VIII. Conclusión del sistema mercantil

Conclusión del Sistema Mercantil

Aunque el fomento de la exportación y el desaliento de la importación son los dos grandes motores con los que el sistema mercantil pretende enriquecer a todos los países, sin embargo, respecto a ciertas mercancías particulares, parece seguir un plan opuesto: desalentar la exportación y fomentar la importación. Su objetivo último, no obstante, según pretende, es siempre el mismo: enriquecer al país mediante una balanza comercial ventajosa. Desalienta la exportación de las materias primas de la manufactura y de los instrumentos de comercio, con el fin de otorgar una ventaja a nuestros propios obreros y permitirles vender a precios inferiores que los de otras naciones en todos los mercados extranjeros; y al restringir de este modo la exportación de unas pocas mercancías, de escaso valor, se propone ocasionar una exportación mucho mayor y más valiosa de otras. Fomenta la importación de las materias primas de la manufactura, para que nuestra propia gente pueda elaborarlas de manera más económica y evitar así una importación mayor y más valiosa de mercancías manufacturadas. No observo, al menos en nuestro Código Estatutario, ningún fomento que se otorgue a la importación de los instrumentos de comercio. Cuando las manufacturas han avanzado hasta cierto grado de grandeza, la fabricación de los instrumentos de comercio se convierte por sí misma en el objeto de un gran número de manufacturas muy importantes. Conceder cualquier fomento particular a la importación de dichos instrumentos interferiría demasiado con los intereses de esas manufacturas. Dicha importación, por lo tanto, en lugar de ser fomentada, ha sido prohibida con frecuencia. Así, la importación de cardas de lana, salvo procedentes de Irlanda, o cuando son introducidas como mercancías de naufragio o de presa, fue prohibida por el estatuto 3 de Eduardo IV; prohibición que fue renovada por el 39 de Isabel, y que ha sido continuada y hecha perpetua por leyes posteriores.

La importación de las materias primas para la fabricación se ha fomentado a veces mediante la exención de los aranceles a los que están sujeta otras mercancías, y a veces mediante primas.

La importación de lana de oveja procedente de varios países diferentes, de algodón en rama de todos los países, de lino sin curtir, de la mayor parte de los tintes, de la mayor parte de las pieles sin curtir procedentes de Irlanda o de las colonias británicas, de pieles de foca de la pesca británica en Groenlandia, de hierro en lingotes y en barras de las colonias británicas, así como de otros varios materiales de fabricación, ha sido fomentada mediante la exención de todo arancel, siempre que se declaren debidamente en la aduana.

El interés particular de nuestros comerciantes y fabricantes puede haber arrancado quizás al poder legislativo estas exenciones, así como la mayor parte de nuestras restantes regulaciones comerciales. Son, sin embargo, perfectamente justas y razonables y, si pudieran hacerse extensivas a todos los demás materiales de fabricación de manera compatible con las necesidades del Estado, el público saldría ciertamente beneficiado.

La avidez de nuestros grandes fabricantes, sin embargo, ha extendido en algunos casos estas exenciones mucho más allá de lo que puede considerarse justamente como las materias primas de su labor.

Por la ley 24 de Jorge II, cap. 46, se impuso un pequeño arancel de tan solo un penique por libra a la importación de hilaza de lino marrón extranjera, en lugar de los aranceles mucho más altos a los que había estado sujeta antes, a saber: de seis peniques por libra a la hilaza para velas, de un chelín por libra a toda la hilaza francesa y holandesa, y de dos libras, trece chelines y cuatro peniques por quintal a toda la hilaza de Prusia o de Moscovia.

Pero nuestros fabricantes no tardaron en estar satisfechos con esta reducción. Por la ley 29 del mismo monarca, cap. 15, la misma ley que otorgaba una prima a la exportación de lino británico e irlandés cuyo precio no excediera los dieciocho peniques la yarda, incluso este pequeño arancel sobre la importación de hilaza de lino marrón fue suprimido.

Sin embargo, en las diferentes operaciones necesarias para la preparación de la hilaza de lino se emplea bastante más industria que en la operación posterior de preparar tela de lino a partir de la hilaza. Por no hablar de la industria de los cultivadores y preparadores del lino, se necesitan al menos tres o cuatro hilanderas para mantener a un tejedor en constante empleo; y más de cuatro quintas partes de la cantidad total de trabajo necesario para la preparación de la tela de lino se emplean en la de la hilaza; pero nuestras hilanderas son personas pobres, comúnmente mujeres, dispersas por todas las diferentes partes del país, sin apoyo ni protección.

No es por la venta de su trabajo, sino por la de la obra completa de los tejedores, como nuestros grandes fabricantes principales obtienen sus ganancias. Así como les interesa vender la manufactura completa lo más cara posible, también les interesa comprar los materiales lo más baratos posible.

Al extorsionar al poder legislativo para obtener primas a la exportación de su propio lino, aranceles elevados a la importación de todo lino extranjero y la prohibición total del consumo interno de algunos tipos de lino francés, se esfuerzan por vender sus propios productos lo más caros posible. Al fomentar la importación de hilaza de lino extranjera y ponerla así en competencia con la elaborada por nuestra propia gente, se esfuerzan por comprar el trabajo de las hilanderas pobres lo más barato posible.

Están tan empeñados en mantener bajos los salarios de sus propios tejedores como las ganancias de las hilanderas pobres, y no es en absoluto en beneficio del obrero por lo que procuran ya sea subir el precio de la obra completa o bajar el de las materias primas.

Es la industria que se lleva a cabo en beneficio de los ricos y poderosos la que principal y preferentemente fomenta nuestro sistema mercantil. Aquella que se lleva a cabo en beneficio de los pobres y los necesitados es con demasiada frecuencia descuidada u oprimida.

Tanto la prima a la exportación de lino como la exención de derechos a la importación de hilado extranjero, que se concedieron por solo quince años, pero que fueron prorrogadas en dos ocasiones diferentes, expiran al término de la sesión parlamentaria que siga inmediatamente al 24 de junio de 1786.

El estímulo que se ha dado a la importación de las materias primas para la manufactura mediante primas de estímulo, se ha limitado principalmente a aquellas que se importaban de nuestras plantaciones americanas.

Las primeras primas de este tipo fueron las concedidas, hacia principios del presente siglo, a la importación de pertrechos navales desde América. Bajo esta denominación se comprendían la madera apta para palos, vergas y baupreses; el cáñamo; el alquitrán, la pez y la trementina. La prima, sin embargo, de una libra por tonelada sobre la madera para arboladura, y la de seis libras por tonelada sobre el cáñamo, se hicieron extensivas a los que fuesen importados en Inglaterra desde Escocia. Ambas primas continuaron sin variación alguna, a la misma tasa, hasta que se permitió que caducaran por separado: la del cáñamo el 1 de enero de 1741, y la de la madera para arboladura al final de la sesión parlamentaria inmediatamente posterior al 24 de junio de 1781.

Las primas por la importación de alquitrán, brea y trementina sufrieron, durante su vigencia, varias modificaciones.

• Originalmente, la del alquitrán era de cuatro libras por tonelada;
• la de la brea, la misma;
• y la de la trementina, tres libras por tonelada.

La prima de cuatro libras por tonelada sobre el alquitrán se limitó posteriormente a aquel que hubiera sido preparado de un modo determinado; la correspondiente al demás alquitrán bueno, limpio y comercializable se redujo a dos libras y cuatro chelines por tonelada.

La prima sobre la brea se redujo asimismo a una libra; y la de la trementina, a una libra y diez chelines por tonelada.

La segunda prima por la importación de cualquiera de los materiales de fabricación, según el orden cronológico, fue la concedida por el estatuto 21 de Jorge II, capítulo 30, a la importación de añil procedente de las plantaciones británicas.

Cuando el añil de las plantaciones valía tres cuartas partes del precio del mejor añil francés, este decreto le otorgaba una prima de seis peniques por libra. Esta prima, que, como la mayoría de las demás, se concedió solo por un tiempo limitado, fue prorrogada en varias ocasiones, pero se redujo a cuatro peniques por libra. Se permitió que expirara al término de la sesión parlamentaria posterior al 25 de marzo de 1781.

La tercera prima de este género fue la concedida (más o menos por la época en que empezábamos a cortejar a veces y a reñir otras con nuestras colonias americanas) por el 4.° de Jorge III, cap. 26, sobre la importación de cáñamo, o lino en bruto, procedente de las plantaciones británicas.

Esta prima se concedió por veintiún años, desde el 24 de junio de 1764 hasta el 24 de junio de 1785.

Durante los primeros siete años debía ser a razón de ocho libras la tonelada, durante los segundos a seis libras y durante los terceros a cuatro libras.

No se hizo extensiva a Escocia, cuyo clima (aunque a veces se críe allí cáñamo, en pequeñas cantidades y de calidad inferior) no es muy apto para ese producto. Una prima semejante sobre la importación de lino escocés a Inglaterra habría supuesto un desaliento excesivo para la producción nativa de la parte meridional del reino unido.

La cuarta gratificación de esta especie fue la concedida por el estatuto 5 de Jorge III, cap. 45, sobre la importación de madera procedente de América. Se concedió por nueve años, desde el 1 de enero de 1766 hasta el 1 de enero de 1775.

Durante los tres primeros años, había de ser, por cada ciento veinte tablones buenos, a razón de una libra; y por cada carga que contuviera cincuenta pies cúbicos de otra madera escuadrada, a razón de doce chelines.

Durante los segundos tres años, fue, para los tablones, a razón de quince chelines, y para la otra madera escuadrada, a razón de ocho chelines; y durante los terceros tres años, fue, para los tablones, a razón de diez chelines, y para la otra madera escuadrada, a razón de cinco chelines.

La quinta prima de este género fue la concedida por el estatuto 9 de Jorge III, cap. 38, a la importación de seda en bruto de las plantaciones británicas.

Fue concedida por veintiún años, desde el 1.º de enero de 1770 hasta el 1.º de enero de 1791. Durante los primeros siete años sería a razón de veinticinco libras por cada cien libras de valor; durante los segundos, de veinte libras; y durante los terceros, de quince libras.

La cría del gusano de seda y la preparación de esta requieren tanta mano de obra, y la mano de obra es tan sumamente cara en América, que, según se me ha informado, ni siquiera esta cuantiosa prima iba a producir ningún efecto considerable.

La sexta prima de esta clase fue la concedida por el estatuto 11 de Jorge III, cap. 50, para la importación de duelas para pipas, tercorones y barriles, así como de cabezas, procedentes de las plantaciones británicas.

Se concedió por nueve años, desde el 1 de enero de 1772 hasta el 1 de enero de 1781. Durante los primeros tres años, para una cantidad determinada de cada artículo, fue a razón de seis libras; durante los segundos tres años, de cuatro libras; y durante los terceros tres años, de dos libras.

La séptima y última prima de esta clase fue la concedida por la ley 19 de Jorge III, capítulo 37, sobre la importación de cáñamo procedente de Irlanda.

Fue concedida del mismo modo que la relativa a la importación de cáñamo y lino en rama procedente de América, por veintiún años, desde el 24 de junio de 1779 hasta el 24 de junio de 1800. Este plazo se divide asimismo en tres periodos de siete años cada uno; y en cada uno de dichos periodos, la cuantía de la prima irlandesa es la misma que la de la americana.

No se extiende, sin embargo, como la prima americana, a la importación de lino en rama. Ello habría supuesto un desaliento demasiado grande para el cultivo de dicha planta en Gran Bretaña.

Cuando se concedió esta última prima, los parlamentos británico e irlandés no se encontraban de mucho mejor humor el uno con el otro que el británico y el americano con anterioridad. Pero es de esperar que este favor a Irlanda haya sido concedido bajo auspicios más afortunados que todos los otorgados a América.

Las mismas mercancías a las que así concedíamos primas, cuando se importaban de América, estaban sujetas a derechos considerables cuando seimportaban de cualquier otro país.

El interés de nuestras colonias americanas se consideraba idéntico al de la metrópoli. Su riqueza se consideraba nuestra riqueza. Se decía que todo el dinero que se les enviaba volvía a nosotros a través de la balanza comercial, y que jamás podíamos empobrecernos ni en un céntimo por ningún gasto que realizáramos en ellas.

Eran nuestras en todos los aspectos, y se trataba de un gasto realizado en la mejora de nuestra propia propiedad y para el empleo provechoso de nuestra propia gente.

Es innecesario, a mi parecer, decir nada más por ahora para exponer la insensatez de un sistema que la experiencia fatal ya ha dejado suficientemente al descubierto.

De haber sido realmente nuestras colonias americanas una parte de Gran Bretaña, esas primas habrían podido considerarse como primas a la producción, y habrían estado igualmente expuestas a todas las objeciones a las que tales primas están sujetas, pero a ninguna otra.

La exportación de las materias primas para la manufactura se desalienta a veces mediante prohibiciones absolutas, y a veces mediante aranceles elevados.

Nuestros fabricantes de lana han tenido más éxito que cualquier otra clase de artesanos en persuadir al legislativo de que la prosperidad de la nación dependía del éxito y la expansión de su negocio en particular.

No sólo han obtenido un monopolio contra los consumidores mediante la prohibición absoluta de importar paños de lana de cualquier país extranjero; sino que asimismo han obtenido otro monopolio contra los ganaderos ovejeros y productores de lana, mediante una prohibición similar de la exportación de ovejas vivas y lana.

De la severidad de muchas de las leyes promulgadas para la seguridad de la hacienda pública se queja uno con toda justicia, por imponer duras penas a acciones que, antes de los estatutos que las declararon delitos, siempre se había entendido que eran inocentes.

Pero las más crueles de nuestras leyes fiscales, me atrevo a afirmar, son benignas y suaves en comparación con algunas de las que el clamor de nuestros comerciantes y fabricantes ha arrancado al poder legislativo para sostener sus propios monopolios, tan absurdos como opresivos. Al igual que las leyes de Drácon, bien puede decirse que todas estas leyes están escritas con sangre.

Por el 8 de Isabel, cap. 3, el exportador de ovejas, corderos o carneros debía, por la primera infracción, perder todos sus bienes para siempre, sufrir un año de prisión y luego ver su mano izquierda cortada en una ciudad mercado en un día de mercado, para ser clavada allí; y por la segunda infracción, ser juzgado reo de delito grave (felon) y sufrir la muerte en consecuencia.

Prevenir que la raza de nuestras ovejas se propagara en países extranjeros parece haber sido el objetivo de esta ley.

Por el 13 y 14 de Carlos II, cap. 18, la exportación de lana fue convertida en delito grave (felony), y el exportador sujeto a las mismas penas y confiscaciones que un reo de delito grave.

Por el honor de la humanidad nacional, es de esperar que ninguno de estos estatutos haya sido ejecutado jamás.

El primero de ellos, sin embargo, hasta donde yo sé, nunca ha sido derogado directamente, y el sargento Hawkins parece considerarlo aún en vigor. Puede, sin embargo, ser considerado como virtualmente derogado por el capítulo 32, sección 3, del 12 de Carlos II, el cual, sin suprimir expresamente las penas impuestas por estatutos anteriores, impone una nueva pena, a saber: la de veinte chelines por cada oveja exportada, o intentada exportar, junto con la de la pérdida de la oveja y de la parte del propietario en el barco.

El segundo de ellos fue expresamente derogado por el capítulo 28, sección 4, del 7 y 8 de Guillermo III, mediante el cual se declara que: «Por cuanto el estatuto del 13 y 14 del rey Carlos II, dictado contra la exportación de lana, entre otras cosas mencionadas en dicho acto, decreta que la misma sea considerada como felonía; debido a cuya severidad de pena la persecución de los infractores no ha sido llevada a la práctica de manera tan eficaz: Establézcase, por tanto, por la autoridad antes dicha, que aquella parte de dicho acto que se refiere a tipificar dicho delito como felonía sea derogada y anulada».

Las penas, sin embargo, que son impuestas por este estatuto más benigno, o que, aunque impuestas por estatutos anteriores, no son derogadas por este, siguen siendo lo suficientemente severas.

• Además del decomiso de las mercancías, el exportador incurre en la pena de tres chelines por cada libra de peso de lana exportada o cuya exportación se haya intentado, lo que equivale a unas cuatro o cinco veces su valor.
• Cualquier comerciante u otra persona condenada por este delito queda incapacitada para reclamar cualquier deuda o cuenta que le pertenezca de parte de cualquier factor u otra persona.

Sea cual fuere su fortuna, ya sea que pueda o no pagar esas cuantiosas penas, la ley pretende arruinarlo por completo. Pero como la moral de la gran masa del pueblo aún no es tan corrupta como la de los autores de este estatuto, no he tenido noticia de que se haya sacado ventaja alguna de esta cláusula.

Si la persona condenada por este delito no puede pagar las penas en el plazo de tres meses después de la sentencia, será deportada durante siete años, y si regresa antes del vencimiento de dicho plazo, queda expuesta a las penas de felonía, sin beneficio de clero.

• El propietario del barco que tenga conocimiento de este delito pierde todo su interés en el embarcación y su aparejo.
• El capitán y los marineros que tengan conocimiento de este delito pierden todos sus bienes y chattels, y sufren tres meses de prisión.
• Por un estatuto posterior, el capitán sufre seis meses de prisión.

Con el fin de prevenir la exportación, todo el comercio interior de lana está sujeto a restricciones muy gravosas y opresivas.

• No puede ser empacada en ninguna caja, barril, tonel, estuche, cofre o cualquier otro embalaje, sino únicamente en fardos de cuero o tela de envolver, en los cuales debe marcarse en el exterior las palabras «lana» o «hilado», en letras grandes de no menos de tres pulgadas de largo, bajo pena de confiscación del mismo y del embalaje, y de tres chelines por cada libra de peso, que deberá pagar el dueño o el empacador.
• No puede ser cargada en ningún caballo o carro, ni transportada por tierra a menos de cinco millas de la costa, sino entre la salida y la puesta del sol, bajo pena de confiscación de la misma, de los caballos y de los carruajes.

El centenar más próximo a la costa marina, desde o a través del cual se transporta o exporta la lana, forfeit veinte libras, si la lana tiene un valor inferior a diez libras; y si es de mayor valor, entonces el triple de dicho valor, junto con las costas triples, para ser demandado dentro del año. La ejecución se hará contra dos cualesquiera de los habitantes, a quienes las sesiones deben reembolsar, mediante una derrama sobre los demás habitantes, como en los casos de robo. Y si alguna persona transige con el centenar por menos de esta pena, será encarcelada durante cinco años; y cualquier otra persona podrá iniciar la acción judicial.

Estas regulaciones se aplican en todo el reino.

Pero en los condados particulares de Kent y Sussex las restricciones son aún más molestas.

• Todo propietario de lana situado a menos de diez millas de la costa debe rendir cuentas por escrito, tres días después de la esquila, al oficial de aduanas más próximo, sobre el número de sus vellones y los lugares donde se encuentran almacenados.
• Y antes de retirar cualquier parte de ellos, debe dar aviso similar del número y peso de los vellones, del nombre y domicilio de la persona a quien se los vende, y del lugar al que se pretende que sean trasladados.

Ninguna persona situada a menos de quince millas del mar, en dichos condados, puede comprar lana alguna sin antes firmar una fianza ante el rey, de que ninguna parte de la lana que así compre será vendida por ella a ninguna otra persona situada a menos de quince millas del mar.

Si se encuentra alguna lana siendo transportada hacia la costa en dichos condados, a menos que haya sido registrada y se hayan dado garantías como se ha dicho antes, será confiscada, y el infractor también perderá tres chelines por cada libra de peso.

Si alguna persona deposita alguna lana, no registrada como se ha dicho antes, a menos de quince millas del mar, esta deberá ser incautada y confiscada; y si, tras dicha incautación, alguna persona la reclama, deberá presentar una garantía ante el Tribunal de Hacienda de que, si pierde el juicio, pagará las costas triples, además de todas las demás sanciones.

Cuando se imponen tales restricciones al comercio interior, el de cabotaje, como podemos suponer, no puede dejarse muy en libertad.

Todo propietario de lana que transporte o haga transportar cualquier lana a cualquier puerto o lugar de la costa marítima, con el fin de ser desde allí transportada por mar a cualquier otro lugar o puerto de la costa, debe hacer primero una declaración de la misma en el puerto desde el cual se pretende embarcar, que contenga el peso, las marcas y el número de los bultos antes de llevarla dentro de un radio de cinco millas de dicho puerto; bajo pena de decomiso de la misma, así como de los caballos, carros y otros carruajes; y de sufrir además las penas y decomisos previstos por las demás leyes vigentes contra la exportación de lana.

Esta ley, sin embargo (1 Guill. III cap. 32.), es tan sumamente indulgente que declara que «esto no impedirá a ninguna persona llevar su lana a su casa desde el lugar de esquila, aunque esté a menos de cinco millas del mar, siempre que dentro de los diez días siguientes a la esquila, y antes de trasladar la lana, certifique de supuño y letra al oficial de aduanas más próximo el número verdadero de vellones y el lugar donde está guardada; y no la traslade sin certificar a dicho oficial, por escrito firmado de su mano, su intención de hacerlo, tres días antes».

Se debe dar fianza de que la lana que ha de transportarse de cabotaje será desembarcada en el puerto específico para el cual está documentada de salida; y si alguna parte de ella es desembarcada sin la presencia de un oficial, no solo se incurre en el decomiso de la lana como en el caso de otras mercancías, sino que también se incurre en la habitual multa adicional de tres chelines por cada libra de peso.

Nuestros fabricantes de lana, para justificar su demanda de restricciones y regulaciones tan extraordinarias, afirmaban con seguridad que la lana inglesa poseía una calidad peculiar, superior a la de cualquier otro país; que la lana de otros países no podía, sin alguna mezcla de aquella, elaborarse en ninguna manufactura tolerable; que el paño fino no podía hacerse sin ella; que Inglaterra, por lo tanto, si se pudiera impedir totalmente su exportación, podría monopolizar para sí casi todo el comercio lanero del mundo; y así, al no tener rivales, podría vender al precio que le placiera y, en poco tiempo, adquirir un grado increíble de riqueza mediante la balanza comercial más ventajosa.

Esta doctrina, como la mayoría de las demás doctrinas que son afirmadas con seguridad por un número considerable de personas, fue, y sigue siendo, creída con la mayor fe por un número mucho mayor; por casi todos aquellos que o bien desconocen el comercio de la lana o bien no han hecho investigaciones particulares.

Sin embargo, es tan absolutamente falso que la lana inglesa sea en algún aspecto necesaria para la elaboración de paño fino, que resulta del todo impropia para ello. El paño fino se hace enteramente con lana española. La lana inglesa ni siquiera puede mezclarse con la lana española para entrar en su composición sin estropear y degradar, en cierto grado, el tejido del paño.

Se ha demostrado en la parte anterior de esta obra que el efecto de estas regulaciones ha sido deprimir el precio de la lana inglesa, no solo por debajo de lo que sería naturalmente en los tiempos actuales, sino muy por debajo de lo que en realidad era en la época de Eduardo III.

Se dice que el precio de la lana escocesa, cuando a consecuencia de la unión quedó sujeta a las mismas regulaciones, cayó aproximadamente a la mitad.

El muy preciso e inteligente autor de los Memoirs of Wool, el reverendo Sr. John Smith, observa que el precio de la mejor lana inglesa en Inglaterra se encuentra generalmente por debajo de lo que comúnmente se paga por la lana de calidad muy inferior en el mercado de Ámsterdam.

Deprimir el precio de este producto por debajo de lo que puede llamarse su precio natural y adecuado fue el propósito declarado de dichas regulaciones, y no parece haber duda de que produjeron el efecto que se esperaba de ellas.

Esta reducción del precio, quizás pueda pensarse, al desincentivar la producción de lana, debe de haber reducido mucho el producto anual de dicho bien, si no por debajo de lo que antiguamente era, sí por debajo de lo que, en el estado actual de las cosas, probablemente habría sido de habérsele permitido, como consecuencia de un mercado abierto y libre, elevarse hasta su precio natural y adecuado. Sin embargo, me inclino a creer que la cantidad del producto anual no puede haber sido muy afectada por estas regulaciones, aunque quizás lo haya sido un poco. La producción de lana no es el fin principal para el cual el ovicultor emplea su industria y su capital. Espera su beneficio no tanto del precio del vellón como del de la canal; y el precio medio u ordinario de esta última debe incluso, en muchos casos, compensarle cualquier deficiencia que pueda haber en el precio medio u ordinario del primero. Se ha observado en la parte anterior de esta obra que: «Cualesquiera regulaciones que tiendan a deprimir el precio, ya sea de la lana o de las pieles sin curtir, por debajo del que de otro modo sería natural, deben, en un país mejorado y cultivado, tener cierta tendencia a elevar el precio de la carne de carnicería. El precio tanto del ganado mayor como del menor que se alimenta en tierras mejoradas y cultivadas debe ser suficiente para pagar la renta que el propietario, y el beneficio que el granjero, tienen razón de esperar de la tierra mejorada y cultivada. Si no lo es, pronto dejarán de alimentarlos. Por consiguiente, cualquier parte de este precio que no sea pagada por la lana y la piel debe ser pagada por la canal. Cuanto menos se pague por lo uno, más debe pagarse por lo otro. De qué manera deba repartirse este precio entre las diferentes partes de la res es indiferente para los propietarios y los granjeros, siempre que se les pague por entero. En un país mejorado y cultivado, por lo tanto, su interés como propietarios y granjeros no puede verse muy afectado por tales regulaciones, aunque su interés como consumidores sí pueda verse afectado por el encarecimiento de las provisiones». Según este razonamiento, por consiguiente, esta degradación en el precio de la lana no es probable que, en un país mejorado y cultivado, ocasione disminución alguna en el producto anual de dicha mercancía; excepto en la medida en que, al encarecer el cordero, pueda disminuir un tanto la demanda y, consecuentemente, la producción de esa especie particular de carne de carnicería. Su efecto, sin embargo, incluso de este modo, es probable que no sea muy considerable.

Pero aunque su efecto sobre la cantidad del producto anual no haya sido muy considerable, su efecto sobre la calidad, quizás pueda pensarse, debió de ser necesariamente muy grande.

La degradación en la calidad de la lana inglesa, si no por debajo de lo que era en tiempos pasados, al menos por debajo de lo que naturalmente habría estado en el estado actual de mejora y cultivo, debió de ser, quizás pueda suponerse, muy cerca de estar en proporción con la degradación del precio.

Como la calidad depende de la raza, del pasto y de la gestión y limpieza de las ovejas, durante todo el proceso de crecimiento del vellón, la atención a estas circunstancias, puede imaginarse con bastante naturalidad, nunca puede ser mayor que en proporción a la recompensa que el precio del vellón probablemente compense por el trabajo y el gasto que dicha atención requiere.

Ocurre, sin embargo, que la bondad del vellón depende, en gran medida, de la salud, el crecimiento y el volumen del animal; la misma atención que es necesaria para la mejora del cuerpo, es, en ciertos aspectos, suficiente para la del vellón.

A pesar de la degradación del precio, se dice que la lana inglesa ha mejorado considerablemente durante el transcurso incluso del presente siglo. La mejora quizás habría sido mayor si el precio hubiera sido mejor; pero lo bajo del precio, aunque pueda haber obstaculizado, ciertamente no ha impedido del todo dicha mejora.

La violencia de estas regulaciones, por lo tanto, parece no haber afectado ni la cantidad ni la calidad de la producción anual de lana tanto como cabría haber esperado (aunque considero probable que haya afectado a la segunda bastante más que a la primera); y el interés de los productores de lana, aunque haya tenido que resultar perjudicado en cierto grado, parece, en conjunto, haber sufrido mucho menos perjuicio de lo que cabría haberse imaginado.

Estas consideraciones, sin embargo, no justificarán la prohibición absoluta de la exportación de lana. Pero justificarán plenamente la imposición de un impuesto considerable a dicha exportación.

Perjudicar en cualquier grado el interés de cualquier orden de ciudadanos, con ningún otro fin que no sea promover el de algún otro, es evidentemente contrario a esa justicia y igualdad de trato que el soberano debe a todas las diferentes órdenes de sus súbditos.

Pero la prohibición ciertamente perjudica, en algún grado, el interés de los productores de lana, con ningún otro fin que no sea promover el de los fabricantes.

Cada diferente orden de ciudadanos está obligado a contribuir al sostenimiento del soberano o la república.

Un impuesto de cinco, o incluso de diez chelines sobre la exportación de cada tod de lana, produciría unos ingresos muy considerables para el soberano. Perjudicaría los intereses de los productores algo menos que la prohibición, porque probablemente no reduciría el precio de la lana tanto.

Ofrecería una ventaja suficiente al fabricante, porque, aunque tal vez no comprara su lana de forma tan barata como bajo la prohibición, seguiría comprándola, al menos, cinco o diez chelines más barata de lo que cualquier fabricante extranjero pudiera comprarla, además de ahorrarse el flete y el seguro, que el otro estaría obligado a pagar.

Apenas es posible idear un impuesto que pudiera producir unos ingresos considerables al soberano y al mismo tiempo ocasionar tan pocos inconvenientes a nadie.

La prohibición, a pesar de todas las penas que la resguardan, no impide la exportación de lana.

Se exporta, como es bien sabido, en grandes cantidades. La gran diferencia entre el precio en el mercado nacional y el extranjero presenta una tentación tal para el contrabando que todo el rigor de la ley no puede evitarlo.

Esta exportación ilegal no es ventajosa para nadie excepto para el contrabandista. Una exportación legal sujeta a un impuesto, al proporcionar ingresos al soberano y evitar con ello la imposición de otros tributos quizás más gravosos e incómodos, podría resultar ventajosa para todos los diferentes súbditos del Estado.

La exportación de greda de batanero, o arcilla de batanero, supuestamente necesaria para la preparación y limpieza de las manufacturas de lana, ha estado sujeta a casi las mismas sanciones que la exportación de lana.

Incluso la arcilla para pipas de tabaco, aunque se reconoce que es diferente de la arcilla de batanero, sin embargo, debido a su parecido, y a que la arcilla de batanero podría exportarse a veces como arcilla para pipas de tabaco, ha sido objeto de las mismas prohibiciones y sanciones.

Por los estatutos 13 y 14 de Carlos II, cap. 7, se prohibió la exportación no solo de pieles en bruto, sino también de cuero curtido, excepto en forma de botas, zapatos o zapatillas, y la ley otorgó un monopolio a nuestros fabricantes de botas y zapatos, no solo frente a nuestros ganaderos, sino también frente a nuestros curtidores.

Por estatutos posteriores, nuestros curtidores han conseguido quedar exentos de este monopolio, mediante el pago de un pequeño impuesto de tan solo un chelín por quintal de cuero curtido, con un peso de ciento doce libras. Asimismo, han obtenido la devolución de dos terceras partes de los impuestos especiales («excise duties») aplicados a su mercancía, incluso cuando se exporta sin mayor elaboración.

Todas las manufacturas de cuero pueden exportarse libres de aranceles; y el exportador tiene derecho, además, a la devolución de la totalidad de los impuestos especiales.

Nuestros ganaderos siguen estando sujetos al antiguo monopolio. Los ganaderos, separados unos de otros y dispersos por todos los rincones del país, no pueden, sin gran dificultad, asociarse con el propósito ni de imponer monopolios a sus conciudadanos, ni de eximirse de aquellos que otras personas les hayan impuesto. Los fabricantes de todo tipo, agrupados en numerosos cuerpos en todas las grandes ciudades, pueden hacerlo fácilmente.

Incluso se prohíbe la exportación de los cuernos del ganado, y los dos insignificantes oficios del artesano de cuerno y del fabricante de peines disfrutan, en este aspecto, de un monopolio frente a los ganaderos.

Las restricciones, ya sea mediante prohibiciones o impuestos, a la exportación de mercancías parcial pero no totalmente manufacturadas, no son exclusivas de la fabricación de cuero. Mientras quede algo por hacer para adaptar cualquier producto para su uso y consumo inmediato, nuestros fabricantes consideran que ellos mismos deben encargarse de hacerlo.

• El hilo de lana y el estambre (worsted) tienen prohibida su exportación bajo las mismas penalizaciones que la lana.
• Incluso los paños blancos están sujetos a un arancel de exportación, y nuestros tintoreros han obtenido de este modo un monopolio frente a nuestros pañeros.

Nuestros pañeros probablemente habrían podido defenderse de ello, pero da la casualidad de que la mayor parte de nuestros principales pañeros son también, al mismo tiempo, tintoreros.

Las cajas de relojes de bolsillo, las cajas de relojes de pared y las esferas para relojes de bolsillo y de pared tienen prohibida su exportación. Al parecer, nuestros relojeros no están dispuestos a que el precio de este tipo de mano de obra se eleve para ellos debido a la competencia de los extranjeros.

Por algunas leyes antiguas de Eduardo III, Enrique VIII y Eduardo VI, la exportación de todos los metales estaba prohibida. El plomo y el estaño eran los únicos exceptuados; probablemente debido a la gran abundancia de dichos metales, en cuya exportación consistía una parte considerable del comercio del reino en aquellos días. Para el fomento del comercio minero, la ley 5 de Guillermo y María, cap. 17, eximió de esta prohibición al hierro, el cobre y el metal mundic fabricado con mineral británico. La exportación de toda clase de barras de cobre, tanto extranjeras como británicas, fue permitida posteriormente por la ley 9 y 10 de Guillermo III, cap. 26. La exportación de latón sin manufacturar, del llamado metal para cañones, metal de campana y metal de chatarra (shroff-metal), continúa estando prohibida. Las manufacturas de latón de toda clase pueden exportarse libres de aranceles.

La exportación de las materias primas para la manufactura, cuando no está del todo prohibida, está sujeta en muchos casos a considerables derechos.

Según el estatuto 8 de Jorge I, cap. 15, la exportación de todas las mercancías, productos o manufacturas de Gran Bretaña, sobre las cuales se hubieran impuesto derechos mediante estatutos anteriores, quedó exenta de impuestos.

Las siguientes mercancías, sin embargo, fueron exceptuadas:

• Alumbre,
• plomo,
• mineral de plomo,
• estaño,
• cuero curtido,
• caparrosa,
• carbón,
• cardas de lana,
• paños de lana blanca,
• lapis calaminaris,
• pieles de todo tipo,
• cola,
• pelo o lana de conejjo,
• lana de liebre,
• pelo de todo tipo,
• caballos,
• y litargirio de plomo.

Si exceptuamos los caballos, todas estas son materias de manufactura, o manufacturas incompletas (que pueden considerarse como materiales para una manufactura aún mayor), o instrumentos comerciales. Este estatuto las deja sujetas a todos los antiguos derechos que se les hubieran impuesto alguna vez, el antiguo subsidio y el uno por ciento de salida.

Por el mismo estatuto, un gran número de drogas extranjeras para el uso de los tintoreros quedan exentas de todos los derechos de importación. Sin embargo, cada una de ellas queda sujeta posteriormente a un cierto derecho, no muy pesado en verdad, en la exportación.

Nuestros tintoreros, al parecer, mientras consideraron que iba en su interés fomentar la importación de esas drogas mediante una exención de todos los derechos, juzgaron asimismo conveniente desalentar en pequeña medida su exportación.

La avidez, sin embargo, que sugirió esta notable pieza de ingenio mercantil, muy probablemente vio frustrado su objetivo. Enseñó necesariamente a los importadores a ser más cuidadosos de lo que habrían sido de otro modo, para que su importación no excediera de la necesaria para el abastecimiento del mercado nacional. Es probable que el mercado nacional estuviera en todo momento más escasamente abastecido; es probable que los productos fueran allí en todo momento algo más caros de lo que habrían sido si la exportación se hubiera hecho tan libre como la importación.

Por el estatuto antes mencionado, la goma senegá, o goma arábiga, al encontrarse entre las drogas tintóreas enumeradas, podía importarse libre de derechos. Estaban sujetas, en efecto, a un pequeño derecho por libra, que ascendía únicamente a tres peniques por quintal en su reexportación.

Francia disfrutaba, en aquel tiempo, de un comercio exclusivo con el país más productor de dichas drogas, el situado en las inmediaciones del Senegal; y el mercado británico no podía abastecerse fácilmente mediante su importación directa desde el lugar de origen.

Por lo tanto, según el estatuto 25 de Jorge II, se permitió la importación de goma senegá (en contra de las disposiciones generales de la ley de navegación) desde cualquier parte de Europa. Sin embargo, como la ley no pretendía fomentar esta clase de comercio —tan opuesto a los principios generales de la política mercantil de Inglaterra—, impuso un derecho de diez chelines por quintal a dicha importación, y ninguna parte de este derecho debía devolverse posteriormente con su exportación.

La guerra exitosa iniciada en 1755 otorgó a Gran Bretaña el mismo comercio exclusivo en aquellas regiones del que Francia había disfrutado antes. Nuestros fabricantes, tan pronto como se firmó la paz, procuraron aprovechar esta ventaja y establecer un monopolio en su propio beneficio, tanto frente a los productores como frente a los importadores de este producto.

Por consiguiente, mediante el estatuto 5 de Jorge III, cap. 37, la exportación de goma senegá desde los dominios de su majestad en África quedó circunscrita a Gran Bretaña y se sometió a las mismas restricciones, normativas, decomisos y penalidades que la de los productos enumerados de las colonias británicas en América y las Indias Occidentales. Su importación, en verdad, quedó sujeta a un pequeño derecho de seis peniques por quintal, pero su reexportación se vio gravada con el enorme derecho de una libra y diez chelines por quintal.

Fue intención de nuestros fabricantes que la totalidad de la producción de aquellos países fuera importada a Gran Bretaña y, con el fin de poder adquirirla ellos mismos al precio que determinaran, que ninguna parte de ella volviera a exportarse, salvo a un costo tal que desalentara suficientemente dicha exportación.

Su avidez, sin embargo, en esta como en muchas otras ocasiones, vio frustrado su objetivo. Este enorme derecho ofreció un incentivo tal al contrabando que grandes cantidades de este producto fueron exportadas clandestinamente, probablemente a todos los países manufactureros de Europa, pero en particular a Holanda, tanto desde Gran Bretaña como desde África.

Por esta razón, mediante el estatuto 14 de Jorge III, cap. 10, dicho derecho de exportación se redujo a cinco chelines por quintal.

En el arancel de tarifas, según el cual se recaudaba el antiguo subsidio, las pieles de castor se valoraban en seis chelines y ocho peniques cada una, y los diversos subsidios e impuestos que, antes del año 1722, se habían aplicado a su importación, ascendían a la quinta parte de dicha tarifa, o a dieciséis peniques por cada piel; todo lo cual, excepto la mitad del antiguo subsidio, que ascendía únicamente a dos peniques, se devolvía en la exportación.

Este arancel sobre la importación de una materia prima de manufactura tan importante se había considerado demasiado elevado y, en el año 1722, la tarifa se redujo a dos chelines y seis peniques, lo que redujo el impuesto a la importación a seis peniques, de los cuales solo la mitad se devolvería en la exportación.

La misma guerra exitosa puso el país más productor de castor bajo el dominio de la Gran Bretaña, y al encontrarse las pieles de castor entre las mercancías enumeradas, su exportación desde América quedó confinada consecuentemente al mercado de la Gran Bretaña. Nuestros fabricantes no tardaron en percatarse de la ventaja que podían sacar de esta circunstancia y, en el año 1764, el impuesto a la importación de la piel de castor se redujo a un penique, pero el impuesto a la exportación se elevó a siete peniques por cada piel, sin devolución alguna del arancel de importación.

Por la misma ley, se impuso un impuesto de dieciocho peniques por libra a la exportación de lana de castor o vientres, sin introducir alteración alguna en el impuesto a la importación de dicha mercancía, el cual, cuando era importada por británicos y en buques británicos, ascendía en ese momento a entre cuatro y cinco peniques la pieza.

Los carbones pueden considerarse tanto como material de fabricación como instrumento de comercio.

Se han impuesto, por consiguiente, fuertes derechos a su exportación, que ascienden en la actualidad (1783) a más de cinco chelines la tonelada, o a más de quince chelines el chaldron, medida de Newcastle; lo que en la mayoría de los casos supera el valor original de la mercancía en la mina de carbón, o incluso en el puerto de embarque para la exportación.

Sin embargo, la exportación de los instrumentos de comercio, propiamente dichos, suele estar restringida, no por aranceles elevados, sino mediante prohibiciones absolutas.

Así, según el estatuto 7 y 8 de Guillermo III, cap. 20, sec. 8, se prohíbe la exportación de bastidores o máquinas para hacer punto de guantes o medias bajo la pena no solo de la confiscación de dichos bastidores o máquinas, así exportados o intentados exportar, sino de cuarenta libras, la mitad para el rey y la otra mitad para la persona que informe o entable demanda al respecto.

De la misma manera, según el estatuto 14 de Jorge III, cap. 71, se prohíbe la exportación a partes extranjeras de cualquier utensilio empleado en las manufacturas de algodón, lino, lana y seda bajo la pena no solo de la confiscación de dichos utensilios, sino de dos libras esterlinas [doscientas libras], que deberá pagar la persona que cometa tal infracción, y asimismo de doscientas libras que deberá pagar el capitán del barco que permita a sabiendas que dichos utensilios sean cargados a bordo de su embarcación.

Quando se impusieron penas tan severas a la exportación de los instrumentos inertes del comercio, no podía esperarse razonablemente que se permitiese marchar en libertad al instrumento vivo, el artesano.

En consecuencia, según la ley 5 de Jorge I, cap. 27, la persona que sea declarada culpable de seducir a cualquier artesano de alguna de las manufacturas de Gran Bretaña para que marche a países extranjeros con el fin de ejercer o enseñar su oficio, queda expuesta, por la primera infracción, a una multa que no exceda de cien libras y a tres meses de prisión, y hasta que se pague la multa; y por la segunda infracción, a una multa por la cantidad que el tribunal determine y a doce meses de prisión, y hasta que se pague la multa.

Según la ley 23 de Jorge II, cap. 13, esta pena se aumenta, por la primera infracción, a quinientas libras por cada artesano así seducido, y a doce meses de prisión, y hasta que se pague la multa; y por la segunda infracción, a mil libras, y a dos años de prisión, y hasta que se pague la multa.

Por el primero de esos dos estatutos, previa prueba de que cualquier persona ha estado seduciendo a algún artesano, o de que algún artesano ha prometido o contratado ir a partes extranjeras para los fines antes mencionados, dicho artesano podrá ser obligado a prestar fianza, a discreción del tribunal, de que no irá más allá de los mares, y podrá ser enviado a prisión hasta que preste dicha fianza.

Si algún artífice se ha marchado allende los mares, y ejerce o enseña su oficio en cualquier país extranjero, previo aviso que se le dé por cualquiera de los ministros o cónsules de su majestad en el extranjero, o por uno de los secretarios de estado de su majestad por el momento, si no regresa a este reino dentro de los seis meses siguientes a dicho aviso, y desde entonces reside y habita continuamente en el mismo, es declarado desde entonces incapaz de recibir cualquier legado que se le devise dentro de este reino, o de ser albacea o administrador de cualquier persona, o de adquirir cualesquiera tierras dentro de este reino por sucesión, legado o compra.

Asimismo, forfeits al rey todas sus tierras, bienes y enseres, es declarado extranjero en todos los aspectos y queda excluido de la protección del rey.

Me parece innecesario observar cuán contrarios son tales reglamentos a la tan alabada libertad del súbdito, de la cual nos enorgullecemos de ser tan celosos; pero que, en este caso, se sacrifica tan claramente a los fútiles intereses de nuestros comerciantes y fabricantes.

El loable motivo de todas estas regulaciones es extender nuestras propias manufacturas, no mediante su propio perfeccionamiento, sino mediante la depresión de las de todos nuestros vecinos, y poniendo fin, en la medida de lo posible, a la molesta competencia de tales odiosos y desagradables rivales.

Nuestros maestros fabricantes consideran razonable tener para sí mismos el monopolio del ingenio de todos sus compatriotas.

• Aunque al restringir, en ciertos oficios, el número de aprendices que pueden emplearse a la vez, y al imponer la necesidad de un largo aprendizaje en todos los oficios, todos ellos se esfuerzan por limitar el conocimiento de sus respectivas ocupaciones a un número tan pequeño como sea posible;
• no están dispuestos, sin embargo, a que ninguna parte de este reducido número se marche al extranjero para instruir a los extranjeros.

El consumo es el único fin y propósito de toda producción; y debe atenderse al interés del productor sólo en la medida en que sea necesario para promover el del consumidor.

Esta máxima es tan perfectamente evidente por sí misma, que sería absurdo intentar demostrarla. Pero en el sistema mercantil, el interés del consumidor es sacrificado casi constantemente al del productor; y parece considerar la producción, y no el consumo, como el fin y el objeto últimos de toda industria y comercio.

En las restricciones a la importación de todas aquellas mercancías extranjeras que puedan entrar en competencia con las de nuestra propia producción o manufactura, el interés del consumidor nacional es evidentemente sacrificado al del productor. Es enteramente en beneficio de este último por lo que el primero se ve obligado a pagar ese encarecimiento del precio que este monopolio casi siempre ocasiona.

Es enteramente en beneficio del productor que se conceden primas a la exportación de algunas de sus producciones.

El consumidor nacional está obligado a pagar, primero, el impuesto necesario para sufragar la prima, y segundo, el impuesto aún mayor que se deriva necesariamente del encarecimiento del precio de la mercancía en el mercado interno.

Por el famoso tratado de comercio con Portugal, los elevados aranceles impiden al consumidor comprar a un país vecino un producto que nuestro propio clima no produce, viéndose obligado a comprárselo a un país distante, a pesar de reconocerse que el producto del país distante es de peor calidad que el del país cercano.

El consumidor nacional se ve obligado a someterse a este inconveniente para que el productor pueda importar en el país distante algunas de sus producciones en condiciones más ventajosas de lo que se le habría permitido de otro modo. El consumidor, asimismo, está obligado a pagar cualquier incremento en el precio de esas mismas producciones que esta exportación forzada pueda ocasionar en el mercado nacional.

Pero en el sistema de leyes que se ha establecido para la administración de nuestras colonias americanas y de las Indias Occidentales, el interés del consumidor nacional se ha sacrificado al del productor con una prodigalidad más extravagante que en todas nuestras demás regulaciones comerciales.

Se ha establecido un gran imperio con el único propósito de criar una nación de clientes que estuvieran obligados a comprar en las tiendas de nuestros diferentes productores todas las mercancías con las que estos pudieran abastecerlos.

En aras de ese pequeño incremento de precio que este monopolio pudiera proporcionar a nuestros productores, los consumidores nacionales han sido cargados con todo el gasto de mantener y defender ese imperio.

Con este propósito, y solo con este propósito, en las dos últimas guerras se han gastado más de doscientos millones y se ha contraído una nueva deuda de más de ciento setenta millones, además de todo lo que se había gastado con el mismo fin en guerras anteriores.

El interés de esta deuda por sí solo no solo es mayor que todo el beneficio extraordinario que jamás se haya pretendido obtener mediante el monopolio del comercio colonial, sino que es mayor que todo el valor de ese comercio, o que todo el valor de las mercancías que, como promedio, se han exportado anualmente a las colonias.

No puede ser muy difícil determinar quiénes han sido los artificios de todo este sistema mercantil; no los consumidores, podemos creer, cuyo interés ha sido enteramente olvidado; sino los productores, cuyo interés ha sido tan cuidadosamente atendido; y entre esta última clase, nuestros comerciantes y fabricantes han sido con mucho los principales arquitectos.

En las regulaciones mercantiles de las que se ha hecho mención en este capítulo, el interés de nuestros fabricantes ha sido atendido de un modo muy peculiar; y el interés, no tanto de los consumidores, como el de otros grupos de productores, ha sido sacrificado en su favor.