Abolir todas las distinciones de partido tal vez no sea practicable, y quizá ni siquiera deseable, en un gobierno libre. Los únicos partidos peligrosos son aquellos que albergan puntos de vista opuestos en lo que respecta a las cuestiones esenciales del gobierno, la sucesión de la corona o los privilegios más considerables que pertenecen a los diversos miembros de la constitución; donde no hay margen para ninguna transacción o avenencia, y donde la controversia puede parecer lo suficientemente trascendental como para justificar incluso una oposición por las armas a las pretensiones de los antagonistas.

De esta naturaleza fue la animosidad mantenida durante más de un siglo entre los partidos en Inglaterra —una animosidad que estalló a veces en guerra civil, que ocasionó violentas revoluciones y que puso en peligro continuado la paz y la tranquilidad de la nación—.

Pero como últimamente han aparecido los más claros síntomas de un deseo universal de abolir estas distinciones partidistas, esta tendencia hacia una coalición ofrece la perspectiva más halagüeña de felicidad futura, y debe ser cuidadosamente acariciada y promovida por todo amante de su país.

No hay método más eficaz para promover un fin tan loable que prevenir todo insulto irrazonable y triunfo de una parte sobre la otra, fomentar las opiniones moderadas, hallar el término medio en todas las disputas, persuadir a cada una de que su antagonista puede a veces tener razón, y mantener un equilibrio en la alabanza y la censura que otorgamos a ambos bandos.

Los dos ensayos anteriores, referentes al contrato original y a la obediencia pasiva, están concebidos con este propósito en lo que respecta a las controversias filosóficas entre los partidos, y tienden a demostrar que ninguna de las dos facciones está, en estos aspectos, tan plenamente respaldada por la razón como se esfuerzan en lisonjearse.

Procederemos a ejercer la misma moderación en lo que atañe a las disputas históricas, probando que cada partido se hallaba justificado por argumentos plausibles, que {p197} hubo en ambos bandos hombres prudentes que deseaban el bien de su país, y que la animosidad pasada entre las facciones no tenía mejor fundamento que un prejuicio mezquino o una pasión interesada.

El partido popular, que después adquirió el nombre de whigs, podía justificar con argumentos muy especiosos aquella oposición a la corona de la cual deriva nuestra actual constitución libre.

Aunque obligados a reconocer que los precedentes en favor de la prerrogativa se habían sucedido uniformemente durante muchos reinados antes de Carlos I, consideraban que no había razón para seguir sometiéndose por más tiempo a una autoridad tan peligrosa.

Tal pudo haber sido su razonamiento.

Los derechos del género humano son tan sagrados que ninguna prescripción de la tiranía o del poder arbitrario puede tener la autoridad suficiente para abolirlos.

La libertad es el más inestimable de todos los bienes, y siempre que aparezca alguna probabilidad de recuperarla, una nación puede correr voluntariamente muchos riesgos, y ni siquiera debe lamentar la mayor efusión de sangre o la mayor disipación de tesoros.

Todas las instituciones humanas, y ninguna tanto como el gobierno, se hallan en continua fluctuación. Los reyes no dejan de aprovechar cualquier oportunidad para extender sus prerrogativas, y si no se aprovechan también los incidentes favorables para ampliar y asegurar los privilegios del pueblo, el despotismo universal habrá de imperar por siempre entre la humanidad.

El ejemplo de todas las naciones vecinas demuestra que ya no es seguro confiar a la corona las mismas exorbitantes prerrogativas que antiguamente se habían ejercido durante épocas rudas y sencillas.

Y aunque el ejemplo de muchos reinados recientes pueda alegarse en favor de un poder en el monarca algo arbitrario, reinados más remotos ofrecen instancias de limitaciones más estrictas impuestas a la corona, y aquellas pretensiones del Parlamento, tachadas hoy con el título de innovaciones, no son sino la recuperación de los justos derechos del pueblo.

Estas opiniones, lejos de ser odiosas, son sin duda amplias, generosas y nobles. A su predominio y éxito debe el reino su libertad, tal vez su ciencia, su industria, su comercio y su poder naval. Gracias a ellas principalmente el nombre {p198} inglés se distingue en la sociedad de las naciones y aspira a rivalizar con el de las repúblicas más libres e ilustres de la antigüedad.

Pero como no era razonable prever todas estas poderosas consecuencias en el momento en que comenzó la contienda, a los realistas de aquella época no les faltaron argumentos plausibles de su parte con los que justificar su defensa de las prerrogativas de la corona entonces establecidas. Vamos a plantear la cuestión tal como pudo ocurrírseles a ellos en la convocatoria de aquel Parlamento que, con sus violentas usurpaciones sobre la corona, inició las guerras civiles.

La única regla de gobierno, habrían podido decir, conocida y reconocida entre los hombres, es el uso y la práctica.

La razón es una guía tan incierta que siempre estará expuesta a la duda y a la controversia. Si alguna vez hubiera podido imponerse sobre el pueblo, los hombres la habrían conservado siempre como su única regla de conducta; habrían continuado aún en el estado de naturaleza primitivo y desconectado, sin someterse a un gobierno político, cuya única base no es la pura razón, sino la autoridad y el precedente.

Disuélvanse estos lazos, y se rompen todos los vínculos de la sociedad civil, dejando a cada hombre en libertad de consultar su interés particular mediante aquellos expedientes que su apetito, disfrazado bajo la apariencia de la razón, le dicte.

El espíritu de innovación es en sí mismo pernicioso, por muy favorable que su objetivo particular pueda parecer a veces. Una verdad tan obvia que el propio partido popular es consciente de ella y, por tanto, encubre sus usurpaciones sobre la corona con el pretexto plausible de recuperar las antiguas libertades del pueblo.

Pero las prerrogativas actuales de la corona, aun admitiendo todas las suposiciones de ese partido, han quedado incontestablemente establecidas desde la accesión de la casa de Tudor; un periodo que, dado que ahora abarca ciento sesenta años, puede considerarse suficiente para dar estabilidad a cualquier constitución.

¿No habría parecido ridículo en el reinado del emperador Adriano hablar de la constitución de la república como regla de gobierno, o suponer {p199} que los antiguos derechos del senado, de los cónsules y de los tribunos todavía subsistían?

Pero las pretensiones actuales de los monarcas ingleses son infinitamente más favorables que las de los emperadores romanos en aquella época. La autoridad de Augusto fue una clara usurpación, basada únicamente en la violencia militar, y constituye en la historia romana una era tan evidente para cualquier lector.

Pero si Enrique VII realmente, como algunos pretenden, aumentó el poder de la corona, fue solo mediante adquisiciones insensibles que escaparon a la percepción del pueblo, y apenas han sido señaladas siquiera por historiadores y políticos. El nuevo gobierno, si merece ese nombre, es una transición imperceptible desde el anterior; está enteramente injertado en él; deriva plenamente su título de esa raíz; y debe considerarse únicamente como una de esas revoluciones graduales a las que los asuntos humanos en todas las naciones estarán siempre sujetos.

La Casa de Tudor, y después de ella la de Estuardo, no ejercieron ninguna prerrogativa que no hubiera sido reclamada y ejercida por los Plantagenet. No se puede decir que ni una sola rama de su autoridad constituya en absoluto una innovación. La única diferencia es que quizá los reyes más antiguos ejercían estos poderes solo de forma intermitente y no pudieron, debido a la oposición de sus barones, convertirlos en una regla de administración tan constante.¹⁰⁹ Pero la única deducción que se puede extraer de este hecho es que aquellos tiempos fueron más turbulentos y sediciosos, y que las leyes han ganado felizmente en los últimos tiempos la supremacía.

¿Con qué pretexto puede el partido popular hablar ahora de recuperar la antigua constitución?

El antiguo control {p200} sobre los reyes no residía en los commons, sino en los barones. El pueblo no tenía autoridad, y ni siquiera poca o ninguna libertad, hasta que la corona, al suprimir a estos tiranos facciosos, impuso la ejecución de las leyes y obligó a todos los súbditos por igual a respetar los derechos, privilegios y propiedades de los demás.

Si hemos de volver a la antigua constitución bárbara y gótica, que aquellos caballeros, que hoy se comportan con tanta insolencia hacia su soberano, den el primer ejemplo. Que hagan cortejo para ser admitidos como vasallos de un barón vecino y, al someterse a la esclavitud bajo su mando, adquieran cierta protección para sí mismos, junto con el poder de ejercer la rapiña y la opresión sobre sus esclavos y villanos inferiores. Tal era la condición de los commons entre sus más remotos antepasados.

¿Pero hasta qué punto en el pasado debemos remontarnos al recurrir a antiguas constituciones y gobiernos? Había una constitución aún más antigua que aquella a la que estos innovadores tanto afectan apelar. Durante aquel período no existía la Carta Magna. Los propios barones poseían pocos privilegios regulares y establecidos, y la Cámara de los Comunes probablemente ni siquiera existía.

Es agradable oír a una cámara que, mientras usurpa todo el poder del gobierno, habla de revivir las instituciones antiguas.

¿Acaso no se sabe que, aunque los representantes recibían un salario de sus electores, ser miembro de su cámara siempre se consideró una carga, y verse libre de ella un privilegio?

¿Nos harán creer que el poder, que de todas las adquisiciones humanas es la más codiciada —y en comparación con el cual hasta la reputación, el placer y las riquezas son menospreciados—, pudo ser considerado jamás como una carga por hombre alguno?

La propiedad adquirida últimamente por los comunes, según se dice, les otorga más poder del que disfrutaban sus antepasados. Pero ¿a qué se debe este aumento de su propiedad, sino a un aumento de su libertad y su seguridad?

Que reconozcan, por tanto, que sus antepasados, mientras la corona estaba frenada por los barones sediciosos, disfrutaban en realidad {p201} de menos libertad que la que ellos mismos han alcanzado, una vez que el soberano adquirió la supremacía; y que disfruten de esa libertad con moderación, sin perderla por nuevas reclamaciones exorbitantes ni convertirla en un pretexto para interminables innovaciones.

La verdadera regla del gobierno es la práctica actual establecida de la época. Esa es la que tiene mayor autoridad, porque es reciente. También es mejor conocida por la misma razón.

¿Quién ha asegurado a esos tribunos que los Plantagenet no ejercieron actos de autoridad tan elevados como los Tudor? Los historiadores, dicen, no los mencionan; pero los historiadores también guardan silencio respecto a los principales ejercicios de prerrogativa por parte de los Tudor.

Donde cualquier poder o prerrogativa está plena e indudablemente establecido, el ejercicio de este pasa como algo natural y escapa fácilmente a la atención de la historia y los añales. Si no tuviéramos más monumentos del reinado de Isabel que los conservados incluso por Camden, el más copioso, juicioso y exacto de nuestros historiadores, ignoraríamos por completo las máximas más importantes de su gobierno.

¿No estaba el presente gobierno monárquico en toda su extensión autorizado por legistas, recomendado por divinos, reconocido por políticos, consentido —es más, apasionadamente acogido— por el pueblo en general; y todo esto durante un período de al menos ciento sesenta años, y hasta hace poco, sin el menor murmullo o controversia?

Este consentimiento general sin duda, durante tanto tiempo, debe ser suficiente para hacer que una constitución sea legal y válida. Si el origen de todo poder deriva, como se pretende, del pueblo, he aquí su consentimiento en los términos más plenos y amplios que puedan desearse o imaginarse.

Pero el pueblo no debe pretender, porque pueda, mediante su consentimiento, sentar las bases del gobierno, que por ello se le ha de permitir, a su antojo, derrocarlo y subvertirlo.

No tienen fin estas pretensiones sediciosas y arrogantes. Ahora se ataca abiertamente el poder de la corona; la nobleza también se encuentra en un peligro visible; la pequeña nobleza no tardará en seguirle; los líderes populares, que entonces {p202} asumirán el nombre de nobleza, quedarán expuestos a continuación al peligro; y el pueblo mismo, habiéndose vuelto incapaz de gobernar la sociedad civil y sin estar sujeto a la restricción de ninguna autoridad, tendrá, en aras de la paz, que admitir, en lugar de a sus monarcas legítimos y clementes, a una sucesión de tiranos militares y despóticos.

Estas consecuencias son tanto más de temer, cuanto que el furor actual del pueblo, aunque disimulado bajo pretensiones de libertad civil, está en realidad incitado por el fanatismo de la religión, un principio el más ciego, testarudo e ingobernable por el que la naturaleza humana pueda jamás verse impulsada.

La ira popular es terrible, cualquiera que sea el motivo de que derive, pero ha de acarrear las más perniciosas consecuencias cuando surge de un principio que rechaza todo control por parte de la ley humana, la razón o la autoridad.

Éstos son los argumentos de los que cada partido puede valerse para justificar la conducta de sus predecesores durante aquella gran crisis.

El acontecimiento ha demostrado que los razonamientos del partido popular estaban mejor fundados; mas tal vez, de acuerdo con las máximas establecidas de abogados y políticos, los puntos de vista de los realistas debían haber parecido de antemano más sólidos, más seguros y más legales.

Pero esto es seguro: cuanto mayor moderación empleemos ahora al representar los acontecimientos pasados, más cerca estaremos de producir una plena coalición de los partidos y una aquiescencia total en nuestro actual y feliz establecimiento.

La moderación resulta ventajosa para todo establecimiento; nada salvo el celo puede derrocar un poder asentado, y un celo hiperactivo en los amigos tiende a engendrar un espíritu semejante en los antagonistas. La transición de una oposición moderada contra un establecimiento a una aquiescencia total en él es fácil e insensible.

Existen muchos argumentos invencibles que deberían inducir al partido descontento a conformarse plenamente con el actual arreglo de la constitución. Ahora descubren que el espíritu de libertad civil, aunque al principio conectado con el fanatismo religioso, pudo purificarse de esa contaminación y aparecer bajo un aspecto más genuino y atractivo: un amigo de la tolerancia y un {p203} propiciador de todos los sentimientos amplios y generosos que honran a la naturaleza humana.

Podrán observar que las pretensiones populares habrían podido detenerse en un momento oportuno y, tras recortar las exorbitantes prerrogativas de la corona, mantener aún el debido respeto hacia la monarquía, la nobleza y todas las instituciones antiguas.

Sobre todo, deben ser conscientes de que el principio mismo que constituyó la fuerza de su partido, y del cual este derivaba su principal autoridad, los ha abandonado ahora para pasarse al bando de sus antagonistas.

El plan de la libertad está consolidado, sus felices efectos han sido probados por la experiencia, un largo periodo de tiempo le ha otorgado estabilidad, y quienquiera que intente der Acarlo y revocar el gobierno pasado o la familia abdicada, se expondría, además de a otras acusaciones más criminales, a la reprobación del faccionalismo y la innovación.

Mientras examinan la historia de los acontecimientos pasados, deben reflexionar tanto en que los derechos de la corona han sido aniquilados desde hace mucho, como en que la tiranía, la violencia y la opresión a las que a menudo dieron lugar son males de los que la libertad establecida de la constitución ha protegido ahora por fin, felizmente, al pueblo.

Estas reflexiones constituirán una mejor garantía para nuestra libertad y nuestros privilegios que negar, en contra de la más clara evidencia de los hechos, que tales poderes regios hayan tenido jamás existencia alguna. No hay método más eficaz para traicionar una causa que apoyar la fuerza del argumento en un lugar equivocado y, al defender una posición insostenible, acostumbrar a los adversarios al éxito y a la victoria.