De los primeros principios del gobierno

Nada resulta más sorprendente para quienes contemplan los asuntos humanos con ojos filosóficos que ver la facilidad con que la mayoría es gobernada por la minoría, y observar la sumisión implícita con que los hombres renuncian a sus propios sentimientos y pasiones en favor de los de sus gobernantes.

Cuando investigamos por qué medios se realiza este prodigio, descubrimos que, dado que la fuerza está siempre del lado de los gobernados, los gobernantes no tienen más apoyo que la opinión. Es, por tanto, exclusivamente sobre la opinión donde se funda el gobierno, y esta máxima se extiende a los gobiernos más despóticos y militares, así como a los más libres y populares.

El sultán de Egipto, o el emperador de Roma, podía conducir a sus indefensos súbditos como a bestias brutas en contra de sus sentimientos y su inclinación; pero, al menos, tenía que guiar a sus mamelucos, o cohortes pretorianas, como a hombres, mediante la opinión de estos.

La opinión es de dos clases, a saber: opinión de interés y opinión de derecho.

Por opinión de interés entiendo principalmente el sentido de la ventaja pública que se cosecha del gobierno, junto con la persuasión de que el gobierno particular que está establecido es igualmente ventajoso que cualquier otro que pudiera establecerse fácilmente.

Cuando esta opinión prevalece entre la generalidad de un Estado, {p244} o entre aquellos que tienen la fuerza en sus manos, proporciona una gran seguridad a cualquier gobierno.

El derecho es de dos clases: derecho al poder y derecho a la propiedad. Qué predominio tiene la opinión del primer tipo sobre la humanidad puede entenderse fácilmente observando el apego que todas las naciones tienen a su antiguo gobierno, e incluso a aquellos nombres que han contado con la sanción de la antigüedad.

La antigüedad siempre engendra la opinión de derecho, y por desfavorables que sean los sentimientos que podamos albergar hacia la humanidad, siempre se muestra pródiga tanto en sangre como en bienes para la defensa de la justicia pública. A esta pasión podemos denominarla entusiasmo, o podemos darle el apelativo que nos plazca; pero un político que pasara por alto su influencia en los asuntos humanos demostraría tener un entendimiento muy limitado.

No hay, en verdad, ningún aspecto en el que a primera vista pueda parecer que existe mayor contradicción en la estructura de la mente humana que este. Cuando los hombres actúan en una facción, son propensos, sin vergüenza ni remordimiento alguno, a descuidar todos los lazos del honor y de la moralidad con el fin de servir a su partido; y sin embargo, cuando se forma una facción en torno a una cuestión de derecho o principio, no hay ocasión en la que los hombres muestren mayor obstinacia y un sentido más determinado de la justicia y la equidad. La misma disposición social de la humanidad es la causa de ambas apariencias contradictorias.

Se comprende suficientemente que la opinión del derecho a la propiedad es de la mayor importancia en todos los asuntos de gobierno.

Un célebre autor ha hecho de la propiedad el fundamento de todo gobierno, y la mayoría de nuestros escritores políticos parecen inclinados a seguirle en ese aspecto. Esto es llevar las cosas demasiado lejos; pero aun así hay que reconocer que la opinión del derecho a la propiedad ejerce una gran influencia en esta materia.

Sobre estas tres opiniones, por lo tanto, de interés público, de derecho al poder y de derecho a la propiedad, se fundan todos los gobiernos y toda la autoridad de los pocos sobre los muchos.

Hay en verdad otros principios que añaden fuerza a estos, y determinan, limitan o alteran su funcionamiento; tales como {p245} el interés propio, el miedo y el afecto. Pero aun así podemos afirmar que estos otros principios no pueden tener influencia por sí solos, sino que suponen la influencia antecedente de aquellas opiniones antes mencionadas. Deben considerarse, por tanto, los principios secundarios, no los originales, del gobierno.

Porque, en primer lugar, en cuanto al interés propio, por el cual entiendo la expectativa de recompensas particulares, distintas de la protección general que recibimos del gobierno, es evidente que la autoridad del magistrado debe estar establecida previamente, o al menos ser esperada, para poder producir esta expectativa.

La perspectiva de una recompensa puede aumentar la autoridad respecto a algunas personas particulares, pero jamás puede darle origen respecto al público. Los hombres buscan naturalmente los mayores favores en sus amigos y conocidos, y por tanto las esperanzas de un número considerable del Estado nunca se centrarían en un conjunto particular de hombres si estos hombres no tuvieran otro título para la magistratura y carecieran de influencia separada sobre las opiniones de la humanidad.

La misma observación puede hacerse extensiva a los otros dos principios del temor y el afecto. Ningún hombre tendría motivo alguno para temer la furia de un tirano si este no tuviera autoridad sobre nadie sino a partir del temor; puesto que, como hombre solitario, su fuerza corporal puede llegar muy poco lejos, y todo poder adicional que posea debe fundarse ya sea en nuestra opinión o en la opinión presunta de los demás.

Y aunque el afecto hacia la sabiduría y la virtud en un soberano se extiende muy lejos y tiene una gran influencia, aun así debe suponerse previamente investido de un carácter público, de lo contrario la estima pública no le servirá de nada, ni su virtud tendrá influencia alguna más allá de una esfera estrecha.

Un gobierno puede perdurar durante varias épocas, aunque la balanza del poder y la balanza de la propiedad no coincidan.

Esto sucede principalmente cuando algún rango o clase del Estado ha adquirido una gran parte de la propiedad, pero, debido a la constitución original del gobierno, no tiene participación en el poder. ¿Bajo qué pretexto asumiría autoridad en los asuntos públicos cualquier individuo de dicha clase? Como los hombres suelen estar muy apegados a su antiguo gobierno, {p246} no es de esperar que el público favorezca jamás tales usurpaciones.

Pero cuando la constitución original permite alguna participación de poder, por pequeña que sea, a una clase de hombres que posee una gran parte de la propiedad, les resulta fácil extender gradualmente su autoridad y lograr que la balanza del poder coincida con la de la propiedad. Este ha sido el caso de la Cámara de los Comunes en Inglaterra.

La mayoría de los escritores que han tratado del gobierno británico han supuesto que, así como la Cámara de los Comunes representa a todos los comunes de Gran Bretaña, su peso en la balanza es proporcional a la propiedad y al poder de todos los que representa.

Pero este principio no debe aceptarse como absolutamente cierto. Pues, aunque el pueblo es propenso a apegarse más a la Cámara de los Comunes que a cualquier otro miembro de la constitución —al ser elegida esa Cámara por ellos como sus representantes y como guardianes públicos de su libertad—, existen, sin embargo, casos en los que la Cámara, aun cuando se ha opuesto a la Corona, no ha sido seguida por el pueblo; como podemos observar en particular en la Cámara de los Comunes tory durante el reinado del rey Guillermo.

Si los miembros de la Cámara estuvieran obligados a recibir instrucciones de sus electores, como los diputados holandeses, esto alteraría por completo la cuestión; y si un poder y unas riquezas tan inmensos como los de todos los comunes de Gran Bretaña se pusieran en la balanza, no es fácil concebir que la Corona pudiera influir sobre la multitud de gentes o resistir ese desequilibrio de la propiedad.

Es cierto que la Corona ejerce gran influencia sobre el cuerpo colectivo de Gran Bretaña en las elecciones de miembros; pero si esta influencia, que en la actualidad solo se ejerce una vez cada siete años, se empleara en atraer al pueblo hacia cada votación, pronto se agotaría, y ninguna habilidad, popularidad o ingreso podría sostenerla.

Debo, por tanto, opinar que una alteración en este punto introduciría una modificación total en nuestro gobierno y pronto lo reduciría a una república pura; y tal vez a una república de no inconveniente forma. Pues, aunque el pueblo reunido en un cuerpo como las tribus romanas es del todo incapaz para el gobierno, cuando {p247} está disperso en pequeños cuerpos es más susceptible tanto de la razón como del orden; la fuerza de las corrientes y mareas populares se rompe en gran medida; y el interés público puede perseguirse con cierto método y constancia.

Pero es inútil razonar más acerca de una forma de gobierno que jamás es probable que llegue a establecerse en Gran Bretaña, y que no parece ser el objetivo de ningún partido entre nosotros. Debemos apreciar y mejorar nuestro antiguo gobierno tanto como sea posible, sin alentar la pasión por semejantes y peligrosas novedades.