persia, Tíbet, Siam y Afganistán, avanzan con rapidez hacia la primera línea de la política como probables objetos de disputa armada entre las potencias europeas con miras a su subyugación; los dominios turcos en Asia Menor, y tal vez en Europa, aguardan un lento y precario proceso de absorción; el reparto sobre el papel de África Central rebosa de posibilidades de conflicto.

La entrada de los Estados Unidos en la lucha imperial arroja prácticamente a la totalidad de América del Sur a la palestra, pues no es razonable esperar que las naciones europeas, con colonias e intereses económicos colosales en la península meridional, dejen mansamente todo este territorio bajo la protección especial o la absorción definitiva de los Estados Unidos, cuando esta última, abandonando su tradicional y coherente aislamiento, se ha lanzado de lleno a la lucha por el imperio en el Pacífico.

Más allá y por encima de todo esto se alza China. No es fácil suponer que la actual calma y vacilación de las Potencias vayan a durar, o que la magnitud y los manifiestos riesgos de perturbar este vasto depósito de fuerzas incalculables detengan por mucho tiempo a grupos aventureros de buscadores de beneficios en su empeño por empujar a sus Gobiernos por la resbaladiza senda de los tratados comerciales, los arrendamientos y las concesiones ferroviarias y mineras, que habrán de acarrear un creciente proceso de injerencia política.

No es mi propósito examinar aquí la maraña de cuestiones políticas y económicas que cada uno de estos casos presenta, sino simplemente ilustrar la afirmación de que la política del imperialismo moderno no ha terminado, sino que apenas acaba de empezar, y que se ocupa casi por completo de las reivindicaciones rivales de los imperios por dominar a las «razas inferiores» en los países tropicales y subtropicales, o en otros países ocupados por razas manifiestamente inasimilables.

Al preguntarnos cuáles son los sanos principios de la política mundial y de la política nacional en esta materia, podemos pasar por alto en un principio las importantes diferencias que debieran influir en nuestra conducta hacia los países habitados por lo que parecen ser razas marcadamente primitivas y no progresistas, los países cuya gente manifiesta capacidad de progreso rápido desde una condición baja actual, y los países como la India y China, donde existe una antigua civilización de un alto tipo, que difiere ampliamente de la de las naciones europeas.

Antes de buscar diferencias de política que se correspondan con estas condiciones, tratemos de averiguar si existen principios generales de orientación para tratar con países ocupados por pueblos «inferiores» o poco progresivos.

Es ocioso considerar como principio general la actitud del mero laissez-faire. No sólo es impracticable en vista de las fuerzas reales que mueven la política, sino que es éticamente indefendible en último término.

Establecer como ley absoluta que «la autonomía de toda nación es inviolable» no nos lleva muy lejos.

No puede haber más nacionalismo absoluto en la sociedad de las naciones que individualismo absoluto en la propia nación. Cierta medida de internacionalidad práctica, que implica una «cortesía entre las naciones», y ciertas relaciones de «derecho» y «deber» entre las naciones son admitidas de manera casi universal.

Los derechos de autogobierno, implícitos en la doctrina de la autonomía, si son vinculantes en algún sentido legal o ético para las otras naciones, solo pueden poseer este carácter en virtud de alguna organización internacional real, por muy rudimentaria que sea.

Es difícil para el más acérrimo defensor de los derechos nacionales afirmar que las personas que ocupan efectivamente o ejercen el control político sobre un área determinada de la tierra tienen derecho a hacer lo que quieran con «lo suyo», ignorando por completo las consecuencias directas e indirectas de sus acciones sobre el resto del mundo.

No es necesario tomar casos extremos de una política nacional que afecte directamente al bienestar de un Estado vecino, como cuando un pueblo en el curso alto de un río como el Nilo o el Níger pudiera dañar o desviar el cauce de tal manera que causara peste o hambruna en las tierras bajas pertenecientes a otra nación.

Pocos, o ninguno, cuestionarían cierto derecho de injerencia externa en un caso así.

O tómese otro caso que queda fuera del ámbito de las acciones directamente dirigidas hacia los demás. Supóngase que una hambruna, una inundación u otra catástrofe priva a una población de los medios para subsistir en su tierra, mientras hay tierras desaprovechadas en abundancia más allá de sus fronteras en otro país; ¿tienen derecho los gobernantes de este último a negar la entrada o un asentamiento necesario?

Al igual que en el caso de los individuos, ocurre con las naciones: por lo general se admitirá que la necesidad no conoce leyes, lo cual, bien interpretado, significa que el derecho de autopreservación trasciende todos los demás derechos como condición primordial para su surgimiento y ejercicio.

Esto nos arrastra por un plano inclinado de la lógica hasta el verdadero problema tal como lo han expuesto hábilmente el Sr. Kidd, el profesor Giddings y los imperialistas «fabianos».

Es una expansión de esta alegación de necesidad material lo que constituye la primera reivindicación de un control de los trópicos por parte de las naciones «civilizadas».

Las razas europeas han crecido con un nivel de civilización material basado en gran medida en el consumo y uso de alimentos, materias primas para la manufactura y otros bienes que son productos naturales de los países tropicales. Las industrias y el comercio que proporcionan estos productos son de importancia vital para el mantenimiento y el progreso de la civilización occidental. La gran proporción que representan en nuestro comercio de importación productos tan típicamente tropicales como el azúcar, el té, el café, el caucho, el arroz y el tabaco indica la dependencia que países como Gran Bretaña tienen respecto a los trópicos. En parte debido al mero crecimiento de la población en las zonas templadas, y en parte al aumento del nivel de vida material, esta dependencia de los países templados respecto a los tropicales ha de ir en aumento. Para satisfacer estas crecientes necesidades, habrá que cultivar extensiones cada vez mayores de los países tropicales, dicho cultivo deberá ser mejor y más regular, y se tendrán que mantener relaciones comerciales pacíficas y eficaces con estos países.

Ahora bien, la facilidad con que se puede mantener la vida humana en los trópicos engendra indolencia y torpeza de carácter. Los habitantes de estos países no son «pueblos progresistas»; ni desarrollan las artes de la industria a un ritmo satisfactorio, ni evolucionan nuevas necesidades o deseos cuya satisfacción pudiera obligarles a trabajar. No podemos, por tanto, confiar en los motivos económicos y métodos ordinarios del libre intercambio para abastecer la creciente demanda de productos tropicales. Los recursos de los trópicos no serán desarrollados voluntariamente por los propios nativos.

“Si dirigimos la mirada hacia los sistemas sociales nativos del Oriente tropical, el salvajismo primitivo del África Central, las Indias Occidentales en el pasado en proceso de ser asistidas para alcanzar la posición de Estados modernos por la Gran Bretaña, o la república negra de Haití en el presente, o la Liberia moderna en el futuro, la lección parece ser en todas partes la misma: es que no habrá desarrollo de los recursos de los trópicos bajo un gobierno nativo”. [71]

No podemos, se sostiene, dejar estas tierras estériles; es nuestro deber velar por que sean desarrolladas para el bien del mundo.

Los hombres blancos no pueden «colonizar» estas tierras y, estableciéndose así, desarrollar los recursos naturales con el trabajo de sus propias manos; solo pueden organizar y supervisar la labor de los nativos.

Al hacer esto pueden educar a los nativos en las artes de la industria y estimular en ellos un deseo de progreso material y mayor, implantando nuevas «necesidades» que forman en toda sociedad las raíces de la civilización.

Es bastante evidente que hay mucha fuerza en esta presentación del caso, no solo por motivos materiales sino morales; ni puede descartarse por el hecho de estar expuesta a ciertos abusos obvios y graves.

Implica, sin embargo, dos clases de intervención que requieren justificación.

• Intervenir y utilizar los recursos naturales que se dejan sin desarrollar es una cosa; obligar a los habitantes a desarrollarlos es otra.
• Lo primero se justifica fácilmente, pues implica la aplicación a mayor escala de un principio cuya equidad, además de su conveniencia, es reconocida y aplicada en la mayoría de las naciones civilizadas.
• La otra intervención, mediante la cual los hombres que prefieren vivir con un nivel de vida bajo y con poco trabajo se ven forzados a un trabajo más duro o más continuo, es mucho más difícil de justificar.

He puesto la compulsión económica en primer término porque, históricamente hablando, es la causa causans del imperialismo que la acompaña o la sigue.

Al considerar la ética y la política de esta injerencia, no debemos dejarnos engañar ni cegar por los críticos que se aferran a la palpable deshonestidad de muchas prácticas del evangelio de «la dignidad del trabajo» y «la misión de la civilización».

El verdadero problema radica en si se justifica, y bajo qué circunstancias, que las naciones occidentales utilicen la coerción gubernamental para el control y la educación en las artes de la civilización industrial y política de los habitantes de los países tropicales y de otras llamadas razas inferiores.

El hecho de que los propietarios de minas rodesianas o los cultivadores de azúcar cubanos estimulen el imperialismo de los gobiernos británico o estadounidense haciendo alarde de motivos y resultados que en realidad no les conciernen, no implica que estos motivos, bajo una orientación adecuada, carezcan de solidez, ni que los resultados sean indeseables.

No hay nada indigno, muy al contrario, en la noción de que las naciones que, mediante un entorno más estimulante, han avanzado más en ciertas artes de la industria, la política o la moral, deban comunicarlas a aquellas naciones que por sus circunstancias se hallaban más atrasadas, de modo que las ayuden a desarrollar por igual los recursos materiales de su tierra y los recursos humanos de su pueblo.

Tampoco resulta evidente que en esta labor algún «aliciente, estímulo o presión» (por citar una frase bien conocida), o en una sola palabra, «compulsión», sea totalmente ilegítimo.

La fuerza en sí misma no es un remedio, la coacción no es educación, pero puede ser una condición previa para el funcionamiento de las fuerzas educativas. Quienes, en cualquier caso, concedan algún lugar a la fuerza en la educación o en el gobierno político de los individuos dentro de una nación difícilmente pueden negar que ese mismo instrumento pueda encontrar acomodo en la civilización de las naciones atrasadas por parte de las progresistas.

Suponiendo que las artes del «progreso», o algunas de ellas, sean comunicables —hecho que difícilmente resulta discutible—, no puede existir un derecho natural inherente en una nación para rechazar esa medida de educación obligatoria que ha de elevarla de la infancia a la edad adulta en el orden de las nacionalidades.

La analogía que proporciona la educación de un niño es prima facie sólida, y no queda invalidada por los peligrosos abusos a los que se halla expuesta en la práctica.

El verdadero problema es el de las garantías, el de los móviles y el de los métodos.

¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales una nación puede ayudar a desarrollar los recursos de otra, e incluso aplicar algún elemento de compulsión al hacerlo? La cuestión, por abstracta que suene, es con mucho la más importante de todas las cuestiones prácticas para esta generación.

Pues que tal desarrollo tendrá lugar, y tal compulsión, legítima o ilegítima, se ejercerá, cada vez más a lo largo de este nuevo siglo en muchas partes de este globo, está más allá de toda duda. Es el gran asunto práctico del siglo explorar y desarrollar, mediante cada método que la ciencia pueda idear, los recursos naturales y humanos ocultos del globo.

Que las naciones blancas occidentales abandonen una empresa en la que ya han avanzado tanto es una opinión que no merece consideración. Que este proceso de desarrollo pueda llevarse a cabo de tal manera que produzca un beneficio para la civilización mundial, en lugar de un terrible débâcle en el que razas de esclavos sublevados pisoteen a sus amos blancos, parásitos y degenerados, debería ser el objetivo supremo de una política científica con visión de futuro.

II

A quienes lanzan el único grito de advertencia: «laissez faire, no intervengan, dejen que estas personas desarrollen sus recursos por sí mismas con la ayuda que soliciten o contraten, sin la perturbación del control inoportuno y arrogante de las naciones extranjeras», les basta como respuesta señalar la imposibilidad de mantener tal actitud.

Si los Gobiernos organizados de las Potencias civilizadas rehusaban la tarea, soltarían una horda de aventureros particulares, esclavistas, comerciantes piratas, buscadores de tesoros, traficantes de concesiones, quienes, animados por la mera codicia de oro o de poder, emprenderían la labor de explotación sin control público alguno y sin consideración hacia el futuro; estropeando las instituciones políticas, económicas y morales de los pueblos, inculcando vicios civilizados y enfermedades civilizadas, importando licores y armas de fuego como el comercio de aceptación más rápida, fomentando luchas intestinas para sus propios fines políticos e industriales, e incluso estableciendo despotismos privados sostenidos por fuerzas armadas organizadas.

Es innecesario remontarse a los tiempos filibusteros del siglo XVI, cuando un «nuevo mundo» fue abierto al saqueo del viejo, y caballeros particulares de España o Inglaterra competían con sus Gobiernos en el negocio de despojo más gigantesco que registra la historia.

La historia de Samoa, de Hawái y de una veintena de islas de los Mares del Sur en años bastante recientes demuestra que, en una época en la que todos los mares son una carretera, es imposible que la tierra más remota escape a la intrusión de naciones «civilizadas», representadas precisamente por sus especímenes más imprudentes y depravados, que gravitan hacia allí para cosechar los rápidos frutos del libertinaje.

El contacto con las razas blancas no puede evitarse, y es tanto más peligroso y nocivo en la medida en que carece de sanción y control gubernamentales. El experimento moderno más gigantesco de aventura privada está dando lentamente su cosecha completa de horrores en el Estado Libre del Congo, mientras que la entrega de amplias regiones de África al gobierno prácticamente desinhibido de Compañías Privilegiadas expone por doquier los peligros de un contacto basado en el comercialismo privado. [72]

Abandonar a las razas atrasadas a estos peligros de la explotación privada, se argumenta con fuerza, es una dejación bárbara de un deber público en pro de la humanidad y de la civilización del mundo.

No solo se deja que los trópicos sean la presa indefensa de la escoria de las naciones civilizadas; se abren graves peligros para el futuro, derivados de las ambiciones políticas o militares de gobernantes nativos o importados que, jugando con el fanatismo religioso o los instintos combativos de grandes hordas de semisalvajes, puedan imponerles una disciplina militar tan eficaz como para conferir un significado terrible a algún «peligro» negro o amarillo.

El aislamiento completo ya no es posible ni siquiera para la isla más remota; la autosuficiencia absoluta no es más posible para una nación que para un individuo: en cada caso la sociedad tiene el derecho y la necesidad de salvaguardar sus intereses frente a una afirmación perjudicial de la individualidad.

Una vez más, aunque hay cierta fuerza en el argumento de que los nativos atrasados podrían protegerse y se protegerían contra las usurpaciones de los aventureros privados si tuvieran la seguridad de que estos últimos no podían recurrir a su Gobierno en busca de asistencia o venganza, la historia no nos lleva a creer que estos poderes de autoprotección, por muy adecuados que sean contra las invasiones violentas, bastarían para hacer frente a las artimañas más insidiosas con las que los comerciantes, buscadores de oro y aventureros políticos inoculan sus venenos en sociedades primitivas como la de Samoa o Ashanti.

Hasta ahora, hemos establecido dos principios tentativos.

Primero, que toda injerencia por parte de las naciones blancas civilizadas en las «razas inferiores» no es primâ facie ilegítima.

Segundo, que no se puede confiar con seguridad dicha injerencia a la iniciativa privada de los blancos individuales.

Si se admiten estos principios, se deduce que los Gobiernos civilizados pueden emprender el control político y económico de las razas inferiores; en una palabra, que la forma característica del imperialismo moderno no es ilegítima bajo ninguna condición.

¿Cuáles son, pues, las condiciones que la hacen legítima? Pueden formularse provisionalmente del siguiente modo:

• Tal injerencia en el gobierno de una raza inferior debe dirigirse primordialmente a garantizar la seguridad y el progreso de la civilización del mundo, y no el interés particular de la nación injerente.
• Dicha injerencia debe ir acompañada de una mejora y elevación del carácter del pueblo que queda bajo este control.
• Por último, la determinación de las dos condiciones precedentes no debe dejarse al arbitrio o al juicio de la nación injerente, sino que debe proceder de alguna representación organizada de la humanidad civilizada.

La primera condición se deduce directamente del principio de utilidad social ampliado a su margen más amplio, de modo que sea sinónimo de «el bien de la humanidad».

En cuanto a la conducta de una nación hacia otra, no podemos encontrar otro criterio. Cualquiera que sea la incertidumbre u otra imperfección que corresponda a dicho criterio, considerado como norma para la política internacional, cualquier criterio más limitado es, por fuerza, más incierto y más imperfecto.

Ninguna argumentación puramente jurídica relativa a la mala aplicación del término «derecho» a las relaciones internacionales, a falta de cualquier forma de «sanción», afecta a nuestra cuestión.

A menos que estemos dispuestos a reafirmar en el caso de las naciones, como guía plenamente suficiente de la conducta, aquella doctrina del «egoísmo ilustrado» que ha sido casi universalmente abandonada en el caso de los individuos, y a insistir en que la afirmación propia y desmedida de cada nación, siguiendo la línea de su propio interés privado actual, es la mejor garantía del progreso general de la humanidad, debemos establecer, como norma suprema de apelación moral, alguna concepción del bienestar de la humanidad considerada como una unidad orgánica.

Es innecesario, sin embargo, insistir en la analogía entre la relación de un individuo con los demás individuos de su sociedad y la de una sociedad con otra en la comunidad de naciones. Pues, aunque los cínicos estadistas de la moderna escuela maquiavélica puedan afirmar que el interés visible de su país es la guía suprema de la conducta, no sugieren seriamente que de este modo se alcance el bien de la humanidad, sino tan solo que este fin más amplio carece de significado o atractivo para ellos.

A la luz de esta actitud, toda discusión sobre los principios generales que «justifican» la conducta está fuera de lugar, ya que lo «justo» y la «justicia» quedan descartados ab initio.

No obstante, el criterio aquí propuesto no sería formalmente rechazado por ninguna escuela de pensadores políticos a la que se le invitara a hallar una ley general para el trato de las razas inferiores. Nadie afirmaría con tantas palabras que tenemos derecho a sacrificar el bien de cualquier otra nación, o del mundo en general, en aras de nuestro propio y privado beneficio nacional.

En Inglaterra, sin duda, la afirmación de Lord Rosebery de que el Imperio británico es «la mayor agencia secular para el bien que conoce el mundo» sería adoptada en todas partes como la justificación fundamental del imperio.

Lord Salisbury avala expresamente el principio al afirmar que “el curso de los acontecimientos, al que preferiría llamar los designios de la Providencia, ha llamado a este país a ejercer sobre el carácter y el progreso del mundo una influencia como jamás la ha ejercido imperio alguno con anterioridad”; mientras que el arzobispo de Canterbury propone una doctrina de “cristianismo imperial” fundamentada en las mismas premisas.

Puede entenderse, por tanto, sin injusticia, que todo acto de “imperialismo” que consista en la injerencia forzosa en los asuntos de otro pueblo solo puede justificarse demostrando que contribuye a “la civilización del mundo”.

Igualmente, se admite que debe conferirse alguna ventaja especial a los pueblos que son objeto de esta injerencia.

Sobre la base más elevada de la teoría, la represión, e incluso la extinción, de alguna nación poco progresiva o retrógrada, cediendo su lugar a otra socialmente más eficiente y más capaz de utilizar para el bien general los recursos naturales de la tierra, podría parecer permisible, si aceptáramos intacta y sin mejoras la lucha biológica por la existencia como el único o principal instrumento del progreso.

Pero, si admitimos que en los ámbitos más elevados del progreso humano la tendencia constante es sustituir cada vez más la lucha contra el entorno natural y moral por la lucha intestina de los individuos y especies vivas, y que la dirección eficiente de esta lucha exige la suspensión de la lucha inferior y una creciente solidaridad de sentimiento y simpatía en toda la humanidad, percibiremos dos verdades importantes.

Primero, la «expansión», con el fin de absorber para las razas más «progresistas» una porción cada vez mayor del globo, no es la «necesidad» que antes aparentaba, porque el progreso tendrá lugar cada vez más en el plano cualitativo, con un cultivo más intensivo tanto de los recursos naturales como de la vida humana. La supuesta necesidad natural de desplazar a las razas inferiores se basa en un análisis estrecho, bajo y puramente cuantitativo del progreso humano.

En segundo lugar, en el progreso de la humanidad, los servicios de la nacionalidad, como medio de educación y de autodesarrollo, serán reconocidos como de tan suprema importancia que nada que no sea una necesidad física directa en defensa propia puede justificar la extinción de una nación.

En una palabra, se reconocerá que “le grand crime international est de détruire une nationalité.” [73]

Pero incluso aquellos que no llegarían tan lejos en su valoración del factor de la nacionalidad coincidirán en que es una prueba práctica sólida de conducta insistir en que la injerencia en la libertad de otra nación debe justificarse mostrando alguna ventaja separada conferida a la nación así colocada en una posición inferior:

• en parte, porque parece obvio que la ganancia para la causa general de la civilización estará contenida o abarcada principalmente en una mejora del carácter o de la condición de la nación que es objeto de injerencia;
• en parte, porque la máxima que reconoce a la persona individual como un fin, y exige que el gobierno del Estado se justifique demostrando que la coerción que ejerce amplía en realidad la libertad de aquellos a quienes reprime, es aplicable también a la sociedad más amplia de las naciones.

Sin forzar indebidamente la analogía entre individuo y nación como organismos, puede afirmarse con seguridad que la injerencia imperial en una “raza inferior” debe justificarse demostrando que actúa en pro del bien real de la raza súbdita.

El Sr. Chamberlain no es un sentimentalista, y su declaración puede clasificarse como un locus classicus sobre este asunto. «Nuestro dominio sobre los territorios [nativos] sólo puede justificarse si podemos demostrar que aumenta la felicidad y la prosperidad del pueblo».

La defensa moral del Imperialismo se basa generalmente en la afirmación de que, de hecho, estas dos condiciones se cumplen, a saber: que el control político y económico asumido a la fuerza —por parte de «razas superiores» sobre «razas inferiores»— fomenta al mismo tiempo la civilización del mundo y el bien particular de las razas sometidas.

La respuesta real, en la que confían los imperialistas británicos para defender la expansión, consiste en señalar los servicios reales prestados a la India, Egipto, Uganda, etc., y afirmar que otros territorios dependientes donde el gobierno británico tiene menos éxito habrían corrido peor suerte si se los hubiera dejado a su propia suerte o bajo otra potencia europea.

Antes de considerar la validez práctica de esta postura y los hechos especiales que determinan y matizan la labor de «civilizar» a otras razas, es justo señalar el defecto fundamental de esta teoría del «imperialismo», a saber: el incumplimiento de la tercera condición establecida anteriormente.

¿Podemos confiar con seguridad en el honor, el espíritu público y la perspicacia de cualquiera de las razas imperiales en competencia para subordinar sus intereses y fines privados a los intereses más amplios de la humanidad o al bien particular de cada raza sometida que caiga bajo su dominio?

Nadie, como señalamos, sostiene que exista una armonía natural tan perfecta que toda nación, siguiendo conscientemente su propio interés principal, sea «conducida» como «por una mano invisible» hacia un curso de conducta que necesariamente sirva al interés común, y en particular al interés de la raza subyugada.

¿Qué garantía, pues, puede existir posiblemente de que las prácticas de un Imperialismo sano cumplan las condiciones establecidas?

¿Acaso alguien sostiene que el interés propio y especial de la nación expansiva y anexionista no es un factor determinante consciente principal, o de hecho el principal, en cada paso del Imperialismo práctico? Primâ facie, parecería razonable suponer que se darían muchos casos en los que los intereses temporales y especiales de la nación en expansión colisionarían con los de la civilización mundial, y que se preferirían los primeros.

Es ciertamente irrazonable tomar como prueba del cumplimiento de las condiciones de un Imperialismo sensato el ipse dixit no probado ni verificado de una parte interesada.

III

Si bien se acepta generalmente que el progreso de la civilización mundial es la única base moral válida para la injerencia política en las «razas inferiores», y que la única prueba válida de dicho progreso se encuentra en la educación política, industrial y moral de la raza sometida a dicha injerencia, las verdaderas condiciones para el ejercicio de semejante «fideicomiso» carecen por completo.

La situación actual está, en efecto, repleta de absurdo. Cada nación imperialista pretende determinar por sí misma cuáles son las razas inferiores que tomará bajo su protección particular, o acuerda con dos o tres vecinos particionar una enorme extensión africana en esferas de influencia separadas; el tipo de civilización que se impone nunca se basa en ningún esfuerzo sobrio por comprender las fuerzas progresistas activas o latentes de la raza súbdita, y por desarrollarlas y dirigirlas, sino que se importa desde Europa en forma de artes industriales establecidas, instituciones políticas definidas, dogmas religiosos fijos, que se injertan en instituciones ajenas.

En el gobierno político, el progreso se sacrifica abiertamente en todas partes en aras del orden, y ambos por igual están subordinados al rápido desarrollo de ciertas industrias comerciales lucrativas, o al mero afán de engrandecimiento territorial.

Las recurrentes disputas de las naciones blancas armadas, cada una insistiendo en su pretensión de asumir la carga del hombre blanco en algún nuevo rincón del globo; las compañías comerciales que buscan desbancar mutuamente de un nuevo mercado, los mismísimos misioneros compitiendo por sectas y nacionalidades por «campos de misión», y utilizando la intriga política y la fuerza armada para respaldar sus particulares pretensiones, presentan un curioso comentario sobre la teoría de la «fideicomisarios de la civilización». [74]

Es bastante evidente que este dominio autoproclamado carece de los elementos esenciales de un fideicomiso, a saber: la garantía de que el «fiduciario» representa justamente a todas las partes interesadas y es responsable ante algún órgano judicial del fiel cumplimiento de los términos del fideicomiso.

De otro modo, ¿qué salvaguarda existe contra el abuso de los poderes del fiduciario?

El hecho notorio de que la mitad de los roces entre las naciones europeas surge de reclamaciones en conflicto para asumir el cargo de «fiduciario de la civilización» sobre las razas inferiores y sus posesiones augura un mal pronóstico tanto para la sinceridad de la profesión como para la capacidad moral de cumplirla. Ciertamente, no es muestra de cinismo cuestionar de cerca esta extrema ansiedad por soportar los unos las cargas de los otros entre las naciones.

Esta pretensión de justificar la agresión, la anexión y el gobierno por la fuerza mediante argumentos de deber, confianza o misión solo puede hacerse valer demostrando que quien la reclama está acreditado por un organismo genuinamente representativo de la civilización, ante el cual reconoce una responsabilidad real, y que es, de hecho, capaz de ejecutar dicha encomienda.

En una palabra, hasta que no exista un consejo internacional genuino que faculte a una nación civilizada con el deber de educar a una raza inferior, la pretensión de un "fideicomiso" no es otra cosa que un acto descarado de autoafirmación.

Bien se puede ser escéptico acerca de la pronta viabilidad de cualquier consejo representativo de este tipo; pero hasta que exista, sería mucho más honesto para las naciones "expansivas" confesar la necesidad comercial o la ambición política como el verdadero determinante de su protección de las razas inferiores que fingir un "fideicomiso" que carece de realidad.

Aun si las relaciones internacionales estuvieran más avanzadas y el movimiento iniciado en la Conferencia de La Haya se hubiera consolidado en un organismo permanente y autoritario, representativo de todas las potencias, al que pudieran remitirse no solo las disputas entre las naciones, sino toda la partición de esta labor "civilizadora", el resultado seguiría siendo precario.

Aún existiría el grave peligro de que las "potencias", arrogándose la posesión exclusiva de la "civilización", pudieran condenar a una sujeción insalubre e injusta a algunos pueblos que causaran problemas temporales al mundo por su lento crecimiento, su turbulencia o sus instituciones detestables, para los cuales la libertad podría ser la condición más esencial del progreso.

Aparte de tales malentendidos genuinos, existiría el peligro del establecimiento de una oligarquía autoelegida entre las naciones que, bajo el manto del proceso civilizador, pudiera aprender a vivir parasitariamente a costa de las razas inferiores, imponiéndoles "por su propio bien" todo el trabajo de la industria más duro o servil, y arrogándose para sí los honores y emolumentos del gobierno y la supervisión.

Un análisis claro de las tendencias actuales apunta en verdad a una colusión semejante de las naciones dominantes como el mayor y más grave peligro del futuro próximo. La serie de tratados y convenios entre las principales potencias europeas, comenzando con la Conferencia Africana de Berlín de 1885, que fijó una norma para la «división amistosa» del territorio de África Occidental, y el tratado similar de 1890, que fijó los límites para las incursiones inglesas, alemanas e italianas en África Oriental, marcan sin duda un auténtico avance en las relaciones de las potencias europeas, pero los objetivos y métodos que encarnan arrojan una luz extraña sobre la teoría del fideicomiso. Si al cuidado de África añadimos el de China, donde las potencias europeas han adoptado recientemente una acción conjunta en «interés de la civilización», el porvenir se vuelve aún más amenazador. Si bien la protección de los europeos era el objetivo en primer plano, y propició una breve comunidad genuina de acción entre las diversas naciones, tan pronto como se alcanzó el propósito inmediato se pusieron de manifiesto los motivos más profundos y divergentes de las naciones. Toda la historia de las relaciones europeas con China en los tiempos modernos no es sino un largo y cínico comentario sobre la teoría de que estamos empeñados en la civilización del Extremo Oriente. Expediciones piráticas para imponer el comercio a una nación cuyo único principio de política exterior era mantenerse al margen de los extranjeros, que culminaron en una guerra para forzar la aceptación del opio indio; el abuso de la generosa hospitalidad brindada durante siglos a misioneros pacíficos mediante insultos gratuitos a las instituciones religiosas y políticas del país; la exacción por la fuerza de «concesiones» comerciales y políticas como castigo por actos espasmódicos de represalia; el trueque a sangre fría de misioneros asesinados por la apertura de nuevos puertos de tratado, territorio en Kiao-Chow o un nuevo tramo del Yang-Tsé para los buques comerciales británicos; la mezcla de amenaza, halago y soborno con la que Inglaterra, Rusia, Alemania, Francia y Japón se han esmerado en obtener concesiones ferroviarias o mineras especiales y separadas, en condiciones que excluyen o perjudican los intereses de los demás; la asunción definitiva por parte de obispos y misioneros cristianos de autoridad política, y el uso arrogante y extensivo del llamado derecho de «extraterritorialidad», mediante el cual reclaman, no solo para sí mismos sino para sus supuestos conversos y protegidos, la inmunidad frente a las leyes del país; todas estas cosas exponen suficientemente la vacuidad en la historia real de las pretensiones de que consideraciones de fideicomiso en pro de la civilización animen y regulen la política exterior de la Cristiandad, o de sus naciones componentes. Lo que en realidad nos sale al paso por doquier en la historia moderna es una competencia nacional egoísta, materialista y de miras cortas, matizada por una colusión ocasional. Cuando se adopta una política internacional común para tratar con razas inferiores, esta ha participado de la naturaleza, no de un fideicomiso moral, sino de un «trato» comercial.

Parece muy probable que esta política de «tratos» llegue a ser tan frecuente y sistemática en el mundo de la política como en el del comercio, y que los tratados y alianzas relacionados con el gobierno político y la explotación industrial de los países ocupados por razas inferiores constituyan una forma rudimentaria de internacionalismo efectivo en un futuro próximo.

Ahora bien, tales arreglos políticos no alcanzan, en dos aspectos importantes, a esa confianza genuina en la civilización que es la única que podría otorgar validez moral a un control "civilizado" de los pueblos inferiores.

En primer lugar, su asignación de una esfera de interés o un protectorado a Inglaterra, a Alemania o a Rusia está determinada principalmente por algún interés particular y separado de ese país debido a su contigüidad u otra conveniencia privada, y no por una consideración imparcial de su competencia especial para la obra de la civilización.

Si, por ejemplo, las potencias europeas estuvieran realmente animadas por el deseo de extender la civilización occidental a China por su propio bien y el del mundo, podrían acometer esta tarea de manera más favorable promoviendo la influencia de Japón en lugar de insertar su propio occidentalismo ajeno. Pero nadie propone delegar en Japón esta "confianza"; cada nación piensa en sus propios intereses comerciales actuales y en su prestigio político.

En segundo lugar, la civilización de las razas inferiores, incluso según los criterios occidentales aceptados, no se adopta en ninguna parte como el verdadero fin del gobierno.

Aun cuando se establezca y mantenga un buen orden político, como en Egipto o la India, su fin primario declarado, y su norma de éxito universalmente aceptada, son los beneficios económicos inmediatos que se le atribuyen. El gobierno político del país se dirige primordialmente en todas partes al desarrollo rápido, seguro y eficaz de los recursos nacionales, y a su explotación lucrativa mediante mano de obra nativa bajo dirección blanca. Se sostiene y se cree que este curso es beneficioso para los nativos, así como para el comercio de la Potencia dominante y del mundo en general.

Que los indios o los egipcios estén hoy en día mejor que antes de nuestro dominio autocrático, no solo en recursos económicos sino en justicia sustancial, puede ser muy cierto; incluso puede acreditársenos que muchos de nuestros gobernantes y funcionarios han mostrado cierta preocupación desinteresada por el bienestar inmediato de las razas confiadas (por nosotros mismos) a nuestra tutela. Pero en ninguna parte puede sostenerse sinceramente que ni nosotros ni ninguna otra nación cristiana estemos gobernando a estas razas inferiores según los mismos principios ilustrados que profesamos y a veces practicamos al gobernarnos a nosotros mismos.

Me refiero aquí no al método de gobierno, sino a los fines. En los Estados europeos más ilustrados y en sus colonias genuinas, aunque las consideraciones económicas actuales ocupan un lugar bastante abultado, no absorben el presente y el futuro de la política pública; se prevé cierto margen para la acción de fuerzas no económicas, para la cultura genuina de la vida y el carácter humanos, para el progreso tanto en el crecimiento individual como en el crecimiento social que se logra mediante procesos libres de autogobierno. Estos se consideran condiciones esenciales para el crecimiento saludable de una nación. No son menos esenciales en el caso de las naciones inferiores, y su ejercicio exige más reflexión y más experimentación.

La principal acusación contra el imperialismo en relación con las razas inferiores consiste en esto: que ni siquiera pretende aplicarles los principios de educación y de progreso que aplica en su propia casa.

IV

Si nosotros o cualquier otra nación realmente emprendiéramos el cuidado y la educación de una «raza inferior» en calidad de fideicomiso, ¿cómo deberíamos proceder en la ejecución de dicho fideicomiso?

Estudiando las religiones, las instituciones políticas y sociales de otro tipo y los hábitos del pueblo, y procurando penetrar en su mente actual y en sus capacidades de adaptación, aprendiendo su lengua y su historia, procuraríamos situarlos dentro de la historia natural del hombre; prestando una atención igualmente minuciosa al país en el que viven, y no solo a sus recursos agrícolas y mineros, obtendríamos un control real sobre su entorno.

Luego, acercándonos a ellos con cautela para ganarnos la confianza que pudiendo nos fuera posible respecto a nuestros motivos amistosos, y desalentando abiertamente cualquier intento privado prematuro por parte de compañías explotadoras para trabajar minas, obtener concesiones o menoscabar de otro modo nuestra conducta desinteresada, procuraríamos asumir el papel de asesores.

Aun si fuese necesario imponer cierto grado de autoridad, mantendríamos dicha fuerza en un segundo plano como último recurso, y haríamos de nuestro primer objetivo comprender y promover el sano y libre funcionamiento de todas las fuerzas internas de progreso que pudiéramos descubrir.

El crecimiento natural en el autogobierno y la industria según directrices tropicales sería el fin al que se dirigiría la política ilustrada de asistencia civilizada.

Ahora bien, ¿cuáles son los hechos?

En ninguna parte se ha hecho un intento serio ni organizado, ni siquiera por parte de Gran Bretaña, por mucho la mayor de las administradoras, para aplicar este espíritu de indagación científica y desinteresada a las razas cuyo destino domina. [75]

Las publicaciones de la Aborigines Protection Society y el reciente informe de la Native Races Committee, referentes a Sudáfrica, indican la vasta gama de conocimientos inexplorados y los débiles titubeos que hasta ahora han reemplazado a las investigaciones metódicas. [76]

Es natural que así sea. Los pioneros blancos en estos países rara vez están cualificados para hacer el trabajo requerido; la predisposición del comerciante, del soldado o del viajero profesional es fatal para un estudio sobrio y desinteresado de la vida humana, mientras que el misionero, que ha contribuido más que los demás, rara vez ha estado dotado de la cantidad necesaria de espíritu científico o de formación científica.

Aun el conocimiento que sí poseemos se utiliza rara vez para arrojar luz y guiar nuestro gobierno real de las razas nativas.

Hay en verdad indicios de una inteligencia despierta en ciertos puntos de nuestro Imperio; administradores como sir George Grey, lord Ripon y sir Marshall Clarke han aportado simpatía y conocimiento al establecimiento de experimentos prudentes en el autogobierno.

Las formas de protectorado ejercidas sobre Basutolandia y el país de Khama en el Sur de África, la restitución de la provincia de Mysore al gobierno nativo y la abstención más cuidadosa de interferir en la política interna de los Estados feudatarios en la India, son signos favorables de una política más ilustrada.

En particular, la tendencia del sentimiento liberal en lo que respecta al gobierno de las razas inferiores está experimentando un cambio notable. La noción de que existe un sistema de gobierno sólido, justo y racional, apto para todo tipo y condición de hombres, encarnado en las instituciones representativas electivas de Gran Bretaña, y de que nuestro deber era imponer este sistema tan pronto como fuera posible, y con las menores modificaciones posibles, a las razas inferiores, sin tener en cuenta en absoluto su historia pasada y sus capacidades y sentimientos presentes, tiende a desaparecer en este país, aunque el nuevo e obstinado imperialismo de América sigue expuesto a la burla de que «los estadounidenses piensan que Estados Unidos tiene la misión de llevar la civilización "enlatada" a los paganos».

El reconocimiento de que puede haber muchos caminos hacia la civilización, de que las fuertes diferencias raciales y ambientales impiden un injerto apresurado de instituciones ajenas, sin tener en cuenta la continuidad y la selección de las agencias y formas existentes —estas consideraciones genuinamente científicas y humanas— empiezan a tomar forma en la exigencia de que a las razas nativas dentro de nuestro Imperio se les garantice una mayor libertad de autodesarrollo, y de que el Gobierno imperial limite su intervención a la protección contra enemigos externos y a la preservación de los elementos de buen orden en el interior.

La verdadera política «imperial» se ilustra mejor en el caso de Basutolandia, que fue rescatada en 1884 de los agresivos designios de la Colonia del Cabo, estimulada por explotadores industriales.

Aquí el gobierno imperial británico es ejercido por un Comisionado, con varios magistrados británicos para ocuparse de las infracciones graves contra el orden, y un pequeño cuerpo de policía nativa bajo oficiales británicos. Por lo demás, se conservan las viejas instituciones políticas y económicas: el gobierno de los jefes, bajo un jefe supremo, sujeto al control informal o la influencia de la opinión pública en una asamblea nacional; la administración ordinaria, que consiste principalmente en la asignación de tierras, y la jurisdicción ordinaria se dejan en manos de los jefes.

“Ya en 1855, Moshesh prohibió la práctica de «olfatear» a las brujas, y ahora las autoridades británicas han suprimido las clases de ceremonias más nocivas u ofensivas practicadas por los cafiros. Por lo demás, interfieren lo menos posible en las costumbres nativas, confiando en el tiempo, la paz y los misioneros para asegurar la civilización gradual del pueblo.”

“No se permite a ningún europeo poseer tierras, y se necesita una licencia incluso para tener una tienda. Tampoco se explota ninguna mina, ni se permite la entrada a buscadores de oro europeos para buscar minerales, ya que la política de las autoridades ha sido reservar el país para los nativos, y nada alarma tanto a los jefes como la aparición ocasional de estos caballeros especuladores, quienes, de ser admitidos, pronto los desposeerían”. [77]

Estas oraciones sirven para señalar el camino por el cual la mayor parte de nuestro imperialismo se ha desviado del ideal de una «tutela para la civilización».

La más amplia y, en última instancia, la más importante de las luchas en Sudáfrica es la que enfrenta la política de Basutolandia con la de Johannesburgo y Rodesia; pues ahí, si en algún lugar, ponemos el dedo en la llaga sobre la diferencia entre un imperialismo «sano», consagrado a la protección, la educación y el autodesarrollo de una «raza inferior», y un imperialismo «insano», que entrega estas razas a la explotación económica de colonos blancos que las utilizarán como «herramientas vivas» y sus tierras como yacimientos de tesoros mineros u otros lucrativos tesoros.

V

Es imposible ignorar el hecho de que este imperialismo «más sensato» ha quedado viciado en sus orígenes históricos en casi todos los rincones del globo.

El imperialismo temprano tuvo dos motivos principales, la codicia por el «tesoro» y la trata de esclavos.

Oro y plata, diamantes, rubíes, perlas y otras joyas, las formas más condensadas de riqueza portátil y duradera mediante las cuales los hombres en una sola y arriesgada aventura, por fortuna, fraude o fuerza, podían enriquecerse de repente; estas, desde los antiguos días de Tiro y Cartago, han dirigido la corriente principal tanto de la exploración privada como de la nacional, y han sentado las bases del dominio blanco sobre las razas de color.

Desde Ofir, Golconda y el Orinoco hasta Ashanti, Kimberley, Klondike, Transvaal y Mashonalandia es la misma historia: a los metales más preciosos se sumaron pronto el estaño y el cobre como motivos de empresas comerciales más cercanas y menos arriesgadas, y la economía maquinitista de las últimas generaciones ha elevado los yacimientos de carbón y hierro a la categoría de tesoros dignos de captura y explotación por parte de las naciones civilizadas.

Pero el oro sigue manteniendo su lugar como el centro de gravedad dramático del Imperialismo.

Pero junto con estos motivos, y de una aplicación aún más amplia, ha estado el deseo de obtener suministros de mano de obra esclava o sierva.

El comercio más temprano, el más generalizado y el más lucrativo en la historia del mundo ha sido el de esclavos. Las primeras formas de expansión imperial se dirigieron menos a la ocupación y al gobierno permanentes de países extranjeros que a la captura de grandes contingentes de mano de obra esclava para ser trasladados al país conquistado.

El imperialismo temprano de los Estados griegos y de Roma estuvo gobernado en gran medida por este mismo motivo. Griegos y romanos no solían realizar grandes asentamientos permanentes entre los bárbaros que conquistaban, sino que, contentándose con mantener el control militar y magistral suficiente para garantizar el orden y el pago de tributos, reclutaban un gran número de esclavos para llevarlos a sus propios países con el fin de utilizar su fuerza de trabajo.

Las ciudades griegas eran en su mayoría marítimas, comerciales e industriales, y los esclavos que obtenían del comercio oriental o de los «hinterlands» escitas y tracios los empleaban en sus barcos y muelles, en sus minas, y como artesanos y obreros en sus ciudades: Roma, la capital de un Estado agrícola, utilizaba a sus esclavos en un «sistema de plantación», desplazando con esta mano de obra barata y forzosa al campesinado que, obligado a marchar a Roma, subsistía principalmente de la caridad pública, sufragada por el tributo de sus conquistas extranjeras. [78]

Ahora bien, el imperialismo moderno en su relación con las «razas inferiores» sigue siendo esencialmente del mismo tipo: emplea otros métodos, motivos diferentes y más humanos moderan el predominio de la codicia económica, pero el análisis deja al descubierto el mismo carácter en el fondo.

Dondequiera que los hombres blancos de «razas superiores» han encontrado a salvajes corpulentos o razas inferiores en posesión de tierras que contienen ricos recursos minerales o agrícolas, los han obligado, siempre que han sido lo suficientemente fuertes, a trabajar en su beneficio, ya sea organizando su trabajo en su propia tierra, o induciéndolos a trabajar a cambio de un trueque desigual, o bien trasladándolos como esclavos o sirvientes a otro país donde su fuerza de trabajo pudiera ser utilizada de manera más lucrativa.

El uso de la fuerza imperial para obligar a las «razas inferiores» a dedicarse al comercio es comúnmente una primera etapa del imperialismo. China constituye aquí el caso clásico de los tiempos modernos, al mostrar la escala gradual por la cual el comercio esporádico pasa, a través de «tratados», puertos abiertos por tratados, control aduanero, derechos de comercio interior, concesiones mineras y ferroviarias, hacia la anexión y la explotación general de los recursos humanos y naturales.

La trata de esclavos o la captura forzosa y el traslado de nativos de su tierra natal a una tierra extranjera ha desaparecido casi por completo de la práctica de las naciones occidentales (salvo en el caso de Bélgica en el Congo), al igual que la explotación de los pueblos conquistados como esclavos en su propio país. [79]

La base económica entera de la explotación industrial de las razas inferiores ha cambiado con las condiciones modernas de vida e industria. El cambio es doble: la condición jurídica de esclavo ha dado paso a la de obrero asalariado, y el uso más rentable del trabajo contratado de las razas inferiores es emplearlas en desarrollar los recursos de sus propias tierras bajo el control de los blancos para el lucro de los hombres blancos.

“En la antigüedad, el patrón no habría querido, ni podido, alejarse de su propio país para emplear a libios o escitas en sus lugares de origen. Si dejaba el hogar, no era tan fácil regresar. Estaba prácticamente en el exilio.

En segundo lugar, no era suficientemente dueño de sus esclavos en su propio país. Si eran todos de una misma nación y estaban en su tierra, podían rebelarse o desmandarse. Si un gobierno fuerte impedía eso, de todos modos era mucho más fácil que los esclavos individuales escaparan, una consideración siempre de la máxima importancia.

En los tiempos modernos, la creciente facilidad de comunicación ha permitido a los hombres blancos viajar al extranjero a todas partes de la tierra sin sufrir un verdadero exilio y sin perder la perspectiva de regresar a casa a voluntad. Nuestros gobiernos, juzgados según los estándares antiguos, son milagrosamente fuertes; nuestras armas superiores hacen que las rebeliones sean casi imposibles.

En consecuencia, no intentamos importar negros, coolies y polinesios a Gran Bretaña. La oposición de las clases trabajadoras en el país sería furiosa; e, incluso si se superara ese obstáculo, los hombres de color morirían demasiado rápido en nuestro clima. Todas las condiciones económicas son favorables para explotar al hombre de color en su propia casa”. [80]

Esta conclusión, sin embargo, requiere ciertas matizaciones en el caso de las colonias europeas.

La colonia británica de Queensland y la Nueva Caledonia francesa se nutren todavía de mano de obra en régimen de servidumbre procedente de la Polinesia; Natal ha sido «explotada» en gran medida mediante un flujo similar de mano de obra de «culíes», mientras que la mano de obra china, libre o contratada, se ha abierto camino en los Establecimientos de los Estrechos, Birmania, Borneo, Nueva Guinea, el norte y el este de Australia, y en muchas partes de América, Oceanía y África, hasta que la legislación la ha frenado o prohibido.

Aun así, es cierto que la tendencia moderna general es hacer trabajar al hombre de color en su propio hogar, o en algún país vecino a cuyas características climáticas y naturales pueda adaptarse fácilmente.

La principal condición económica que favorece este rumbo no es, sin embargo, la mayor disposición del hombre blanco moderno a residir durante un tiempo en el extranjero, sino la demanda cada vez mayor de productos tropicales y el abundante desbordamiento de capital de los Estados industriales modernos, que busca inversión en cualquier lugar del mundo donde se pueda emplear mano de obra barata en abundantes recursos naturales,

Los antiguos se llevaban a las razas inferiores a su propio país, porque podían utilizar su trabajo pero tenían poca utilidad para sus tierras; nosotros, los modernos, queremos que las razas inferiores exploten sus propias tierras en nuestro beneficio.

Los gustos por los productos agrícolas tropicales, como arroz, té, azúcar, café, caucho, etc., despertados primero por el comercio, han crecido tan rápida y fuertemente que requerimos suministros mayores y más fiables de los que el comercio con razas mal disciplinadas puede ofrecernos; necesitamos organizar la industria mediante la ciencia occidental y el capital occidental, y desarrollar nuevos suministros.

Lo mismo ocurre con los vastos recursos minerales de las tierras pertenecientes a las razas inferiores; el capital occidental y la energía explotadora occidental exigen el derecho a prospectarlos y desarrollarlos.

La verdadera historia del imperialismo, a diferencia del colonialismo, ilustra claramente esta tendencia. Nuestro primer contacto organizado con las razas inferiores se realizó mediante compañías comerciales, a las cuales se les concedieron algunos poderes de asentamiento y derechos de gobierno por vía de carta constitutiva como algo incidental al propósito principal, a saber, el de llevar a cabo el comercio con los habitantes nativos.

Los pequeños asentamientos que tuvieron lugar al principio fueron para el comercio y no para la expansión política o la colonización genuina de un nuevo país. Este fue el caso incluso en América con las Compañías de Londres y Plymouth, la Compañía de la Bahía de Massachusetts y la Compañía de la Bahía de Hudson, aunque pronto surgieron otros motivos colonizadores; nuestra primera entrada en las Antillas fue mediante un asentamiento comercial de la Compañía de Londres en Barbados; los cimientos de nuestro gran Imperio Oriental se establecieron en las operaciones comerciales de la Compañía de las Indias Orientales, mientras que la Costa de Oro fue tocada por primera vez por la Royal Africa Company en 1692.

Holanda y Francia fueron movidas por el mismo propósito, y los asentamientos tropicales o subtropicales que más tarde pasaron de sus manos a las nuestras estuvieron dominados mayoritariamente por el comercialismo y un gobierno basado abiertamente en la explotación comercial. [81]

A medida que nos acercamos a tiempos más recientes, la inversión de capital y la organización de la mano de obra nativa en la tierra, el sistema de plantaciones, desempeñan un papel más destacado en la política de las nuevas compañías, y la Compañitaria de Borneo Septentrional Británico, la Compañía de Sierra Leona, la Compañía Real del Níger, la Compañía de África Oriental, la Compañía de la Sudáfrica Británica, ya no son principalmente organismos comerciales, sino que se dedican cada vez más al control y desarrollo de los recursos agrícolas y mineros mediante mano de obra nativa bajo dirección blanca para abastecer a los mercados occidentales.

En la mayor parte del mundo, un motivo y una conducta puramente o distintivamente comerciales han proporcionado el núcleo a partir del cual ha crecido el imperialismo; el asentamiento comercial temprano se convierte en un asentamiento industrial, con concesiones de tierras y minerales creciendo a su alrededor, un asentamiento industrial que implica el uso de la fuerza para la protección, para conseguir más concesiones y para frenar o castigar las infracciones de acuerdos o las rupturas del orden; otros intereses, políticos y religiosos, intervienen en mayor medida, el asentamiento comercial original adquiere un carácter político y militar más fuerte, las riendas del gobierno suelen ser asumidas por el Estado a partir de la compañía, y un protectorado de definición vaga pasa gradualmente a la forma de colonia.

Sierra Leona, Uganda y, en un futuro no muy lejano, Rodesia, servirán como ejemplos recientes de esta evolución.

Part II, Chapter IV (cont’d)

Notas

71. Kidd, The Control of the Tropics, p. 53 (Macmillan & Co.).

72. El gobierno de una compañía privilegiada no es necesariamente malo en sus resultados directos. Es, de hecho, poco más que un despotismo privado hecho más precario de lo habitual debido a que ha sido establecido en aras de los dividendos.

Un «director gerente» puede ser escrupuloso y previsor, como Sir G.T. Goldie en la Compañía del Níger, o inescrupuloso y corto de miras, como el Sr. Rhodes en la Compañía Privilegiada de Sudáfrica. La tiranía descontrolada del director gerente puede ilustrarse con el testimonio del duque de Abercorn presentado ante el Comité de Sudáfrica.

«El Sr. Rhodes había recibido un poder notarial para hacer exactamente lo que quisiera sin consultar con la Junta, limitándose simplemente a notificar lo que se había hecho».

73. M. Brunetière, citado en la Edinburgh Review, abril de 1900.

74. Del Times, 24 de febrero de 1902.

“Hong Kong, 22 de febrero.

“Los misioneros alemanes que escaparon después de que la casa misional en Frayuen fuera destruida por los chinos han regresado.

Se informa desde Cantón que el obispo francés tiene la intención de proteger a los nativos que destruyeron la estación misional de Berlín.

La primera información mostró que existía hostilidad por parte de los católicos hacia los protestantes nativos, pero se cree que los agresores adoptaron el catolicismo como un subterfugio.

Si el obispo los defiende, la situación de las misiones en Kwang-tung se complicará”.

75. La reciente formación de una Sociedad Africana, en memoria de la señorita Mary Kingsley, para el estudio de las razas de ese continente, es un paso en la dirección correcta.

76. No se pretende aquí menoscabar la excelente labor de la Sociedad y del Comité aquí mencionados. Han manejado bien y con precisión su material. Lo que tanto falta es la labor de investigación original.

77. Mr. Bryce, Impressions of South Africa, p. 422.

78. Véase el Sr. Gilbert Murray en Liberalism and the Empire, págs. 126-129 (Brimley Johnson).

79. En el Protectorado británico de Zanzíbar y Pemba, sin embargo, la esclavitud aún existe (a pesar del decreto de emancipación del Sultán de 1897) y los tribunales de justicia británicos reconocen dicho estatus.

La señorita Emily Hutchinson, vinculada a la Misión Industrial de los Amigos (Friends’ Industrial Mission) en Pemba, afirmó que habían pasado cinco años desde que se abolió el estatus legal de la esclavitud en Zanzíbar y Pemba. Todo el mundo, incluidos aquellos que estaban más ansiosos por que la liberación avanzara lentamente, se mostraba insatisfecho con el estado actual de cosas.

De una población estimada de 25.000 esclavos en Pemba, menos de 5.000 habían sido liberados hasta entonces en virtud del decreto (Asamblea Anual de la Sociedad Antiesclavista, 4 de abril de 1902).

80. Murray, Liberalism and the Empire, p. 141.

81. Véase Morris, The History of Colonisation, vol. II, pág. 60, et seq.

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