IV. De los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo

Si las personas adultas han de ser castigadas por no cuidarse debidamente, prefiero que sea por su propio bien, antes que bajo el pretexto de impedirles mermar su capacidad de rendir a la sociedad unos beneficios que la sociedad no pretende tener derecho a exigir. Pero no puedo consentir en discutir la cuestión como si la sociedad no tuviera otros medios de elevar a sus miembros más débiles hasta su nivel ordinario de conducta racional que esperar a que hagan algo irracional y castigarlos entonces, legal o moralmente, por ello. La sociedad ha tenido poder absoluto sobre ellos durante toda la primera parte de su existencia; ha dispuesto de todo el periodo de la infancia y la minoría de edad para intentar hacerlos capaces de una conducta racional en la vida. La generación actual es dueña tanto de la educación como de las circunstancias enteras de la generación venidera; en verdad, no puede hacerla perfectamente sabia y buena, porque ella misma es muy lamentablemente deficiente en bondad y sabiduría, y sus mejores esfuerzos no son siempre, en los casos individuales, los más exitosos; pero es perfectamente capaz de hacer que la generación ascendente, en su conjunto, sea tan buena como ella, y un poco mejor. Si la sociedad permite que un número considerable de sus miembros crezca convertido en meros niños, incapaces de dejarse mover por la consideración racional de motivos lejanos, la sociedad es la única culpable de las consecuencias. Armada no solo con todos los poderes de la educación, sino con la ascendencia que la autoridad de una opinión aceptada ejerce siempre sobre las mentes menos aptas para juzgar por sí mismas; y auxiliada por los castigos naturales que es imposible evitar que recaigan sobre quienes incurren en el desagrado o el desprecio de quienes los conocen; que no pretenda la sociedad que necesita, además de todo esto, el poder de dictar órdenes y hacer cumplir la obediencia en los asuntos personales de los individuos, en los cuales, según todos los principios de justicia y prudencia política, la decisión debe recaer en quienes han de apechugar con las consecuencias.