John A. Hobson

I

Si el imperialismo ya no puede considerarse como un destino ciego e inevitable, ¿es seguro que se pueda detener la expansión imperial como una línea de política pública deliberadamente elegida?

Hemos visto que está motivada, no por los intereses de la nación en su conjunto, sino por los de ciertas clases, que imponen dicha política a la nación en beneficio propio. El amalgama de fuerzas económicas y políticas que ejerce esta presión ha sido sometido a un riguroso análisis.

Pero ¿acaso la detección de esta confederación de fuerzas perversas destruirá o disminuirá de algún modo su poder operativo? Pues este poder es el resultado natural de una teoría desacertada en nuestra política exterior.

Dicha en palabras claras, la teoría es la siguiente: cualquier súbdito británico que decida, por su propio placer o beneficio privado, arriesgar su persona o su propiedad en el territorio de un Estado extranjero puede exigir a esta nación que lo proteja o lo vengue en caso de que él o su propiedad sufran daños, ya sea por parte del Gobierno o de cualquier habitante de dicho Estado extranjero.

Ahora bien, esta es una doctrina peligrosa:

Pone la totalidad de los recursos militares, políticos y financieros de esta nación a disposición y a las órdenes de cualquier sociedad misionera que considere que tiene el deber peculiar de atacar los sentimientos o observancias religiosas de algún pueblo salvaje, o de cualquier explorador imprudente que elija precisamente aquellos lugares de la tierra conocidos por estar habitados por pueblos hostiles e ignorantes del poder británico;
el comerciante especulador o el buscador de oro gravita naturalmente hacia países peligrosos e inexplorados, donde las ganancias de una empresa exitosa serán rápidas y cuantiosas.

Todos estos hombres, misioneros, viajeros, deportistas, científicos, comerciantes, que no son en ningún sentido propio representantes acreditados de este país, sino que actúan impulsados por motivos personales privados, tienen la libertad de exigir a la nación británica que gaste millones de dinero y miles de vidas para defenderlos de riesgos que la nación no ha autorizado.

Es de justicia añadir que estadistas sin escrúpulos han utilizado deliberadamente estos insidiosos métodos de usurpación, aprovechando cada supuesto ultraje infligido a estos aventureros o merodeadores privados como pretexto para una expedición punitiva que da como resultado que la bandera británica ondee sobre alguna nueva extensión de territorio.

De este modo, se permite que los miembros individuales más imprudentes e irresponsables de nuestra nación dirijan nuestra política exterior. Ahora que contamos con unos cuatro cualquiera de los cuales, en teoría o en la práctica, puede reclamar las armas británicas para librarlo de las consecuencias de su necedad privada, las perspectivas de una auténtica pax Britannica no son precisamente halagüeñas.

Pero esos riesgos esporádicos, por graves que a veces hayan resultado, son insignificantes si se comparan con los peligros asociados a los métodos modernos del capitalismo y las finanzas internacionales.

No hace mucho tiempo que la industria estaba prácticamente limitada por fronteras políticas, y el intercambio económico de las naciones se reducía casi por completo al intercambio comercial de mercancías.

La reciente costumbre de invertir capital en un país extranjero ha crecido ahora hasta tal punto que las clases adineradas y políticamente poderosas de la Gran Bretaña actual obtienen una proporción grande y cada vez mayor de sus ingresos a partir de capital invertido fuera del Imperio británico.

Esta creciente participación de nuestras clases adineradas en países sobre los cuales no ejercen ningún control político constituye una fuerza revolucionaria en la política moderna; implica una tendencia constante y creciente a utilizar su poder político como ciudadanos de este Estado para interferir en la condición política de aquellos Estados donde poseen intereses industriales.

La naturaleza esencialmente ilícita de este uso de los recursos públicos de la nación para salvaguardar y mejorar las inversiones privadas debe ser claramente reconocida.

Si pongo mis ahorros en una inversión nacional, tengo en cuenta todas las eventualidades y cambios a los que el negocio está sujeto, incluidas las posibilidades de cambios políticos en los aranceles, la fiscalidad o la legislación industrial que puedan afectar a sus beneficios.

En el caso de tal inversión, soy muy consciente de que no tengo derecho a exigir al público que me proteja de la pérdida o la depreciación de mi capital debida a cualquiera de estas causas. Las condiciones políticas de mi país se toman en cuenta en el momento de realizar mi inversión.

Si invierto en fondos públicos británicos, reconozco plenamente que no se me concede ningún derecho de injerencia política en la política exterior que afecte a mi inversión en virtud de mi interés como tenedor de fondos.

Pero, si invierto ya sea en los fondos públicos o en alguna empresa industrial privada en un país extranjero para el beneficio de mi bolsillo privado, obteniendo condiciones especialmente favorables para cubrir los riesgos derivados de la inseguridad política del país o de las deficiencias de su Gobierno, tengo derecho a exigir a mi Gobierno que utilice su fuerza política y militar para asegurarme frente a esos mismos riesgos que ya he descontado en los términos de mi inversión.

¿Puede haber algo más palpablemente injusto?

Puede decirse que tal derecho del inversor individual a la ayuda del Estado no es admitido.

Pero aunque la teoría no se haya proclamado abiertamente, la historia reciente muestra el crecimiento de una práctica coherente basada en su aceptación tácita. No necesito rehacer la clara cadena de pruebas, que consiste principalmente en las admisiones de los capitalistas mineros, mediante la cual este derecho a utilizar los recursos públicos para su beneficio privado ha sido impuesto por los financieros que sedujeron a nuestro Gobierno y a nuestro pueblo hacia nuestra última y más costosa hazaña.

Este no es más que el ejemplo más claro y dramático del funcionamiento de las fuerzas mundiales de las finanzas internacionales:

Estas fuerzas se describen comúnmente como capitalistas, pero el peligro más grave no proviene de las inversiones industriales genuinas en tierras extranjeras, sino de la manipulación de acciones y títulos basándose en dichas inversiones por parte de los financieros.

Quienes poseen un interés real en los recursos naturales o la industria de una tierra extranjera tienen al menos cierto interés sustancial en la paz y el buen gobierno de esa tierra; pero el especulador bursátil no tiene tal interés: su interés radica en las oscilaciones de los valores de papel, que requieren la fluctuación y la inseguridad de las condiciones políticas como su instrumento.

Como estas formas de inversión y finanzas internacionales están más extendidas y mejor organizadas con fines económicos y políticos, estas demandas de injerencia política y militar en países extranjeros, bajo el pretexto de proteger la propiedad de los súbditos británicos, serán más frecuentes y más eficaces; las demandas de los inversores irán respaldadas comúnmente por los agravios personales de los outlanders británicos, y nos veremos arrastrados a una serie de injerencias en los Gobiernos extranjeros que, si logramos llevar a cabo con éxito, conducirán a la anexión de territorio como única garantía para las vidas y propiedades de nuestros súbditos.

Que esta política conduce directamente a la ruina es algo que no admite duda. Pero ¿cómo detenerla? ¿Qué principio de seguridad podemos establecer?

Uno solo: un repudio absoluto al derecho de los súbditos británicos a exigir que su Gobierno proteja sus personas o propiedades de los perjuicios o peligros en los que incurran por iniciativa propia.

Este principio es justo y conveniente. Si enviamos a un emisario en misión pública a un país extranjero, respaldémoslo y protejámoslo con nuestros fondos y armas públicas; si un particular, o una compañía de particulares, ponen sus vidas o propiedades en tierra extranjera buscando sus propios fines, que entiendan claramente que lo hacen por su cuenta y riesgo, y que el Estado no actuará para su protección.

Si una inversión tan completa de nuestra política coherente ha de considerarse como un consejo de perfección que implica un abandono definitivo de los derechos domiciliarios, comerciales y de otra índole garantizados por los tratados o convenciones existentes con Estados extranjeros, en cuya observancia tenemos derecho a insistir, establezcamos al menos dos reglas claras de política.

Primero, no sancionar jamás ninguna injerencia por parte de nuestros representantes extranjeros basándose en motivos generales de mal gobierno exterior ajenos a los estrictos límites de nuestros derechos dimanantes de tratados, sometiendo la interpretación de tales derechos a arbitraje.
Segundo, si en algún caso se emplea la fuerza armada para asegurar la observancia de dichos derechos dimanantes de tratados, limitar dicha fuerza a la consecución del objetivo específico que justifica su uso.

II

El análisis del imperialismo, con sus apoyos naturales, el militarismo, la oligarquía, la burocracia, el proteccionismo, la concentración de capital y las violentas fluctuaciones comerciales, lo ha señalado como el peligro supremo de los Estados nacionales modernos.

El poder de las fuerzas imperialistas dentro de la nación para utilizar los recursos nacionales en su propio beneficio privado, mediante el manejo del instrumento del Estado, solo puede ser derrocado por el establecimiento de una democracia genuina, la dirección de la política pública por el pueblo y para el pueblo a través de representantes sobre los cuales ejerzan un control real.

Si esta o cualquier otra nación es todavía competente para tal democracia bien puede ser motivo de grave duda, pero hasta que la política exterior de una nación esté «firmemente basada en la voluntad del pueblo» y a menos que lo esté, parece haber pocas esperanzas de remedio.

El susto de una gran guerra reciente puede frenar por un breve tiempo la confianza de estos conspiradores contra la república y hacer que se detengan, pero las fuerzas financieras recién generadas exigirán nuevos mercados y utilizarán las mismas alianzas políticas y los mismos apoyos sociales, religiosos y filantrópicos en su presión para nuevas empresas.

Las circunstancias de cada nueva hazaña imperialista difieren de las de todas las precedentes: cualquier ingenio que se requiera para la perversión de la inteligencia pública, o la inflamación del sentimiento público, estará disponible.

El imperialismo apenas comienza a explotar todos sus recursos y a desarrollar como un arte refinado la gestión de las naciones: la amplia concesión de un sufragio, ejercido por un pueblo cuya educación ha alcanzado la etapa de una capacidad acrítica para leer material impreso, favorece enormemente los designios de los políticos de negocios perspicaces, quienes, al controlar la prensa, las escuelas y, cuando es necesario, las iglesias, imponen el imperialismo a las masas bajo el atractivo disfraz del patriotismo sensacionalista.

La principal fuente económica del imperialismo se ha hallado en la desigualdad de las oportunidades industriales mediante la cual una clase favorecida acumula elementos superfluos de renta que, en su búsqueda de inversiones rentables, se adentran cada vez más lejos:

la influencia sobre la política estatal de estos inversores y sus gestores financieros asegura una alianza nacional de otros intereses creados que se ven amenazados por los movimientos de reforma social:
la adopción del imperialismo sirve así al doble propósito de asegurar beneficios materiales privados para las clases favorecidas de inversores y comerciantes a costa del público, al tiempo que sostiene la causa general de conservadurismo al desviar la energía y el interés públicos de la agitación nacional hacia el empleo exterior.

La capacidad de una nación para sacudirse esta peligrosa usurpación de su poder, y para emplear los recursos nacionales en el interés nacional, depende de la educación de una inteligencia nacional y de una voluntad nacional, que hagan de la democracia una realidad política y económica.

Calificar al imperialismo de política nacional es una descarada falsedad: los intereses de la nación se oponen a cada acto de esta política expansionista. Cada ampliación de Gran Bretaña en los trópicos constituye un claro debilitamiento del verdadero nacionalismo británico.

En efecto, el imperialismo es alabado en ciertos sectores por esta misma razón: porque al romper los estrechos límites de las nacionalidades, facilita e impulsa el internacionalismo. Hay incluso quienes favorecen o condonan la supresión por la fuerza de las nacionalidades pequeñas por parte de las más grandes bajo el impulso del imperialismo, porque imaginan que este es el acercamiento natural a una federación mundial y a la paz eterna.

Es difícil concebir una visión más falsa de la evolución política. Si hay una condición previa al internacionalismo efectivo o al establecimiento de cualquier relación confiable entre los Estados, es la existencia de naciones fuertes, seguras, bien desarrolladas y responsables. El internacionalismo jamás puede verse favorecido por la supresión o la absorción forzosa de las naciones; pues estas prácticas repercuten desastrosamente en los resortes del internacionalismo: por un lado, ponen a las naciones en defensa armada y ahogan los acercamientos amistosos entre ellas; por el otro, debilitan a las naciones más grandes debido a una corpulencia y una indigestión excesivas.

La esperanza de un futuro internacionalismo exige, por encima de todo, el mantenimiento y el crecimiento natural de las nacionalidades independientes, pues sin ellas no podría haber una evolución gradual hacia el internacionalismo, sino tan solo una serie de intentos infructuosos de lograr un cosmopolitismo caótico e inestable. Del mismo modo que el individualismo es esencial para cualquier forma sensata de socialismo nacional, el nacionalismo es esencial para el internacionalismo: no se puede concebir ninguna noción orgánica de la política mundial sobre ninguna otra suposición.

Exactamente en la medida en que sea posible la sustitución de los verdaderos gobiernos nacionales por las oligarquías existentes o falsas democracias, desaparecerán los aparente conflictos de intereses nacionales, y se manifestará la cooperación fundamental en la que el libre comercio del siglo XIX confió prematuramente. El actual gobierno de clase significa la ruptura o el antagonismo de las naciones, porque cada clase gobernante solo puede mantener y ejercer su dominio forzando los antagonismos de la política exterior: las democracias inteligentes percibirían su identidad de intereses y la asegurarían mediante su política amistosa. Las fuerzas genuinas del internacionalismo, así liberadas, se desplegarían primero como fuerzas económicas, asegurando una cooperación internacional más eficaz para los servicios de transporte postal, telegráfico, ferroviario y de otro tipo, para el intercambio monetario y para normas comunes de medición de diversa índole, así como para una mejor intercomunicación de personas, mercancías e información. Relacionado y subsidiario de estos propósitos surgiría un crecimiento del mecanismo de tribunales y congresos, al principio informal y privado, pero tomando forma gradualmente en un mecanismo más definido y público: los intereses comunes de las artes y las ciencias irían tejiendo por todas partes una elaborada red de internacionalismo intelectual, y tanto la comunidad económica e intelectual de necesidades como los intereses contribuirían al crecimiento natural de la solidaridad política requerida para mantener esta comunidad real.

Es así, y solo así, como pueden resolverse los actuales y falsos antagonismos de las naciones, con sus desperdicios y peligros, y su retraso en el curso general de la civilización.

Sustituir este descubrimiento y expresión pacíficos de los intereses comunes por una política federal basada directamente en intereses políticos y militares egoístas —la idea que anima una alianza anglosajona o un imperio pangermánico— es elegir deliberadamente un camino hacia el internacionalismo más largo, más difícil y mucho más peligroso.

El vínculo económico es mucho más fuerte y fiable como base de un internacionalismo creciente que el llamado vínculo racial o una alianza política construida sobre algún cálculo miope de una balanza de poder.

Es, por supuesto, muy posible que una alianza paneslava, pangermánica, panbritánica o panlatina, si la federación se mantuviera lo suficientemente voluntaria y elástica, contribuyera al curso más amplio del internacionalismo.

Pero el propósito francamente militar que comúnmente se atribuye a tales alianzas augura un mal servicio a dicha contribución. Es mucho más probable que tales alianzas se formen en interés de las clases «imperialistas» de las naciones contratantes, con el fin de explotar más eficazmente los recursos nacionales conjuntos.

Hemos apuntado la posibilidad de una alianza aún mayor de los Estados occidentales, una federación europea de grandes potencias que, lejos de promover la causa de la civilización mundial, podría introducir el peligro gigantesco de un parasitismo occidental: un grupo de naciones industriales avanzadas cuyas clases altas extrajeran un vasto tributo de Asia y África, con el cual mantendrían a grandes masas domesticadas de sirvientes, ya no dedicados a las industrias básicas de la agricultura y la manufactura, sino ocupados en la realización de servicios personales o industriales menores bajo el control de una nueva aristocracia financiera.

Que aquellos que desdeñen semejante teoría por considerarla indigna de consideración examinen la condición económica y social de los distritos del sur de Inglaterra hoy en día, los cuales ya se encuentran reducidos a esta situación, y reflexionen sobre la vasta extensión de un sistema tal que podría hacerse factible mediante la subyeción de China al control económico de grupos similares de financistas, inversores y funcionarios políticos y empresariales, drenando el mayor depósito potencial de ganancias que el mundo ha conocido jamás, con el fin de consumirlo en Europa.

La situación es demasiado compleja, el juego de las fuerzas mundiales demasiado incalculable, como para hacer que esta o cualquier otra interpretación única del futuro sea muy probable; pero las influencias que rigen el imperialismo de la Europa occidental hoy en día avanzan en esta dirección y, a menos que sean contrarrestadas o desviadas, conducen hacia una consumación de este tipo.

Si las clases dominantes de las naciones occidentales pudieran comprender sus intereses en una combinación de ese tipo (y cada año el capitalismo se muestra de manera más evidente como algo internacional), y si China fuera incapaz de desarrollar poderes de resistencia armada, la oportunidad de un imperialismo parasitario que reproduzca a mayor escala muchos de los rasgos principales del Imperio romano tardío se presenta visiblemente.

Ya consideremos el imperialismo a esta mayor escala o limitado a la política de Gran Bretaña, hallamos mucho que es estrechamente análogo al imperialismo de Roma.

El auge de una aristocracia prestamista de dinero en Roma, compuesta por hombres astutos y sin escrúpulos de muchas naciones, que ocupaban los altos cargos del Estado con sus criaturas, «jefes» políticos o aventureros militares, que habían surgido como usureros, publicanos o jefes de policía en las provincias, fue el rasgo más distintivo de la última Roma imperial. Esta clase se nutría continuamente de funcionarios retornados y millonarios coloniales.

Los grandes ingresos obtenidos mediante el saqueo oficial privado, el tributo público, la usura y las rentas oficiales de las provincias tuvieron las siguientes reacciones sobre Italia. Los italianos ya no eran necesarios para trabajar la tierra ni para las manufacturas, ni siquiera para el servicio militar.

«Las últimas campañas en el Rin y el Danubio», se señala, «fueron en realidad cacerías de esclavos a escala gigantesca». [35]

Los agricultores italianos, atraídos al principio de la vida rural a la vida militar, no tardaron en verse permanentemente desplazados de la agricultura por el trabajo de los siervos en los latifundia, y tanto ellos como sus familias fueron absorbidos por las heces de la vida urbana, para subsistir como población paupérrima a expensas de la caridad pública.

Un ejército colonial mercenario desplazó cada vez más a las fuerzas nacionales.

La vida urbana parasitaria, con su vitalidad disminuida y la creciente infrecuencia del matrimonio, a la que Gibbon llama la atención [36], deterioró rápidamente el físico de la población nativa de Italia, y Roma subsistió cada vez más de la inmigración de vigor virgen procedente de la Galia y de Germania.

La necesidad de mantener poderosos ejércitos mercenarios para retener las provincias incrementó continuamente el peligro, ya manifiesto en los últimos años de la República, derivado de las ambiciones políticas de los grandes procónsules queconspiraban con un sector plutocrático en Roma contra la República.

Con el paso del tiempo, esta oligarquía financiera se convirtió en una aristocracia hereditaria, y se retiró del servicio militar y civil, confiando cada vez más en extranjeros contratados: socavados ellos mismos por el lujo y la ociosidad, y corrompiendo con una servidumbre mixta y el libertinaje a la plebe romana, debilitaron de tal modo al Estado que destruyeron la vitalidad física y moral requerida para mantener a raya y bajo gobierno el vasto depósito de fuerzas del Imperio explotado.

La causa directa de la decadencia y caída de Roma se expresa políticamente con el término «ultracentralización», que transmite en síntesis la verdadera esencia del imperialismo, diferenciándolo, por un lado, del crecimiento nacional y, por el otro, del colonialismo.

El parasitismo, practicado a través de la tributación y la usura, conllevó una centralización constantemente creciente de los instrumentos de gobierno, y una presión cada vez mayor sobre este gobierno, a medida que la presa se iba empobreciendo más debido al drenaje y daba muestras de inquietud.

“La evolución de esta sociedad centralizada fue tan lógica como cualquier otra obra de la naturaleza. Cuando la fuerza llegó a la etapa en que se expresaba exclusivamente a través del dinero, la clase gobernante dejó de ser elegida por ser valiente o elocuente, artística, culta o devota, y fue seleccionada únicamente porque tenía la facultad de adquirir y conservar la riqueza. Mientras los débiles conservaron suficiente vitalidad para producir algo que pudiera ser absorbido, esta oligarquía fue invariable; y, durante muchísimos años después de que el campesinado nativo de la Galia e Italia hubiera desaparecido de la tierra, sangre nueva, inyectada por razas más tenaces, mantuvo viva a la civilización moribunda. La debilidad de la clase adinerada residía en este mismo poder, pues no solo mataron al productor, sino que, en la fuerza de su afán de acumulación, no lograron reproducirse a sí mismos”. [37]

Este es el ejemplo más vasto y claro que presenta la historia del proceso de parasitismo social mediante el cual un interés dinerario dentro del Estado, usurpando las riendas del gobierno, propicia la expansión imperial con el fin de clavar ventosas económicas en cuerpos extranjeros para drenar su riqueza y mantener así el lujo doméstico.

El nuevo imperialismo no difiere en ningún punto sustancial de este viejo ejemplo. El elemento de tributo político está ahora ausente o es bastante secundario, y las formas más cruentas de esclavitud han desaparecido: algunos elementos de un gobierno más genuino y desinteresado sirven para matizar y enmascarar la naturaleza distintivamente parasitaria de esta última variante.

Pero de la naturaleza nadie se burla: las leyes que, operativas en toda la naturaleza, condenan al parásito a la atrofia, la descomposición y la extinción final, no son eludidas por las naciones más que por los organismos individuales.

La mayor complejidad del proceso moderno, el intento de escapar a la reacción parasitaria prestando servicios reales pero muy desiguales e inadecuados al «huésped», puede retrasar, mas no puede evitar definitivamente las consecuencias naturales de vivir a costa de los demás.

La afirmación de que un Estado imperial que subyuga por la fuerza a otros pueblos y a sus tierras lo hace con el propósito de prestar a los conquistados servicios equivalentes a los que les exige es notoriamente falsa: ni pretende servicios equivalentes ni es capaz de prestarlos, y el pretexto de que tales beneficios para los gobernados constituyen un motivo principal o un resultado del imperialismo implica un grado de oblicuidad moral o intelectual tan grave que constituye en sí mismo un nuevo peligro para cualquier nación que fomente una noción tan falsa sobre la naturaleza de su conducta.»

«Que el motivo esté en la acción, no en el resultado», reza un proverbio persa.

El imperialismo es una opción depravada de vida nacional, impuesta por intereses egoístas que apelan a las pasiones de la avidez cuantitativa y de la dominación enérgica que sobreviven en una nación desde los primeros siglos de lucha animal por la existencia.

Su adopción como política implica la renuncia deliberada al cultivo de esas cualidades interiores superiores que, tanto para una nación como para un individuo, constituyen el ascendiente de la razón sobre el impulso bruto. Es el pecado acosador de todos los Estados exitosos, y su castigo es inalterable en el orden de la naturaleza.

Notas

Adams, Civilisation and Decay, p. 38.

Cap.xii.

Adams, Civilisation and Decay, p. 44.

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