# CAPÍTULO XIII. SOBRE LA PROBABILIDAD DE LOS JUICIOS DE LOS TRIBUNALES.

El análisis confirma lo que el simple sentido común nos enseña, a saber, que la corrección de los juicios es tanto más probable cuanto más numerosos y más ilustrados son los jueces. Es importante, pues, que los tribunales de apelación reúnan estas dos condiciones.

Los tribunales de primera instancia, al hallarse en una relación más cercana con los justiciables, ofrecen al tribunal superior la ventaja de un primer juicio ya probable, y con el cual este último a menudo concuerda, ya sea transigiendo o desistiendo de sus pretensiones.

Pero si la incertidumbre del asunto en litigio y su importancia determinan a un litigante a recurrir al tribunal de apelaciones, este debe encontrar en una mayor probabilidad de obtener un juicio equitativo una mayor seguridad para su fortuna y la compensación por la molestia y el gasto que un nuevo procedimiento acarrea. Esto es lo que no tenía lugar en la institución de la apelación recíproca de los tribunales de distrito, una institución por ello muy perjudicial para el interés de los ciudadanos.

Sería quizá oportuno y conforme al cálculo de probabilidades exigir una mayoría de al menos dos votos en un tribunal de apelación para invalidar la sentencia del tribunal inferior. Se obtendría este resultado si, estando el tribunal de apelación compuesto por un número par de jueces, la sentencia se mantuviera en el caso de igualdad de votos.

Consideraré en particular las sentencias en materia penal.

Para condenar a un acusado es necesario sin duda que los jueces tengan las más sólidas pruebas de su delito. Pero una prueba moral nunca pasa de ser una probabilidad; y la experiencia no ha demostrado más que con demasiada claridad los errores de los que los juicios criminales, incluso aquellos que parecen más justos, siguen siendo susceptibles.

La imposibilidad de enmendar estos errores es el argumento más fuerte de los filósofos que han querido prohibir la pena de muerte. Estaríamos obligados entonces a abstenernos de juzgar si nos fuera necesario aguardar la evidencia matemática.

Pero el juicio es requerido por el peligro que resultaría de la impunidad del crimen. Este juicio se reduce, si no me equivoco, a la solución de la siguiente cuestión:

¿Tiene la prueba del delito del acusado el alto grado de probabilidad necesario para que los ciudadanos tengan menos razón para dudar de los errores de los tribunales, si es inocente y condenado, de la que tendrían para temer sus nuevos delitos y los de los desdichados que se verían envalentonados por el ejemplo de su impunidad si fuera culpable y absuelto?

La solución de esta cuestión depende de varios elementos muy difíciles de determinar. Tal es la eminencia del peligro que

amenazan a la sociedad si el acusado criminal permanece impune. A veces este peligro es tan grande que el magistrado se ve obligado a prescindir de las formas sabiamente establecidas para la protección de la inocencia. Pero lo que hace casi siempre insoluble esta cuestión es la imposibilidad de apreciar con exactitud la probabilidad del delito y de fijar lo que es necesario para la condena del acusado.

Cada juez a este respecto se ve obligado a fiarse de su propio juicio. Forma su opinión comparando los diversos testimonios y las circunstancias que acompañan al delito con los resultados de sus reflexiones y de sus experiencias, y a este respecto un largo hábito de interrogar y juzgar a las personas acusadas otorga una gran ventaja para cerciorarse de la verdad en medio de indicios a menudo contradictorios.

La cuestión precedente depende a su vez del cuidado puesto en la investigación del delito; pues es natural que se exijan pruebas mucho más contundentes para imponer la pena de muerte que para infligir unos meses de detención.

Es esta una razón para proportionar el celo a la gravedad del delito, ya que un gran cuidado en un caso sin importancia deja inevitablemente sin castigo a muchos culpables.

Una ley que otorga a los jueces la facultad de moderar el celo en caso de circunstancias atenuantes es, por tanto, conforme al mismo tiempo con los principios de humanidad hacia el culpable y con el interés de la sociedad.

Al ser el producto de la probabilidad del delito por su gravedad la medida del peligro al que la absolución del acusado puede exponer a la sociedad, cabría pensar que el celo empleado debería depender de dicha probabilidad.

Esto se hace indirectamente en los tribunales donde se retiene durante algún tiempo al acusado contra el cual existen pruebas muy firmes, pero insuficientes para condenarle; con la esperanza de adquirir nueva luz, no se le coloca inmediatamente en medio de sus conciudadanos, quienes no le volverían a ver sin gran alarma.

Pero la arbitrariedad de esta medida y el abuso que de ella puede hacerse han provocado su rechazo en los países donde se concede mayor valor a la libertad individual.

Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la decisión de un tribunal que solo puede condenar por una mayoría dada sea justa, es decir, conforme a la verdadera solución de la cuestión propuesta anteriormente?

Este importante problema, bien resuelto, dará los medios para comparar entre sí a los diferentes tribunales.

La mayoría de un solo voto en un tribunal numeroso indica que el asunto en cuestión es muy dudoso; la condena del acusado sería entonces contraria a los principios de humanidad, protectores de la inocencia.
La unanimidad de los jueces daría una probabilidad muy fuerte de una decisión justa; pero al abstenerse de ella, se absolvería a demasiados culpables.

Es necesario, por tanto, o limitar el número de jueces, si se desea que sean unánimes, o aumentar la mayoría necesaria para una condena cuando el tribunal se vuelve más numeroso.

Intentaré aplicar el cálculo a este tema, convencido de que siempre es la mejor guía cuando se basa en los datos que el sentido común nos sugiere.

La probabilidad de que la opinión de cada juez sea justa entra como el elemento principal en este cálculo.

Si en un tribunal de mil un jueces, quinientos uno son de una opinión, y quinientos son de la opinión contraria, es evidente que la probabilidad de la opinión de cada juez sobrepasa muy poco a ½; pues suponiéndola obviamente muy grande, un solo voto de diferencia sería un acontecimiento improbable.

Pero si los jueces son unánimes, esto indica en las pruebas ese grado de fuerza que conlleva convicción; la probabilidad de la opinión de cada juez está entonces muy cerca de la unidad o de la certeza, siempre que las pasiones o los prejuicios ordinarios no afecten al mismo tiempo a todos los jueces.

Fuera de estos casos, la proporción de los votos a favor o en contra del acusado debe por sí sola determinar esta probabilidad. Supongo así que puede variar de ½ a la unidad, pero que no puede estar por debajo de ½.

Si no fuera así, la decisión del tribunal sería tan insignificante como el azar; solo tiene valor en la medida en que la opinión del juez tenga una mayor tendencia a la verdad que al error. Es así por la proporción del número de votos favorables y contrarios al acusado como determino la probabilidad de esta opinión.

Estos datos bastan para determinar la expresión general de la probabilidad de que la decisión de un tribunal que juzga por una mayoría conocida sea justa.

En los tribunales donde de ocho jueces cinco votos fuesen necesarios para la condena de un acusado, la probabilidad del error que ha de temerse en la justicia de la decisión sobrepasaría ¼.

Si el tribunal se redujese a seis miembros que solo puedan condenar por una pluralidad de cuatro votos, la probabilidad del error que ha de temerse estaría por debajo de ¼.

Habría entonces para el acusado una ventaja en esta reducción del tribunal. En ambos casos la mayoría requerida es la misma e igual a dos.

Así, permaneciendo constante la mayoría, la probabilidad de error aumenta con el número de jueces; esto es general cualquiera que sea la mayoría requerida, siempre que esta permanezca igual. Tomando, pues, por regla la razón aritmética, el acusado se encuentra en una posición cada vez menos ventajosa a medida que el tribunal se hace más numeroso.

Uno podría creer que en un tribunal donde uno pudiera exigir una mayoría de doce votos, cualquiera que fuera el número de los jueces, los votos de la minoría, neutralizando un número igual de votos de la mayoría, los doce votos restantes representarían la unanimidad de un jurado de doce miembros, exigida en Inglaterra para la condena de un acusado; pero uno se equivocaría grandemente. El sentido común muestra que hay una diferencia entre la decisión de un tribunal de doscientos doce jueces, de los cuales ciento doce condenan al acusado, mientras que cien lo absuelven, y la de un tribunal de doce jueces unánimes para la condena. En el primer caso, los cien votos favorables al acusado dan pie a pensar que las pruebas están lejos de alcanzar el grado de fuerza que entraña la convicción; en el segundo caso, la unanimidad de los jueces lleva a creer que han alcanzado este grado. Pero el simple sentido común no basta en absoluto para apreciar la extrema diferencia de la probabilidad de error en los dos casos. Es necesario entonces recurrir al cálculo, y se encuentra casi un quinto para la probabilidad de error en el primer caso, y solamente ¹⁄₈₁₉₂ para esta probabilidad en el segundo caso, una probabilidad que no es la milésima parte de la primera. Es una confirmación del principio de que la relación aritmética es desfavorable para el acusado cuando aumenta el número de jueces.

Por el contrario, si se toma como regla la razón geométrica, la probabilidad del error de la decisión disminuye cuando el número de jueces aumenta.

Por ejemplo, en los tribunales que solo pueden condenar por una pluralidad de dos tercios de los votos, la probabilidad de temer un error es de cerca de un cuarto si el número de jueces es seis; está por debajo de ¹⁄₇ si este número se aumenta a doce.

Así pues, no se debe regir uno ni por la razón aritmética ni por la razón geométrica si se desea que la probabilidad de error no esté nunca ni por encima ni por debajo de una fracción dada.

Pero ¿qué fracción debe determinarse? Es aquí donde comienza la arbitrariedad y los tribunales ofrecen a este respecto la mayor variedad.

En los tribunales especiales, donde cinco de los ocho votos bastan para la condena del acusado, la probabilidad del error que debe temerse respecto a la justicia del fallo es ⁶⁵⁄₂₅₆, o más de ¼.

La magnitud de esta fracción es espantosa; pero lo que debe tranquilizarnos un poco es la consideración de que, con mayor frecuencia, el juez que absuelve a un acusado no lo considera inocente; se pronuncia únicamente sobre que este no está alcanzado por pruebas suficientes para la condena.

Uno se tranquiliza especialmente por la piedad que la naturaleza ha colocado en el corazón del hombre y que dispone a la mente a ver solo con repugnancia a un culpable en el acusado sometido a su juicio. Este sentimiento, más activo en aquellos que no tienen el hábito de los juicios criminales, compensa los inconvenientes anejos a la inexperiencia de los jurados.

En un jurado de doce miembros, si la pluralidad exigida para la condena es de ocho de doce votos, la probabilidad del error que ha de temerse es ¹⁰⁹³⁄₈₁₉₂, o un poco más de un octavo; es casi de ¹⁄₂₂ si esta pluralidad consta de nueve votos. En el caso de la unanimidad, la probabilidad del error que ha de temerse es ¹⁄₈₁₉₂, es decir, más de mil veces menor que en nuestros jurados.

Esto supone que la unanimidad resulta únicamente de las pruebas favorables o contrarias al acusado; pero motivos que le son enteramente extraños deben concurrir a menudo a producirla, cuando se impone al jurado como una condición necesaria de su juicio.

Dependiendo entonces sus decisiones del temperamento, del carácter, de los hábitos de los jurados y de las circunstancias en las que se encuentran, son a veces contrarias a las decisiones que la mayoría del jurado habría tomado si hubiese atendido únicamente a las pruebas; esto me parece ser un gran defecto de esta manera de juzgar.

La probabilidad de la decisión es demasiado débil en nuestros jurados, y creo que para dar una garantía suficiente a la inocencia, se debería exigir al menos una pluralidad de nueve votos de doce.