De la obediencia pasiva.

En el ensayo anterior procuramos refutar los sistemas especulativos de política propuestos en esta nación, tanto el sistema religioso de un partido como el filosófico del otro. Pasamos ahora a examinar las consecuencias prácticas deducidas por cada partido en lo que respecta a las medidas de sumisión debidas a los soberanos.

Como la obligación de la justicia se funda enteramente en los intereses de la sociedad, los cuales exigen la abstención mutua de la propiedad para preservar la paz entre la humanidad, es evidente que, cuando la ejecución de la justicia acarree consecuencias muy perniciosas, dicha virtud debe suspenderse y dar paso a la utilidad pública en tales {p193} extraordinarias y apremiantes emergencias.

La máxima fiat Justitia, ruat Cœlum (hágase justicia aunque perezca el universo) es aparentemente falsa y, al sacrificar el fin en aras de los medios, muestra una idea absurda de la subordinación de los deberes.

¿Qué gobernador de una ciudad se pone escrúpulos en quemar los suburbios cuando facilitan el avance del enemigo? ¿O qué general se abstiene de saquear un país neutral cuando las necesidades de la guerra lo exigen y no puede mantener de otro modo a su ejército?

El caso es el mismo con el deber de fidelidad; y el sentido común nos enseña que, dado que el gobierno nos obliga a la obediencia únicamente en razón de su tendencia a la utilidad pública, ese deber debe siempre, en casos extraordinarios, cuando la ruina pública acompañaría evidentemente a la obediencia, ceder ante la obligación primaria y original.

Salus populi suprema Lex (la seguridad del pueblo es la ley suprema).

Esta máxima es conforme a los sentimientos de la humanidad en todas las edades; ni hay nadie que, cuando lee acerca de las insurrecciones contra un Nerón o un Felipe, esté tan infatuado con los sistemas de partidos como para no desear el éxito de la empresa y alabar a los promotores.

Incluso nuestro partido altamente monárquico, a pesar de su sublime teoría, se ve obligado en tales casos a juzgar, sentir y aprobar de conformidad con el resto de la humanidad.

La resistencia, por consiguiente, siendo admitida en emergencias extraordinarias, la cuestión solo puede plantearse entre buenos razonadores respecto al grado de necesidad que puede justificar la resistencia y hacerla lícita o loable.

Y aquí debo confesar que siempre me inclinaré del lado de quienes estrechan el vínculo de lealtad tanto como sea posible, y consideran su vulneración como el último refugio en casos desesperados cuando el público corre el mayor peligro debido a la violencia y la tiranía; pues además de los males de una guerra civil, que comúnmente acompaña a la insurrección, es seguro que, cuando surge una disposición a la rebelión entre cualquier pueblo, constituye una de las principales causas de la tiranía en los gobernantes y los empuja a muchas medidas violentas que jamás habrían adoptado si todos hubieran parecido inclinados a la sumisión y la obediencia.

Es así como el tiranicidio o {p194} asesinato, aprobado por las máximas antiguas, en lugar de infundir temor en los tiranos y usurpadores, los volvió diez veces más feroces e implacables; y hoy en día es justamente, por esa razón, abolido por las leyes de las naciones y universalmente condenado como un método vil y traicionero para llevar ante la justicia a estos perturbadores de la sociedad.

Además, debemos considerar que, siendo la obediencia nuestro deber en el curso ordinario de las cosas, debe inculcarse principalmente; ni puede haber nada más absurdo que una preocupación y un desvelo ansiosos por exponer todos los casos en los que la resistencia pueda estar permitida.

Así, aunque un filósofo reconozca razonablemente en el curso de una argumentación que se puede prescindir de las reglas de la justicia en casos de necesidad urgente, ¿qué pensaríamos de un predicador o casuista que hiciera de su estudio principal descubrir tales casos y recalcarlos con toda la vehemencia de la argumentación y la elocuencia?

¿No estaría mejor empleado en inculcar la doctrina general que en exponer las excepciones particulares, que nosotros mismos estamos, tal vez, demasiado inclinados a abrazar y ampliar?

Hay, sin embargo, dos razones que pueden aducirse en defensa de aquel partido entre nosotros que ha propagado, con tanta diligencia, las máximas de resistencia; máximas que, hay que confesar, son por lo general muy perniciosas y tan destructivas para la sociedad civil.

• La primera es que, llevando sus antagonistas la doctrina de la obediencia a un grado tan extravagante como para no solo no mencionar jamás las excepciones en casos extraordinarios (lo cual tal vez podría ser disculpable), sino incluso excluirlas categóricamente, se hizo necesario insistir en dichas excepciones y defender los derechos de la verdad y la libertad agraviadas.

• La segunda y quizás mejor razón se fundamenta en la naturaleza de la constitución británica y de su forma de gobierno.

Casi es propio de nuestra constitución establecer un primer magistrado con tan alta preeminencia y dignidad que, aunque limitado por las leyes, se encuentra en cierto modo, en lo que respecta a su propia persona, por encima de las leyes, y no puede ser cuestionado ni castigado por ningún ultraje o agravio que {p195} pueda ser cometido por él.

Sus ministros únicamente, o aquellos que actúan por su comisión, están sujetos a la justicia; y mientras el príncipe se ve así tentado por la perspectiva de la seguridad personal a dar a las leyes su libre curso, se obtiene de hecho una seguridad equivalente mediante el castigo de los infractores menores y, al mismo tiempo, se evita una guerra civil, que sería la consecuencia inefable si se atacara a cada instante directamente al soberano.

Pero aunque la constitución rinde este saludable cumplimiento al príncipe, jamás puede entenderse razonablemente que por dicha máxima haya determinado su propia destrucción, ni que haya establecido una sumisión dócil cuando él protege a sus ministros, persiste en la injusticia y usurpa todo el poder de la república.

Este caso, en verdad, nunca es previsto expresamente por las leyes, porque les es imposible en su curso ordinario proveer un remedio para él o establecer a un magistrado con autoridad superior para castigar los excesos del príncipe. Pero como un derecho sin remedio sería la mayor de todas las absurdidades, el remedio en este caso es el extraordinario de la resistencia, cuando los asuntos llegan a tal extremo que la constitución solo mediante ella puede ser defendida.

La resistencia, por consiguiente, debe volverse por fuerza más frecuente en el Gobierno británico que en otros más simples y que constan de menos partes y movimientos.

Donde el rey es un soberano absoluto, tiene pocas tentaciones de cometer una tiranía tan enorme como para provocar justamente una rebelión; pero donde es limitado, su ambición imprudente, sin necesidad de grandes vicios, puede arrastrarlo a esa situación peligrosa.

Comúnmente se supone que este fue el caso de Carlos I y, si ahora podemos decir la verdad, una vez calmadas las animadversiones, este fue también el caso de Jacobo II. Estos eran hombres inofensivos, cuando no buenos en su carácter privado; pero al malinterpretar la naturaleza de nuestra constitución y acaparar todo el poder legislativo, se volvió necesario oponerse a ellos con cierta vehemencia, e incluso despojar formalmente a este último de esa autoridad que había empleado con tanta imprudencia y desatino.