Del contrato original.

Como ningún partido, en la época actual, puede sostenerse sin un sistema filosófico o especulativo de principios anexo a su sistema político o práctico, encontramos en consecuencia que cada uno de los partidos en que esta nación está dividida ha levantado una estructura del primer tipo, con el fin de proteger y cubrir ese plan de acciones que persigue.

Al ser el pueblo comúnmente un constructor muy burdo, especialmente en esta vía especulativa, y más especialmente aún cuando se halla movido por el celo partidista, es natural imaginar que su obra debe de resultar un tanto informe, y mostrar evidentes marcas de esa violencia y prisa con la que fue erigida.

• Un partido, al remontar el origen del gobierno hasta la Divinidad, se esfuerza por hacer que el gobierno sea tan sagrado e {p175} inviolable que tocarlo o invadirlo en el más mínimo detalle, por muy desordenado que pueda llegar a ser, debe de ser poco menos que un sacrilegio.
• El otro partido, al fundamentar el gobierno enteramente en el consentimiento del pueblo, supone que existe una especie de contrato original mediante el cual los súbditos se han reservado el poder de resistir a su soberano siempre que se consideren agraviados por esa autoridad que, para ciertos fines, le han confiado voluntariamente.

Estos son los principios especulativos de ambos partidos, y estas son también las consecuencias prácticas que se deducen de ellos.

Me aventuraré a afirmar que ambos sistemas de principios especulativos son justos, aunque no en el sentido pretendido por las partes; y que ambos esquemas de consecuencias prácticas son prudentes, aunque no en los extremos a los que cada parte, en oposición a la otra, se ha esforzado habitualmente por llevarlos.

Que la Divinidad es el autor último de todo gobierno jamás será negado por nadie que admita una providencia general y reconozca que todos los acontecimientos en el universo se conducen mediante un plan uniforme y se dirigen hacia propósitos sabios.

Como es imposible que el género humano subsista, al menos en un estado cómodo o seguro, sin la protección del gobierno, el gobierno debió de ser indudablemente concebido por aquel Ser benéfico que busca el bien de todas sus criaturas; y como, de hecho, se ha establecido universalmente en todos los países y en todas las edades, podemos concluir, con aún mayor certeza, que fue previsto por aquel Ser omnisciente a quien ningún acontecimiento u operación puede jamás engañar.

Pero como él le dio origen, no mediante una interposición particular o milagrosa, sino por su eficacia oculta y universal, un soberano no puede, hablando con propiedad, ser llamado su representante en ningún otro sentido que aquel en que se puede decir que todo poder o fuerza derivado de él actúa por su comisión.

Cualquier cosa que suceda en realidad está comprendida en el plan general o la intención de la providencia; ni tiene el príncipe más grande y legítimo ninguna razón, por ese motivo, para invocar una santidad peculiar o una autoridad inviolable, más que {p176} un magistrado inferior, o incluso un usurpador, o incluso un ladrón y un pirata.

El mismo superintendente divino que, con sabios propósitos, investido de autoridad a una Isabel o un Enrique​¹⁰³, confirió también, con propósitos sin duda igualmente sabios, aunque desconocidos, el poder a un Borgia o a un Angria.

Las mismas causas que dieron origen al poder soberano en todo Estado, establecieron asimismo toda pequeña jurisdicción en él, y toda autoridad limitada. Un alguacil, por tanto, no menos que un rey, actúa por mandato divino y posee un derecho inalienable.

Cuando consideramos cuán iguales son casi todos los hombres en su fuerza corporal, e incluso en sus poderes y facultades mentales, hasta que son cultivados por la educación, debemos admitir necesariamente que nada más que su propio consentimiento pudo en un principio asociarlos y someterlos a cualquier autoridad.

El pueblo, si remontamos el gobierno hasta su primer origen en los bosques y los desiertos, es la fuente de todo poder y jurisdicción, y voluntariamente, en aras de la paz y el orden, abandonó su libertad nativa y recibió leyes de su igual y compañero.

Las condiciones bajo las cuales estaban dispuestos a someterse fueron expresadas, o bien eran tan claras y obvias que bien podría considerarse superfluo expresarlas.

Si esto, por tanto, es lo que se entiende por el contrato original, no se puede negar que todo gobierno se fundamenta en un principio en un contrato, y que las combinaciones rudimentarias más antiguas de la humanidad se formaron enteramente sobre ese principio.

En vano se nos envía a los archivos en busca de esta carta de nuestras libertades. No fue escrita en pergamino, ni tampoco en hojas o cortezas de árboles. Precedió al uso de la escritura y a todas las demás artes civilizadas de la vida. Pero la rastreamos claramente en la naturaleza del hombre y en la igualdad que hallamos en todos los individuos de esa especie.

La fuerza que ahora prevalece, y que se fundamenta en flotas y ejércitos, es claramente política y deriva de la autoridad, el efecto del gobierno establecido. La fuerza natural de un hombre consiste únicamente en el vigor de sus extremidades y en la {p177} firmeza de su valor, lo cual nunca podría someter a multitudes al mando de uno solo. Nada más que su propio consentimiento, y su sentido de las ventajas de la paz y del orden, podría haber tenido esa influencia.

Pero los filósofos que han abrazado un partido (si eso no es una contradicción en los términos) no se contentan con estas concesiones. Afirman, no solo que el gobierno en su más tierna infancia surgió del consentimiento o de la combinación voluntaria del pueblo, sino también que, incluso en la actualidad, cuando ha alcanzado su plena madurez, no descansa sobre ningún otro cimiento.

Afirman que todos los hombres nacen todavía iguales, y no deben lealtad a ningún príncipe o gobierno a menos que estén ligados por la obligación y sanción de una promesa. Y como ningún hombre, sin alguna contrapartida, renunciaría a las ventajas de su libertad nativa y se sometería a la voluntad de otro, se entiende siempre que esta promesa es condicional, y no le impone ninguna obligación a menos que halle justicia y protección en su soberano.

Estas ventajas se las promete el soberano a cambio, y si este falla en su cumplimiento, ha roto por su parte los artículos del compromiso, y con ello ha liberado a sus súbditos de toda obligación de lealtad. Tal es, según estos filósofos, el fundamento de la autoridad en todo gobierno, y tal el derecho de resistencia que posee todo súbdito.

Pero si estos razonadores miraran al mundo que les rodea, no encontrarían nada que corresponda en lo más mínimo a sus ideas, o que pueda justificar una teoría tan refinada y filosófica. Por el contrario, hallamos por todas partes príncipes que reclaman a sus súbditos como su propiedad y afirman su derecho independiente de soberanía por conquista o sucesión.

Hallamos también en todas partes súbditos que reconocen este derecho en sus príncipes, y suponen que han nacido bajo obligaciones de obediencia a cierto soberano, tanto como bajo los lazos de la reverencia y el deber hacia ciertos padres.

Estas conexiones siempre se consideran igualmente independientes de nuestro consentimiento, en Persia y en China; en Francia y en España; y aun en Holanda y en Inglaterra, allí donde las doctrinas antes mencionadas no han sido cuidadosamente {p178} inculcadas.

La obediencia o sujeción se vuelve tan familiar que la mayoría de los hombres nunca indagan sobre su origen o causa, como tampoco lo hacen sobre el principio de la gravedad, la resistencia o las leyes más universales de la naturaleza.

O si la curiosidad llega a moverlos, tan pronto como se enteran de que ellos mismos y sus antepasados han estado sujetos durante varias edades, o desde tiempos inmemoriales, a tal gobierno o a tal familia, de inmediato se aquietan y reconocen su obligación de lealtad.

Si predicaras, en la mayor parte del mundo, que las conexiones políticas se fundan por completo en el consentimiento voluntario o en una promesa mutua, el magistrado pronto te encarcelaría, por sedicioso, al aflojar los lazos de la obediencia; si tus amigos no te encerraran, por delirante, por proponer tales absurdos.

Es extraño que un acto de la mente que se supone que todo individuo ha formado —y además después de haber llegado al uso de la razón, pues de otro modo no tendría autoridad—, que este acto, digo, sea tan desconocido para todos ellos, que sobre la faz de toda la tierra apenas queden rastros o memoria de él.

Pero se dice que el contrato en el que se funda el gobierno es el contrato original y, por consiguiente, puede suponerse demasiado antiguo para ser del conocimiento de la generación actual.

Si aquí se alude al acuerdo por el cual los hombres salvajes se asociaron y unieron sus fuerzas por primera vez, se admite que este es real; pero al ser tan tan antiguo, y al haber sido borrado por mil cambios de gobierno y de príncipes, ya no cabe suponer que conserve autoridad alguna.

Si queremos decir algo pertinente, debemos afirmar que todo gobierno particular que sea legítimo, y que imponga cualquier deber de fidelidad al súbdito, se fundó en un principio sobre el consentimiento y un pacto voluntario.

Pero además de que esto supone que el consentimiento de los padres obliga a los hijos, incluso hasta las generaciones más remotas (algo que los escritores republicanos nunca admitirán), además de esto, digo, no está justificado por la historia ni por la experiencia en ninguna época o país del mundo.

Casi todos los gobiernos que existen en la actualidad, o {p179} de los cuales queda algún registro en la historia, han sido fundados originalmente ya sea sobre la usurpación o la conquista, o ambas, sin ningún pretexto de consentimiento justo o sumisión voluntaria del pueblo.

Cuando un hombre astuto y audaz se coloca a la cabeza de un ejército o facción, a menudo le es fácil, empleando a veces la violencia y a veces falsos pretextos, establecer su dominio sobre un pueblo cien veces más numeroso que sus partidarios.

• No permite una comunicación tan abierta que sus enemigos puedan conocer con certeza su número o fuerza.
• No les da tregua para congregarse en cuerpo a fin de oponerse a él.

Incluso todos aquellos que son los instrumentos de su usurpación pueden desear su caída, pero su ignorancia de las intenciones de los otros los mantiene amedrentados y es la única causa de su seguridad. Mediante artes como estas se han establecido muchos gobiernos, y este es todo el contrato original del que pueden presumir.

El rostro de la tierra cambia continuamente mediante el crecimiento de pequeños reinos en grandes imperios, mediante la disolución de grandes imperios en reinos más pequeños, mediante el establecimiento de colonias, mediante la migración de tribus.

¿Hay algo descubrible en todos estos acontecimientos que no sea la fuerza y la violencia? ¿Dónde está el acuerdo mutuo o la asociación voluntaria de la que tanto se habla?

Aun el camino más pacífico por el cual una nación puede recibir a un amo extranjero, mediante matrimonio o testamento, no es extremadamente honorable para el pueblo; sino que supone que este es dispuesto, como una dote o un legado, según el capricho o el interés de sus gobernantes.

Pero donde no media la fuerza y se lleva a cabo una elección, ¿qué es esa elección tan alabada? No es sino la combinación de unos pocos grandes hombres que deciden por el todo y no permiten oposición, o bien es la furia de una chusma que sigue a un líder sedicioso, a quien quizá ni una docena de entre ellos conoce, y que debe su ascenso meramente a su propia impudicia o al capricho pasajero de sus semejantes.

¿Son estas elecciones desordenadas, que además son raras, de tan {p180} inmensa autoridad como para ser el único fundamento legítimo de todo gobierno y lealtad?

En realidad no hay acontecimiento más terrible que la disolución total del gobierno, la cual otorga libertad a la multitud y hace que la determinación o elección de un nuevo establecimiento dependa de un número que se aproxima casi al cuerpo del pueblo; pues nunca recae enteramente en la totalidad de este.

Todo hombre prudente desea entonces ver, al frente de un ejército poderoso y obediente, a un general que se apodere rápidamente del premio y dé al pueblo un amo, al que tan poco apto es para elegirse por sí mismo.

Tan poco se corresponden los hechos y la realidad con esas nociones filosóficas.

Que el establecimiento de la Revolución no nos engañe, ni nos enamore tanto de un origen filosófico del gobierno como para imaginar que todos los demás son monstruosos e irregulares.

Aun aquel acontecimiento estuvo lejos de corresponder a estas ideas refinadas. Fue solo la sucesión, y eso únicamente en la parte regia del gobierno, lo que entonces se cambió; y fue solo una mayoría de setecientos la que determinó ese cambio para cerca de diez millones.

No dudo, en verdad, de que la masa de esos diez millones acquiesció de buen grado en dicha determinación; pero ¿se dejó acaso el asunto, lo más mínimo, a su elección? ¿No se supuso justamente que quedaba decidido desde ese momento, y que todo hombre que se negara a someterse al nuevo soberano sería castigado?

¿De qué otro modo podría haberse llevado jamás el asunto a un desenlace o conclusión?

La república de Atenas fue, según creo, la democracia más extensa de las que leemos en la historia. Sin embargo, si hacemos las concesiones necesarias respecto a las mujeres, los esclavos y los extranjeros, veremos que aquel sistema no fue establecido en un principio, ni ninguna ley fue votada jamás, por la décima parte de aquellos que estaban obligados a obedecerlo; por no hablar de las islas y los dominios extranjeros que los ateniense reclamaban como suyos por derecho de conquista.

Y como es bien sabido que las asambleas populares de esa ciudad estaban siempre llenas de libertinaje y desorden, a pesar de las {p181} formas y leyes con las que eran frenadas, ¿cuánto más desordenadas deben de ser allí donde no forman la constitución establecida, sino que se reúnen tumultuosamente tras la disolución del antiguo gobierno para dar origen a uno nuevo? ¡Cuán quimérico debe de ser hablar de una elección en circunstancias tales!

Los aqueos disfrutaron de la democracia más libre y perfecta de toda la antigüedad; sin embargo, emplearon la fuerza para obligar a algunas ciudades a entrar en su liga, como sabemos por Polibio.

Enrique IV y Enrique VII de Inglaterra no tenían en realidad más título para el trono que una elección parlamentaria; sin embargo, nunca quisieron reconocerlo, por miedo a debilitar su autoridad. ¡Extraño! si el único fundamento real de toda autoridad es el consentimiento y la promesa.

Es vano decir que todos los gobiernos son, o deberían ser, en un principio, fundados en el consentimiento popular, tanto como lo permita la necesidad de los asuntos humanos. Esto favorece por completo mi pretensión. Sostengo que los asuntos humanos nunca admitirán este consentimiento; rara vez la apariencia del mismo.

Sino que la conquista o la usurpación —es decir, en términos claros, la fuerza—, al disolver los antiguos gobiernos, es el origen de casi todos los nuevos que se hayan establecido jamás en el mundo; y que en los pocos casos en que el consentimiento puede parecer haber tenido lugar, fue comúnmente tan irregular, tan limitado o estuvo tan mezclado ya sea con fraude o con violencia, que no puede tener gran autoridad.

Mi intención aquí no es excluir el consentimiento del pueblo de ser uno de los justos fundamentos del gobierno allí donde tiene lugar. Es sin duda el mejor y más sagrado de todos. Solo pretendo afirmar que muy rara vez ha tenido lugar en algún grado, y casi nunca en toda su extensión; y que, por tanto, debe admitirse también algún otro fundamento de gobierno.

Si todos los hombres poseyeran un respeto tan inflexible por la justicia que, por sí mismos, se abstuvieran por completo de las propiedades ajenas, habrían permanecido para siempre en un estado de absoluta libertad, sin estar sujetos a ningún {p182} magistrado ni sociedad política; pero este es un estado de perfección del cual se considera con razón que la naturaleza humana es incapaz.

Por otra parte, si todos los hombres poseyeran un entendimiento tan justo como para conocer siempre su propio interés, no se habría aceptado jamás ninguna forma de gobierno que no estuviera establecida sobre el consentimiento y que no hubiera sido debatida a fondo por cada miembro de la sociedad; pero este estado de perfección es asimismo muy superior a la naturaleza humana.

La razón, la historia y la experiencia nos muestran que todas las sociedades políticas han tenido un origen mucho menos preciso y regular; y si uno tuviera que elegir un período de tiempo en el que el consentimiento del pueblo fuera el menos tenido en cuenta en las transacciones públicas, sería precisamente en el establecimiento de un nuevo gobierno. En una constitución establecida, sus inclinaciones suelen ser tenidas en cuenta; pero durante el furor de las revoluciones, las conquistas y las conmociones públicas, la fuerza militar o la astucia política suelen decidir la controversia.

Cuando se establece un nuevo gobierno, por el medio que sea, el pueblo suele estar descontento con él y le obedece más por miedo y necesidad que por cualquier idea de lealtad u obligación moral.

El príncipe es vigilante y receloso, y debe cuidarse con atención de todo inicio o apariencia de insurrección.

El tiempo, gradualmente, elimina todas estas dificultades y acostumbra a la nación a considerar como a sus príncipes legítimos o nativos a aquella familia a la que al principio consideraba usurpadores o conquistadores extranjeros.

Para fundamentar esta opinión, no recurren a ninguna noción de consentimiento voluntario o promesa que, según saben, nunca se esperó ni se exigió en este caso.

El establecimiento original se formó mediante la violencia y se acató por necesidad.

La administración subsiguiente también se sostiene en el poder y el pueblo la consiente, no como una cuestión de elección, sino de obligación.

No imaginan que su consentimiento otorgue un título a su príncipe, sino que consienten voluntariamente porque piensan que, debido a una larga posesión, este ha adquirido un título independiente de su elección o inclinación.

Si se ha de decir que, por vivir bajo el dominio {p183} de un príncipe al que uno podría abandonar, cada individuo ha dado un consentimiento tácito a su autoridad y le ha prometido obediencia, se puede responder que tal consentimiento implícito solo puede darse cuando un hombre imagina que el asunto depende de su elección.

Pero cuando piensa (como lo hace toda la humanidad que nace bajo gobiernos establecidos) que por su nacimiento debe lealtad a cierto príncipe o a cierto gobierno, sería absurdo inferir un consentimiento o una elección que, en este caso, él renuncia y abjura expresamente.

¿Podemos decir en serio que un campesino o artesano pobre tiene la libre opción de abandonar su propio país, cuando no conoce ningún idioma ni costumbres extranjeras, y vive al día con el mismo pequeño jornal que adquiere?

Bien podríamos afirmar que un hombre, al permanecer en una embarcación, consiente libremente en el dominio del capitán, aunque fue llevado a bordo mientras dormía, y debe saltar al océano y perecer en el momento en que la abandone.

¿Qué pasaría si el príncipe prohibiera a sus súbditos abandonar sus dominios, como en tiempos de Tiberio se consideraba un delito que un caballero romano intentara huir hacia los partos para escapar de la tiranía de aquel emperador?

¿O como los antiguos moscovitas prohibían todo viaje bajo pena de muerte? Y si un príncipe observara que muchos de sus súbditos son presa de la frenesí de transportarse a países extranjeros, sin duda los detendría, con gran razón y justicia, para prevenir la despoblación de su propio reino.

¿Perdería la lealtad de todos sus súbditos por una ley tan sabia y razonable? Sin embargo, en ese caso, la libertad de su elección les es sin duda arrebatada.

Una compañía de hombres que abandonara su país natal para poblar alguna región deshabitada podría soñar con recuperar su libertad nativa; pero pronto descubriría que su príncipe todavía reclamaba sus derechos sobre ellos y los llamaba sus súbditos, incluso en su nuevo asentamiento. Y al hacer esto, no haría sino actuar conforme a las ideas comunes de la humanidad. {p184}

El consentimiento tácito más verdadero de esta clase que jamás se observa es cuando un extranjero se establece en cualquier país, y conoce de antemano al príncipe, el gobierno y las leyes a los que debe someterse; sin embargo, su lealtad, aunque más voluntaria, es mucho menos esperada o en la que menos se confía que la de un súbdito natural.

Por el contrario, su príncipe natal sigue reclamando derechos sobre él. Y si no castiga al renegado cuando lo capture en guerra con la comisión de su nuevo príncipe, esta clemencia no se funda en el derecho municipal, que en todos los países condena al prisionero, sino en el consentimiento de los príncipes que han acordado esta indulgencia para evitar represalias.

Supóngase que un usurpador, después de haber desterrado a su príncipe legítimo y a la familia real, estableciera su dominio durante diez o una docena de años en cualquier país, y conservara una disciplina tan estricta en sus tropas y una disposición tan regular en sus guarniciones que jamás se hubiera levantado insurrección alguna, ni se hubiera escuchado el menor murmullo contra su administración; ¿puede acaso afirmarse que el pueblo, que en su corazón aborrece su traición, ha consentido tácitamente en su autoridad y le ha prometido lealtad meramente porque, por necesidad, vive bajo su dominio?

Supóngase de nuevo que su príncipe natural es restaurado por medio de un ejército que reúne en países extranjeros, y que lo reciben con alegría y exultación, mostrando claramente con cuánta repugnancia se habían sometido a cualquier otro yugo.

Puedo preguntar ahora: ¿sobre qué fundamento descansa el título del príncipe?

• No ciertamente en el consentimiento popular; pues aunque el pueblo acate de buena gana su autoridad, nunca imagina que su consentimiento lo hace soberano.
• Consienten porque comprenden que él ya es, por nacimiento, su soberano legítimo.

Y en cuanto a ese consentimiento tácito que ahora puede inferirse de que vivan bajo su dominio, este no es mayor que el que anteriormente dieron al tirano y usurpador.

Cuando afirmamos que todo gobierno legítimo surge del pueblo, ciertamente le rendimos más honor del que merece, o incluso del que espera y desea de nosotros.

Después de que los dominios romanos se volvieron demasiado ingobernables para que la república pudiera {p185} gobernarlos, los pueblos de todo el mundo conocido se mostraron sumamente agradecidos con Augusto por la autoridad que, mediante la violencia, había establecido sobre ellos; y mostraron una disposición igual para someterse al sucesor que les dejó en su última voluntad y testamento.

Fue después su desgracia que nunca hubiera en una sola familia una sucesión larga y regular; sino que su línea de príncipes se rompía continuamente, ya fuera por asesinato privado o por rebelión pública.

• Las cohortes pretorianas, ante el fracaso de cada familia, imponían a un emperador,
• las legiones de Oriente a un segundo,
• las de Germania tal vez a un tercero;

y solo la espada podía decidir la controversia.

La condición del pueblo en esa poderosa monarquía era digna de lástima, no porque la elección del emperador nunca se le dejara a él, pues eso era impracticable, sino porque nunca cayó bajo una sucesión de amos que pudieran sucederse regularmente unos a otros.

En cuanto a la violencia, las guerras y el derramamiento de sangre ocasionados por cada nuevo establecimiento, estos no eran censurables, porque eran inevitables.

La casa de Lancaster gobernó en esta isla unos sesenta años, pero los partidarios de la rosa blanca parecían multiplicarse a diario en Inglaterra.

El presente establecimiento ha tenido lugar durante un período aún más largo. ¿Se han extinguido todas las visiones de derecho de otra familia, a pesar de que casi ningún hombre hoy vivo había alcanzado la edad de discernimiento cuando fue expulsada, o pudo haber consentido su dominio, o le ha prometido lealtad?

Una indicación ciertamente suficiente del sentimiento general de la humanidad sobre este asunto. Pues no culpamos a los partidarios de la familia abdicada meramente a causa del largo tiempo durante el cual han preservado su fidelidad imaginaria; los culpamos por adherirse a una familia que, afirmamos, ha sido justamente expulsada y que, desde el momento en que se produjo el nuevo arreglo, había perdido todo derecho a la autoridad.

Pero si deseamos una refutación más regular, o al menos más filosófica, de este principio de un contrato original o del consentimiento popular, tal vez las siguientes observaciones puedan ser suficientes. {p186}

Todos los deberes morales pueden dividirse en dos clases. Los primeros son aquellos a los que los hombres se sienten impulsados por un instinto natural o una propensión inmediata que opera en ellos, independientemente de toda idea de obligación y de toda perspectiva, ya sea de utilidad pública o privada. De esta naturaleza son el amor a los hijos, la gratitud hacia los bienhechores y la piedad hacia los desafortunados. Cuando reflexionamos sobre la ventaja que resulta para la sociedad de tales instintos humanos, les rendimos el justo tributo de aprobación y estima morales; pero la persona movida por ellos siente su poder e influencia antes de cualquier reflexión de este tipo.

El segundo tipo de deberes morales son aquellos que no están respaldados por ningún instinto original de la naturaleza, sino que se cumplen enteramente por un sentido de obligación, cuando consideramos las necesidades de la sociedad humana y la imposibilidad de mantenerla si se descuidaran estos deberes.

Es así como la justicia, o el respeto por la propiedad ajena, y la fidelidad, o la observancia de las promesas, se vuelven obligatorias y adquieren autoridad sobre la humanidad.

Pues, como es evidente que cada hombre se ama a sí mismo más que a cualquier otra persona, se siente naturalmente impelido a ampliar sus adquisiciones tanto como sea posible; y nada puede frenar esta propensión excepto la reflexión y la experiencia, mediante las cuales aprende los efectos perniciosos de esa licencia y la total disolución de la sociedad que debe derivarse de ella.

Su inclinación original, por lo tanto, o instinto, es aquí frenada y contenida por un juicio u observación subsiguientes.

Lo mismo ocurre precisamente con el deber político o civil de fidelidad que con los deberes naturales de justicia y lealtad.

Nuestros instintos primarios nos llevan o bien a entregarnos a una libertad ilimitada o bien a buscar el dominio sobre los demás; y es únicamente esta reflexión la que nos induce a sacrificar pasiones tan fuertes en aras de los intereses de la paz y el orden.

Un grado muy pequeño de experiencia y observación basta para enseñarnos que la sociedad no puede mantenerse de ningún modo sin la autoridad de los magistrados, y que dicha autoridad pronto caería en el desprecio de no vérsele debida una obediencia exacta.

La observación de estos intereses generales y {p187} obvios es la fuente de toda fidelidad y de esa obligación moral que le atribuimos.

¿Qué necesidad hay, por tanto, de fundar el deber de lealtad u obediencia a los magistrados en el de la fidelidad o el respeto a las promesas, y de suponer que es el consentimiento de cada individuo el que lo somete al gobierno, cuando resulta evidente que tanto la lealtad como la fidelidad se asientan exactamente sobre la misma base, y ambas son acatadas por la humanidad debido a los intereses y necesidades patentes de la sociedad humana?

Estamos obligados a obedecer a nuestro soberano, se dice, porque le hemos dado una promesa tácita con ese fin. Pero ¿por qué estamos obligados a cumplir nuestra promesa? Debe afirmarse aquí que el comercio y las relaciones entre los hombres, que son de tan inmensa utilidad, no pueden tener seguridad alguna allí donde las personas no prestan atención a sus compromisos.

Del mismo modo puede decirse que los hombres no podrían vivir en absoluto en sociedad, al menos en una sociedad civilizada, sin leyes, magistrados y jueces que impidan las usurpaciones del fuerte sobre el débil, del violento sobre el justo y equitativo.

Siendo la obligación de lealtad de igual fuerza y autoridad que la obligación de fidelidad, no ganamos nada reduciendo la una a la otra. Los intereses generales o las necesidades de la sociedad son suficientes para establecer ambas.

Si se pregunta por la razón de aquella obediencia que estamos obligados a prestar al gobierno, respondo sin vacilar: porque la sociedad no podría subsistir de otro modo. Y esta respuesta es clara e inteligible para todo el género humano.

Vuestra respuesta es: porque debemos mantener nuestra palabra. Pero además de que nadie, hasta ser instruido en un sistema filosófico, puede comprender o degustar esta respuesta; además de esto, digo, os halláis en un aprieto cuando se pregunta por qué estamos obligados a mantener nuestra palabra, y no podéis dar otra respuesta que aquella que, de inmediato y sin rodeos, habría dado cuenta de nuestra obligación de lealtad.

Pero ¿a quién se debe la lealtad? ¿Y quiénes son nuestros soberanos legítimos? Esta cuestión es a menudo la más difícil de todas y está sujeta a infinitas discusiones. Cuando la gente es tan afortunada como para poder responder: «Nuestro soberano actual, que {p188} hereda, en línea directa, de antepasados que nos han gobernado durante muchas generaciones», esta respuesta no admite réplica, aun cuando los historiadores, al remontarse hasta la más remota antigüedad para hallar el origen de esa familia real, descubran, como suele ocurrir, que su primera autoridad derivaba de la usurpación y la violencia.

Se confiesa que la justicia privada, o la abstención de las propiedades ajenas, es una virtud capital; sin embargo, la razón nos dice que no existe propiedad sobre los objetos duraderos, tales como las tierras o las casas, que, al ser examinados minuciosamente en su paso de unas manos a otras, no debiera de haber tenido su fundamento, en algún período, en el fraude y la injusticia.

Las necesidades de la sociedad humana, ni en la vida privada ni en la pública, permiten una indagación tan rigurosa; y no hay virtud ni deber moral que no pueda ser sutilmente desvanecido con facilidad si nos entregamos a una falsa filosofía, al examinarlo y escrutarlo mediante cada regla capciosas de la lógica, bajo cualquier luz o posición en que pueda ser colocado.

Las cuestiones relativas a la propiedad pública han llenado volúmenes infinitos de derecho y filosofía, si en ambas materias sumamos los comentarios al texto original; y al final podemos afirmar con seguridad que muchas de las reglas allí establecidas son inciertas, ambiguas y arbitrarias.

Una opinión similar puede formarse respecto a las sucesiones y derechos de los príncipes y las formas de gobierno. Sin duda se presentan muchos casos, especialmente en la infancia de cualquier gobierno, que no admiten resolución por las leyes de la justicia y la equidad; y nuestro historiador Rapin admite que la controversia entre Eduardo III y Felipe de Valois era de esta naturaleza y solo podía decidirse mediante una apelación al cielo, es decir, mediante la guerra y la violencia.

¿Quién me dirá si Germanico o Druso habría debido suceder a Tiberio si este hubiera muerto mientras ambos vivían, sin nombrar a ninguno de los dos como su sucesor?

• ¿Debe aceptarse el derecho de adopción como equivalente al de la sangre en una nación donde producía el mismo efecto en las familias particulares, y ya se había dado en dos ocasiones en la pública?
• ¿Debe estimarse a Germanico como el hijo mayor por haber nacido antes que Druso, o el {p189} menor por haber sido adoptado después del nacimiento de su hermano?
• ¿Debe considerarse el derecho del mayor en una nación donde el hermano mayor no tenía ninguna ventaja en la sucesión de las familias particulares?
• ¿Debía estimarse el Imperio romano en aquel entonces como hereditario a causa de dos ejemplos, o debía ya desde tan temprano considerarse como perteneciente al más fuerte o al poseedor actual por estar fundado en una usurpación tan reciente?

Cómodo subió al trono tras una bastante larga sucesión de excelentes emperadores, que habían adquirido su título, no por nacimiento o elección pública, sino por el ficticio rito de la adopción.

Habiendo sido asesinado aquel sangriento libertino por una conjura urdida de improviso entre su querida y su galán, quien por entonces ocupaba el cargo de prefecto del pretorio, ambos deliberaron de inmediato acerca de elegir un amo para el género humano, por hablar al estilo de aquellos tiempos, y fijaron sus ojos en Pertinax.

Antes de que se conociera la muerte del tirano, el prefecto se encaminó sigilosamente hacia aquel senador, el cual, ante la aparición de los soldados, imaginó que Cómodo había ordenado su ejecución.

Fue saludado de inmediato como emperador por el oficial y sus acompañantes; proclamado con júbilo por el populaje; aceptado a regañadientes por la guardia; reconocido formalmente por el senado, y recibido pasivamente por las provincias y los ejércitos del Imperio.

El descontento de las cohortes pretorianas no tardó en estallar en una repentina sedición que provocó el asesinato de aquel excelente príncipe; y hallándose el mundo en aquel momento sin amo y sin gobierno, a los guardias les pareció oportuno poner formalmente el Imperio a la venta. Juliano, el comprador, fue proclamado por los soldados, reconocido por el senado y acatado por el pueblo, y habría debido ser acatado también por las provincias de no haber sido porque la envidia de las legiones suscitó oposición y resistencia.

Pescenio Nero en Siria se autoeligió emperador, obtuvo el consentimiento tumultuario de su ejército y contó con la buena voluntad secreta del senado y del pueblo de Roma. Albino en Britania halló un derecho igual para presentar su pretensión; pero Severo, que gobernaba Panonia, se impuso al fin a ambos.

Aquel hábil {p190} político y guerrero, considerando que su nacimiento y dignidad eran demasiado inferiores a la corona imperial, profesó al principio la única intención de vengar la muerte de Pértinax. Marchó como general a Italia, derrotó a Juliano y, sin que podamos fijar un comienzo preciso ni siquiera del consentimiento de los soldados, fue reconocido por necesidad emperador por el senado y el pueblo, quedando plenamente establecido en su autoridad violenta tras someter a Níger y a Albino.

“Inter hæc Gordianus Cæsar,” dice Capitolino, hablando de otra época, “sublatus a militibus, Imperator, est appellatus, quia non erat alius in præsenti.”

Se ha de señalar que Gordiano era un muchacho de catorce años de edad.

Frecuentes instancias de análoga naturaleza ocurren en la historia de los emperadores; en la de los sucesores de Alejandro y en la de muchos otros países.

Ni puede haber nada más infeliz que un gobierno despótico de esa clase, donde la sucesión es inconexa e irregular, y debe determinarse en cada ocasión por la fuerza o la elección.

En un gobierno libre el asunto es a menudo inevitable y resulta también mucho más peligroso. Los intereses de la libertad pueden conducir allí frecuentemente al pueblo, en su propia defensa, a alterar la sucesión de la corona, y la constitución, al estar compuesta de partes, puede conservar aún una estabilidad suficiente al apoyarse en los miembros aristocráticos o democráticos, aunque el monárquico sea alterado de cuando en cuando para acomodarlo a los primeros.

En un gobierno absoluto, cuando no hay un príncipe legal que tenga derecho al trono, puede determinarse con seguridad que pertenece al primer ocupante. Casos de este tipo son demasiado frecuentes, especialmente en las monarquías orientales. Cuando cualquier estirpe de príncipes se extingue, la voluntad o designación del último soberano será considerada como un título. Así, el edicto de Luis XIV, que llamaba a los príncipes bastardos a la sucesión en caso de la falta de todos los príncipes legítimos, habría tenido, en tal evento, cierta autoridad.​¹⁰⁴ Así la voluntad de {p191} Carlos II dispuso de toda la monarquía española. La cesión del antiguo propietario, especialmente cuando se une a la conquista, también se estima como un título muy válido. El vínculo general de obligación que nos une al gobierno es el interés y las necesidades de la sociedad, y esta obligación es muy fuerte. La determinación del mismo hacia este o aquel príncipe particular o forma de gobierno es frecuentemente más incierta y dudosa. La posesión presente tiene una autoridad considerable en estos casos, y mayor que en la propiedad privada, debido a los desórdenes que acompañan a todas las revoluciones y cambios de gobierno.​¹⁰⁵

Sólo observaremos, antes de concluir, que aunque un recurso a la opinión general pueda con justicia, en las ciencias especulativas de la metafísica, la filosofía natural o la astronomía, considerarse injusto y no concluyente, sin embargo, en todas las cuestiones relativas a la moral, así como a la crítica, no hay en realidad ninguna norma por la cual pueda decidirse jamás controversia alguna. Y no hay prueba más clara de que una teoría de este tipo es errónea que encontrar que conduce a paradojas que son repugnantes para los sentimientos comunes de la humanidad y para la práctica y la opinión generales. La doctrina que funda todo gobierno legítimo en un contrato original, o en el consentimiento del {p192} pueblo, es claramente de esta índole; ni el más capaz de sus partidarios en su defensa ha dudado en afirmar que la monarquía absoluta es incompatible con la sociedad civil, y por tanto no puede ser en absoluto ninguna forma de gobierno civil,​¹⁰⁶ y que el poder supremo de un Estado no puede quitar a ningún hombre mediante impuestos y contribuciones ninguna parte de su propiedad sin su propio consentimiento o el de sus representantes.​¹⁰⁷ Qué autoridad puede tener cualquier razonamiento moral que conduzca a opiniones tan alejadas de la práctica general de la humanidad en cualquier lugar excepto en este único reino es fácil de determinar.​¹⁰⁸