# PART I. Of the Expense of Defence.

El primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad contra la violencia y la invasión de otras sociedades independientes, solo puede cumplirse mediante una fuerza militar. Pero los gastos tanto de preparar dicha fuerza militar en tiempo de paz como de emplearla en tiempo de guerra son muy diferentes en los diversos estados de la sociedad, en los distintos periodos de desarrollo.

Entre las naciones de cazadores, el estado más bajo y rudimentario de la sociedad, tal como lo encontramos entre las tribus nativas de América del Norte, todo hombre es un guerrero, además de cazador.

Cuando va a la guerra, ya sea para defender a su sociedad o para vengar las ofensas que otras sociedades le han infundido, se mantiene a sí mismo mediante su propio trabajo, de la misma manera que cuando vive en su hogar.

Su sociedad (pues en este estado de cosas no hay propiamente ni soberano ni república) no incurre en ningún tipo de gasto, ni para prepararlo para el campo de batalla ni para mantenerlo mientras se encuentra en él.

Entre las naciones de pastores, un estado de sociedad más avanzado, como el que encontramos entre los tártaros y los árabes, cada hombre es, del mismo modo, un guerrero.

Tales naciones comúnmente no tienen habitación fija, sino que viven ya sea en tiendas, o en una especie de carromatos cubiertos, que se transportan fácilmente de un lugar a otro. Toda la tribu, o nación, cambia de situación según las diferentes estaciones del año, así como según otros accidentes. Cuando sus manadas y rebaños han consumido el forraje de una parte del país, se traslada a otra, y de esta a una tercera. En la estación seca, baja a las orillas de los ríos; en la estación húmeda, se retira a las tierras altas.

Cuando una nación de este tipo va a la guerra, los guerreros no confían sus manadas y rebaños a la débil defensa de sus ancianos, sus mujeres y sus niños; y sus ancianos, sus mujeres y sus niños no son dejados atrás sin defensa y sin subsistencia. Toda la nación, además, al estar acostumbrada a una vida errante, incluso en tiempo de paz, sale fácilmente al campo en tiempo de guerra. Ya sea que marche como un ejército, o se mueva como una compañía de pastores, el modo de vida es casi el mismo, aunque el objetivo propuesto por este sea muy diferente. Todos van a la guerra juntos, por lo tanto, y cada cual lo hace lo mejor que puede.

Entre los tártaros, incluso se ha sabido frecuentemente que las mujeres participan en la batalla. Si vencen, todo lo que pertenece a la tribu hostil es la recompensa de la victoria; pero si son vencidos, todo se pierde; y no solo sus manadas y rebaños, sino sus mujeres y sus niños se convierten en el botín del conquistador. Incluso la mayor parte de los que sobreviven a la acción se ven obligados a someterse a él en aras de la subsistencia inmediata. El resto es comúnmente disipado y dispersado en el desierto.

La vida ordinaria, el ejercicio ordinario de un tártaro o un árabe, lo preparan suficientemente para la guerra.

• Correr, luchar, jugar con garrotes, lanzar la jabalina, tensar el arco, etc., son los pasatiempos comunes de quienes viven al aire libre, y todos ellos son imágenes de la guerra.

Cuando un tártaro o un árabe va realmente a la guerra, se mantiene con sus propios rebaños y manadas, que lleva consigo, de la misma manera que en tiempos de paz. Su jefe o soberano (pues todas esas naciones tienen jefes o soberanos) no incurre en ningún tipo de gasto al prepararlo para el campo de batalla; y cuando se encuentra en él, la perspectiva de botín es la única paga que espera o exige.

Un ejército de cazadores rara vez puede exceder los dos o trescientos hombres. La subsistencia precaria que proporciona la caza rara vez permitiría que un número mayor permanezca unido durante un tiempo considerable.

Un ejército de pastores, por el contrario, puede llegar a veces a dos o trescientos mil. Mientras nada detenga su progreso, mientras puedan avanzar de un distrito, cuyo forraje han consumido, a otro que aún esté intacto, parece no haber casi ningún límite para el número que puede marchar unido.

Una nación de cazadores nunca puede ser formidable para las naciones civilizadas de su vecindad; una nación de pastores puede serlo. Nada puede ser más despreciable que una guerra de indios en Norteamérica; nada, por el contrario, puede ser más terrible de lo que ha sido frecuentemente una invasión tártara en Asia.

El juicio de Tucídides, de que ni Europa ni Asia podrían resistir a los escitas unidos, ha sido verificado por la experiencia de todas las edades. Los habitantes de las extensas pero indefensas llanuras de Escitia o Tartaria han estado frecuentemente unidos bajo el dominio del jefe de alguna horda o clan conquistador; y los estragos y la devastación de Asia siempre han señalado su unión.

Los habitantes de los inhóspitos desiertos de Arabia, la otra gran nación de pastores, nunca se han unido más que una vez, bajo Mahoma y sus sucesores inmediatos. Su unión, que fue más el efecto del entusiasmo religioso que de la conquista, se señaló de la misma manera. Si las naciones cazadoras de América llegaran a convertirse en pastores, su vecindad sería mucho más peligrosa para las colonias europeas de lo que es en la actualidad.

En un estado de la sociedad todavía más avanzado, entre aquellas naciones de agricultores que tienen poco comercio exterior y ninguna otra manufactura que aquellas rudimentarias y domésticas que casi todas las familias particulares preparan para su propio uso, cada hombre, del mismo modo, o es un guerrero o se convierte fácilmente en uno.

Quienes viven de la agricultura suelen pasar todo el día al aire libre, expuestos a todas las inclemencias de las estaciones. La dureza de su vida ordinaria los prepara para las fatigas de la guerra, con algunas de las cuales sus ocupaciones necesarias guardan una gran analogía. La ocupación necesaria de un zanjador lo prepara para trabajar en las trincheras y para fortificar un campamento, así como para cercar un campo.

Los pasatiempos ordinarios de tales agricultores son los mismos que los de los pastores y son, de la misma manera, imágenes de la guerra. Pero como los agricultores tienen menos tiempo libre que los pastores, no se emplean tan frecuentemente en esos pasatiempos. Son soldados, pero soldados no del todo tan dominadores de su ejercicio. Tales como son, sin embargo, rara vez le cuesta al soberano o a la república gasto alguno prepararlos para el campo.

La agricultura, aun en su estado más rudimentario e inferior, supone un asentamiento, una especie de habitación fija que no puede abandonarse sin una gran pérdida.

Cuando una nación de meros labradores va a la guerra, por tanto, todo el pueblo no puede marchar al campo de batalla. Los ancianos, las mujeres y los niños, al menos, deben permanecer en casa para cuidar de la vivienda. Todos los hombres en edad militar, sin embargo, pueden marchar al frente y, en naciones pequeñas de este tipo, lo han hecho con frecuencia.

En toda nación, se supone que los hombres en edad militar ascienden a una cuarta o quinta parte del cuerpo total del pueblo. Si la campaña, además, comienza después de la siembra y termina antes de la cosecha, tanto el labrador como sus principales jornaleros pueden prescindir de la granja sin gran pérdida. Confía en que el trabajo que deba hacerse mientras tanto pueda ser ejecutado suficientemente bien por los ancianos, las mujeres y los niños. No le disgusta, por tanto, servir sin paga durante una corta campaña; y con frecuencia le cuesta tan poco al soberano o a la república mantenerlo en el campo como prepararlo para ello.

Los ciudadanos de todos los diferentes estados de la antigua Grecia parecen haber servido de esta manera hasta después de la segunda guerra persa; y el pueblo del Peloponeso hasta después de la guerra del Peloponeso. Los peloponesios, observa Tucídides, por lo general abandonaban el campo en verano y regresaban a casa para segar la cosecha.

El pueblo romano, bajo sus reyes y durante las primeras edades de la república, sirvió de la misma manera. No fue sino hasta el sitio de Veyes cuando los que se quedaban en casa comenzaron a contribuir en algo al mantenimiento de aquellos que iban a la guerra.

En las monarquías europeas, que se fundaron sobre las ruinas del imperio romano, tanto antes como durante algún tiempo después del establecimiento de lo que se llama propiamente el derecho feudal, los grandes señores, con todos sus dependientes inmediatos, solían servir a la corona a sus propias expensas. En el campo de batalla, del mismo modo que en sus hogares, se mantenían con sus propias rentas, y no mediante ningún estipendio o paga que recibieran del rey en esa ocasión en particular.

En un estado de la sociedad más avanzado, dos causas distintas contribuyen a hacer totalmente imposible que aquellos que se lanzan al campo de batalla se mantengan a sus propias expensas. Esas dos causas son: el progreso de las manufacturas y el perfeccionamiento en el arte de la guerra.

Aunque un labrador sea empleado en una expedición, siempre que esta comience después de la época de la siembra y termine antes de la cosecha, la interrupción de sus labores no ocasionará siempre ninguna disminución considerable de sus ingresos. Sin la intervención de su trabajo, la Naturaleza hace por sí misma la mayor parte de la tarea que queda por hacer.

Pero en el momento en que un artesano, un herrero, un carpintero o un tejedor, por ejemplo, abandona su taller, la única fuente de sus ingresos se seca por completo. La Naturaleza no hace nada por él; él lo hace todo por sí mismo. Cuando marcha a campaña, por lo tanto, en defensa del público, como no tiene ingresos para mantenerse, debe necesariamente ser mantenido por el público.

Pero en un país en el que una gran parte de los habitantes son artesanos y fabricantes, una gran parte de la gente que va a la guerra debe ser sacada de esas clases y, por consiguiente, debe ser mantenida por el público mientras esté empleada en su servicio.

Cuando el arte de la guerra, también, ha llegado a convertirse gradualmente en una ciencia muy intrincada y complicada; cuando el acontecimiento de la guerra deja de estar determinado, como en las primeras edades de la sociedad, por una sola escaramuza o batalla irregular; sino que cuando la contienda se alarga generalmente a lo largo de varias campañas diferentes, cada una de las cuales dura la mayor parte del año; se vuelve universalmente necesario que el público mantenga a quienes sirven al público en la guerra, al menos mientras están empleados en dicho servicio.

Cualquiera que fuere, en tiempo de paz, la ocupación ordinaria de quienes van a la guerra, un servicio tan tedioso y costoso sería, de otro modo, una carga con mucho demasiado pesada para ellos.

• En consecuencia, después de la segunda guerra médica, los ejércitos de Atenas parecen haber estado compuestos generalmente por tropas mercenarias, formadas, en verdad, en parte por ciudadanos, pero en parte también por extranjeros; y todas ellas igualmente contratadas y pagadas a expensas del Estado.
• A partir de la época del sitio de Veyes, los ejércitos de Roma recibieron paga por su servicio durante el tiempo que permanecieron en campaña.
• Bajo los gobiernos feudales, el servicio militar, tanto de los grandes señores como de sus vasallos directos, fue sustituido universalmente, tras cierto periodo, por un pago en dinero, el cual se empleaba para mantener a quienes servían en su lugar.

El número de aquellos que pueden ir a la guerra, en proporción al número total de la población, es necesariamente mucho menor en un estado de sociedad civilizada que en uno rudo.

En una sociedad civilizada, como los soldados son mantenidos en su totalidad por el trabajo de quienes no son soldados, el número de los primeros nunca puede exceder lo que los segundos pueden mantener, además de mantenerse a sí mismos, de una manera adecuada a sus respectivas posiciones, tanto a sí mismos como a los demás oficiales del gobierno y de la ley, a quienes están obligados a mantener.

En los pequeños estados agrarios de la antigua Grecia, una cuarta o quinta parte del cuerpo total de la población se consideraba a sí misma como soldados y, según se dice, a veces salía en campaña.

Entre las naciones civilizadas de la Europa moderna, se calcula comúnmente que no más de la centésima parte de los habitantes de cualquier país puede ser empleada como soldados, sin la ruina del país que paga los gastos de su servicio.

El gasto de preparar al ejército para el campo de batalla parece no haber llegado a ser considerable en ninguna nación, sino hasta mucho después de que el de mantenerlo en campaña hubiera recaído por entero sobre el soberano o la república.

En todas las diversas repúblicas de la antigua Grecia, aprender los ejercicios militares era una parte necesaria de la educación que el Estado imponía a todo ciudadano libre. En cada ciudad parece haber existido un campo público en el que, bajo la protección de un magistrado, los jóvenes aprendían sus diferentes ejercicios de la mano de distintos maestros. En esta institución tan sencilla consistía todo el gasto en que cualquier Estado griego parece haber incurrido jamás para preparar a sus ciudadanos para la guerra.

En la antigua Roma, los ejercicios del Campo de Marzo cumplían el mismo propósito que los del gimnasio en la antigua Grecia.

Bajo los gobiernos feudales, las numerosas ordenanzas públicas que exigían que los ciudadanos de cada distrito practicaran el tiro con arco, así como varios otros ejercicios militares, tenían como fin promover el mismo objetivo, pero no parecen haberlo promovido tan bien. Ya sea por falta de interés en los oficiales encargados de ejecutar dichas ordenanzas, o por alguna otra causa, estas parecen haber sido universalmente ignoradas; y en el devenir de todos esos gobiernos, los ejercicios militares parecen haber caído gradualmente en desuso entre la gran masa del pueblo.

En las repúblicas de la antigua Grecia y Roma, durante todo el período de su existencia, y bajo los gobiernos feudales, durante un tiempo considerable después de su primer establecimiento, el oficio de soldado no era un oficio separado y distinto, que constituyera la ocupación única o principal de una clase particular de ciudadanos; todo súbdito del estado, cualquiera que fuese el oficio u ocupación ordinaria con la que se ganaba la vida, se consideraba a sí mismo, en todas las ocasiones ordinarias, apto asimismo para ejercer el oficio de soldado y, en muchas ocasiones extraordinarias, obligado a ejercerlo.

El arte de la guerra, sin embargo, así como es sin duda el más noble de todos los artes, también, en el curso de su progreso y perfeccionamiento, se convierte necesariamente en uno de los más complicados de entre ellos. El estado de las artes mecánicas, así como de algunas otras con las que está necesariamente conectado, determina el grado de perfección que es capaz de alcanzar en un momento dado.

Pero para llevarlo a este grado de perfección, es necesario que se convierta en la ocupación única o principal de una clase particular de ciudadanos; y la división del trabajo es tan necesaria para el perfeccionamiento de este arte como de cualquier otro.

En las demás artes, la división del trabajo se introduce de manera natural por la prudencia de los individuos, quienes descubren que promueven mejor su interés privado si se limitan a un oficio particular en lugar de ejercer una gran variedad de ellos. Pero solo la sabiduría del Estado puede hacer del oficio de soldado un oficio particular, separado y distinto de todos los demás.

Un ciudadano particular que, en tiempos de profunda paz y sin ningún estímulo especial por parte del público, dedicara la mayor parte de su tiempo a los ejercicios militares, podría, sin duda, mejorar mucho en ellos y divertirse de lo lindo; pero ciertamente no promovería su propio interés. Solo la sabiduría del Estado puede hacer que le resulte ventajoso ceder la mayor parte de su tiempo a esta ocupación singular; y los estados no siempre han poseído esta sabiduría, ni siquiera cuando sus circunstancias se han vuelto tales que la preservación de su existencia exigía que la tuvieran.

Un pastor tiene una gran cantidad de tiempo libre; un labrador, en el estado rudimentario de la agricultura, tiene algo; un artesano o fabricante no tiene ninguno en absoluto. El primero puede, sin pérdida alguna, emplear gran parte de su tiempo en ejercicios marciales; el segundo puede emplear una parte de él; pero el último no puede emplear ni una sola hora en ellos sin alguna pérdida, y su atención a su propio interés le lleva naturalmente a descuidarlos por completo.

Esas mejoras en la agricultura también, que el progreso de las artes y las manufacturas introduce necesariamente, dejan al labrador con tan poco tiempo libre como al artesano. Los ejercicios militares llegan a ser tan descuidados por los habitantes del campo como por los de la ciudad, y la gran masa del pueblo se vuelve completamente reacia a la guerra.

Esa riqueza, al mismo tiempo, que siempre acompaña a las mejoras de la agricultura y las manufacturas, y que, en realidad, no es más que el producto acumulado de dichas mejoras, provoca la invasión de todos sus vecinos. Una nación industriosa y, por esa razón, rica, es de todas las naciones la más propicia a ser atacada; y a menos que el Estado adopte alguna nueva medida para la defensa pública, los hábitos naturales del pueblo lo hacen totalmente incapaz de defenderse a sí mismo.

En estas circunstancias, parece haber solo dos métodos mediante los cuales el Estado puede hacer una provisión tolerable para la defensa pública.

Puede, en primer lugar, mediante una policía muy rigurosa y a pesar de toda la tendencia del interés, el genio y las inclinaciones del pueblo, imponer la práctica de los ejercicios militares y obligar ya sea a todos los ciudadanos en edad militar, o a un cierto número de ellos, a combinar en cierta medida el oficio de soldado con cualquier otro oficio o profesión que ejerzan.

O bien, en segundo lugar, manteniendo y empleando a un cierto número de ciudadanos en la práctica constante de los ejercicios militares, puede hacer del oficio de soldado un oficio particular, separado y distinto de todos los demás.

Si el Estado recurre al primero de esos dos expedientes, se dice que su fuerza militar consiste en una milicia; si al segundo, se dice que consiste en un ejército permanente.

La práctica de los ejercicios militares es la ocupación única o principal de los soldados de un ejército permanente, y el mantenimiento o paga que el Estado les proporciona es el fondo principal y ordinario de su subsistencia.

La práctica de los ejercicios militares es solo la ocupación ocasional de los soldados de una milicia, y estos obtienen el fondo principal y ordinario de su subsistencia de alguna otra ocupación.

En una milicia, el carácter de labrador, artesano o comerciante predomina sobre el de soldado; en un ejército permanente, el de soldado predomina sobre cualquier otro carácter; y en esta distinción parece consistir la diferencia esencial entre esas dos diferentes especies de fuerza militar.

Las milicias han sido de varias clases diferentes.

En algunos países, los ciudadanos destinados a defender el Estado parecen haber sido ejercitados únicamente, sin ser, si me es permitido decirlo, regimentados; esto es, sin ser divididos en cuerpos de tropa separados y distintos, cada uno de los cuales realizaba sus ejercicios bajo sus propios y permanentes oficiales.

En las repúblicas de la antigua Grecia y de Roma, cada ciudadano, mientras permanecía en su hogar, parece haber practicado sus ejercicios, ya de manera separada e independiente, ya con aquellos de sus iguales que más le agradaban, y sin estar adscrito a ningún cuerpo particular de tropas hasta que era llamado efectivamente a entrar en campaña.

En otros países, la milicia no solo ha sido ejercitada, sino también regimentada. En Inglaterra, en Suiza y, creo yo, en cualquier otro país de la Europa moderna donde se haya establecido alguna fuerza militar imperfecta de este género, cada miliciano está adscrito, aun en tiempo de paz, a un cuerpo particular de tropas que realiza sus ejercicios bajo sus propios y permanentes oficiales.

Antes de la invención de las armas de fuego, era superior aquel ejército en el cual los soldados poseían, cada uno individualmente, la mayor habilidad y destreza en el uso de sus armas. La fuerza y la agilidad corporal eran de la mayor importancia y, por lo comúnmente, decidían la suerte de las batallas.

Pero esta habilidad y destreza en el uso de sus armas solo podían adquirirse, del mismo modo que hoy se practica la esgrima, practicando no en grandes cuerpos, sino cada hombre por separado, en una escuela particular, bajo un maestro particular, o con sus propios iguales y compañeros particulares.

Desde la invención de las armas de fuego, la fuerza y la agilidad corporal, o incluso la destreza y habilidad extraordinarias en el uso de las armas, aunque distan mucho de carecer de importancia, son, sin embargo, de menor importancia. La naturaleza del arma, aunque de ningún modo pone al torpe al mismo nivel que al hábil, lo acerca más a él que nunca antes. Se supone que toda la destreza y habilidad necesarias para usarla pueden adquirirse suficientemente practicando en grandes cuerpos.

La regularidad, el orden y la pronta obediencia a las órdenes son cualidades que, en los ejércitos modernos, tienen más importancia para determinar la suerte de las batallas que la destreza y habilidad de los soldados en el uso de sus armas.

Pero el ruido de las armas de fuego, el humo y la muerte invisible a la que cada hombre se siente expuesto a cada momento, tan pronto como se pone al alcance de los cañones, y con frecuencia mucho antes de que se pueda decir propiamente que la batalla ha comenzado, deben hacer muy difícil mantener un grado considerable de dicha regularidad, orden y pronta obediencia, incluso al principio de una batalla moderna.

En una batalla antigua no había más ruido que el proveniente de la voz humana; no había humo, no había una causa invisible de heridas o de muerte. Cada hombre, hasta que un arma mortal se le acercaba realmente, veía con claridad que ninguna arma semejante estaba cerca de él. En estas circunstancias, y entre tropas que tenían cierta confianza en su propia habilidad y destreza en el uso de las armas, debió de ser bastante menos difícil conservar cierto grado de regularidad y orden, no solo al principio, sino durante todo el transcurso de una batalla antigua, y hasta que uno de los dos ejércitos resultaba claramente derrotado.

Pero los hábitos de regularidad, orden y pronta obediencia a las órdenes solo pueden ser adquiridos por tropas que se ejercitan en grandes cuerpos.

Una milicia, sin embargo, de cualquier manera que esté disciplinada o adiestrada, ha de ser siempre muy inferior a un ejército permanente bien disciplinado y bien adiestrado.

Los soldados que se ejercitan solo una vez a la semana, o una vez al mes, nunca pueden ser tan expertos en el uso de sus armas como los que se ejercitan todos los días, o día por medio; y aunque esta circunstancia puede no ser de tanta importancia en los tiempos modernos como lo fue en los antiguos, la reconocida superioridad de las tropas prusianas, debida, según se dice, en gran medida a su superior destreza en el ejercicio, puede convencernos de que, aun hoy en día, es de una importancia considerable.

Los soldados, que están obligados a obedecer a su oficial solo una vez por semana o una vez al mes, y que en todo lo demás tienen la libertad de gestionar sus propios asuntos a su manera, sin rendirle cuentas de ningún modo, jamás podrán estar bajo el mismo temor en su presencia, ni tener la misma disposición a la obediencia pronta, que aquellos cuya vida entera y conducta son dirigidas cada día por él, y que todos los días incluso se levantan y se acuestan, o al menos se retiran a sus cuarteles, según sus órdenes.

En lo que se llama disciplina, o en el hábito de la obediencia pronta, una milicia debe ser siempre todavía más inferior a un ejército permanente de lo que a veces puede serlo en lo que se llama el ejercicio manual, o en el manejo y uso de sus armas. Pero, en la guerra moderna, el hábito de la obediencia pronta e inmediata tiene mucha más importancia que una superioridad considerable en el manejo de las armas.

Aquellas milicias que, como la milicia tártara o árabe, van a la guerra bajo los mismos caudillos a quienes están acostumbrados a obedecer en tiempos de paz, son con mucho las mejores. En el respeto a sus oficiales, en el hábito de la pronta obediencia, son las que más se acercan a los ejércitos permanentes.

La milicia montañesa (Highland), cuando servía bajo sus propios caudillos, tenía alguna ventaja de la misma índole. Como los montañeses, sin embargo, no eran pastores nómadas, sino sedentarios, como todos tenían una vivienda fija y no estaban acostumbrados, en tiempos de paz, a seguir a su caudillo de un lugar a otro; asimismo, en tiempo de guerra, estaban menos dispuestos a seguirlo a cualquier distancia considerable, o a permanecer durante mucho tiempo en el campo de batalla.

Cuando habían obtenido algún botín, estaban ávidos por regresar a casa, y la autoridad de aquel rara vez era suficiente para retenerlos. En cuanto a la obediencia, siempre fueron muy inferiores a lo que se cuenta de los tártaros y los árabes. Como los montañeses también, debido a su vida sedentaria, pasan menos tiempo al aire libre, siempre estuvieron menos acostumbrados a los ejercicios militares y eran menos expertos en el uso de las armas de lo que se dice que son los tártaros y los árabes.

Debe observarse, sin embargo, que una milicia de cualquier clase que ha servido durante varias campañas sucesivas en el campo se convierte en todos los aspectos en un ejército permanente.

Los soldados se ejercitan todos los días en el uso de las armas y, al estar constantemente bajo el mando de sus oficiales, se habitúan a la misma pronta obediencia que impera en los ejércitos permanentes.

Lo que fueran antes de tomar el campo de batalla tiene poca importancia. Se convierten necesariamente en todos los aspectos en un ejército permanente después de haber pasado unas pocas campañas en él.

Si la guerra en América se prolongase durante otra campaña, la milicia americana podría llegar a equipararse en todos los aspectos a aquel ejército permanente cuyo valor demostró, al menos en la última guerra, no ser inferior al de los veteranos más curtidos de Francia y España.

Bien comprendida esta distinción, se verá que la historia de todas las edades da testimonio de la superioridad irresistible que un ejército permanente bien regulado tiene sobre una milicia.

Uno de los primeros ejércitos permanentes de los que tenemos noticia clara en cualquier historia bien autenticada es el de Filipo de Macedonia. Sus frecuentes guerras con los tracios, ilirios, tesalios y algunas de las ciudades griegas vecinas de Macedonia convirtieron gradualmente a sus tropas, que al principio probablemente fueran milicias, a la disciplina exacta de un ejército permanente.

Cuando estaba en paz —lo cual ocurría muy rara vez y nunca por mucho tiempo seguido—, se cuidaba de no disolver ese ejército. Este venció y subyugó, tras una larga y violenta lucha, en verdad, a las valientes y bien ejercitadas milicias de las principales repúblicas de la antigua Grecia; y después, con muy poca resistencia, a la milicia afeminada y mal ejercitada del gran imperio persa.

La caída de las repúblicas griegas y del imperio persa fue el efecto de la superioridad irresistible que un ejército permanente tiene sobre cualquier otra clase de milicia. Es la primera gran revolución en los asuntos de la humanidad de la que la historia ha conservado un relato claro y detallado.

La caída de Cartago, y la consiguiente elevación de Roma, es el segundo. Todas las variaciones en la fortuna de esas dos famosas repúblicas pueden explicarse muy bien por la misma causa.

Desde el final de la primera hasta el comienzo de la segunda guerra cartaginesa, los ejércitos de Cartago estuvieron permanentemente en campaña y bajo las órdenes de tres grandes generales que se sucedieron en el mando: Amílcar, su yerno Asdrúbal y su hijo Aníbal:

• primero, castigando a sus propios esclavos rebeldes;
• después, somentiendo a las naciones sublevadas de África; y
• por último, conquistando el gran reino de España.

El ejército que Aníbal condujo desde España hasta Italia debió necesariamente, en aquellas distintas guerras, formarse de manera gradual en la disciplina estricta de un ejército profesional.

Los romanos, entre tanto, aunque no habían estado del todo en paz, tampoco se habían visto envueltos, durante este periodo, en ninguna guerra de gran trascendencia; y por lo general se dice que su disciplina militar se había relajado considerablemente.

Los ejércitos romanos con los que Aníbal se enfrentó en el Trebia, en el Trasimeno y en Cannas eran milicias enfrentadas a un ejército profesional. Esta circunstancia, es probable, contribuyó más que ninguna otra a decidir la suerte de aquellas batallas.

El ejército permanente que Aníbal dejó tras de sí en España tenía una superioridad semejante sobre las milicias que los romanos enviaron para oponerse a él; y, en pocos años, bajo el mando de su hermano, el joven Asdrúbal, los expulsó casi por completo de aquel país.

Aníbal recibía escasos suministros desde su patria. La milicia romana, al encontrarse continuamente en campaña, se convirtió, en el transcurso de la guerra, en un ejército profesional bien disciplinado y bien ejercitado, y la superioridad de Aníbal disminuía cada día más.

Asdrúbal juzgó necesario llevar la totalidad, o casi la totalidad, del ejército profesional que mandaba en España, en auxilio de su hermano en Italia.

En esta marcha, se dice que fue mal guiado por sus guías y, en un país que no conocía, fue sorprendido y atacado por otro ejército profesional, en todo aspecto igual o superior al suyo, y fue completamente derrotado.

Cuando Asdrúbal hubo abandonado España, el gran Escipión no encontró nada que se le opusiera salvo una milicia inferior a la suya. Conquistó y subyugó a dicha milicia y, en el transcurso de la guerra, la suya propia se convirtió necesariamente en un ejército permanente, bien disciplinado y bien ejercitado.

Ese ejército permanente fue llevado después a África, donde no encontró más que una milicia para oponérsele. Para defender Cartago, fue necesario llamar al ejército permanente de Aníbal. La milicia africana, desanimada y derrotada con frecuencia, se le unió y, en la batalla de Zama, compuso la mayor parte de las tropas de Aníbal. El desenlace de aquel día decidió el destino de las dos repúblicas rivales.

Desde el final de la segunda guerra púnica hasta la caída de la república romana, los ejércitos de Roma fueron en todos los aspectos ejércitos profesionales.

El ejército profesional de Macedonia opuso cierta resistencia a sus armas. En la cúspide de su grandeza, les costó dos grandes guerras y tres grandes batallas someter a ese pequeño reino, cuya conquista probablemente habría sido aún más difícil de no ser por la cobardía de su último rey.

Las milicias de todas las naciones civilizadas del mundo antiguo, de Grecia, de Siria y de Egipto, opusieron una débil resistencia a los ejércitos profesionales de Roma. Las milicias de algunas naciones bárbaras se defendieron mucho mejor.

• La milicia escita o tártara, que Mitrídates reclutó en los países al norte de los mares Euxino y Caspio, fue el enemigo más formidable con el que los romanos tuvieron que enfrentarse después de la segunda guerra púnica.
• Las milicias partas y germanas también fueron siempre respetables y, en varias ocasiones, obtuvieron ventajas muy considerables sobre los ejércitos romanos.

En general, sin embargo, y cuando los ejércitos romanos estuvieron bien comandados, parecen haber sido muy superiores; y si los romanos no prosiguieron con la conquista definitiva ni de Partia ni de Germania, probablemente fue porque juzgaron que no valía la pena añadir esos dos países bárbaros a un imperio que ya era demasiado grande.

Los antiguos partos parecen haber sido una nación de origen escito o tártaro, y haber conservado siempre gran parte de las costumbres de sus antepasados. Los antiguos germanos eran, al igual que los escitas o tártaros, una nación de pastores nómadas, que iban a la guerra bajo los mismos jefes a los que estaban acostumbrados a seguir en tiempos de paz.

«Su milicia era exactamente del mismo tipo que la de los escitas o tártaros, de quienes también probablemente descendían».

Muchas causas diversas contribuyeron a relajar la disciplina de los ejércitos romanos.

Su extrema severidad fue, tal vez, una de esas causas. En los días de su grandeza, cuando ningún enemigo parecía capaz de hacerles frente, su pesada armadura fue dejada a un lado por considerarse innecesariamente gravosa, y sus laboriosos ejercicios fueron descuidados por innecesariamente fatigosos.

Bajo los emperadores romanos, además, los ejércitos permanentes de Roma, en especial aquellos que custodiaban las fronteras de Germania y Panonia, se volvieron peligrosos para sus amos, contra quienes solían sublevar con frecuencia a sus propios generales. Con el fin de hacerlos menos formidables, según algunos autores, Diocleciano, o según otros, Constantino, los retiró primero de la frontera, donde hasta entonces habían estado siempre acampados en grandes cuerpos, por lo general de dos o tres legiones cada uno, y los dispersó en pequeños cuerpos por las distintas ciudades provinciales, de donde casi nunca eran movilizados, a menos que se hiciera necesario repeler una invasión.

Pequeños cuerpos de soldados, acuartelados en ciudades comerciales y manufactureras, y rara vez trasladados de dichos cuarteles, se convirtieron ellos mismos en comerciantes, artesanos y manufactureros. El carácter civil pasó a predominar sobre el militar; y los ejércitos permanentes de Roma degeneraron gradualmente en una milicia corrupta, descuidada e indisciplinada, incapaz de resistir el ataque de las milicias germanas y escitas, que poco después invadieron el imperio occidental.

Fue únicamente contratando a la milicia de algunas de esas naciones para oponerla a la de otras como los emperadores pudieron defenderse durante algún tiempo. La caída del imperio occidental es la tercera gran revolución en los asuntos de la humanidad de la que la historia antigua conserva un relato claro y pormenorizado. Fue provocada por la superioridad irresistible que la milicia de una nación bárbara tiene sobre la de una civilizada; la que la milicia de una nación de pastores tiene sobre la de una nación de labradores, artesanos y manufactureros.

Las victorias obtenidas por las milicias no se han logrado, por lo general, sobre ejércitos permanentes, sino sobre otras milicias inferiores a ellas en ejercicio y disciplina. Tales fueron las victorias que la milicia griega obtuvo sobre la del imperio persa; y tales fueron también, en tiempos posteriores, las que la milicia suiza consiguió sobre la de los austriacos y borgoñones.

La fuerza militar de las naciones alemana y escita, que se establecieron sobre las ruinas del imperio occidental, continuó durante algún tiempo siendo del mismo tipo en sus nuevos asentamientos que en su país de origen.

Era una milicia de pastores y labradores que, en tiempo de guerra, salía a campaña bajo el mando de los mismos jefes a los que estaba acostumbrada a obedecer en tiempos de paz. Era, por lo tanto, medianamente ejercitada y medianamente disciplinada.

Sin embargo, a medida que las artes y la industria avanzaban, la autoridad de los jefes decayó gradualmente, y el gran cuerpo del pueblo tuvo menos tiempo disponible para los ejercicios militares. Tanto la disciplina como el ejercicio de la milicia feudal decayeron, por consiguiente, de forma paulatina, y los ejércitos permanentes se introdujeron poco a poco para reemplazarla.

Cuando, además, el recurso de un ejército permanente hubo sido adoptado por una nación civilizada, se volvió necesario que todos sus vecinos siguieran el ejemplo. Pronto descubrieron que su seguridad dependía de hacerlo y que su propia milicia era totalmente incapaz de resistir el ataque de semejante ejército.

Los soldados de un ejército permanente, aunque jamás hayan visto a un enemigo, con frecuencia han parecido poseer todo el valor de las tropas veteranas y, en el mismo momento en que salieron al campo, haber estado preparados para enfrentarse a los veteranos más aguerridos y experimentados.

En 1756, cuando el ejército ruso marchó hacia Polonia, el valor de los soldados rusos no pareció inferior al de los prusianos, por entonces considerados los veteranos más aguerridos y experimentados de Europa. El imperio ruso, sin embargo, había disfrutado de una paz profunda durante cerca de veinte años antes, y por entonces apenas podía tener soldados que hubieran visto jamás a un enemigo.

Cuando estalló la guerra con España en 1739, Inglaterra había disfrutado de una paz profunda durante unos veintiocho años. El valor de sus soldados, sin embargo, lejos de corromperse por esa larga paz, no fue nunca más distinguido que en el intento contra Cartagena, la primera desafortunada hazaña de aquella desafortunada guerra.

En una larga paz, los generales, tal vez, puedan olvidar a veces su habilidad; pero donde se ha mantenido un ejército permanente bien regulado, los soldados parecen no olvidar jamás su valor.

Cuando una nación civilizada depende para su defensa de una milicia, se halla en todo momento expuesta a ser conquistada por cualquier nación bárbara que dé la casualidad de hallarse en su vecindad.

Las frecuentes conquistas de todos los países civilizados de Asia por los tártaros demuestran suficientemente la superioridad natural que la milicia de una nación bárbara tiene sobre la de una civilizada.

Un ejército profesional bien organizado es superior a cualquier milicia. Tal ejército, así como puede ser mantenido de la mejor manera por una nación opulenta y civilizada, es asimismo el único capaz de defender a dicha nación contra la invasión de un vecino pobre y bárbaro.

Es únicamente por medio de un ejército profesional, por lo tanto, como la civilización de cualquier país puede ser perpetuada, o incluso preservada, durante un tiempo considerable.

Así como es únicamente por medio de un ejército permanente bien disciplinado como puede ser defendido un país civilizado, también es únicamente por medio de él como un país bárbaro puede ser repentina y tolerablemente civilizado.

Un ejército permanente establece, con una fuerza irresistible, la ley del soberano a través de las provincias más remotas del imperio, y mantiene cierto grado de gobierno regular en países que de otro modo no podrían admitir ninguno.

Quien examine con atención las mejoras que Pedro el Grande introdujo en el imperio ruso, hallará que casi todas se reducen al establecimiento de un ejército permanente bien disciplinado. Es el instrumento que ejecuta y mantiene todas sus demás ordenanzas. El grado de orden y paz interior de que ese imperio ha disfrutado desde entonces se debe enteramente a la influencia de ese ejército.

Los hombres de principios republicanos han recelado de un ejército permanente por considerarlo peligroso para la libertad. Ciertamente lo es siempre que el interés del general y el de los oficiales principales no estén necesariamente ligados al mantenimiento de la constitución del Estado. El ejército permanente de César destruyó la república romana. El ejército permanente de Cromwell echó al parlamento largo con desprecio.

Pero cuando el soberano es él mismo el general, y la principal nobleza y aristocracia del país los oficiales jefes del ejército; cuando la fuerza militar se pone bajo el mando de aquellos que tienen mayor interés en el sostenimiento de la autoridad civil, porque poseen por sí mismos la mayor parte de esa autoridad, un ejército permanente nunca puede ser peligroso para la libertad.

Por el contrario, puede, en algunos casos, ser favorable a la libertad. La seguridad que ofrece al soberano hace innecesario ese celo molesto que, en algunas repúblicas modernas, parece vigilar las acciones más minuciosas y estar dispuesto en todo momento a perturbar la paz de cada ciudadano.

Allí donde la seguridad del magistrado, aunque esté respaldada por la gente principal del país, se ve amenazada por cualquier descontento popular; donde un pequeño tumulto es capaz de provocar en pocas horas una gran revolución, toda la autoridad del gobierno debe emplearse en reprimir y castigar cada murmullo y cada queja en su contra.

A un soberano, por el contrario, que se siente respaldado, no solo por la aristocracia natural del país, sino por un ejército permanente bien regulado, las protestas más rudas, infundadas y licenciosas pueden perturbarle muy poco. Puede perdonarlas o ignorarlas con seguridad, y la conciencia de su propia superioridad le inclina naturalmente a hacerlo.

Ese grado de libertad que raya en el desenfreno solo puede tolerarse en países donde el soberano está asegurado por un ejército permanente bien regulado. Solo en tales países la seguridad pública no exige que se confíe al soberano ningún poder discrecional para reprimir ni siquiera el capricho impertinente de esta libertad licenciosa.

El primer deber del soberano, por tanto, el de defender a la sociedad de la violencia y de la injusticia de otras sociedades independientes, se vuelve gradualmente cada vez más costoso, a medida que la sociedad avanza en la civilización.

La fuerza militar de la sociedad, que originalmente no le costaba nada al soberano, ni en tiempo de paz ni en tiempo de guerra, debe, en el curso del progreso, ser mantenida por él primero en tiempo de guerra, y después incluso en tiempo de paz.

El gran cambio introducido en el arte de la guerra por la invención de las armas de fuego ha incrementado aún más tanto el gasto de entrenar y disciplinar a un número determinado de soldados en tiempo de paz como el de emplearlos en tiempo de guerra.

Tanto sus armas como sus municiones se han vuelto más costosas. Un mosquete es una máquina más cara que una jabalina o un arco y flechas; un cañón o un mortero, más que una balista o una catapulta. La pólvora que se gasta en una revista militar moderna se pierde irremediablemente y ocasiona un gasto muy considerable. Las jabalinas y flechas que se lanzaban o disparaban en una antigua se podían recoger fácilmente de nuevo y, además, tenían muy poco valor.

El cañón y el mortero no solo son máquinas mucho más caras, sino también mucho más pesadas que la balista o la catapulta, y exigen un mayor gasto, no solo para prepararlas para el campo de batalla, sino para transportarlas hasta allí. Como la superioridad de la artillería moderna sobre la de los antiguos es también muy grande, se ha vuelto mucho más difícil y, por consiguiente, mucho más costoso fortificar una ciudad de modo que resista, incluso durante unas pocas semanas, el ataque de esa artillería superior.

En los tiempos modernos, muchas causas diferentes contribuyen a encarecer la defensa de la sociedad. Los efectos inevitables del progreso natural de las mejoras se han visto considerablemente acrecentados, en este aspecto, por una gran revolución en el arte de la guerra que parece haber tenido su origen en un mero accidente: la invención de la pólvora.

En la guerra moderna, el gran gasto de las armas de fuego da una ventaja evidente a la nación que mejor puede permitirse ese gasto y, en consecuencia, a una nación opulenta y civilizada sobre una nación pobre y bárbara.

En los tiempos antiguos, a los opulentos y civilizados les resultaba difícil defenderse de las naciones pobres y bárbaras.

En los tiempos modernos, a los pobres y bárbaros les resulta difícil defenderse de los opulentos y civilizados.

La invención de las armas de fuego, una invención que a primera vista parece tan perniciosa, es ciertamente favorable tanto para la permanencia como para la extensión de la civilización.

# PARTE II. Del gasto de la justicia

El segundo deber del soberano, el de proteger, en la medida de lo posible, a todos los miembros de la sociedad de la injusticia o la opresión de cualquier otro miembro de esta, o el deber de establecer una administración exacta de justicia, requiere dos grados de gasto muy diferentes en los distintos periodos de la sociedad.

Entre las naciones de cazadores, como apenas hay propiedad, o al menos ninguna que exceda el valor de dos o tres días de trabajo, rara vez existe un magistrado establecido o una administración regular de justicia.

Los hombres que no tienen propiedad solo pueden injuriarse unos a otros en sus personas o reputaciones. Pero cuando un hombre mata, hiere, golpea o difama a otro, aunque aquel a quien se le hace el daño sufre, quien lo comete no recibe ningún beneficio. Sucede de otro modo con las ofensas contra la propiedad. El beneficio de quien comete la injuria suele ser igual a la pérdida de quien la padece.

La envidia, la malicia o el resentimiento son las únicas pasiones que pueden incitar a un hombre a dañar a otro en su persona o reputación. Pero la mayor parte de los hombres no se encuentra muy frecuentemente bajo la influencia de esas pasiones; y los peores hombres solo lo están de manera ocasional. Como su satisfacción, por muy agradable que pueda ser para ciertos caracteres, no conlleva ninguna ventaja real o permanente, en la mayor parte de los hombres suele verse frenada por consideraciones de prudencia. Los hombres pueden vivir juntos en sociedad con un grado tolerable de seguridad, aunque no haya un magistrado civil que los proteja de la injusticia de esas pasiones.

Pero la avaricia y la ambición en los ricos, y en los pobres el odio al trabajo y el amor por la comodidad y el disfrute presentes, son las pasiones que incitan a invadir la propiedad; pasiones mucho más constantes en su funcionamiento y mucho más universales en su influencia.

• Dondequiera que hay una gran propiedad, hay una gran desigualdad.
• Por cada hombre muy rico, debe haber al menos quinientos pobres, y la opulencia de unos pocos supone la indigencia de muchos.
• La opulencia de los ricos excita la indignación de los pobres, a quienes la necesidad suele empujar y la envidia incitar a invadir sus posesiones.

Es solo bajo el amparo del magistrado civil que el propietario de esa valiosa propiedad, adquirida mediante el trabajo de muchos años, o quizás de muchas generaciones sucesivas, puede dormir una sola noche con seguridad. Se encuentra rodeado en todo momento por enemigos desconocidos a quienes, aunque nunca provocó, jamás puede apaciguar, y de cuya injusticia solo puede ser protegido por el poderoso brazo del magistrado civil, alzado continuamente para castigarla.

La adquisición de una propiedad valiosa y extensa requiere, por tanto, necesariamente el establecimiento del gobierno civil. Donde no hay propiedad, o al menos ninguna que exceda el valor de dos o tres días de trabajo, el gobierno civil no es tan necesario.

El gobierno civil supone una cierta subordinación. Pero así como la necesidad del gobierno civil surge gradualmente con la adquisición de propiedad valiosa; así las causas principales que introducen naturalmente la subordinación surgen gradualmente con el crecimiento de esa propiedad valiosa.

Las causas o circunstancias que introducen naturalmente la subordinación, o que de manera natural y anterior a cualquier institución civil dan a algunos hombres cierta superioridad sobre la mayor parte de sus hermanos, parecen ser cuatro en número.

La primera de esas causas o circunstancias es la superioridad de las cualidades personales, de la fuerza, la belleza y la agilidad del cuerpo; de la sabiduría y la virtud; de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la moderación de la mente.

Las cualidades del cuerpo, a menos que estén respaldadas por las de la mente, pueden otorgar poca autoridad en cualquier período de la sociedad. Muy fuerte ha de ser el hombre que, por la mera fuerza corporal, pueda obligar a dos débiles a obedecerle.

Las cualidades de la mente son las únicas que pueden otorgar una autoridad muy grande. Sin embargo, son cualidades invisibles; siempre discutibles y, por lo general, discutidas. Ninguna sociedad, ya sea bárbara o civilizada, ha considerado jamás conveniente establecer las reglas de precedencia de rango y subordinación de acuerdo con esas cualidades invisibles; sino de acuerdo con algo que es más claro y palpable.

La segunda de esas causas o circunstancias es la superioridad de la edad. A un anciano, siempre que su edad no esté tan avanzada como para dar sospechas de demencia, se le respeta en todas partes más que a un joven de igual rango, fortuna y capacidades.

Entre las naciones de cazadores, como las tribus nativas de América del Norte, la edad es el único fundamento del rango y de la precedencia. Entre ellas, padre es el apelativo de un superior; hermano, el de un igual, e hijo, el de un inferior.

En las naciones más opulentas y civilizadas, la edad regula el rango entre aquellos que en cualquier otro aspecto son iguales y entre quienes, por lo tanto, no hay ninguna otra cosa para regularlo. Entre hermanos y entre hermanas, el mayor ocupa siempre el primer lugar; y en la sucesión del patrimonio paterno, todo aquello que no puede dividirse, sino que debe pasar íntegro a una sola persona, como un título de honor, se otorga en la mayoría de los casos al mayor.

La edad es una cualidad clara y palpable que no admite discusión.

La tercera de esas causas o circunstancias es la superioridad de fortuna. La autoridad de las riquezas, sin embargo, aunque grande en todas las épocas de la sociedad, es, quizás, mayor en las edades más rudas de la sociedad que admiten una desigualdad de fortuna considerable.

Un jefe tártaro, el incremento de cuyos rebaños y ganados es suficiente para mantener a mil hombres, difícilmente puede emplear ese incremento de otro modo que no sea manteniendo a mil hombres. El estado rudo de su sociedad no le ofrece ninguna producción manufacturada, ninguna baratija o chuchería de ningún tipo por la cual pueda cambiar esa parte de su producto bruto que excede su propio consumo. Los mil hombres a quienes mantiene de este modo, dependiendo enteramente de él para su subsistencia, deben tanto obedecer sus órdenes en la guerra como someterse a su jurisdicción en la paz. Él es necesariamente su general y su juez, y su jefatura es el efecto necesario de la superioridad de su fortuna.

En una sociedad opulenta y civilizada, un hombre puede poseer una fortuna mucho mayor y, sin embargo, no ser capaz de mandar sobre una docena de personas. Aunque el producto de su hacienda sea suficiente para mantener, y tal vez mantenga efectivamente, a más de mil personas, sin embargo, como esas personas pagan por todo lo que obtienen de él, como apenas le da nada a nadie sino a cambio de un equivalente, casi no hay nadie que se considere enteramente dependiente de él, y su autoridad se extiende únicamente a unos pocos criados domésticos.

La autoridad de la fortuna, sin embargo, es muy grande, incluso en una sociedad opulenta y civilizada. Que sea mucho mayor que la de la edad o la de las cualidades personales ha sido la queja constante de todos los períodos de la sociedad que han admitido alguna desigualdad de fortuna considerable.

• El primer período de la sociedad, el de los cazadores, no admite tal desigualdad. La pobreza universal establece su igualdad universal; y la superioridad, ya sea de la edad o de las cualidades personales, son los fundamentos débiles, pero los únicos, de la autoridad y la subordinación. No hay, por lo tanto, poca o ninguna autoridad o subordinación en este período de la sociedad.
• El segundo período de la sociedad, el de los pastores, admite desigualdades de fortuna muy grandes, y no hay período en el que la superioridad de fortuna dé una autoridad tan grande a quienes la poseen. No hay período, por consiguiente, en el que la autoridad y la subordinación estén más perfectamente establecidas. La autoridad de un jerife árabe es muy grande; la de un kan tártaro, totalmente despótica.

La cuarta de estas causas o circunstancias es la superioridad de nacimiento.

La superioridad de nacimiento supone una antigua superioridad de fortuna en la familia de la persona que la reclama. Todas las familias son igualmente antiguas; y los antepasados del príncipe, aunque puedan ser más conocidos, difícilmente pueden ser más numerosos que los del mendigo.

La antigüedad de familia significa en todas partes la antigüedad ya sea de la riqueza, o de aquella grandeza que comúnmente o se funda en la riqueza o va acompañada de ella. La grandeza advenediza es en todas partes menos respetada que la grandeza antigua.

El odio hacia los usurpadores y el amor a la familia de un monarca antiguo se basan en gran medida en el desprecio que los hombres sienten naturalmente por los primeros, y en su veneración por los segundos.

Del mismo modo que un oficial militar se somete, sin reticencia, a la autoridad de un superior por el que siempre ha sido mandado, pero no puede soportar que su inferior sea puesto por encima de él; así los hombres se someten fácilmente a una familia a la que ellos y sus antepasados siempre se han sometido, pero se inflaman de indignación cuando otra familia, en la que nunca han reconocido tal superioridad, asume el dominio sobre ellos.

La distinción de nacimiento, al ser posterior a la desigualdad de fortuna, no puede tener cabida en las naciones de cazadores, entre quienes todos los hombres, al ser iguales en fortuna, deben asimismo ser muy casi iguales en nacimiento.

El hijo de un hombre sabio y valiente puede, en verdad, incluso entre ellos, ser algo más respetado que un hombre de igual mérito que tenga la desgracia de ser hijo de un tonto o de un cobarde.

La diferencia, sin embargo, no será muy grande; y nunca ha habido, creo yo, una gran familia en el mundo cuya distinción derivara enteramente de la herencia de la sabiduría y la virtud.

La distinción de nacimiento no solo puede darse, sino que siempre se da, entre las naciones de pastores. Tales naciones son siempre ajenas a toda clase de lujo, y la gran riqueza difícilmente puede disiparse jamás entre ellas por una prodigalidad imprudente. No hay naciones, por consiguiente, que abunden más en familias veneradas y honradas debido a su descendencia de una larga estirpe de antepasados grandes e ilustres; porque no hay naciones entre las cuales sea probable que la riqueza permanezca durante más tiempo en las mismas familias.

El nacimiento y la fortuna son evidentemente las dos circunstancias que principalmente sitúan a un hombre por encima de otro. Son las dos grandes fuentes de distinción personal y son, por tanto, las causas principales que establecen de manera natural la autoridad y la subordinación entre los hombres.

Entre las naciones de pastores, ambas causas operan con toda su fuerza. El gran pastor o ganadero, respetado en razón de su gran riqueza y del gran número de personas que dependen de él para su subsistencia, y reverenciado debido a la nobleza de su nacimiento y a la inmemorial antigüedad de su ilustre familia, posee una autoridad natural sobre todos los pastores o ganaderos inferiores de su horda o clan.

• Puede mandar sobre la fuerza unida de un número de personas mayor que cualquiera de ellos.
• Su poder militar es mayor que el de cualquiera de ellos.

En tiempo de guerra, todos ellos se sienten naturalmente dispuestos a enrolarse bajo su bandera, antes que bajo la de cualquier otra persona; y su nacimiento y su fortuna le procuran así, de manera natural, una cierta clase de poder ejecutivo.

Al mandar también sobre la fuerza unida de un número de personas mayor que cualquiera de ellos, está en las mejores condiciones para obligar a cualquiera que haya injuriado a otro a compensar el agravio. Es la persona, por tanto, a quien todos aquellos que son demasiado débiles para defenderse a sí mismos acuden de forma natural en busca de protección. Es a él a quien se quejan espontáneamente de los daños que imaginan habérseles hecho; y a su intervención en tales casos, incluso la persona de quien se se queja, se somete con mayor facilidad que a la de cualquier otra.

Su nacimiento y su fortuna le procuran así de manera natural cierta clase de autoridad judicial.

Es en la edad de los pastores, en el segundo periodo de la sociedad, cuando la desigualdad de fortuna comienza a tener lugar por primera vez, e introduce entre los hombres un grado de autoridad y subordinación que no podía existir antes de ninguna manera. Introduce con ello cierto grado de ese gobierno civil que es indispensablemente necesario para su propia conservación; y parece hacerlo de manera natural, e incluso independientemente de la consideración de dicha necesidad. La consideración de esa necesidad llega, sin duda, más tarde, a contribuir en gran medida a mantener y asegurar dicha autoridad y subordinación. Los ricos, en particular, están necesariamente interesados en sostener ese orden de cosas que es el único capaz de asegurarles la posesión de sus propias ventajas. Los hombres de menor fortuna se combinan para defender a los de mayor fortuna en la posesión de su propiedad, para que los hombres de mayor fortuna puedan combinarse para defenderlos a ellos en la posesión de la suya. Todos los pastores y ganaderos inferiores sienten que la seguridad de sus propios hatos y rebaños depende de la seguridad de los del gran pastor o ganadero; que el mantenimiento de su menor autoridad depende del de la mayor autoridad de aquel; y que de su subordinación a él depende su poder de mantener a sus inferiores en subordinación a ellos. Constituyen una especie de pequeña nobleza, que se siente interesada en defender la propiedad, y en apoyar la autoridad, de su propio pequeño soberano, para que este sea capaz de defender la propiedad de ellos, y de apoyar su autoridad. El gobierno civil, en la medida en que está instituido para la seguridad de la propiedad, está, en realidad, instituido para la defensa de los ricos contra los pobres, o de aquellos que tienen alguna propiedad contra aquellos que no tienen ninguna en absoluto.

La autoridad judicial de dicho soberano, sin embargo, lejos de ser una causa de gasto, fue, durante mucho tiempo, una fuente de ingresos para él. Las personas que le solicitaban justicia siempre estaban dispuestas a pagarla, y un regalo nunca dejaba de acompañar a una petición.

Asimismo, una vez establecida por completo la autoridad del soberano, la persona declarada culpable, además de la satisfacción que estaba obligada a dar a la parte afectada, se veía igualmente forzada a pagar una multa al soberano. Había ocasionado molestias, había alterado, había quebrantado la paz de su señor el rey, y por esas ofensas se consideraba debida una multa.

En los gobiernos tártaros de Asia, en los gobiernos de Europa que fueron fundados por las naciones germánicas y escitas que derrocaron al imperio romano, la administración de justicia fue una fuente considerable de ingresos, tanto para el soberano como para todos los jefes menores o señores que ejercían bajo él alguna jurisdicción particular, ya sea sobre alguna tribu o clan en particular, o sobre algún territorio o distrito determinado.

Originalmente, tanto el soberano como los jefes inferiores solían ejercer esta jurisdicción en persona. Después, todos encontraron universalmente conveniente delegarla en algún sustituto, alguacil o juez. Este sustituto, sin embargo, aún estaba obligado a rendir cuentas a su mandante o comitente de los beneficios de la jurisdicción.

Quien lea las instrucciones (se encuentran en la Historia de Inglaterra de Tyrrell) que se dadas a los jueces de circuito en la época de Enrique II verá claramente que esos jueces eran una especie de factores itinerantes, enviados por el país con el propósito de recaudar ciertos ramos de la renta del rey. En aquellos días, la administración de justicia no solo proporcionaba una renta cierta al soberano, sino que, para procurar esta renta, parece haber sido una de las principales ventajas que este se proponía obtener mediante la administración de justicia.

Este plan de hacer que la administración de justicia se subordinara a los fines de la recaudación fiscal, difícilmente podía dejar de producir varios abusos muy graves.

La persona que acudía en demanda de justicia con un gran presente en la mano, probablemente obtenía algo más que justicia; mientras que la que acudía con uno pequeño probablemente obtenía algo menos. La justicia, asimismo, podía retrasarse con frecuencia a fin de que dicho presente se repitiera. La multa impuesta al denunciado, además, podía sugerir con frecuencia un motivo muy poderoso para declararlo culpable, incluso cuando en realidad no lo había sido.

De que tales abusos estaban lejos de ser poco comunes da testimonio la historia antigua de todos los países de Europa.

Cuando el soberano o jefe ejerce su autoridad judicial por sí mismo, por mucho que pueda abusarla, difícilmente habrá sido posible obtener reparación alguna; porque rara vez podría haber alguien con la fuerza suficiente como para pedirle cuentas.

Cuando la ejercía por medio de un alguacil, en verdad, a veces se podía conseguir reparación. Si el alguacil hubiese cometido un acto de injusticia únicamente en su propio beneficio, el propio soberano tal vez no siempre se mostraría reacio a castigarlo o a obligarlo a reparar el daño. Pero si era en beneficio de su soberano; si era para congraciarse con la persona que lo había nombrado y que podía ascenderlo, por lo que había cometido cualquier acto de opresión; la reparación sería, en la mayoría de las ocasiones, tan imposible como si el soberano la hubiera cometido él mismo.

Por consiguiente, en todos los gobiernos bárbaros, y en particular en todos aquellos antiguos gobiernos de Europa que se fundaron sobre las ruinas del imperio romano, la administración de justicia parece haber sido durante mucho tiempo sumamente corrupta; lejos de ser del todo equitativa e imparcial, incluso bajo los mejores monarcas, y totalmente depravada bajo los peores.

Entre las naciones de pastores, donde el soberano o jefe no es sino el mayor pastor o ganadero de la horda o clan, se le mantiene del mismo modo que a cualquiera de sus vasallos o súbditos, mediante el incremento de sus propios hatos o rebaños.

Entre aquellas naciones de labradores que apenas acaban de salir del estado pastoril, y que no han avanzado mucho más allá de ese estado —como parecen haberlo estado las tribus griegas alrededor de la época de la guerra de Troya, y nuestros antepasados germanos y escitas cuando se establecieron por primera vez sobre las ruinas del imperio occidental—, el soberano o jefe es, del mismo modo, tan solo el mayor terrateniente del país, y se le mantiene de la misma manera que a cualquier otro propietario, mediante una renta derivada de su propio patrimonio privado o de lo que, en la Europa moderna, se denominaba el patrimonio de la corona.

Sus súbditos, en las ocasiones ordinarias, no contribuyen en nada a su sostenimiento, excepto cuando, para protegerse de la opresión de algunos de sus conciudadanos, necesitan de su autoridad. Los presentes que le hacen en tales ocasiones constituyen la totalidad de la renta ordinaria, la totalidad de los emolumentos que —salvo, tal vez, en algunas emergencias muy extraordinarias— obtiene de su dominio sobre ellos.

Cuando Agamenón, en Homero, le ofrece a Aquiles, a cambio de su amistad, la soberanía de siete ciudades griegas, la única ventaja que menciona como susceptible de derivarse de ello era que el pueblo lo honraría con presentes. Mientras tales presentes, mientras los emolumentos de la justicia, o lo que puede llamarse las costas procesales, constituyeron de este modo la renta ordinaria íntegra que el soberano obtenía de su soberanía, no cabía esperar razonablemente, ni siquiera podía proponerse con decencia, que renunciara a ellos por completo.

Se podía proponer —y con frecuencia se propuso— que fueran regulados y tasados. Pero, una vez regulados y tasados de ese modo, cómo impedir que una persona todopoderosa los extendiera más allá de dichas regulaciones era aún muy difícil, por no decir imposible.

Durante la persistencia de este estado de cosas, por lo tanto, la corrupción de la justicia, derivada naturalmente de la naturaleza arbitraria e incierta de dichos presentes, apenas admitía remedio eficaz alguno.

Pero cuando, por causas diversas, principalmente por el aumento continuo de los gastos para defender a la nación contra la invasión de otras naciones, el patrimonio privado del soberano se volvió totalmente insuficiente para sufragar los gastos de la soberanía; y cuando fue necesario que el pueblo contribuyera, para su propia seguridad, a este gasto mediante impuestos de distinta índole, parece haberse estipulado de manera muy general que no se aceptaría ningún presente por la administración de justicia, bajo ningún pretexto, ni por el soberano ni por sus alguaciles y sustitutos, los jueces.

Se supone que esos presentes pudieron ser abolidos por completo con mayor facilidad que regulados y tasados con eficacia. Se fijaron sueldos a los jueces, los cuales se suponía que les compensaban la pérdida de lo que pudiera haber sido su parte en los antiguos emolumentos de la justicia, así como los impuestos compensaban con creces al soberano la pérdida de los suyos. Se decía entonces que la justicia se administraba gratis.

Sin embargo, la justicia en realidad nunca se ha administrado gratis en ningún país.

Los abogados y procuradores, al menos, deben ser siempre pagados por las partes; y si no lo fueran, cumplirían con su deber todavía peor de lo que lo hacen en la actualidad. Los honorarios que se pagan anualmente a abogados y procuradores ascienden, en cada tribunal, a una suma mucho mayor que los sueldos de los jueces. El hecho de que estos sueldos sean pagados por la Corona no puede disminuir en ninguna parte gran cosa el gasto necesario de un pleito. Pero no fue tanto para disminuir el gasto, como para prevenir la corrupción de la justicia, por lo que se prohibió a los jueces recibir ningún regalo o honorario de las partes.

El cargo de juez es en sí mismo tan sumamente honorable, que los hombres están dispuestos a aceptarlo, aunque vaya acompañado de emolumentos muy pequeños.

El cargo inferior de juez de paz, aunque conlleva una buena dosis de molestias y, en la mayoría de los casos, ningún emolumento en absoluto, es objeto de ambición para la mayor parte de nuestros caballeros rurales.

Los sueldos de todos los diferentes jueces, altos y bajos, junto con la totalidad de los gastos de la administración y ejecución de justicia, incluso cuando no se gestiona con muy buena economía, constituyen, en cualquier país civilizado, una parte muy insignificante del gasto total del gobierno.

Asimismo, la totalidad de los gastos de la justicia podría sufragarse fácilmente mediante las tasas judiciales; y, sin exponer la administración de justicia a ningún riesgo real de corrupción, los ingresos públicos quedarían así completamente liberados de una carga cierta, aunque tal vez pequeña.

Es difícil regular eficazmente las tasas judiciales cuando una persona tan poderosa como el soberano participa de ellas y obtiene de las mismas una parte considerable de sus ingresos. Es muy fácil cuando el juez es la principal persona que puede reportar algún beneficio de ellas. La ley puede obligar con mucha facilidad al juez a respetar la regulación, aunque tal vez no siempre sea capaz de hacer que el soberano la respete.

Cuando las tasas judiciales están precisamente reguladas y tasadas, cuando se pagan de una sola vez, en un momento determinado de cada proceso, en manos de un cajero o receptor para ser distribuidas por este en proporciones conocidas entre los diferentes jueces una vez que el proceso ha sido decidido, y no antes de que lo sea; no parece haber mayor peligro de corrupción que cuando dichas tasas se prohíben por completo.

Esas tasas, sin ocasionar un aumento considerable en el coste de un pleito, podrían resultar plenamente suficientes para sufragar la totalidad de los gastos de la justicia. Pero al no pagarse a los jueces hasta que el proceso estuviera determinado, podrían constituir un cierto incentivo para la diligencia del tribunal en examinarlo y decidirlo.

En los tribunales compuestos por un número considerable de jueces, al proporcional la parte de cada juez al número de horas y días que hubiera empleado en examinar el proceso, ya sea en el tribunal o en una comisión por orden del tribunal, dichas tasas podrían ofrecer cierto estímulo a la diligencia de cada juez en particular. Los servicios públicos nunca se desempeñan mejor que cuando su recompensa llega únicamente como consecuencia de haber sido realizados y es proporcional a la diligencia empleada en realizarlos.

En los diferentes parlamentos de Francia, las tasas judiciales (llamadas épices y vacations) constituyen la gran parte de los emolumentos de los jueces. Hechas todas las deducciones, el salario neto pagado por la Corona a un consejero o juez en el parlamento de Toulouse, por su rango y dignidad el segundo parlamento del reino, asciende únicamente a 150 libras, unas 6 libras y 11 chelines esterlinas al año. Hace unos siete años, esa suma era en el mismo lugar el salario anual ordinario de un lacayo común.

La distribución de estas épices, además, se realiza según la diligencia de los jueces. Un juez diligente obtiene unos ingresos cómodos, aunque moderados, gracias a su cargo; uno perezoso apenas consigue algo más que su salario. Esos parlamentos son tal vez, en muchos aspectos, tribunales de justicia poco convenientes; pero nunca han sido acusados; ni siquiera parece que se haya sospechado jamás de corrupción en ellos.

Las costas judiciales parecen haber sido originalmente el sustento principal de los diferentes tribunales de justicia en Inglaterra.

Cada tribunal se esforzaba por atraer hacia sí la mayor cantidad posible de asuntos y, por tal motivo, estaba dispuesto a conocer de muchos pleitos que originalmente no se había previsto que cayeran bajo su jurisdicción.

• El tribunal del banquillo del rey (court of king’s bench), instituido únicamente para el juicio de causas criminales, conoció de pleitos civiles; fingiendo el demandante que el demando, al no hacerle justicia, había cometido algún agravio o delito menor (trespass or misdemeanour).
• El tribunal del exchequer, instituido para la recaudación de la hacienda del rey y para exigir el pago únicamente de aquellas deudas que se debían al rey, conoció de todas las demás deudas por contrato; alegando el demandante que no podía pagar al rey porque el demandado no le pagaba a él.

Como consecuencia de tales ficciones, llegó a depender en muchos casos enteramente de las partes ante qué tribunal elegían que se juzgara su causa, y cada tribunal se esforzaba, mediante una mayor celeridad e imparcialidad, en atraer hacia sí tantas causas como podía.

La actual y admirable constitución de los tribunales de justicia en Inglaterra fue, tal vez, originalmente y en gran medida, moldeada por esta emulación que antiguamente se producía entre sus respectivos jueces: esforzándose cada juez por dar, en su propio tribunal, el remedio más rápido y eficaz que la ley permitiera para cualquier clase de injusticia.

Originalmente, los tribunales de justicia otorgaban indemnizaciones únicamente por incumplimiento de contrato. El tribunal de la cancillería (court of chancery), como tribunal de conciencia, asumió por primera vez la tarea de hacer cumplir el cumplimiento específico de los acuerdos. Cuando el incumplimiento del contrato consistía en la falta de pago de dinero, el daño sufrido no podía ser compensado de otro modo que ordenando el pago, lo cual equivalía a un cumplimiento específico del acuerdo.

En tales casos, por lo tanto, el remedio de los tribunales de justicia era suficiente. No ocurría lo mismo en otros. Cuando el arrendatario demandaba a su señor por haberlo despojado injustamente de su arrendamiento, los daños y perjuicios que recuperaba no equivalían en modo alguno a la posesión de la tierra. Tales causas, por consiguiente, acudieron durante algún tiempo en su totalidad al tribunal de la cancillería, con no pequeña pérdida para los tribunales de justicia. Se dice que fue para atraer de nuevo tales causas hacia sí mismos por lo que los tribunales de justicia inventaron el artificioso y ficticio auto de lanzamiento (writ of ejectment), el remedio más eficaz contra el despojo o privación injusta de tierras.

Un impuesto de timbre sobre los procedimientos judiciales de cada tribunal en particular, que deba ser recaudado por dicho tribunal y destinado al mantenimiento de los jueces y demás funcionarios pertenecientes al mismo, podría, de la misma manera, proporcionar ingresos suficientes para sufragar los gastos de la administración de justicia, sin imponer carga alguna a los ingresos generales de la sociedad.

Los jueces, en verdad, podrían verse en este caso bajo la tentación de multiplicar innecesariamente los trámites de cada causa, con el fin de aumentar, tanto como fuera posible, el producto de dicho impuesto de timbre.

Ha sido costumbre en la Europa moderna regular, en la mayoría de las ocasiones, el pago de los procuradores y secretarios judiciales en función del número de páginas que tuvieran necesidad de escribir; exigiendo el tribunal, sin embargo, que cada página contuviera un número determinado de líneas, y cada línea un número determinado de palabras.

Con el fin de aumentar sus honorarios, los procuradores y secretarios se han ingeniado para multiplicar las palabras más allá de toda necesidad, corrompiendo el lenguaje jurídico de, creo yo, todos los tribunales de justicia de Europa. Una tentación semejante podría provocar tal vez una corrupción parecida en la forma de los procedimientos judiciales.

Pero ya sea que la administración de justicia esté ideada para sufragar sus propios gastos, o que los jueces se mantengan mediante salarios fijos pagados con algún otro fondo, no parece necesario que la persona o personas a quienes se confía el poder ejecutivo deban encargarse de la gestión de dicho fondo, ni del pago de esos salarios.

Ese fondo podría provenir de las rentas de bienes raíces, cuya administración se encomendaría al tribunal particular que deba mantenerse con ellos. Dicho fondo podría provenir incluso del interés de una suma de dinero, cuya colocación en préstamo podría encomendarse, del mismo modo, al tribunal que deba mantenerse con ella.

Una parte, aunque a la verdad pequeña, del salario de los jueces del Tribunal de Sesión de Escocia proviene del interés de una suma de dinero. Sin embargo, la inestabilidad necesaria de semejante fondo parece convertirlo en uno inadecuado para el sostenimiento de una institución que debería durar para siempre.

La separación del poder judicial del ejecutivo parece haber surgido originariamente del incremento de los asuntos de la sociedad, como consecuencia de su creciente progreso.

La administración de justicia se convirtió en un deber tan laborioso y complicado, que requería la atención exclusiva de la persona a quien se le encomendaba. Como la persona encargada del poder ejecutivo no tenía tiempo para dedicarse por sí misma a la resolución de causas privadas, se nombró a un delegado para que las resolviera en su lugar.

En el transcurso del crecimiento de la grandeza romana, el cónsul estaba demasiado ocupado con los asuntos políticos del Estado como para atender a la administración de justicia. Por consiguiente, se nombró a un pretor para que la administrara en su lugar.

En el desarrollo de las monarquías europeas, fundadas sobre las ruinas del Imperio romano, los soberanos y los grandes señores llegaron a considerar de manera general la administración de justicia como un cargo demasiado laborioso e indigno para ejercerlo por sí mismos. Por lo tanto, se desentendieron universalmente de él mediante el nombramiento de un delegado, bailío o juez.

Cuando el poder judicial está unido al ejecutivo, es casi imposible que la justicia no sea frecuentemente sacrificada a lo que vulgarmente se llama política. Las personas encargadas de los grandes intereses del Estado pueden, incluso sin ninguna mira corrupta, imaginar a veces que es necesario sacrificar a esos intereses los derechos de un particular.

Pero de la administración imparcial de la justicia depende la libertad de cada individuo, la sensación que tiene de su propia seguridad. Para que cada individuo se sienta perfectamente seguro en la posesión de cada derecho que le pertenece, no solo es necesario que el poder judicial esté separado del ejecutivo, sino que se le haga lo más independiente posible de dicho poder.

• El juez no debe ser susceptible de ser removido de su cargo según el capricho de ese poder.
• El pago regular de su salario no debe depender de la buena voluntad, ni siquiera de la buena economía de ese poder.

### PARTE III. De los gastos de las obras públicas y de las instituciones públicas.

El tercer y último deber del soberano o de la república es el de erigir y mantener aquellas instituciones públicas y aquellas obras públicas que, aunque puedan ser en el más alto grado ventajosas para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio nunca podría repayar el gasto a ningún individuo o pequeño número de individuos; y que, por lo tanto, no se puede esperar que ningún individuo o pequeño número de individuos erija o mantenga.

El cumplimiento de este deber exige, además, muy diferentes grados de gasto en los diferentes períodos de la sociedad.

Después de las instituciones públicas y las obras públicas necesarias para la defensa de la sociedad y para la administración de justicia, ambas ya mencionadas, las demás obras e instituciones de este tipo son principalmente las destinadas a facilitar el comercio de la sociedad y aquellas para promover la instrucción del pueblo.

Las instituciones para la instrucción son de dos clases:

• las destinadas a la educación de la juventud,
• y las destinadas a la instrucción de personas de todas las edades.

La consideración del modo en que los gastos de estas diferentes clases de obras e instituciones públicas pueden sufragarse más adecuadamente dividirá esta tercera parte del presente capítulo en tres artículos diferentes.

ARTÍCULO I.—De las obras públicas e instituciones para facilitar el

comercio de la sociedad.

Y, en primer lugar, de las que son necesarias para facilitar el Comercio en general.

Que la construcción y conservación de las obras públicas que facilitan el comercio de cualquier país, tales como los buenos caminos, puentes, canales navegables, puertos, etc., deben requerir grados muy diferentes de gasto en los distintos periodos de la sociedad, es evidente sin necesidad de prueba alguna.

El gasto de hacer y conservar los caminos públicos de cualquier país debe aumentar evidentemente con el producto anual de la tierra y del trabajo de ese país, o con la cantidad y el peso de las mercancías que sea necesario transportar por dichos caminos.

• La resistencia de un puente debe adaptarse al número y peso de los carruajes que probablemente vayan a pasar por él.
• La profundidad y el caudal de agua de un canal navegable deben proporcionarse al número y tonelaje de las chalupas que probablemente transporten mercancías en él; la extensión de un puerto, al número de barcos que probablemente se refugien en él.

No parece necesario que los gastos de dichas obras públicas se sufragan con cargo a esa renta pública, como suele llamársele, cuya recaudación y aplicación están encomendadas, en la mayoría de los países, al poder ejecutivo.

La mayor parte de dichas obras públicas puede gestionarse fácilmente de manera que produzca una renta particular, suficiente para sufragar sus propios gastos sin gravar con carga alguna la renta general de la sociedad.

Una carretera, un puente, un canal navegable, por ejemplo, pueden, en la mayoría de los casos, ser construidos y mantenidos mediante un pequeño peaje sobre los carruajes que los utilizan; un puerto, mediante un derecho portuario moderado sobre el tonelaje de los barcos que cargan o descargan en él.

La moneda, otra institución para facilitar el comercio, en muchos países no solo cubre sus propios gastos, sino que proporciona un pequeño ingreso o un señoreaje al soberano.

El servicio de correos, otra institución con el mismo fin, además de cubrir sus propios gastos, proporciona, en casi todos los países, un ingreso muy considerable al soberano.

Cuando los carruajes que transitan por una carretera o un puente, y las gabarras que navegan por un canal navegable, pagan un peaje en proporción a su peso o a su tonelaje, pagan por el mantenimiento de esas obras públicas exactamente en proporción al desgaste que ocasionan en ellas. Apenas parece posible inventar un modo más equitativo de mantener tales obras.

Este impuesto o peaje, además, aunque es adelantado por el transportista, es pagado finalmente por el consumidor, a quien siempre debe cargársele en el precio de las mercancías. Como el gasto de transporte, sin embargo, se reduce en gran medida por medio de dichas obras públicas, las mercancías, a pesar del peaje, llegan más baratas al consumidor de lo que habrían podido hacerlo de otro modo, ya que su precio no aumenta tanto por el peaje como se abata por la baratura del transporte.

La persona que finalmente paga este impuesto, por lo tanto, gana con la aplicación más de lo que pierde al pagarlo. Su pago es exactamente proporcional a su ganancia. En realidad, no es más que una parte de esa ganancia a la que tiene que renunciar para obtener el resto. Parece imposible imaginar un método más equitativo para recaudar un impuesto.

Cuando el peaje sobre los carruajes de lujo, sobre los coches, postas, etc., se establece algo más alto en proporción a su peso que el de los carruajes de uso necesario, tales como carros, áemitas, etc., se logra que la indolencia y la vanidad de los ricos contribuyan, de un modo muy sencillo, al alivio de los pobres, abaratando el transporte de mercancías pesadas a todas las diferentes partes del país.

Cuando los caminos reales, los puentes, los canales, etc., son construidos y mantenidos de este modo por el comercio que se realiza a través de ellos, solo pueden hacerse allí donde ese comercio los requiere y, en consecuencia, donde es adecuado hacerlos.

Su gasto también, su grandeza y magnificencia, deben ajustarse a lo que ese comercio pueda permitirse pagar. Deben hacerse, por consiguiente, tal como es adecuado hacerlos.

• No se puede construir un camino real magnífico a través de un país desértico, donde hay poco o ningún comercio, o meramente porque resulta conducir a la villa campestre del intendente de la provincia, o a la de algún gran señor, a quien al intendente le convenga rendir pleitesía.
• No se puede echar un gran puente sobre un río en un lugar por donde no pasa nadie, o simplemente para embellecer la vista desde las ventanas de un palacio vecino; cosas que a veces suceden en países donde obras de esta clase se llevan a cabo con cualquier otro ingreso que no sea aquel que ellas mismas son capaces de proporcionar.

En varias partes distintas de Europa, el peaje o derecho de esclusa de un canal es propiedad de particulares, cuyo interés privado les obliga a mantener el canal.

Si no se mantiene en un orden tolerable, la navegación cesa necesariamente por completo y, junto con ella, todo el beneficio que pueden obtener de los peajes.

Si esos peajes se pusieran bajo la administración de comisarios que no tuvieran por sí mismos ningún interés en ellos, podrían prestar menor atención al mantenimiento de las obras que los producían.

El canal de Languedoc costó al rey de Francia y a la provincia más de trece millones de libras, lo que (a veintiocho libras el marco de plata, el valor de la moneda francesa a finales del siglo pasado) ascendía a más de novecientos mil libras esterlinas.

Cuando se terminó esa gran obra, se consideró que el método más probable para mantenerla en constante reparación era hacer presente de los peajes a Riquet, el ingeniero que planeó y dirigió la obra.

Esos peajes constituyen, en la actualidad, un patrimonio muy cuantioso para las diferentes ramas de la familia de dicho caballero, las cuales tienen, por tanto, un gran interés en mantener la obra en constante reparación.

Pero si esos peajes se hubiesen puesto bajo la administración de comisarios que no tuvieran tal interés, quizás se habrían disipado en gastos ornamentales e innecesarios, mientras se permitía que las partes más esenciales de las obras se arruinasen.

Los peajes para el mantenimiento de un camino real no pueden convertirse, con seguridad alguna, en propiedad de particulares.

Un camino real, aunque se le abandone por completo, no llega a quedar del todo intransitable, como ocurre con un canal. Los propietarios de los peajes de un camino real podrían, por tanto, descuidar por completo la reparación de la vía y, aun así, seguir recaudando prácticamente los mismos peajes.

Conviene, por consiguiente, que los peajes destinados al mantenimiento de una obra de esta naturaleza se pongan bajo la gestión de comisionados o patronos.

En la Gran Bretaña, de los abusos que los administradores han cometido en la gestión de dichos peajes se ha quejado, en muchos casos, con mucha justicia.

En muchas barras de peaje, se ha dicho, el dinero recaudado es más del doble de lo necesario para ejecutar, de la manera más completa, la obra, que a menudo se ejecuta de un modo muy descuidado, y a veces no se ejecuta en absoluto.

El sistema de reparar los caminos reales mediante peajes de esta clase, debe señalarse, no es de muy antigua data. No deberíamos extrañarnos, por tanto, si aún no ha alcanzado aquel grado de perfección de que parece capaz.

Si con frecuencia se designa a personas mezquinas e inadecuadas como administradores; y si todavía no se han establecido tribunales apropiados de inspección y rendición de cuentas para fiscalizar su conducta y para reducir los peajes a lo estrictamente suficiente para ejecutar la obra que deben realizar; la reciente creación de la institución explica y a la vez justifica dichos defectos, de los cuales, mediante la sabiduría del parlamento, la mayor parte podrá, a su debido tiempo, ser remediada gradualmente.

Se supone que el dinero recaudado en los diferentes peajes de Gran Bretaña excede en tal medida el necesario para la reparación de los caminos, que los ahorros que, con una gestión adecuada, podrían obtenerse de él, han sido considerados, incluso por algunos ministros, como un recurso muy importante, susceptible de aplicarse en algún momento a las necesidades del Estado.

Se ha dicho que el gobierno, al asumir la administración de los peajes y emplear a los soldados —quienes trabajarían por un incremento muy pequeño en su paga—, podría mantener las carreteras en buen estado a un costo mucho menor que el que logran los patronos (trustees), que no tienen otros obreros a su disposición que aquellos que obtienen su subsistencia íntegra de sus salarios.

Un gran ingreso, medio millón, tal vez

{Desde la publicación de las dos primeras ediciones de este libro, he tenido buenos motivos para creer que todos los peajes recaudados en Gran Bretaña no producen un ingreso líquido que ascienda a medio millón; una suma que, bajo la administración del gobierno, no sería suficiente para mantener en reparación cinco de las principales carreteras del reino},

se ha pretendido, podría obtenerse de esta manera, sin imponer ninguna nueva carga al pueblo; y se podría lograr que los caminos de peaje contribuyeran a los gastos generales del Estado, de la misma manera que lo hace actualmente la oficina de correos.

Que de esta manera se podría obtener una renta considerable, no me cabe la duda, aunque probablemente ni con mucho tanta como los proyectores de este plan han supuesto.

El plan en sí, sin embargo, parece estar sujeto a varias objeciones muy importantes.

First, If the tolls which are levied at the turnpikes should ever be considered as one of the resources for supplying the exigencies of the state, they would certainly be augmented as those exigencies were supposed to require. According to the policy of Great Britain, therefore, they would probably he augmented very fast. The facility with which a great revenue could be drawn from them, would probably encourage administration to recur very frequently te this resource. Though it may, perhaps, be more than doubtful whether half a million could by any economy be saved out of the present tolls, it can scarcely be doubted, but that a million might be saved out of them, if they were doubled; and perhaps two millions, if they were tripled {I have now good reason to believe that all these conjectural sums are by much too large.}. This great revenue, too, might be levied without the appointment of a single new officer to collect and receive it. But the turnpike tolls, being continually augmented in this manner, instead of facilitating the inland commerce of the country, as at present, would soon become a very great incumbrance upon it. The expense of transporting all heavy goods from one part of the country to another, would soon be so much increased, the market for all such goods, consequently, would soon be so much narrowed, that their production would be in a great measure discouraged, and the most important branches of the domestic industry of the country annihilated altogether.

En segundo lugar,

Un impuesto sobre los carruajes, en proporción a su peso, aunque es un impuesto muy equitativo cuando se aplica al único propósito de reparar los caminos, es muy inequitativo cuando se aplica a cualquier otro propósito, o a sufragar las necesidades comunes del Estado.

Cuando se aplica al único propósito antes mencionado, se supone que cada carruaje paga exactamente por el desgaste que ese carruaje ocasiona en los caminos. Pero cuando se aplica a cualquier otro propósito, se supone que cada carruaje paga más que por ese desgaste y contribuye a sufragar alguna otra necesidad del Estado.

Pero como el peaje de las autopistas eleva el precio de las mercancías en proporción a su peso y no a su valor, es pagado principalmente por los consumidores de productos bastos y voluminosos, no por los de mercancías preciosas y ligeras. Por lo tanto, cualquier necesidad del Estado que este impuesto pretendiera sufragar, dicha necesidad se sufragaría principalmente a expensas de los pobres, no de los ricos; a expensas de quienes son menos capaces de sufragarla, no de quienes son más capaces.

En tercer lugar, si en algún momento el gobierno descuidase la reparación de los caminos reales, sería aún más difícil que en la actualidad obligar a la debida aplicación de cualquier parte de los peajes de las carreteras. Podría recaudarse así una gran renta del pueblo, sin que ninguna parte de ella se destinase al único fin al que debe destinarse siempre una renta recaudada de este modo.

Si la mezquindad y la pobreza de los administradores de los peajes hacen que a veces resulte difícil, en la actualidad, obligarles a enmendar su gestión, su riqueza y su grandeza harían que lo fuera diez veces más en el caso aquí supuesto.

En Francia, los fondos destinados a la reparación de las carreteras están bajo la dirección inmediata del poder ejecutivo. Esos fondos consisten, en parte, en un cierto número de días de trabajo que los campesinos están obligados a dar en la mayor parte de Europa para la reparación de las carreteras; y, en parte, en la porción de los ingresos generales del Estado que el rey decide apartar de sus otros gastos.

Por la antigua ley de Francia, así como por la de la mayor parte del resto de Europa, el trabajo de la gente del campo estaba bajo la dirección de una magistratura local o provincial, que no dependía directamente del consejo del rey.

Pero, según la práctica actual, tanto el trabajo de la gente del campo como cualquier otro fondo que el rey decida destinar a la reparación de los caminos reales en cualquier provincia o generalidad en particular, están enteramente bajo la gestión del intendente; un funcionario que es nombrado y destituido por el consejo del rey, que recibe sus órdenes de él y está en constante correspondencia con el mismo.

En el avance del despotismo, la autoridad del poder ejecutivo absorbe gradualmente la de cualquier otro poder en el Estado y asume para sí la gestión de cada rama de los ingresos destinada a cualquier propósito público.

En Francia, sin embargo, las grandes carreteras postales, los caminos que comunican las principales ciudades del reino, se mantienen por lo general en buen orden y, en algunas provincias, son incluso muy superiores a la mayor parte de las carreteras de peaje de Inglaterra. Pero lo que llamamos caminos vecinales, es decir, la gran mayoría de los caminos del campo, están enteramente descuidados y en muchos lugares son absolutamente intransitables para cualquier carruaje pesado. En algunos lugares es incluso peligroso viajar a caballo, y las mulas son el único medio de transporte en el que se puede confiar con seguridad.

El orgulloso ministro de una corte ostentosa puede encontrar placer con frecuencia en ejecutar una obra de esplendor y magnificencia, como una gran carretera, que es vista a menudo por la principal nobleza, cuyos aplausos no solo halagan su vanidad, sino que incluso contribuyen a respaldar su interés en la corte. Pero ejecutar un gran número de pequeñas obras, en las que nada de lo que se pueda hacer resulta muy vistoso ni excita el más mínimo grado de admiración en ningún viajero, y que, en suma, no tienen nada que las recomiende salvo su extrema utilidad, es un asunto que parece, en todos los aspectos, demasiado mezquino e insignificante para merecer la atención de un magistrado tan grande. Bajo semejante administración, por lo tanto, tales obras son casi siempre totalmente descuidadas.

En China, y en otros varios gobiernos de Asia, el poder ejecutivo se encarga tanto de la reparación de los caminos reales como del mantenimiento de los canales navegables. En las instrucciones que se dan al gobernador de cada provincia, se dice que esos asuntos le son constantemente recomendados, y el juicio que la corte forma sobre su conducta está muy regulado por la atención que parece haber prestado a esta parte de sus instrucciones.

Esta rama de la policía pública, por consiguiente, se dice que es muy atendida en todos esos países, pero particularmente en China, donde los caminos reales, y más aún los canales navegables, se pretende que superan con mucho a todo lo de la misma clase que se conoce en Europa. Las descripciones de esas obras, sin embargo, que se han transmitido a Europa, han sido redactadas generalmente por viajeros débiles y admirados; frecuentemente por misioneros estúpidos y mentirosos. Si hubieran sido examinadas por ojos más inteligentes, y si las descripciones de ellas hubieran sido informadas por testigos más fieles, no parecerían, quizás, tan maravillosas. La descripción que Bernier da de algunas obras de este tipo en Indostán, se queda muy corta respecto a lo que otros viajeros habían informado de ellas, más dispuestos a lo maravilloso que él.

Puede también, tal vez, ocurrir en esos países lo mismo que en Francia, donde los grandes caminos, las grandes comunicaciones, que probablemente son temas de conversación en la corte y en la capital, son atendidos, y todo lo demás descuidado.

En China, además, en Indostán y en varios otros gobiernos de Asia, los ingresos del soberano provienen casi totalmente de un impuesto sobre la tierra o renta de la tierra, que sube o baja con el aumento y la disminución de la producción anual de la tierra. El gran interés del soberano, por lo tanto, sus ingresos, están en tales países necesaria e inmediatamente conectados con el cultivo de la tierra, con la magnitud de su producción y con el valor de su producción. Pero para hacer que esa producción sea tan grande y tan valiosa como sea posible, es necesario procurarle un mercado tan extenso como sea posible, y consecuentemente establecer la comunicación más libre, más fácil y menos costosa entre todas las diferentes partes del país; lo cual solo puede hacerse mediante los mejores caminos y los mejores canales navegables.

Pero los ingresos del soberano no provienen, en ninguna parte de Europa, principalmente de un impuesto sobre la tierra o renta de la tierra. En todos los grandes reinos de Europa, quizás, la mayor parte de ellos pueda depender en última instancia del producto de la tierra; pero esa dependencia no es ni tan inmediata ni tan evidente. En Europa, por lo tanto, el soberano no se siente llamado de manera tan directa a promover el aumento, tanto en cantidad como en valor, del producto de la tierra, ni a proveer, mediante el mantenimiento de buenos caminos y canales, el mercado más extenso para ese producto.

Por lo tanto, aunque fuera verdad, lo cual me temo que es muy dudoso, que en algunas partes de Asia este departamento de la policía pública es gestionado muy adecuadamente por el poder ejecutivo, no hay la menor probabilidad de que, durante el estado actual de las cosas, pudiera ser gestionado tolerablemente por ese poder en ninguna parte de Europa.

Aun aquellas obras públicas que son de tal naturaleza que no pueden proporcionar ingresos para su propio mantenimiento, pero cuya utilidad se limita casi por completo a algún lugar o distrito en particular, se mantienen siempre mejor mediante una renta local o provincial, bajo la gestión de una administración local y provincial, que con la renta general del Estado, cuya administración debe recaer siempre en el poder ejecutivo.

Si las calles de Londres hubieran de ser iluminadas y pavimentadas a expensas del tesoro, ¿habría alguna probabilidad de que estuvieran tan bien iluminadas y pavimentadas como lo están en la actualidad, o incluso a un costo tan bajo?

El gasto, además, en lugar de recaudarse mediante un impuesto local a los habitantes de cada calle, parroquia o distrito particular de Londres, se cubriría en este caso con la renta general del Estado y, por consiguiente, se recaudaría mediante un impuesto a todos los habitantes del reino, de los cuales la mayor parte no obtiene ningún tipo de beneficio de la iluminación y pavimentación de las calles de Londres.

Los abusos que a veces se deslizan en la administración local y provincial de una renta local y provincial, por enormes que puedan parecer, son en realidad, sin embargo, casi siempre muy insignificantes en comparación con los que comúnmente tienen lugar en la administración y el gasto de los ingresos de un gran imperio.

Son, además, mucho más fáciles de corregir.

Bajo la administración local o provincial de los jueces de paz en Gran Bretaña, las seis jornadas de trabajo que la gente del campo está obligada a dedicar a la reparación de las carreteras no siempre se aplican, quizás, con mucho criterio, pero rara vez se exigen con ninguna circunstancia de crueldad u opresión.

En Francia, bajo la administración de los intendentes, la aplicación no siempre es más acertada, y la exacción es con frecuencia de lo más cruel y opresiva. Esas corvees, como se les llama, constituyen uno de los principales instrumentos de tiranía con los que dichos oficiales castigan a cualquier parroquia o communauté que haya tenido la desgracia de incurrir en su displacer.

De las Obras públicas y de las Instituciones que son necesarias para facilitar las diversas ramas del Comercio.

El objeto de las obras públicas y de las instituciones antes mencionadas es facilitar el comercio en general. Pero para facilitar algunas ramas particulares del mismo, son necesarias instituciones particulares, las cuales a su vez requieren un gasto particular y extraordinario.

Algunas ramas particulares del comercio que se llevan a cabo con naciones bárbaras e incivilizadas exigen una protección extraordinaria.

Un almacén ordinario o un despacho mercantil podrían ofrecer escasa seguridad a las mercancías de los comerciantes que comercian con la costa occidental de África. Para defenderlas de los nativos bárbaros, es necesario que el lugar donde se depositan esté en cierta medida fortificado.

Se ha supuesto que los desórdenes en el gobierno de Indostán hacen necesaria una precaución semejante, incluso entre ese pueblo manso y apacible; y fue bajo el pretexto de asegurar sus personas y propiedades contra la violencia por lo que se permitió tanto a la compañía de las Indias Orientales inglesa como a la francesa erigir los primeros fuertes que poseyeron en ese país.

Entre otras naciones, cuyo vigoroso gobierno no tolera que ningún extranjero posea un lugar fortificado dentro de su territorio, puede ser necesario mantener algún embajador, ministro o consulado que pueda tanto decidir, según sus propias costumbres, las diferencias que surjan entre sus propios compatriotas, como, en sus disputas con los nativos, intervenir mediante su carácter público con mayor autoridad y brindarles una protección más poderosa de la que podrían esperar de cualquier particular.

Los intereses del comercio han hecho frecuentemente necesario mantener ministros en países extranjeros donde los propósitos de la guerra o de la alianza no los habrían requerido.

• El comercio de la compañía de Turquía ocasionó por primera vez el establecimiento de un embajador ordinario en Constantinopla.
• Las primeras embajadas inglesas a Rusia surgieron enteramente de intereses comerciales.

La continua injerencia en dichos intereses, inevitablemente suscitada entre los súbditos de los diferentes estados de Europa, ha introducido probablemente la costumbre de mantener en todos los países vecinos embajadores o ministros permanentemente residentes, aun en tiempo de paz.

Esta costumbre, desconocida en la antigüedad, no parece ser anterior a finales del siglo quince o principios del dieciséis; es decir, a la época en que el comercio comenzó a extenderse a la mayor parte de las naciones de Europa y en que estas empezaron a atender a sus intereses.

Parece no carecer de razón que el gasto extraordinario que la protección de cualquier ramo particular del comercio pueda ocasionar sea sufragado por un impuesto moderado sobre ese ramo particular; por una multa moderada, por ejemplo, que deban pagar los comerciantes al ingresar por primera vez en él; o, lo que es más equitativo, por un derecho especial de un determinado tanto por ciento sobre las mercancías que importen o exporten hacia o desde los países particulares con los que se lleva a cabo.

Se dice que la protección del comercio en general contra los piratas y los saqueadores dio lugar a la primera institución de los derechos de aduana. Pero, si se consideró razonable establecer un impuesto general sobre el comercio con el fin de sufragar el gasto de proteger el comercio en general, debería parecer igualmente razonable establecer un impuesto particular sobre un ramo particular del comercio con el fin de sufragar el gasto extraordinario de proteger dicho ramo.

La protección del comercio, en general, siempre ha sido considerada como esencial para la defensa de la república y, por ese motivo, como una parte necesaria de los deberes del poder ejecutivo.

Por lo tanto, la recaudación y aplicación de los derechos generales de aduana siempre se han dejado a ese poder.

Pero la protección de cualquier rama particular del comercio forma parte de la protección general del comercio; es parte, por consiguiente, del deber de ese poder; y si las naciones obraran siempre con coherencia, los derechos particulares recaudados con el propósito de dicha protección específica deberían haberse dejado siempre, por igual, a su disposición.

Sin embargo, en este aspecto, así como en muchos otros, las naciones no siempre han obrado con coherencia; y en la mayor parte de los Estados comerciales de Europa, determinadas compañías de comerciantes han tenido la habilidad de persuadir al poder legislativo para que les confíe la ejecución de esta parte del deber del soberano, junto con todos los poderes que necesariamente van unidos a ella.

Estas compañías, aunque quizás hayan sido útiles para la primera introducción de algunas ramas del comercio, al hacer, a su propia costa, un experimento que el Estado podría no haber considerado prudente realizar, han resultado a la larga, universalmente, o bien gravosas o bien inútiles, y han malgestionado o restringido el comercio.

Cuando esas compañías no comercian con un fondo social común, sino que están obligadas a admitir a cualquier persona, debidamente calificada, previo pago de cierta multa y mediante acuerdo de someterse a los reglamentos de la compañía, comerciando cada miembro con su propio capital y bajo su propio riesgo, se llaman compañías reguladas.

Cuando comercian con un fondo social común, participando cada miembro en el beneficio o pérdida común en proporción a su parte en este fondo, se llaman compañías anónimas.

Tales compañías, ya sean reguladas o anónimas, a veces tienen y a veces no tienen privilegios exclusivos.

Las compañías reglamentadas se asemejan, en todos los aspectos, al gremio de oficios, tan común en las ciudades y pueblos de todos los diferentes países de Europa; y son una especie de monopolios ampliados de la misma clase.

Como ningún habitante de una ciudad puede ejercer un oficio incorporado sin obtener primero su libertad en la corporación, así, en la mayoría de los casos, ningún súbdito del Estado puede llevar a cabo legalmente ninguna rama del comercio exterior para la cual se haya establecido una compañía reglamentada, sin hacerse antes miembro de dicha compañía.

El monopolio es más o menos estricto, según que las condiciones de admisión sean más o menos difíciles, y según que los directores de la compañía tengan más o menos autoridad, o tengan en mayor o menor medida la posibilidad de actuar de tal manera que confinen la mayor parte del comercio a ellos mismos y a sus amigos particulares.

En las compañías reglamentadas más antiguas, los privilegios de aprendizaje eran los mismos que en otras corporaciones, y otorgaban a la persona que había cumplido su tiempo como miembro de la compañía el derecho a convertirse ella misma en miembro, ya sea sin pagar ninguna multa, o pagando una mucho menor que la exigida a las demás personas.

El espíritu corporativo habitual, allí donde la ley no lo reprime, prevalece en todas las compañías reglamentadas. Cuando se les ha permitido actuar según su genio natural, siempre han procurado, con el fin de reducir la competencia al menor número posible de personas, someter el comercio a numerosas regulaciones gravosas. Cuando la ley se lo ha impedido, se han vuelto totalmente inútiles e insignificantes.

Las compañías reguladas de comercio exterior que actualmente subsisten en Gran Bretaña son la antigua compañía de los merchant-adventurers, llamada ahora comúnmente la compañía de Hamburgo; la compañía de Rusia, la compañía de tierras del mar Báltico (Eastland), la compañía de Turquía y la compañía de África.

Se dice que las condiciones de admisión a la compañía de Hamburgo son ahora bastante laxas; y los directores o bien no tienen el poder de someter el comercio a restricciones o regulaciones molestas, o al menos no han ejercido ese poder últimamente. No siempre ha sido así.

Hacia la mitad del siglo pasado, la multa por admisión era de cincuenta, y en una ocasión de cien libras, y se decía que la conducta de la compañía era extremadamente opresiva. En 1643, en 1645 y en 1661, los fabricantes de telas y comerciantes libres del oeste de Inglaterra se quejaron de ella ante el parlamento, considerándola un monopolio que restringía el comercio y oprimía las manufacturas del país. Aunque esas quejas no produjeron ninguna ley parlamentaria, probablemente intimidaron a la compañía lo suficiente como para obligarla a reformar su conducta. Desde entonces, al menos, no ha habido quejas contra ella.

Mediante la ley 10 y 11 de Guillermo III, cap. 6, la multa por admisión a la compañía de Rusia se redujo a cinco libras; y mediante la ley 25 de Carlos II, cap. 7, la de admisión a la compañía de Tierras del Este (Eastland) a cuarenta chelines; al mismo tiempo que Suecia, Dinamarca y Noruega, todos los países de la costa norte del Báltico, quedaban exentos de su carta exclusiva. La conducta de esas compañías probablemente había dado lugar a esas dos leyes del parlamento.

Antes de ese tiempo, sir Josiah Child había representado tanto a estas como a la compañía de Hamburgo como extremadamente opresivas, y atribuía a su mala gestión el estado de depresión en que se encontraba entonces el comercio que manteníamos con los países comprendidos en sus respectivas cartas.

Pero aunque tales compañías no sean, en los tiempos actuales, muy opresivas, son sin duda completamente inútiles. Ser meramente inútil, en verdad, es quizás el mayor elogio que jamás pueda otorgarse con justicia a una compañía regulada; y las tres compañías antes mencionadas parecen, en su estado actual, merecer este elogio.

La cuota de admisión en la Compañía de Turquía era antiguamente de veinticinco libras para todas las personas menores de veintiséis años, y de cincuenta libras para todas las mayores de esa edad. Nadie podía ser admitido salvo los negociantes netos; una restricción que excluía a todos los tenderos y detallistas.

Por medio de un reglamento interno, no se podían exportar manufacturas británicas a Turquía sino en los buques generales de la compañía; y como dichos buques zarpaban siempre desde el puerto de Londres, esta restricción limitaba el comercio a ese costoso puerto, y a los comerciantes que vivían en Londres y en sus inmediaciones. Por otro reglamento interno, ninguna persona que viviera a menos de veinte millas de Londres, y no fuera ciudadano libre de la ciudad, podía ser admitida como miembro; otra restricción que, unida a la anterior, excluía necesariamente a todos los que no fueran ciudadanos libres de Londres. Como el momento para la carga y zarpada de esos buques generales dependía por completo de los directores, estos podían llenarlos fácilmente con sus propias mercancías, y las de sus amigos particulares, excluyendo a los demás, bajo el pretexto de que habían presentado sus propuestas demasiado tarde. En este estado de cosas, por tanto, esta compañía era, en todos los aspectos, un monopolio estricto y opresivo.

Esos abusos dieron lugar a la ley del 26 de Jorge II, cap. 18, que reducía la cuota de admisión a veinte libras para todas las personas, sin distinción de edades ni restricción alguna, ni a los negociantes netos ni a los ciudadanos libres de Londres; y concedía a todas esas personas la libertad de exportar, desde todos los puertos de Gran Bretaña, a cualquier puerto de Turquía, todas las mercancías británicas cuya exportación no estuviera prohibida, mediante el pago tanto de los derechos generales de aduanas como de los derechos particulares tasados para sufragar los gastos necesarios de la compañía; y sometiéndose, al mismo tiempo, a la autoridad legítima del embajador británico y de los cónsules residentes en Turquía, y a los reglamentos internos de la compañía debidamente promulgados.

Para prevenir cualquier opresión por parte de dichos reglamentos internos, se dispuso por la misma ley que, si cualesquiera siete miembros de la compañía se consideraban agraviados por cualquier reglamento interno que se promulgara después de la aprobación de esta ley, podían apelar ante la junta de comercio y plantaciones (a cuya autoridad ha sucedido ahora un comité del consejo privado), siempre que dicha apelación se interpusiera dentro de los doce meses siguientes a la promulgación del reglamento interno; y que, si cualesquiera siete miembros se consideraban agraviados por cualquier reglamento interno que hubiera sido promulgado antes de la aprobación de esta ley, podían interponer una apelación similar, siempre que fuera dentro de los doce meses siguientes al día en que esta ley entrara en vigor.

Sin embargo, la experiencia de un año puede no ser siempre suficiente para descubrir a todos los miembros de una gran compañía la tendencia perniciosa de un reglamento interno en particular; y si varios de ellos llegaran a descubrirla más tarde, ni la junta de comercio ni el comité del consejo pueden ofrecerles ningún desagravio. El objetivo, además, de la mayor parte de los reglamentos internos de todas las compañías reglamentadas, así como de todas las demás corporaciones, no es tanto oprimir a los que ya son miembros como desalentar a otros de llegar a serlo; lo cual puede hacerse, no solo mediante una alta cuota, sino mediante muchos otros artificios.

La mira constante de tales compañías es siempre elevar la tasa de su propio beneficio tan alto como puedan; mantener el mercado, tanto para los bienes que exportan como para los que importan, tan abastecido por debajo de lo normal como puedan; lo cual solo puede hacerse restringiendo la competencia o desalentando a los nuevos aventureros de entrar en el comercio. Una cuota, incluso de veinte libras, además, aunque tal vez no sea suficiente para desalentar a ningún hombre de entrar en el comercio de Turquía con la intención de permanecer en él, puede ser suficiente para desalentar a un comerciante especulativo de arriesgar una sola aventura en él.

En todos los comercios, los comerciantes regulares establecidos, aunque no estén incorporados, se combinan de manera natural para elevar los beneficios, los cuales de ningún modo se mantienen tan probablemente, en todo momento, en su nivel adecuado, como mediante la competencia ocasional de los aventureros especulativos. El comercio de Turquía, aunque en cierta medida liberalizado por esta ley del parlamento, sigue siendo considerado por muchas personas como muy lejos de ser del todo libre. La compañía de Turquía contribuye a mantener a un embajador y a dos o tres cónsules, los cuales, al igual que otros ministros públicos, deberían ser mantenidos íntegramente por el Estado, y el comercio liberalizado para todos los súbditos de su majestad. Los diferentes impuestos recaudados por la compañía, para este y otros fines corporativos, podrían proporcionar unos ingresos mucho más que suficientes para permitir que un Estado mantenga a dichos ministros.

Las compañías reglamentadas, según observó Sir Josiah Child, aunque habían apoyado frecuentemente a ministros públicos, nunca habían mantenido fuertes ni guarniciones en los países con los que comerciaban; mientras que las compañías por acciones a menudo lo habían hecho. Y, en realidad, las primeras parecen ser mucho más inadecuadas para este tipo de servicio que las segundas.

• Primero, los directores de una compañía reglamentada no tienen un interés particular en la prosperidad del comercio general de la compañía, en aras del cual se mantienen dichos fuertes y guarniciones. La decadencia de ese comercio general puede incluso contribuir frecuentemente al beneficio de su propio comercio privado; ya que, al disminuir el número de sus competidores, puede permitirles tanto comprar más barato como vender más caro.
• Los directores de una compañía por acciones, por el contrario, al tener únicamente su participación en los beneficios obtenidos sobre el fondo común confiado a su gestión, no poseen un comercio privado propio cuyos intereses puedan separarse de los del comercio general de la compañía. Su interés privado está conectado con la prosperidad del comercio general de la compañía y con el mantenimiento de los fuertes y guarniciones que son necesarios para su defensa. Es más probable, por tanto, que presten esa atención continua y cuidadosa que dicho mantenimiento requiere necesariamente.

Segundo, los directores de una compañía por acciones tienen siempre la administración de un gran capital, el fondo social de la compañía, una parte del cual pueden emplear frecuentemente, con propiedad, en la construcción, reparación y mantenimiento de dichos fuertes y guarniciones necesarios. Pero los directores de una compañía reglamentada, al no administrar ningún capital común, no tienen otro fondo para emplear de esta manera que los ingresos eventuales procedentes de las cuotas de admisión y de los derechos corporativos impuestos sobre el comercio de la compañía.

Aunque tuvieran el mismo interés, por consiguiente, en atender al mantenimiento de tales fuertes y guarniciones, rara vez pueden tener la misma capacidad para hacer que dicha atención sea eficaz. El mantenimiento de un ministro público, que apenas requiere atención y solo un gasto moderado y limitado, es un asunto mucho más adecuado tanto para el carácter como para las capacidades de una compañía reglamentada.

Mucho después de la época de Sir Josiah Child, sin embargo, en 1750, se estableció una compañía regulada, la actual compañía de mercaderes que comercian con África; la cual fue encargada expresamente al principio del mantenimiento de todos los fuertes y guarniciones británicos situados entre el cabo Blanco y el cabo de Buena Esperanza, y después únicamente del de aquellos situados entre el cabo Rouge y el cabo de Buena Esperanza.

La ley que establece esta compañía (el 23 de Jorge II, c. 51) parece haber tenido dos objetivos distintos en vista;

• primero, reprimir eficazmente el espíritu opresivo y monopolista que es natural a los directores de una compañía regulada; y,
• segundo, obligarles, tanto como sea posible, a prestar una atención, que no les es natural, hacia el mantenimiento de los fuertes y guarniciones.

Para el primero de estos propósitos, la multa de admisión se limita a cuarenta chelines.

Se le prohíbe a la compañía comerciar en su capacidad corporativa o sobre un fondo común; tomar dinero prestado bajo sello común, o imponer restricciones al comercio, el cual puede llevarse a cabo libremente desde todos los lugares y por todas las personas que sean súbditos británicos y paguen la multa.

El gobierno está a cargo de un comité de nueve personas que se reúnen en Londres, pero que son elegidas anualmente por los hombres libres de la compañía en Londres, Bristol y Liverpool; tres de cada lugar. * Ningún miembro del comité puede permanecer en el cargo por más de tres años consecutivos. * Cualquier miembro del comité podía ser destituido por la junta de comercio y plantaciones, ahora por un comité del consejo, tras ser escuchado en su propia defensa.

Al comité se le prohíbe exportar negros desde África o importar cualquier mercancía africana a Gran Bretaña. Pero como están encargados del mantenimiento de fuertes y guarniciones, pueden, para tal fin, exportar desde Gran Bretaña a África mercancías y provisiones de diferentes tipos.

De los fondos que reciban de la compañía, se les permite una suma, que no exceda las ochocientas libras, para los salarios de sus empleados y agentes en Londres, Bristol y Liverpool, el alquiler de sus oficinas en Londres y todos los demás gastos de gestión, comisión y agencia en Inglaterra. Lo que reste de esta suma, tras sufragar estos diferentes gastos, pueden repartirlo entre ellos, como compensación por su labor, de la manera que consideren oportuna.

Por esta constitución, podría haberse esperado que el espíritu de monopolio hubiera sido frenado eficazmente y el primero de estos propósitos suficientemente cumplido. Sin embargo, parece que no fue así. Aunque por el 4.º de Jorge III, cap. 20, el fuerte de Senegal, con todas sus dependencias, había sido conferido a la compañía de comerciantes que comercian con África, al año siguiente (por el 5.º de Jorge III, cap. 44), no solo Senegal y sus dependencias, sino toda la costa, desde el puerto de Salé, en el sur de Berbería, hasta el cabo Rouge, fue eximida de la jurisdicción de dicha compañía, transferida a la corona, y el comercio en ella declarado libre para todos los súbditos de su majestad.

Se había sospechado que la compañía restringía el comercio y establecía algún tipo de monopolio indebido. No es muy fácil comprender, sin embargo, cómo, bajo las regulaciones del 23 de Jorge III, pudieron hacerlo. No obstante, en los debates impresos de la Cámara de los Comunes, que no siempre son los registros más auténticos de la verdad, observo que han sido acusados de esto. Al ser los miembros del comité de nueve todos comerciantes, y los gobernadores y factores en sus diferentes fuertes y asentamientos todos dependientes de ellos, no es improbable que estos últimos hayan prestado una atención particular a las consignaciones y comisiones de los primeros, lo que establecería un monopolio real.

Para el segundo de estos propósitos, la manutención de los fuertes y guarniciones, el parlamento les ha asignado una suma anual, generalmente de unas 13.000 libras. Para la correcta aplicación de esta suma, el comité está obligado a rendir cuentas anualmente ante el juez (cursitor baron) del tribunal de hacienda (exchequer), cuentas que posteriormente deben presentarse al parlamento.

Pero el parlamento, que presta tan poca atención a la aplicación de millones, difícilmente prestará mucha a la de 13.000 libras al año; y el juez de hacienda (cursitor baron), por su profesión y educación, no es probable que sea un experto profundo en el gasto adecuado de fuertes y guarniciones.

Los capitanes de la marina de su majestad, en verdad, o cualquier otro oficial con comisión, nombrado por el consejo del Almirantazgo, pueden indagar sobre el estado de los fuertes y guarniciones, y reportar sus observaciones a dicho consejo. Pero ese consejo parece no tener jurisdicción directa sobre el comité, ni autoridad alguna para corregir a aquellos cuya conducta pueda así investigar; y los capitanes de la marina de su majestad, además, no se supone que estén siempre profundamente versados en la ciencia de la fortificación.

La destitución de un cargo que solo puede disfrutarse por el término de tres años, y cuyos emolumentos lícitos, incluso durante ese período, son tan sumamente pequeños, parece ser el castigo máximo al que está sujeto cualquier miembro del comité por cualquier falta, excepto la malversación directa o la malversación de fondos (embezzlement), ya sea del dinero público o del de la compañía; y el miedo a tal castigo nunca puede ser un motivo de peso suficiente para forzar una atención continua y esmerada a un asunto al que no tiene ningún otro interés en atender.

Se acusa al comité de haber enviado ladrillos y piedras desde Inglaterra para la reparación del castillo de Cabo Co mencionado, en la costa de Guinea; un asunto para el cual el parlamento había concedido varias veces una suma extraordinaria de dinero. Se decía también que estos ladrillos y piedras, que habían sido enviados en un viaje tan largo, eran de una calidad tan detestable que fue necesario reconstruir desde los cimientos las murallas que habían sido reparadas con ellos.

Los fuertes y guarniciones que se encuentran al norte del cabo Rouge no solo se mantienen a expensas del Estado, sino que están bajo el gobierno inmediato del poder ejecutivo; y no parece muy fácil imaginar una buena razón por la cual aquellos que se encuentran al sur de dicho cabo, y que también se mantienen, al menos en parte, a expensas del Estado, deban estar bajo un gobierno diferente.

La protección del comercio mediterráneo fue el propósito original o pretexto de las guarniciones de Gibraltar y Menorca; y el mantenimiento y gobierno de esas guarniciones siempre se han encomendado, con toda propiedad, no a la Compañía de Levante, sino al poder ejecutivo. En la extensión de su dominio consiste, en gran medida, el orgullo y la dignidad de ese poder; y no es muy probable que falle en la atención a lo necesario para la defensa de dicho dominio.

Las guarniciones de Gibraltar y Menorca, en consecuencia, nunca han sido descuidadas. Aunque Menorca ha sido tomada dos veces y ahora probablemente esté perdida para siempre, tal desastre nunca se ha atribuido a negligencia alguna por parte del poder ejecutivo. No quisiera, sin embargo, que se entienda que doy a entender que ninguna de estas costosas guarniciones fue nunca, ni siquiera en el más mínimo grado, necesaria para el propósito para el cual fueron desmembradas originalmente de la monarquía española. Tal desmembramiento tal vez nunca sirvió a ningún otro propósito real que el de enajenar de Inglaterra a su aliado natural, el rey de España, y unir a las dos principales ramas de la casa de Borbón en una alianza mucho más estrecha y permanente de lo que los lazos de sangre jamás habrían podido unirlas.

Las sociedades anónimas, constituidas ya sea por real decreto, ya sea por ley del Parlamento, se diferencian en varios aspectos, no solo de las compañías reguladas, sino también de las sociedades privadas.

First, In a private copartnery, no partner without the consent of the company, can transfer his share to another person, or introduce a new member into the company.

Each member, however, may, upon proper warning, withdraw from the copartnery, and demand payment from them of his share of the common stock.

In a joint-stock company, on the contrary, no member can demand payment of his share from the company; but each member can, without their consent, transfer his share to another person, and thereby introduce a new member.

The value of a share in a joint stock is always the price which it will bring in the market; and this may be either greater or less in any proportion, than the sum which its owner stands credited for in the stock of the company.

En segundo lugar,

En una compañía privada, cada socio responde de las deudas contraídas por la empresa hasta el límite de toda su fortuna.

En una sociedad anónima, por el contrario, cada socio responde únicamente hasta el límite de su parte.

El comercio de una sociedad anónima es gestionado siempre por un consejo de administración.

Este consejo, en verdad, está sujeto con frecuencia, en muchos aspectos, al control de una junta general de accionistas. Pero la mayor parte de estos accionistas rara vez pretende entender nada de los negocios de la compañía y, cuando no impera el espíritu de facción entre ellos, no se toman ninguna molestia al respecto, sino que reciben con satisfacción el dividendo semestral o anual que los directores tengan a bien repartirles.

Esta total exención de molestias y de riesgos, más allá de una suma limitada, anima a muchas personas a arriesgarse en sociedades anónimas, las cuales, bajo ningún concepto, pondrían en peligro sus fortunas en una sociedad colectiva privada. Tales compañías, por tanto, suelen atraer hacia sí capitales mucho mayores de los que cualquier sociedad colectiva privada puede presumir.

• El capital comercial de la Compañía de los Mares del Sur ascendió en un momento dado a más de treinta y tres millones ochocientos mil libras.
• El capital dividido del Banco de Inglaterra asciende actualmente a diez millones setecientos ochenta mil libras.

Sin embargo, dado que los directores de estas compañías son administradores del dinero ajeno más que del propio, no cabe esperar que velen por él con la misma vigilante inquietud con la que los socios de una empresa privada suelen velar por el suyo. Al igual que los mayordomos de un hombre rico, son proclives a considerar que prestar atención a los pequeños detalles no es propio de la dignidad de su amo, y con gran facilidad se eximen de hacerlo.

La negligencia y la prodigalidad deben imperar, por tanto, en mayor o menor medida, en la gestión de los asuntos de una compañía de este tipo. Es por esta razón por la que las sociedades anónimas dedicadas al comercio exterior rara vez han podido mantener la competencia frente a los aventureros particulares.

En consecuencia, muy pocas veces han tenido éxito sin un privilegio exclusivo; y a menudo no lo han tenido ni siquiera con él. Sin un privilegio exclusivo, por lo general han gestionado mal el comercio. Con un privilegio exclusivo, lo han gestionado mal y lo han limitado.

La Real compañía africana, la predecesora de la actual compañía africana, tenía un privilegio exclusivo por carta real; pero como dicha carta no había sido confirmada por un acto del Parlamento, el comercio, a consecuencia de la declaración de derechos, fue abierto, poco después de la Revolución, a todos los súbditos de su majestad.

La compañía de la Bahía de Hudson se encuentra, en lo que respecta a sus derechos legales, en la misma situación que la Real compañía africana. Su carta exclusiva no ha sido confirmada por un acto del Parlamento. La compañía del Mar del Sur, mientras continuó siendo una compañía comercial, tuvo un privilegio exclusivo confirmado por un acto del Parlamento, al igual que la actual compañía unida de comerciantes que comercian en las Indias Orientales.

La Real Compañía Africana descubrió pronto que no podía mantener la competencia contra los aventureros privados, a quienes, a pesar de la declaración de derechos, continuó llamando intrusos durante algún tiempo y persiguiéndolos como tales.

En 1698, sin embargo, los aventureros privados fueron sometidos a un impuesto del diez por ciento sobre casi todas las diferentes ramas de su comercio, que la compañía debía emplear en el mantenimiento de sus fortalezas y guarniciones. Pero, a pesar de este fuerte impuesto, la compañía siguió siendo incapaz de mantener la competencia. Sus acciones y su crédito disminuyeron gradualmente.

En 1712, sus deudas se habían vuelto tan grandes que se consideró necesaria una ley especial del Parlamento, tanto para su seguridad como para la de sus acreedores. Se decretó que la resolución de dos tercios de dichos acreedores en número y valor obligaría al resto, tanto en lo que respecta al plazo que se le concediera a la compañía para el pago de sus deudas, como en lo que respecta a cualquier otro acuerdo que se considerara oportuno realizar con ella acerca de dichas deudas.

En 1730, sus asuntos se hallaban en tal estado de desorden que eran totalmente incapaces de mantener sus fortalezas y guarniciones, el único propósito y pretexto de su fundación. Desde ese año hasta su disolución definitiva, el Parlamento consideró necesario conceder la suma anual de 10.000 libras esterlinas para tal fin.

En 1732, tras haber sufrido durante muchos años pérdidas en el negocio de transportar negros a las Indias Occidentales, decidieron por fin abandonarlo por completo; vender a los comerciantes privados de América los negros que compraban en la costa; y emplear a sus sirvientes en un comercio con las regiones del interior de África de oro en polvo, colmillos de elefante, sustancias para teñir, etc.

Pero su éxito en este comercio más limitado no fue mayor que en su anterior y extenso comercio. Sus asuntos continuaron decayendo gradualmente hasta que por fin, siendo una compañía en bancarrota en todos los aspectos, fue disuelta por una ley del Parlamento, y sus fortalezas y guarniciones pasaron a manos de la actual compañía regulada de comerciantes que comercian con África.

Antes de la creación de la Real Compañía Africana, se habían establecido sucesivamente otras tres compañías por acciones, una tras otra, para el comercio africano. Todas ellas fracasaron por igual. Sin embargo, todas poseían cartas privilegiadas exclusivas que, aunque no estaban confirmadas por ley del Parlamento, en aquellos días se suponía que conferían un auténtico privilegio exclusivo.

La compañía de la bahía de Hudson, antes de sus desgracias en la última guerra, había tenido mucho más éxito que la Real compañía africana. Sus gastos necesarios son mucho menores. Se dice que el número total de personas que mantienen en sus distintos asentamientos y establecimientos, a los que han honrado con el nombre de fortines, no supera las ciento veinte personas.

Este número, sin embargo, es suficiente para preparar de antemano el cargamento de pieles y otros bienes necesarios para la carga de sus barcos, los cuales, debido al hielo, rara vez pueden permanecer más de seis u ocho semanas en esos mares. Esta ventaja de tener un cargamento preparado de antemano no pudo ser adquirida durante varios años por aventureros particulares; y sin ella parece no haber ninguna posibilidad de comerciar en la bahía de Hudson.

El moderado capital de la compañía, que, según se dice, no supera las ciento diez mil libras, puede ser, además, suficiente para permitirles monopolizar todo, o casi todo, el comercio y el excedente de producción del miserable aunque extenso país comprendido dentro de su real carta. Ningún aventurero particular ha intentado jamás, en consecuencia, comerciar con ese país en competencia con ellos.

Esta compañía, por lo tanto, siempre ha disfrutado de un comercio exclusivo, de hecho, aunque pueda no tener derecho a él por ley. Además de todo esto, se dice que el moderado capital de esta compañía está dividido entre un número muy pequeño de propietarios. Pero una compañía anónima, compuesta por un pequeño número de propietarios, con un capital moderado, se acerca mucho a la naturaleza de una sociedad particular, y puede ser capaz de casi el mismo grado de vigilancia y atención.

No es de extrañar, por tanto, si, como consecuencia de estas diferentes ventajas, la compañía de la bahía de Hudson había podido, antes de la última guerra, llevar a cabo su comercio con un grado considerable de éxito. No parece probable, sin embargo, que sus beneficios se hayan acercado nunca a los que el difunto señor Dobbs imaginaba.

Un escritor mucho más prudente y sensato, el señor Anderson, autor de la Historical and Chronological Deduction of Commerce, observa con mucha justicia que, al examinar las cuentas que el propio señor Dobbs ha dado durante varios años consecutivos de sus exportaciones e importaciones, y al hacer las debidas deducciones por sus riesgos y gastos extraordinarios, no parece que sus beneficios merezcan ser envidiados, ni que puedan superar mucho, si es que lo hacen, los beneficios ordinarios del comercio.

La Compañía de los Mares del Sur nunca tuvo fuertes ni guarniciones que mantener, por lo que estuvo totalmente exenta de un gran gasto al que están sujetas otras sociedades anónimas de comercio exterior; pero poseía un capital inmenso repartido entre un número ingente de propietarios.

Era de esperar, por tanto, que la insensatez, la negligencia y la prodigalidad imperasen en toda la gestión de sus asuntos. La villanía y la extravagancia de sus proyectos de especulación bursátil son suficientemente conocidas, y su explicación sería ajena al presente tema.

Sus proyectos mercantiles no fueron mucho mejor administrados. El primer comercio en el que se embarcaron fue el de abastecer de negros a las Indias Occidentales españolas, de los cuales (como consecuencia de lo que se llamó el Asiento de Negros concedido por el tratado de Utrecht) poseían el privilegio exclusivo.

Pero como no se preveía que se pudiera obtener gran beneficio de este comercio —dado que tanto la compañía portuguesa como la francesa, que lo habían disfrutado en las mismas condiciones antes que ellos, habían arruinado por su causa—, se les permitió, como compensación, enviar anualmente un barco de cierto tonelaje para comerciar directamente con las Indias Occidentales españolas.

De los diez viajes que este barco anual tenía permitido realizar, se dice que obtuvieron ganancias considerables en uno, el del Royal Caroline, en 1731; y que sufrieron pérdidas, mayores o menores, en casi todos los demás.

Su escaso éxito fue atribuido por sus factores y agentes a la extorsión y opresión del gobierno español; pero se debió, tal vez principalmente, a la prodigalidad y a las depredaciones de esos mismos factores y agentes, de algunos de los cuales se dice que amasaron grandes fortunas, incluso en un solo año.

En 1734, la compañía suplicó al rey que se le permitiese deshacerse del comercio y del tonelaje de su barco anual, debido al escaso beneficio que obtenía con él, y aceptar la compensación que pudiera obtener del rey de España.

En 1724, esta compañía había emprendido la pesca de la ballena. De esto, en verdad, no tenían el monopolio; pero, mientras la llevaron a cabo, ningún otro súbdito británico parece haberse dedicado a ella.

De los ocho viajes que sus barcos hicieron a Groenlandia, obtuvieron ganancias en uno y pérdidas en todos los demás. Después de su octavo y último viaje, cuando hubieron vendido sus barcos, provisiones y utensilios, descubrieron que su pérdida total en esta rama, incluidos el capital y los intereses, ascendía a más de 237.000 libras.

En 1722, esta compañía suplicó al Parlamento que se le permitiera dividir su inmenso capital de más de treinta y tres millones ochocientos mil libras, el cual había sido prestado íntegramente al gobierno, en dos partes iguales: la mitad, o poco más de 16.900.000 libras, para ser colocada en el mismo pie de igualdad que las demás anualidades del gobierno, y no estar sujeta a las deudas contraídas ni a las pérdidas sufridas por los directores de la compañía en la prosecución de sus proyectos mercantiles; y la otra mitad para permanecer como antes, como fondo comercial, sujeta a dichas deudas y pérdidas.

La petición era demasiado razonable para no ser concedida.

En 1733, volvieron a suplicar al Parlamento que las tres cuartas partes de su fondo comercial se convirtieran en fondo de anualidades, y que solo una cuarta parte permaneciera como fondo comercial, o expuesta a los azares derivados de la mala gestión de sus directores. Para entonces, tanto sus fondos de anualidades como sus fondos comerciales se habían reducido en más de dos millones cada uno, mediante varios pagos diferentes hechos por el gobierno; de modo que esta cuarta parte ascendía únicamente a 3.662.784:8:6 libras.

En 1748, todas las demandas de la compañía contra el rey de España, como consecuencia del contrato del asiento, fueron renunciadas, mediante el Tratado de Aquisgrán, a cambio de lo que se supuso era una contrapartida equivalente. Se puso fin a su comercio con las Indias Occidentales españolas; el resto de su fondo comercial se convirtió en un fondo de anualidades, y la compañía dejó de ser, en todos los aspectos, una compañía comercial.

Convendría observar que en el comercio que la Compañía del Mar del Sur realizaba por medio de su barco anual, el único comercio con el que jamás se esperó que pudiesen obtener un beneficio considerable, no carecían de competidores, ni en el mercado extranjero ni en el nacional.

En Cartagena, Portobelo y Veracruz tuvieron que enfrentarse a la competencia de los mercaderes españoles, que llevaban desde Cádiz a esos mercados mercancías europeas del mismo tipo que el cargamento de ida de su barco; y en Inglaterra tuvieron que hacer frente a la de los mercaderes ingleses, que importaban desde Cádiz mercancías de las Indias Occidentales españolas del mismo tipo que el cargamento de vuelta.

Las mercancías, tanto de los mercaderes españoles como de los ingleses, es cierto que estaban quizás sujetas a aranceles más elevados. Pero la pérdida ocasionada por la negligencia, la profusión y la malversación de los empleados de la compañía había sido probablemente un impuesto mucho más gravoso que todos esos aranceles.

Que una sociedad anónima sea capaz de llevar a cabo con éxito cualquier rama del comercio exterior, cuando los aventureros privados pueden entrar en cualquier tipo de competencia abierta y leal con ella, parece contrario a toda experiencia.

La antigua Compañía Británica de las Indias Orientales se estableció en 1600 mediante una carta real de la reina Isabel. En los primeros doce viajes que equipó hacia la India, al parecer operó como una compañía regulada, con fondos separados, aunque empleando únicamente los barcos generales de la compañía. En 1612, se unieron en un fondo común (joint stock). Su carta era exclusiva y, aunque no estaba confirmada por un acto del Parlamento, en aquella época se suponía que confería un auténtico privilegio exclusivo. Por consiguiente, durante muchos años no se vieron muy molestados por los intrusos (interlopers). Su capital, que nunca superó las 744.000 libras esterlinas —siendo cada acción de 50 libras—, no era tan exorbitante ni sus transacciones tan extensas como para ofrecer un pretexto de negligencia grave y despilfarro, o una tapadera para la malversación flagrante.

A pesar de algunas pérdidas extraordinarias, ocasionadas en parte por la malicia de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y en parte por otros accidentes, mantuvieron durante muchos años un comercio próspero. Pero con el tiempo, a medida que los principios de la libertad se comprendieron mejor, resultó cada vez más dudoso hasta qué punto una carta real, no confirmada por ley parlamentaria, podía conferir un privilegio exclusivo. Sobre esta cuestión, las decisiones de los tribunales de justicia no fueron uniformes, sino que variaron según la autoridad del gobierno y los ánimos de la época. Los intrusos se multiplicaron en su contra y, hacia finales del reinado de Carlos II, durante todo el de Jacobo II y en una parte del de Guillermo III, los redujeron a una situación de gran angustia.

En 1698, se presentó al Parlamento una propuesta para adelantar dos millones al gobierno al ocho por ciento, a condición de que los suscriptores fueran erigidos en una nueva compañía de las Indias Orientales con privilegios exclusivos. La antigua compañía de las Indias Orientales ofreció setecientas mil libras, casi el monto de su capital, al cuatro por ciento bajo las mismas condiciones. Pero tal era en aquel momento el estado del crédito público, que le resultaba más conveniente al gobierno tomar prestados dos millones al ocho por ciento que setecientas mil libras al cuatro. Se aceptó la propuesta de los nuevos suscriptores y, como consecuencia, se estableció una nueva compañía de las Indias Orientales.

La antigua compañía de las Indias Orientales, sin embargo, tenía derecho a continuar su comercio hasta 1701. Al mismo tiempo, y en nombre de su tesorero, había suscrito con gran astucia trescientas quince mil libras en el capital de la nueva. Debido a una negligencia en la redacción del acto parlamentario que otorgaba el comercio de las Indias Orientales a los suscriptores de este préstamo de dos millones, no resultaba evidente que todos estuvieran obligados a unirse en un fondo común. Unos pocos comerciantes particulares, cuyas suscripciones ascendían únicamente a siete mil doscientas libras, insistieron en el privilegio de comerciar por separado con sus propios fondos y a su propio riesgo.

La antigua compañía de las Indias Orientales tenía derecho a un comercio separado con su propio fondo hasta 1701; y asimismo, tanto antes como después de dicho periodo, tenía derecho, al igual que otros comerciantes particulares, a un comercio separado sobre las 315.000 libras que había suscrito en el capital de la nueva compañía. Se dice que la competencia de ambas compañías con los comerciantes particulares, y entre sí, estuvo a punto de arruinar a ambas.

En una ocasión posterior, en 1750, cuando se presentó al Parlamento una propuesta para poner el comercio bajo la gestión de una compañía regulada y abrirlo así en cierta medida, la compañía de las Indias Orientales, en oposición a dicha propuesta, expuso en términos muy enérgicos cuáles habían sido por entonces los nefastos efectos, según su criterio, de dicha competencia. En la India, afirmaban, se elevaba el precio de las mercancías a un nivel tan alto que no valía la pena comprarlas; y en Inglaterra, al saturar el mercado, se hundía su precio hasta tal punto que no se podía obtener ningún beneficio de ellas. Que mediante un abastecimiento más abundante, con gran ventaja y comodidad para el público, debió de haberse reducido considerablemente el precio de las mercancías de la India en el mercado inglés, es algo que apenas puede dudarse; pero que debiera haber elevado mucho su precio en el mercado indio no parece muy probable, ya que toda la demanda extraordinaria que esa competencia pudiera ocasionar no debió de ser más que una gota de agua en el inmenso océano del comercio indio. El incremento de la demanda, además, aunque al principio pueda a veces elevar el precio de los bienes, nunca deja de abaratarlos a la larga. Estimula la producción y, con ello, incrementa la competencia entre los productores, quienes, para vender más barato que los demás, recurren a nuevas divisiones del trabajo y a nuevas mejoras técnicas en las que de otro modo tal vez nunca se habría pensado. Los nefastos efectos de los que se quejaba la compañía eran la baratura del consumo y el estímulo dado a la producción; precisamente los dos efectos cuya promoción constituye la gran tarea de la economía política.

Sin embargo, no se había permitido que la competencia de la que ofrecían tan lúgubre relato se prolongara durante mucho tiempo. En 1702, ambas compañías quedaron unidas en cierta medida mediante una escritura tripartita, de la cual la reina era la tercera parte; y en 1708, por un acto del Parlamento, quedaron perfectamente consolidadas en una sola compañía bajo su nombre actual de la Compañía Unida de Comerciantes que Comercian con las Indias Orientales. En dicho acto se consideró oportuno insertar una cláusula que permitía a los comerciantes particulares continuar su comercio hasta la festividad de San Miguel de 1711, facultando al mismo tiempo a los directores, previo aviso de tres años, para redimir su pequeño capital de siete mil doscentas libras y convertir así todo el fondo de la compañía en un fondo común. Mediante el mismo acto, el capital de la compañía, como consecuencia de un nuevo préstamo al gobierno, aumentó de dos millones a tres millones doscientas mil libras.

En 1743, la compañía adelantó otro millón al gobierno. Pero al haberse recaudado este millón no mediante una derrama a los propietarios, sino mediante la venta de rentas vitalicias y la contratación de deudas en obligaciones, no incrementó el capital sobre el cual los propietarios podían reclamar un dividendo. No obstante, aumentó su capital comercial, ya que quedaba igualmente sujeto, al igual que los otros tres millones doscentas mil libras, a las pérdidas sufridas y a las deudas contraídas por la compañía en la prosecución de sus proyectos mercantiles.

A partir de 1708, o al menos de 1711, esta compañía, librada de todo competidor y plenamente establecida en el monopolio del comercio inglés con las Indias Orientales, llevó a cabo un comercio próspero y, con sus beneficios, repartió anualmente un dividendo moderado a sus propietarios. Durante la guerra con Francia que comenzó en 1741, la ambición de M. Dupleix, el gobernador francés de Pondicherry, los arrastró a las guerras del Carnatic y a la política de los príncipes indios. Tras muchos éxitos sonados y pérdidas igualmente sonadas, perdieron por fin Madrás, que por entonces era su principal establecimiento en la India. Les fue devuelto por el tratado de Aquisgrán; y por esa época el espíritu de guerra y conquista parece haberse apoderado de sus servidores en la India, sin abandonarlos jamás desde entonces.

Durante la guerra con Francia que comenzó en 1755, sus armas compartieron la buena fortuna general de las de Gran Bretaña. Defendieron Madrás, tomaron Pondicherry, recuperaron Calcuta y adquirieron las rentas de un territorio rico y extenso que, según se decía entonces, ascendían a más de tres millones anuales. Permanecieron durante varios años en pacífica posesión de esta renta; pero en 1767, la administración reclamó sus adquisiciones territoriales y la renta derivada de ellas por pertenecer legítimamente a la corona, y la compañía, en compensación por dicha reclamación, acordó pagar al gobierno 400.000 libras anuales.

Ya antes de esto habían incrementado gradualmente su dividendo de aproximadamente el seis al diez por ciento; es decir, sobre su capital de tres millones doscentas mil libras, lo habían aumentado en 128.000 libras, elevándolo de ciento noventa y dos mil a trescientos veinte mil libras al año. Por entonces intentaban elevarlo aún más, hasta el doce y medio por ciento, lo que habría hecho que sus pagos anuales a los propietarios igualaran lo que se habían comprometido a pagar anualmente al gobierno, es decir, 400.000 libras al año. Pero durante los dos años en que debía entrar en vigor su acuerdo con el gobierno, se les impidió cualquier nuevo incremento del dividendo mediante dos actos parlamentarios sucesivos, cuyo objetivo era permitirles avanzar con mayor rapidez en el pago de sus deudas, estimadas entonces en más de seis o siete millones de libras esterlinas.

En 1769, renovaron su acuerdo con el gobierno por cinco años más y estipularon que, durante el transcurso de ese periodo, se les permitiría aumentar gradualmente su dividendo hasta el doce y medio por ciento, sin incrementarlo jamás en más del uno por ciento en un mismo año. Por lo tanto, este aumento del dividendo, cuando hubo alcanzado su cota máxima, solo pudo incrementar sus pagos anuales a los propietarios y al gobierno en conjunto en 680.000 libras por encima de lo que habían sido antes de sus recientes adquisiciones territoriales.

Ya se ha mencionado a cuánto se suponía que ascendía la renta bruta de dichas adquisiciones territoriales; y según un informe traído por el barco mercante de las Indias Orientales Cruttenden en 1769, la renta neta, libre de todas las deducciones y cargas militares, se cifraba en dos millones cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y siete libras. Se decía al mismo tiempo que poseían otra renta, derivada en parte de tierras, pero principalmente de los aranceles establecidos en sus diferentes asentamientos, que ascendía a 439.000 libras. Los beneficios de su comercio también, según el testimonio de su presidente ante la Cámara de los Comunes, ascendían por entonces a por lo menos 400.000 libras anuales; según el de su contable, a al menos 500.000; y según el cálculo más prudente, eran al menos equivalentes al dividendo más alto que debía pagarse a sus propietarios.

Una renta tan cuantiosa ciertamente habría permitido un aumento de 680.000 libras en sus pagos anuales y, al mismo tiempo, habría dejado un fondo de amortización amplio y suficiente para la rápida reducción de su deuda. Sin embargo, en 1773 sus deudas, lejos de reducirse, aumentaron debido a un retraso con la Tesorería en el pago de las cuatrocientas libras mil [Nota del traductor: nota: error en el original "four hundred thousand pounds" traducido correctamente]; a otro con la aduana por derechos no pagados; a una gran deuda con el Banco por dinero tomado en préstamo; y a una cuarta, por letras libradas contra ellos desde la India y aceptadas con ligereza, por un valor superior a un millón doscientas mil libras. La angustia que estas reclamaciones acumuladas les acarreó los obligó no solo a reducir de golpe su dividendo al seis por ciento, sino a entregarse a la clemencia del gobierno y a suplicar, primero, la condonación del pago continuado de las 400.000 libras anuales estipuladas y, segundo, un préstamo de un millón cuatrocientos mil para salvarlos de una bancarrota inmediata.

El gran incremento de su fortuna, al parecer, solo había servido para proporcionar a sus servidores un pretexto para un mayor despilfarro y una tapadera para una mayor malversación, superando incluso la proporción de dicho incremento de fortuna. La conducta de sus servidores en la India y el estado general de sus asuntos tanto en la India como en Europa se convirtieron en objeto de una investigación parlamentaria, a consecuencia de la cual se introdujeron varias modificaciones muy importantes en la constitución de su gobierno, tanto en el interior como en el extranjero.

En la India, sus principales asentamientos de Madrás, Bombay y Calcuta, que antes habían sido totalmente independientes unos de otros, fueron subordinados a un gobernador general asistido por un consejo de cuatro asesores, reservándose el Parlamento la primera designación de dicho gobernador y consejo, quienes debían residir en Calcuta, habiéndose convertido dicha ciudad ahora en el más importante de los asentamientos ingleses en la India, tal como lo había sido antes Madrás. El tribunal del alcalde de Calcuta, instituido originalmente para el enjuiciamiento de causas mercantiles surgidas en la ciudad y sus alrededores, había ido ampliando gradualmente su jurisdicción a la par que la expansión del imperio. Ahora fue reducido y confinado a su propósito original de institución. En su lugar, se estableció un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (Supreme Court of Judicature), compuesto por un juez presidente (chief justice) y tres jueces, que debían ser nombrados por la corona.

En Europa, la cualificación necesaria para que un propietario tuviera derecho a votar en sus juntas generales se elevó de quinientas libras —el precio original de una acción en el fondo de la compañía— a mil libras. Asimismo, para poder votar con dicha cualificación, se declaró necesario que la hubiera poseído, en caso de haberla adquirido por compra propia y no por herencia, durante al menos un año, en lugar de los seis meses exigidos anteriormente. El tribunal de veinticuatro directores solía elegirse anualmente, pero ahora se decretó que en adelante cada director fuera elegido por un periodo de cuatro años; debiendo cesar en su cargo seis de ellos por rotación cada año, sin poder ser reelegidos en la elección de los seis nuevos directores para el año siguiente.

Como consecuencia de estas modificaciones, se esperaba que los tribunales, tanto de los propietarios como de los directores, actuaran con mayor dignidad y firmeza que la demostrada habitualmente en el pasado. Pero parece imposible que ninguna modificación logre que dichos tribunales sean aptos para gobernar, ni siquiera para participar en el gobierno de un gran imperio, puesto que la mayor parte de sus miembros siempre tendrá un interés demasiado escaso en la prosperidad de dicho imperio como para prestarle una atención seria a aquello que pueda promoverlo. Con frecuencia, un hombre de gran fortuna, e incluso a veces de pequeña fortuna, está dispuesto a comprar acciones por valor de mil libras en los fondos de la India meramente por la influencia que espera adquirir mediante un voto en la junta de propietarios. Ello le otorga una participación, aunque no en el expolio, sí en el nombramiento de los expoliadores de la India; pues el tribunal de directores, aunque efectúa dichos nombramientos, se halla inevitablemente más o menos bajo la influencia de los propietarios, quienes no solo eligen a dichos directores, sino que a veces revocan los nombramientos de sus servidores en la India. Con tal de poder disfrutar de esta influencia durante unos pocos años y colocar así a un determinado número de amigos suyos, a menudo le importa poco el dividendo, o incluso el valor de las acciones sobre las que se fundamenta su voto. De la prosperidad del gran imperio en cuyo gobierno le otorga una participación dicho voto, rara vez se preocupa en absoluto. Ningún otro soberano ha sido jamás, ni puede serlo por la naturaleza de las cosas, tan perfectamente indiferente hacia la felicidad o la miseria de sus súbditos, la mejora o la ruina de sus dominios, la gloria o el deshonor de su administración, como lo son, por irresistibles causas morales, la mayor parte de los propietarios de una compañía mercantil de esta índole, y como necesariamente deben serlo.

Esta indiferencia, además, era más propensa a aumentar que a disminuir con algunas de las nuevas regulaciones adoptadas a raíz de la investigación parlamentaria. Por una resolución de la Cámara de los Comunes, por ejemplo, se declaró que, cuando el préstamo de 1.400.000 libras concedido a la compañía por el gobierno fuera reembolsado y las deudas en obligaciones se redujeran a 1.500.000 libras, entonces —y no antes— podrían repartir un dividendo del ocho por ciento sobre su capital; y que todo lo que restara de sus rentas y beneficios netos en el país debía dividirse en cuatro partes: tres de ellas para ser ingresadas en el Tesoro Público para uso del Estado, y la cuarta para ser reservada como fondo, ya sea para una mayor reducción de sus deudas en obligaciones, ya para hacer frente a otras contingencias imprevistas con las que pudiera tropezar la compañía.

Pero si la compañía era una mala administradora y una mala soberana cuando la totalidad de sus rentas y beneficios netos les pertenecían y estaban a su entera disposición, ciertamente no cabía esperar que fuera mejor cuando tres cuartas partes de los mismos pertenecieran a otras personas y la otra cuarta parte, aunque destinada al beneficio de la compañía, estuviera sujeta a la inspección y aprobación de terceros.

Podría ser más grato para la compañía que sus propios empleados y dependientes tuvieran el placer de malgastar, o el lucro de apropiarse indebidamente de, cualquier excedente que pudiera quedar, tras pagar el dividendo propuesto del ocho por ciento, antes de que este cayera en manos de un grupo de personas con quienes dichas resoluciones difícilmente dejarían de enfrentarlos, en cierta medida.

El interés de esos empleados y dependientes podría predominar de tal modo en la junta de propietarios, que a veces la inclinara a respaldar a los autores de depredaciones cometidas en violación directa de su propia autoridad. Para la mayoría de los propietarios, el respaldo a la autoridad de su propia junta podría ser a veces un asunto de menor importancia que el respaldo a aquellos que habían desafiado dicha autoridad.

Las regulaciones de 1773, en consecuencia, no pusieron fin al desorden del gobierno de la compañía en la India.

A pesar de que, durante un arrebato momentáneo de buena conducta, en un momento dado habían reunido en la tesorería de Calcuta más de 3.000.000 de libras esterlinas; a pesar de que después habían extendido su dominio o sus depredaciones sobre una vasta incorporación de algunos de los países más ricos y fértiles de la India, todo fue dilapidado y destruido.

Se encontraron totalmente unprepared [nota: unprepared debe traducirse] se encontraron totalmente unprepared [nota: unprepared debe traducirse] se encontraron totalmente desprevenidos para detener o resistir la incursión de Hyder Ali; y como consecuencia de esos desórdenes, la compañía se encuentra ahora (1784) en mayor apuro que nunca; y, con el fin de evitar la bancarrota inmediata, se ve una vez más reducida a suplicar la asistencia del gobierno.

Diferentes planes han sido propuestos por los distintos partidos en el parlamento para la mejor gestión de sus asuntos; y todos esos planes parecen coincidir en suponer, lo que de hecho siempre fue abundantemente evidente, que es totalmente incapaz de gobernar sus posesiones territoriales. Incluso la propia compañía parece estar convencida de su propia incapacidad en ese sentido, y parece, por tal motivo, dispuesta a entregarlas al gobierno.

Con el derecho de poseer fortalezas y guarniciones en países lejanos y bárbaros está necesariamente conectado el derecho de hacer la paz y la guerra en dichos países.

Las compañías anónimas, que han tenido el uno de los derechos, han ejercido constantemente el otro, y con frecuencia se les ha conferido expresamente. Cuán injusta, cuán caprichosa, cuán cruelmente lo han ejercido comúnmente, es demasiado bien conocido por la experiencia reciente.

Cuando una compañía de comerciantes emprende, a su propio riesgo y costa, el establecimiento de un nuevo comercio con alguna nación remota y bárbara, puede no ser irracional incorporarla en una compañía por acciones y concederle, en caso de éxito, el monopolio del comercio por un determinado número de años.

Es la manera más fácil y natural que tiene el Estado de recompensarles por arriesgar una empresa peligrosa y costosa, cuyos frutos habrá de cosechar después el público. Un monopolio temporal de esta índole puede justificarse bajo los mismos principios en que se concede un monopolio semejante a un inventor sobre su nueva máquina, o a un autor sobre su nuevo libro.

Pero al expirar el plazo, el monopolio debería cesar sin duda alguna; los fuertes y guarniciones, si se hubiese considerado necesario establecer alguno, pasarían a manos del gobierno, debiendo abonarse su valor a la compañía, y el comercio debería abrirse a todos los súbditos del Estado.

Mediante un monopolio perpetuo, todos los demás súbditos del Estado son gravados absurdamente de dos maneras distintas:

• primero, por el alto precio de las mercancías, que, en el caso de un comercio libre, podrían comprar mucho más baratas; y,
• segundo, por su total exclusión de una rama de negocio que para muchos de ellos podría resultar tanto conveniente como lucrativa.

Además, son gravados de esta manera con el más inútil de los propósitos. Es meramente para permitir que la compañía mantenga la negligencia, la prodigalidad y la malversación de sus propios servidores, cuya conducta desordenada rara vez permite que el dividendo de la compañía supere la tasa ordinaria de ganancia en los comercios totalmente libres, y muy frecuentemente hace que caiga incluso bastante por debajo de dicha tasa.

Sin embargo, según demuestra la experiencia, una compañía por acciones no puede mantener durante mucho tiempo ninguna rama de comercio exterior sin un monopolio. Comprar en un mercado para vender con ganancia en otro, cuando hay muchos competidores en ambos; vigilar no solo las variaciones ocasionales de la demanda, sino las variaciones mucho mayores y más frecuentes de la competencia, o de la oferta que es probable que esa demanda reciba por parte de otros; y adaptar con destreza y buen juicio tanto la cantidad como la calidad de cada surtido de mercancías a todas estas circunstancias, es una especie de guerra cuyas operaciones cambian continuamente y que difícilmente puede conducirse con éxito sin un ejercicio tan incesante de vigilancia y atención como el que no cabe esperar durante mucho tiempo de los directores de una compañía por acciones.

La Compañía de las Indias Orientales, tras el reembolso de sus fondos y la expiración de su privilegio exclusivo, tiene el derecho, por ley del parlamento, de continuar siendo una corporación con un fondo común y de comerciar en su capacidad corporativa con las Indias Orientales, junto con el resto de sus co-súbditos. Pero en esta situación, la vigilancia y la atención superiores de un aventurero privado harían que, con toda probabilidad, pronto se cansaran del comercio.

Un eminente autor francés, de gran conocimiento en asuntos de economía política, el abad Morellet, da una lista de cincuenta y cinco compañías por acciones para el comercio exterior, que se han establecido en diferentes partes de Europa desde el año 1600, y que, según él, han fracasado todas por mala gestión, a pesar de haber tenido privilegios exclusivos.

Ha sido mal informado con respecto a la historia de dos o tres de ellas, que no eran compañías por acciones y no han fracasado. Pero, en compensación, ha habido varias compañías por acciones que han fracasado, y que él ha omitido.

Los únicos oficios que parece posible que una sociedad anónima lleve a cabo con éxito, sin un privilegio exclusivo, son aquellos cuyas operaciones son susceptibles de reducirse a lo que se llama una rutina, o a una uniformidad de método tal que admita poca o ninguna variación. De este tipo son, primero, el negocio bancario; segundo, el negocio de seguros contra incendios, contra riesgos marítimos y de captura en tiempo de guerra; tercero, el negocio de construir y mantener un corte o canal navegable; y, cuarto, el negocio similar de traer agua para el suministro de una gran ciudad.

Aunque los principios del negocio bancario puedan parecer un tanto abstrusos, la práctica es susceptible de reducirse a reglas estrictas. Apartarse en cualquier ocasión de dichas reglas, como consecuencia de alguna especulación halagüeña de ganancia extraordinaria, es casi siempre extremadamente peligroso y con frecuencia fatal para la compañía bancaria que lo intenta.

Pero la constitución de las sociedades anónimas las hace, por lo general, más fieles a las reglas establecidas que cualquier sociedad de socios particulares. Tales compañías, por tanto, parecen sumamente idóneas para este negocio.

Las principales compañías bancarias de Europa son, en consecuencia, sociedades anónimas, muchas de las cuales gestionan su negocio con mucho éxito sin ningún privilegio exclusivo. El Banco de Inglaterra no tiene más privilegio exclusivo que el de que ninguna otra compañía bancaria en Inglaterra pueda constar de más de seis personas. Los dos bancos de Edimburgo son sociedades anónimas, sin ningún privilegio exclusivo.

El valor del riesgo, ya sea por incendio, por pérdida en el mar o por captura, aunque tal vez no pueda calcularse con mucha exactitud, admite, sin embargo, una estimación tan general que permite, en cierta medida, reducirlo a reglas y métodos estrictos.

El negocio de los seguros, por lo tanto, puede ser llevado a cabo con éxito por una sociedad anónima, sin necesidad de ningún privilegio exclusivo. Ni la compañía London Assurance ni la Royal Exchange Assurance tienen un privilegio semejante.

Cuando una vía navegable o un canal han sido construidos, su gestión se vuelve bastante sencilla y fácil, y puede reducirse a normas y métodos estrictos. Incluso su construcción es así, ya que puede contratarse con empresarios a tanto por milla y a tanto por esclusa. Lo mismo puede decirse de un canal, un acueducto o una gran tubería para traer agua con el fin de abastecer a una gran ciudad. Tales empresas, por lo tanto, pueden ser, y de hecho con frecuencia son, gestionadas con gran éxito por sociedades anónimas, sin ningún privilegio exclusivo.

Sin embargo, establecer una sociedad anónima para cualquier empresa, simplemente porque dicha compañía sea capaz de administrarla con éxito; o eximir a un grupo particular de comerciantes de algunas de las leyes generales que se aplican a todos sus vecinos, meramente porque podrían prosperar si contaran con tal exención, ciertamente no sería razonable.

Para que un establecimiento de este tipo sea perfectamente razonable, además de la circunstancia de poder reducirse a reglas y métodos estrictos, deben concurrir otras dos circunstancias.

• Primero, debe resultar con la más clara evidencia que la empresa es de mayor y más general utilidad que la mayor parte de los oficios comunes; y,
• segundo, que requiere un capital mayor del que fácilmente puede reunirse en una sociedad privada.

Si un capital moderado fuera suficiente, la gran utilidad de la empresa no sería una razón suficiente para establecer una sociedad anónima; porque, en este caso, la demanda de lo que iba a producir sería satisfecha rápida y fácilmente por aventureros particulares. En los cuatro oficios mencionados anteriormente, concurren ambas circunstancias.

La gran y general utilidad del negocio bancario, cuando se administra prudentemente, ha sido plenamente explicada en el segundo libro de esta Investigación. Pero un banco público, que ha de sostener el crédito público y, en emergencias particulares, adelantar al gobierno todo el producto de un impuesto, por valor, tal vez, de varios millones, uno o dos años antes de que se recaude, requiere un capital mayor del que puede reunirse fácilmente en cualquier sociedad privada.

El comercio de los seguros proporciona una gran seguridad a las fortunas de los particulares y, al dividir entre muchos una pérdida que arruinaría a un individuo, hace que recaiga de forma ligera y llevadera sobre el conjunto de la sociedad.

Para ofrecer dicha seguridad, sin embargo, es necesario que los aseguradores dispongan de un capital muy cuantioso. Antes del establecimiento de las dos sociedades anónimas de seguros en Londres, se dice que se presentó al fiscal general una lista de ciento cincuenta usureros particulares que habían arruinado en el transcurso de pocos años.

Que los cortes y canales navegables, y las obras que a veces son necesarias para abastecer de agua a una gran ciudad, son de gran y general utilidad, al mismo tiempo que con frecuencia requieren un gasto mayor del que conviene a las fortunas de los particulares, es algo suficientemente obvio.

Excepto los cuatro oficios arriba mencionados, no he podido recordar ningún otro en el que concurran las tres circunstancias requeridas para hacer razonable el establecimiento de una sociedad anónima.

La compañía inglesa del cobre de Londres, la compañía fundidora de plomo, la compañía de pulido de vidrio, no tienen ni siquiera el pretexto de una gran o singular utilidad en el objeto que persiguen; ni parece que la persecución de dicho objeto requiera un gasto desproporcionado para las fortunas de muchos particulares. Si el comercio que esas compañías llevan a cabo se reduce a reglas y métodos tan estrictos como para hacerlo apto para la gestión de una sociedad anónima, o si tienen alguna razón para presumir de sus beneficios extraordinarios, no pretendo saberlo.

La compañía de aventureros de minas quebró hace mucho tiempo. Una acción en el capital de la Compañía Británica del Lino de Edimburgo se cotiza actualmente muy por debajo de la par, aunque menos que hace algunos años.

Las sociedades anónimas que se establecen con el loable propósito de promover alguna manufactura particular, además de gestionar mal sus propios asuntos, en detrimento del capital general de la sociedad, difícilmente pueden dejar de hacer, en otros aspectos, más daño que bien. A pesar de las intenciones más honradas, la parcialidad inevitable de sus directores hacia ramas particulares de la manufactura, respecto de las cuales los empresarios los desvían y engañan, constituye un verdadero desincentivo para el resto y rompe necesariamente, en mayor o menor medida, esa proporción natural que de otro modo se establecería entre la industria juiciosa y el beneficio, y que, para la industria general del país, es de todos los estímulos el mayor y más eficaz.

ART. II.—De los gastos de la institución para la educación de la juventud.

Las instituciones para la educación de la juventud pueden, del mismo modo, proporcionar una renta suficiente para sufragar sus propios gastos. La retribución u honorario que el alumno paga al maestro constituye naturalmente una renta de esta clase.

Aun cuando la retribución del maestro no provenga enteramente de esta renta natural, tampoco es necesario que se derive de aquella renta general de la sociedad cuya recaudación y aplicación están, en la mayoría de los países, encomendadas al poder ejecutivo.

Por consiguiente, en la mayor parte de Europa, la dotación de las escuelas y colegios no supone carga alguna para dicha renta general, o representa una muy pequeña. Proviene en todas partes principalmente de alguna renta local o provincial, del alquiler de alguna propiedad territorial, o de los intereses de alguna suma de dinero, asignadas y puestas bajo la gestión de fideicomisarios para este fin particular, a veces por el propio soberano y a veces por algún donante privado.

¿Han contribuido en general esas dotaciones públicas a promover el fin de su institución? ¿Han contribuido a fomentar la diligencia y a mejorar las capacidades de los profesores? ¿Han dirigido el rumbo de la educación hacia objetos más útiles, tanto para el individuo como para el público, que aquellos hacia los que habría ido naturalmente por su propia cuenta? No debería parecer muy difícil dar al menos una respuesta probable a cada una de esas preguntas.

En toda profesión, el esfuerzo de la mayor parte de quienes la ejercen guarda siempre proporción con la necesidad que tienen de realizar dicho esfuerzo.

Esta necesidad es mayor en aquellos para quienes los emolumentos de su profesión son la única fuente de donde esperan su fortuna, o incluso sus ingresos ordinarios y su subsistencia. Para adquirir esta fortuna, o incluso para obtener dicha subsistencia, deben, en el curso de un año, ejecutar una cierta cantidad de trabajo de un valor conocido; y, cuando la competencia es libre, la rivalidad de los competidores, que se esfuerzan por desplazarse unos a otros del empleo, obliga a cada cual a procurar ejecutar su trabajo con un cierto grado de exactitud.

La magnitud de los objetivos que se han de adquirir mediante el éxito en algunas profesiones particulares puede, sin duda, animar a veces los esfuerzos de unos pocos hombres de espíritu y ambición extraordinarios. Sin embargo, es evidente que los grandes objetivos no son necesarios para dar lugar a los mayores esfuerzos.

• La rivalidad y la emulación hacen que la excelencia, incluso en las profesiones humildes, sea un objeto de ambición y, con frecuencia, suscitan los mayores esfuerzos.
• Los grandes objetivos, por el contrario, por sí solos y sin el respaldo de la necesidad de aplicación, rara vez han bastado para motivar un esfuerzo considerable.

En Inglaterra, el éxito en la profesión jurídica conduce a algunos objetivos de ambición muy elevados; y, sin embargo, ¿cuán pocos hombres, nacidos con fortunas desahogadas, han llegado a destacar jamás en este país en dicha profesión?

Las dendeces de las escuelas y los colegios han disminuido necesariamente, en mayor o menor medida, la necesidad de aplicación en los profesores. Su subsistencia, en la medida en que proviene de sus salarios, se deriva evidentemente de un fondo totalmente independiente de su éxito y reputación en sus respectivas profesiones.

En algunas universidades, el salario constituye solo una parte, y con frecuencia una parte pequeña, de los emolumentos del profesor, de los cuales la mayor parte proviene de los honorarios o tasas de sus alumnos.

La necesidad de aplicación, aunque siempre más o menos disminuida, no se elimina por completo en este caso. La reputación en su profesión sigue teniendo cierta importancia para él, y aún depende en cierta medida del afecto, la gratitud y el informe favorable de aquellos que han asistido a sus enseñanzas; y es probable que estos sentimientos favorables no los gane de ninguna otra manera tan bien como mereciéndolos, es decir, mediante las capacidades y la diligencia con las que desempeña cada parte de su deber.

En otras universidades, se le prohíbe al profesor recibir cualquier honorario o retribución de sus alumnos, y su salario constituye la totalidad de los ingresos que obtiene de su cargo.

Su interés se halla, en este caso, tan directamente en oposición a su deber como es posible colocarlo.

Es el interés de todo hombre vivir con la mayor comodidad posible; y si sus emolumentos han de ser exactamente los mismos, tanto si desempeña como si no una labor muy penosa, es indudablemente su interés —al menos tal como se entiende comúnmente el interés—, o bien descuidarla por completo, o bien, si está sujeto a alguna autoridad que no le permita hacer esto, desempeñarla de la manera tan descuidada y chapucera que dicha autoridad le consienta.

Si es naturalmente activo y amante del trabajo, su interés consiste en emplear esa actividad en cualquier actividad de la que pueda obtener algún provecho, antes que en el cumplimiento de su deber, del que no puede obtener ninguno.

Si la autoridad a la que está sujeto reside en el cuerpo corporativo, el colegio o la universidad de los cuales él mismo es miembro, y en el cual la mayor parte de los demás miembros son, como él, personas que son o deberían ser profesores, es probable que hagan causa común, que sean todos muy indulgentes unos con otros, y que cada cual consienta en que su prójimo descuide su deber, siempre que a él mismo se le permita descuidar el suyo.

En la Universidad de Oxford, la mayor parte de los profesores públicos han renunciado por completo, desde hace muchos años, incluso al amago de enseñar.

Si la autoridad a la que está sujeto reside no tanto en el cuerpo colectivo del que es miembro, como en otras personas ajenas, en el obispo de la diócesis, por ejemplo, en el gobernador de la provincia, o, tal vez, en algún ministro de Estado, no es muy probable, en verdad, que en este caso se le permita descuidar su deber por completo.

Todo lo que tales superiores, sin embargo, pueden obligarle a hacer es asistir junto a sus alumnos un cierto número de horas, es decir, impartir un cierto número de conferencias a la semana o al año. Lo que esas conferencias deban ser habrá de depender aún de la diligencia del profesor; y es probable que dicha diligencia sea proporcional a los motivos que tenga para desplegarla.

Una jurisdicción ajena de esta clase, además, está expuesta a ejercerse tanto con ignorancia como con capricho. Por su propia naturaleza es arbitraria y discrecional; y las personas que la ejercen, sin asistir ellas mismas a las conferencias del profesor, ni comprender tal vez las ciencias que es su deber enseñar, rara vez son capaces de ejercerla con juicio.

A causa de la insolencia del cargo, también, con frecuencia les da lo mismo cómo la ejercen, y son muy propensos a censurarlo o a privarle de su empleo de manera caprichosa y sin causa justa alguna. La persona sujeta a dicha jurisdicción se ve necesariamente degradada por ella y, en lugar de ser una de las personas más respetables, se convierte en una de las más mezquinas y despreciables de la sociedad.

Solo mediante una protección influyente puede defenderse eficazmente del maltrato al que está expuesto en todo momento; y es muy probable que obtenga esta protección, no mediante la capacidad o la diligencia en su profesión, sino mediante la docilidad ante la voluntad de sus superiores, y estando dispuesto, en todo momento, a sacrificar a dicha voluntad los derechos, el interés y el honor del cuerpo colectivo del que es miembro.

Quienquiera que haya observado durante un tiempo considerable la administración de una universidad francesa, habrá tenido ocasión de notar los efectos que naturalmente se derivan de una jurisdicción arbitraria y ajena de esta índole.

Cualquier cosa que obligue a un cierto número de estudiantes a acudir a una facultad o universidad, con independencia del mérito o la reputación de los profesores, tiende más o menos a disminuir la necesidad de dicho mérito o reputación.

Los privilegios de los graduados en artes, en derecho, en medicina y en teología, cuando solo pueden obtenerse residiendo un cierto número de años en ciertas universidades, obligan necesariamente a un cierto número de estudiantes a acudir a dichas universidades, con independencia del mérito o la reputación de los profesores.

Los privilegios de los graduados son una especie de estatutos de aprendizaje, que han contribuido a la mejora de la educación exactamente igual que los demás estatutos de aprendizaje lo han hecho a la de las artes y las manufacturas.

Las fundaciones benéficas de becas, exposiciones, subsidios, etc., vinculan necesariamente a un cierto número de estudiantes con determinados colegios mayores, independientemente por completo del mérito de esos colegios en particular.

Si los estudiantes dependientes de tales fundaciones benéficas tuvieran libertad para elegir el colegio que más les gustara, tal libertad tal vez contribuiría a estimular cierta emulación entre los diferentes colegios.

Un reglamento, por el contrario, que prohibiera incluso a los miembros independientes de cada colegio particular abandonarlo e irse a cualquier otro, sin haber pedido y obtenido primero permiso del que pretendían dejar, tendería en gran medida a extinguir dicha emulación.

Si en cada colegio, el tutor o maestro, que debía instruir a cada estudiante en todas las artes y ciencias, no fuera elegido voluntariamente por el estudiante, sino nombrado por el director del colegio; y si, en caso de negligencia, incapacidad o maltrato, no se le permitiera al estudiante cambiarlo por otro sin pedir y obtener permiso primero; semejante reglamento no solo tendería en gran medida a extinguir toda emulación entre los diferentes tutores de un mismo colegio, sino a disminuir enormemente, en todos ellos, la necesidad de diligencia y de atención hacia sus respectivos alumnos.

Tales maestros, aunque muy bien pagados por sus estudiantes, podrían estar tan dispuestos a descuidarlos como aquellos que no reciben pago alguno de ellos o que no tienen otra recompensa que su salario.

Si el profesor resulta ser un hombre sensato, debe serle desagradable ser consciente, mientras da su conferencia a los estudiantes, de que está hablando o leyendo tonterías, o algo que es muy poco mejor que una tontería.

Le debe resultar también desagradable observar que la mayor parte de sus estudiantes abandonan sus clases o, tal vez, asisten a ellas con muestras bastante claras de descuido, desprecio y burla.

Si, por lo tanto, se ve obligado a dar un cierto número de conferencias, estos motivos por sí solos, sin ningún otro interés, podrían inclinarle a esforzarse un poco por dar unas conferencias medianamente buenas. Sin embargo, se pueden idear varios recursos diferentes que embotarán eficazmente el filo de todos esos incentivos a la diligencia.

El profesor, en vez de explicar él mismo a sus alumnos la ciencia en la que se propone instruirlos, puede leer algún libro sobre ella; y si este libro está escrito en una lengua extranjera y muerta, interpretándoselo a su propia lengua, o, lo que le daría aún menos trabajo, haciéndoselo interpretar a ellos, y haciendo de vez en cuando algún comentario ocasional sobre el mismo, puede halagarse a sí mismo con la idea de que está dando una conferencia.

El más mínimo grado de conocimiento y aplicación le permitirá hacer esto, sin exponerse al desprecio o a la burla al decir algo que sea realmente necio, absurdo o ridículo. La disciplina del colegio, al mismo tiempo, puede permitirle obligar a todos sus alumnos a la asistencia más regular a su conferencia simulada, y a mantener el comportamiento más decente y respetuoso durante todo el tiempo de la representación.

La disciplina de los colegios y universidades está concebida en general, no en beneficio de los estudiantes, sino por el interés, o, hablando con más propiedad, por la comodidad de los maestros. Su objeto es, en todos los casos, mantener la autoridad del maestro y, tanto si este descuidara como si cumpliera con su deber, obligar en todo caso a los estudiantes a comportarse con él como si lo cumpliera con la mayor diligencia y capacidad. Parece presuponer una sabiduría y una virtud perfectas en una de las órdenes, y la mayor debilidad y necedad en la otra.

Cuando los maestros, sin embargo, cumplen realmente con su deber, no hay ejemplos, según creo, de que la mayor parte de los estudiantes descuiden nunca el suyo. Ninguna disciplina es jamás necesaria para forzar la asistencia a clases que realmente valen la pena, como bien se sabe allí donde se imparten tales clases.

La fuerza y la coacción pueden ser, sin duda, necesarias hasta cierto punto para obligar a los niños, o a los muchachos muy jóvenes, a prestar atención a aquellas partes de la educación que se considera necesario que adquieran durante esa temprana etapa de la vida; pero después de los doce o trece años, siempre que el maestro cumpla con su deber, la fuerza o la coacción rara vez pueden ser necesarias para llevar a cabo cualquier parte de la educación.

Tal es la generosidad de la mayor parte de los jóvenes que, lejos de estar dispuestos a descuidar o despreciar las instrucciones de su maestro, siempre que este muestre cierta intención seria de serles útil, suelen estar inclinados a perdonar una gran cantidad de incorrecciones en el desempeño de su deber y, a veces, incluso a ocultar al público una buena dosis de negligencia flagrante.

Aquellas partes de la educación, debe observarse, para cuya enseñanza no hay instituciones públicas, son por lo general las mejor enseñadas.

Cuando un joven va a una escuela de esgrima o de baile, no aprende, ciertamente, siempre a esgrimir o a bailar muy bien; pero rara vez deja de aprender a esgrimir o a bailar.

Los buenos efectos de la escuela de equitación no son comúnmente tan evidentes. El gasto de una escuela de equitación es tan grande que, en la mayoría de los lugares, es una institución pública.

Las tres partes más esenciales de la educación literaria: leer, escribir y hacer cuentas, sigue siendo más común adquirirlas en escuelas privadas que públicas; y muy rara vez sucede que alguien deje de adquirirlas en el grado en que es necesario adquirirlas.

En Inglaterra, las escuelas públicas están mucho menos corrompidas que las universidades.

En las escuelas se enseña a la juventud, o al menos se le puede enseñar, griego y latín; es decir, todo lo que los maestros pretenden enseñar, o lo que se espera que enseñen. En las universidades, a la juventud ni se le enseña, ni siempre puede encontrar los medios adecuados para que se le enseñen, las ciencias que es misión de esos cuerpos incorporados enseñar.

La retribución del maestro de escuela, en la mayoría de los casos, depende principalmente, y en algunos casi por completo, de las matrículas o honorarios de sus alumnos. Las escuelas no tienen privilegios exclusivos.

Para obtener los honores de la graduación, no es necesario que una persona presente un certificado de haber estudiado un cierto número de años en una escuela pública. Si, tras el examen, demuestra comprender lo que allí se enseña, no se hacen preguntas sobre el lugar donde lo aprendió.

Las partes de la educación que se enseñan comúnmente en las universidades, tal vez pueda decirse, no están muy bien enseñadas. Pero de no haber sido por esas instituciones, no se habrían enseñado en absoluto de manera común; y tanto el individuo como el público habrían sufrido bastante por la falta de esas importantes partes de la educación.

Las actuales universidades de Europa fueron originalmente, en su mayor parte, corporaciones eclesiásticas, instituidas para la educación de los eclesiásticos. Fueron fundadas por autoridad del papa y se hallaban tan enteramente bajo su protección directa que todos sus miembros, ya fueran maestros o estudiantes, gozaban de lo que entonces se llamaba beneficio de clerecía, es decir, estaban exentos de la jurisdicción civil de los países en los que se encontraban sus respectivas universidades y dependían únicamente de los tribunales eclesiásticos.

Lo que se enseñaba en la mayor parte de dichas universidades era adecuado al fin de su institución: o bien teología, o algo meramente preparatorio para la teología.

Cuando el cristianismo se estableció por primera vez por ley, un latín corrompido se había convertido en el idioma común de todas las partes occidentales de Europa. El culto de la iglesia, en consecuencia, y la traducción de la Biblia que se leía en las iglesias, estaban ambos en ese latín corrompido; es decir, en el idioma común del país. Tras la irrupción de las naciones bárbaras que derrocaron el imperio romano, el latín dejó gradualmente de ser el idioma de cualquier parte de Europa.

Pero la veneración del pueblo preserva naturalmente las formas y ceremonias establecidas de la religión mucho después de que las circunstancias que las introdujeron por primera vez y las hicieron razonables hayan dejado de existir. Aunque el latín, por lo tanto, ya no era entendido en ninguna parte por la gran masa del pueblo, todo el culto de la iglesia siguió realizándose en ese idioma.

Se establecieron así dos idiomas diferentes en Europa, del mismo modo que en el antiguo Egipto:

• un idioma de los sacerdotes y un idioma del pueblo;
• un idioma sagrado y uno profano, uno culto y uno inculto.

Pero era necesario que los sacerdotes entendieran algo de ese idioma sagrado y culto en el que debían oficiarlo; y el estudio de la lengua latina constituyó por tanto, desde el principio, una parte esencial de la educación universitaria.

No ocurría lo mismo con las lenguas griega y hebrea. Los decretos infalibles de la Iglesia habían declarado que la traducción latina de la Biblia, comúnmente llamada la Vulgata latina, había sido dictada igualmente por inspiración divina y, por consiguiente, tenía la misma autoridad que los originales griego y hebreo.

El conocimiento de esas dos lenguas, por lo tanto, al no ser indispensablemente necesario para un eclesiástico, su estudio no formó durante mucho tiempo una parte necesaria del plan de estudios ordinario de la universidad. Me consta que hay algunas universidades españolas en las que el estudio de la lengua griega todavía no ha formado parte de dicho plan.

Los primeros reformadores hallaron que el texto griego del Nuevo Testamento, e incluso el texto hebreo del Antiguo, eran más favorables a sus opiniones que la traducción de la Vulgata, la cual, como era de suponer, había sido adaptada gradualmente para sostener los dogmas de la Iglesia católica. Se dispusieron, por tanto, a sacar a la luz los numerosos errores de dicha traducción, viéndose así el clero católico romano en la necesidad de defenderlos o explicarlos.

Pero esto no podía hacerse bien sin cierto conocimiento de las lenguas originales, cuyo estudio fue introduciéndose progresivamente en la mayor parte de las universidades, tanto en aquellas que abrazaron los dogmas de la reforma como en las que los rechazaron.

La lengua griega estaba vinculada a cada aspecto de esa erudición clásica que, aunque al principio fue cultivada principalmente por católicos e italianos, vino a ponerse de moda casi al mismo tiempo en que se iniciaron los dogmas de la reforma. En la mayor parte de las universidades, por consiguiente, esa lengua se enseñaba antes del estudio de la filosofía, y tan pronto como el estudiante había avanzado un poco en latín.

La lengua hebrea, al no tener conexión con la erudición clásica y, a excepción de las Sagradas Escrituras, al no ser la lengua de un solo libro de cierta estimación, su estudio no solía comenzar sino después del de la filosofía y cuando el estudiante había entrado en el estudio de la teología.

Antiguamente, los primeros rudimentos, tanto de la lengua griega como de la latina, se enseñaban en las universidades; y en algunas universidades todavía se sigue haciendo así.

En otras, se espera que el estudiante haya adquirido previamente, al menos, los rudimentos de una o de ambas lenguas, cuyo estudio sigue constituyendo en todas partes una parte muy considerable de la educación universitaria.

La antigua filosofía griega se dividía en tres grandes ramas: la física, o filosofía natural; la ética, o filosofía moral; y la lógica. Esta división general parece perfectamente acorde con la naturaleza de las cosas.

Los grandes fenómenos de la naturaleza, las revoluciones de los cuerpos celestes, los eclipses, los cometas; los truenos y relámpagos, y otros meteoros extraordinarios; la generación, la vida, el crecimiento y la disolución de las plantas y los animales, son objetos que, así como necesariamente excitan el asombro, de igual modo despiertan naturalmente la curiosidad del género humano por investigar sus causas.

La superstición intentó primero satisfacer esta curiosidad, atribuyendo todas esas maravillosas apariencias a la acción inmediata de los dioses. La filosofía procuró después explicarlas a partir de causas más familiares, o de aquellas con las que los hombres estaban más familiarizados que con la acción de los dioses.

Así como esos grandes fenómenos son los primeros objetos de la curiosidad humana, la ciencia que pretende explicarlos debió de ser naturalmente la primera rama de la filosofía que se cultivó. Por consiguiente, los primeros filósofos de los que la historia conserva memoria parecen haber sido filósofos naturales.

En todas las épocas y países del mundo, los hombres debieron de prestar atención a los caracteres, los diseños y las acciones de los demás; y muchas reglas y máximas respetables para la conducta de la vida humana debieron de ser establecidas y aprobadas por consentimiento común.

Tan pronto como la escritura se puso de moda, los hombres sabios, o aquellos que se creían tales, se esforzarían de manera natural por aumentar el número de esas máximas establecidas y respetadas, y por expresar su propio sentido de lo que era una conducta apropiada o inapropiada, a veces bajo la forma más artificial de apólogos, como las llamadas fábulas de Esopo; y a veces bajo la más simple de apotegmas o dichos sabios, como los proverbios de Salomón, los versos de Teognis y Focílides, y una parte de las obras de Hesíodo.

Podían continuar de esta manera, durante mucho tiempo, meramente multiplicando el número de aquellas máximas de prudencia y moralidad, sin siquiera intentar ordenarlas de un modo muy distinto o metódico, y mucho menos conectarlas entre sí mediante uno o varios principios generales, de los cuales todas fueran deducibles, como los efectos de sus causas naturales.

La belleza de una disposición sistemática de diferentes observaciones, conectadas por unos pocos principios comunes, se vio por primera vez en los rudimentarios ensayos de aquellos antiguos tiempos hacia un sistema de filosofía natural. Algo del mismo género se intentó más tarde en la moral. Las máximas de la vida común se ordenaron de algún modo metódico y se conectaron entre sí mediante unos pocos principios comunes, de la misma manera en que se había intentado ordenar y conectar los fenómenos de la naturaleza.

La ciencia que pretende investigar y explicar esos principios conectores es lo que propiamente se llama Filosofía Moral.

Diferentes autores dieron sistemas diversos, tanto de filosofía natural como moral.

Pero los argumentos con los que apoyaban esos diferentes sistemas, lejos de ser siempre demostraciones, eran con frecuencia, en el mejor de los casos, probabilidades muy tenues y, a veces, meros sofismas, que no tenían más fundamento que la inexactitud y ambigüedad del lenguaje común.

Los sistemas especulativos han sido adoptados, en todas las épocas del mundo, por razones demasiado frívolas como para haber determinado el juicio de cualquier hombre de sentido común en un asunto de la más mínima importancia pecuniaria. Los sofismas groseros apenas han tenido jamás influencia alguna sobre las opiniones de la humanidad, excepto en materias de filosofía y especulación; y en estas con frecuencia han tenido la mayor.

Los defensores de cada sistema de filosofía natural y moral procuraron naturalmente exponer la debilidad de los argumentos aducidos para apoyar los sistemas opuestos a los suyos. Al examinar dichos argumentos, se vieron necesariamente conducidos a considerar la diferencia entre un argumento probable y uno demostrativo, entre uno falaz y uno concluyente; y la lógica, o la ciencia de los principios generales del buen y mal razonamiento, surgió necesariamente de las observaciones que dio lugar un escrutinio de esta clase; aunque, en su origen, posterior tanto a la física como a la ética, se enseñaba comúnmente, no desde luego en todas, pero sí en la mayor parte de las antiguas escuelas de filosofía, con anterioridad a cualquiera de dichas ciencias.

Se consideraba, al parecer, que el estudiante debía comprender bien la diferencia entre el buen y el mal razonamiento antes de ser conducido a razonar sobre materias de tan gran importancia.

Esta antigua división de la filosofía en tres partes fue, en la mayor parte de las universidades de Europa, cambiada por otra en cinco.

En la filosofía antigua, todo lo que se enseñaba acerca de la naturaleza, ya fuera de la mente humana o de la Divinidad, formaba parte del sistema de la física. Esos seres, cualquiera que se supusiera que fuese su esencia, eran partes del gran sistema del universo y partes, además, productivas de los efectos más importantes.

Todo lo que la razón humana podía concluir o conjeturar acerca de ellos constituía, por decirlo así, dos capítulos, aunque sin duda dos muy importantes, de la ciencia que pretendía dar cuenta del origen y las revoluciones del gran sistema del universo.

Pero en las universidades de Europa, donde la filosofía se enseñaba únicamente como subordinada a la teología, era natural detenerse en estos dos capítulos más que en cualquier otro de la ciencia. Se fueron extendiendo progresivamente y se dividieron en muchos capítulos menores; hasta que al final la doctrina de los espíritus, de la que tan poco se puede saber, llegó a ocupar tanto espacio en el sistema de la filosofía como la doctrina de los cuerpos, de la que tanto se puede saber.

Las doctrinas relativas a esos dos temas se consideraron como dos ciencias distintas. Lo que se denomina metafísica o pneumática se opuso a la física, y se cultivó no solo como la ciencia más sublime, sino también, para los fines de una profesión particular, como la más útil de las dos.

• El objeto propio de la experiencia y de la observación, un objeto en el cual una atención esmerada es capaz de hacer tantos descubrimientos útiles, fue casi enteramente descuidado.
• El objeto en el cual, tras unas pocas verdades simples y casi obvias, la atención más esmerada no puede descubrir más que oscuridad y incertidumbre, y en consecuencia no puede producir más que sutilezas y sofismas, fue grandemente cultivado.

Cuando esas dos ciencias se hubieron así puesto en oposición la una a la otra, la comparación entre ambas dio naturalmente nacimiento a una tercera, a la que se llamó ontología, o la ciencia que trataba de las cualidades y atributos que eran comunes a los objetos de las otras dos ciencias.

Pero si las sutilezas y los sofismas componían la mayor parte de la metafísica o de la neumática de las escuelas, componían la totalidad de esta ciencia telarañosa de la ontología, que a veces también era llamada metafísica.

En qué consistían la felicidad y la perfección del hombre, considerado no sólo como individuo, sino como miembro de una familia, de un Estado y de la gran sociedad de la humanidad, era el objeto que la antigua filosofía moral se proponía investigar.

En dicha filosofía, los deberes de la vida humana se trataban como subordinados a la felicidad y a la perfección de la vida humana. Pero cuando tanto la filosofía moral como la natural pasaron a enseñarse únicamente como subordinadas a la teología, los deberes de la vida humana se trataron como subordinados principalmente a la felicidad de la vida venidera.

En la filosofía antigua, la perfección de la virtud se presentaba como necesariamente productiva, para la persona que la poseía, de la más perfecta felicidad en esta vida. En la filosofía moderna, se presentaba con frecuencia como general, o más bien como casi siempre, incompatible con cualquier grado de felicidad en esta vida; y el cielo sólo había de ganarse mediante la penitencia y la mortificación, mediante las austeridades y el abatimiento de un monje, y no mediante la conducta liberal, generosa y enérgica de un hombre.

La casuística y una moral ascética constituían, en la mayoría de los casos, la mayor parte de la filosofía moral de las escuelas. Con mucho, la más importante de todas las diferentes ramas de la filosofía quedó de este modo corrompida en grado sumo.

Tal fue, por lo tanto, el curso común de la educación filosófica en la mayor parte de las universidades de Europa.

• La lógica se enseñaba primero;
• la ontología ocupaba el segundo lugar;
• la neumatología, que comprendía la doctrina relativa a la naturaleza del alma humana y de la Divinidad, el tercero;
• en cuarto lugar seguía un sistema degradado de filosofía moral, que se consideraba inmediatamente conectado con las doctrinas de la neumatología, con la inmortalidad del alma humana y con las recompensas y castigos que, por la justicia de la Divinidad, debían esperarse en la vida venidera:
• un sistema breve y superficial de física solía concluir el curso.

Las alteraciones que las universidades de Europa introdujeron de este modo en el antiguo curso de filosofía estaban destinadas todas a la educación de los eclesiásticos, y a convertirlo en una introducción más adecuada para el estudio de la teología. Pero la cantidad adicional de sutileza y sofisma, la casuística y la moral ascética que dichas alteraciones introdujeron en él, ciertamente no hicieron que fuera más apto para la educación de los caballeros o de los hombres de mundo, ni más propicio para mejorar el entendimiento o enmendar el corazón.

Este curso de filosofía es el que todavía se sigue enseñando en la mayor parte de las universidades de Europa, con mayor o menor diligencia, según que la constitución de cada universidad en particular haga que la diligencia sea más o menos necesaria para los profesores.

En algunas de las universidades más ricas y mejor dotadas, los tutores se contentan con enseñar unos cuantos jirones y fragmentos desconectados de este curso corrupto; e incluso estos los enseñan por lo común con mucha negligencia y superficialidad.

Las mejoras que, en los tiempos modernos, se han introducido en varias ramas diferentes de la filosofía, no se han hecho, en su mayor parte, en las universidades, aunque algunas, sin duda, sí.

La mayor parte de las universidades ni siquiera han mostrado gran disposición a adoptar esas mejoras una vez hechas; y varias de esas sociedades cultas han optado por permanecer, durante mucho tiempo, como los santuarios en los que los sistemas desacreditados y los prejuicios obsoletos hallaban refugio y protección, después de haber sido expulsados de cualquier otro rincón del mundo.

En general, las universidades más ricas y mejor dotadas han sido las más lentas en adoptar dichas mejoras, y las más reacias a permitir cualquier cambio considerable en el plan establecido de educación.

Tales mejoras se introdujeron más fácilmente en algunas de las universidades más pobres, en las cuales los profesores, al depender de su reputación para la mayor parte de su subsistencia, se veían obligados a prestar más atención a las opiniones corrientes del mundo.

Pero aunque las escuelas públicas y universidades de Europa se destinaron originalmente solo a la educación de una profesión particular, la de los eclesiásticos; y aunque no siempre fueron muy diligentes en instruir a sus alumnos, ni siquiera en las ciencias que se suponían necesarias para dicha profesión; sin embargo, atrajeron gradualmente hacia sí la educación de casi todas las demás personas, en particular de casi todos los caballeros y hombres de fortuna.

Ningún método mejor, al parecer, pudo encontrarse para pasar, con alguna ventaja, el largo intervalo entre la infancia y aquel periodo de la vida en que los hombres empiezan a dedicarse de veras a los asuntos reales del mundo, los asuntos que han de ocuparles durante el resto de sus días.

La mayor parte de lo que se enseña en las escuelas y universidades, sin embargo, no parece ser la preparación más adecuada para esos asuntos.

En Inglaterra, se está haciendo cada día más y más costumbre enviar a los jóvenes a viajar por países extranjeros inmediatamente después de salir de la escuela, y sin enviarlos a ninguna universidad.

Nuestros jóvenes, se suele decir, regresan por lo general muy mejorados por sus viajes. Un joven que sale al extranjero a los diecisiete o dieciocho años, y regresa a casa a los veintiuno, regresa tres o cuatro años más viejo de lo que era cuando se fue al extranjero; y a esa edad es muy difícil no mejorar bastante en tres o cuatro años.

En el curso de sus viajes, adquiere por lo general algún conocimiento de una o dos lenguas extranjeras; un conocimiento, sin embargo, que rara vez es suficiente para permitirle hablar o escribir con propiedad en ellas.

En otros aspectos, comúnmente regresa a casa más engreído, más carente de principios, más disipado y más incapaz de cualquier aplicación seria, ya sea al estudio o a los negocios, de lo que bien podría haberse vuelto en tan poco tiempo de haber vivido en su hogar.

Al viajar siendo tan muy joven, al gastar en la más frívola disipación los años más preciosos de su vida, a distancia de la vigilancia y el control de sus padres y parientes, todo hábito útil que las primeras etapas de su educación pudieran haber tenido alguna tendencia a formarle, en vez de afianzarse y confirmarse, se ve casi necesariamente debilitado o borrado.

Nada salvo el descrédito en el que las universidades se están dejando caer podría haber hecho jamás popular una práctica tan sumamente absurda como la de viajar en este periodo tan temprano de la vida.

Al enviar a su hijo al extranjero, un padre se libra, al menos por algún tiempo, de un objeto tan desagradable como el de un hijo desocupado, descuidado y arruinándose ante sus ojos.

Tales han sido los efectos de algunas de las modernas instituciones para la educación.

Diferentes planes y diferentes instituciones para la educación parecen haber tenido lugar en otras épocas y naciones.

En las repúblicas de la antigua Grecia, todo ciudadano libre era instruido, bajo la dirección del magistrado público, en ejercicios gimnásticos y en música.

• Por medio de los ejercicios gimnásticos, se pretendía endurecer su cuerpo, agudizar su valor y prepararlo para las fatigas y los peligros de la guerra; y como la milicia griega era, según todos los informes, una de las mejores que jamás ha habido en el mundo, esta parte de su educación pública debió de cumplir plenamente el propósito para el que fue concebida.

• Por medio de la otra parte, la música, se proponía, al menos según los filósofos y los historiadores que nos han dejado un relato de aquellas instituciones, humanizar la mente, suavizar el carácter y disponerlo para cumplir con todos los deberes sociales y morales de la vida pública y privada.

En la antigua Roma, los ejercicios del Campo de Marte respondían al mismo propósito que los del Gimnasio en la antigua Grecia, y parece que cumplieron esta función con igual eficacia. Pero entre los romanos no había nada que correspondiera a la educación musical de los griegos.

Las costumbres de los romanos, sin embargo, tanto en la vida privada como en la pública, parecen haber sido no solo iguales, sino, en general, bastante superiores a las de los griegos. Que eran superiores en la vida privada, lo atestiguan expresamente Polibio y Dionisio de Halicarnaso, dos autores bien familiarizados con ambas naciones; y toda la tónica de la historia griega y romana da testimonio de la superioridad de la moral pública de los romanos.

La buena disposición y la moderación de las facciones en disputa parecen ser las circunstancias más esenciales en la moral pública de un pueblo libre. Pero las facciones de los griegos fueron casi siempre violentas y sanguinarias; mientras que, hasta la época de los Gracos, jamás se había derramado sangre en ninguna facción romana; y a partir de la época de los Gracos, la república romana puede considerarse en realidad disuelta.

A pesar, por lo tanto, de la muy respetable autoridad de Platón, Aristóteles y Polibio, y a pesar de las muy ingeniosas razones con las que el señor de Montesquieu se esfuerza por respaldar dicha autoridad, parece probable que la educación musical de los griegos no tuviera un gran efecto en la mejora de su moral, ya que, sin tal educación, la de los romanos era, en conjunto, superior. El respeto de aquellos antiguos sabios por las instituciones de sus antepasados probablemente los había dispuesto a encontrar mucha sabiduría política en lo que quizás era meramente una antigua costumbre, continuada sin interrupción desde el periodo más temprano de esas sociedades hasta los tiempos en que habían alcanzado un grado considerable de refinamiento.

La música y la danza son los grandes entretenimientos de casi todas las naciones bárbaras, y los grandes logros que se supone capacitan a cualquier hombre para agradar a su sociedad. Así ocurre hoy en día entre los negros de la costa de África. Así ocurría entre los antiguos celtas, entre los antiguos escandinavos y, como podemos aprender de Homer, entre los antiguos griegos en los tiempos anteriores a la guerra de Troya. Cuando las tribus griegas se hubieron organizado en pequeñas repúblicas, era natural que el estudio de estas disciplinas formara parte durante mucho tiempo de la educación pública y común del pueblo.

Los maestros que instruían a los jóvenes, ya sea en la música o en los ejercicios militares, no parecen haber sido pagados, ni siquiera nombrados por el Estado, ni en Roma ni siquiera en Atenas, la república griega de cuyas leyes y costumbres estamos mejor informados.

El Estado exigía que todo ciudadano libre se capacitara para defenderlo en la guerra y que, por tal motivo, aprendiera sus ejercicios militares. Pero lo dejaba en libertad de aprenderlos con los maestros que pudiera encontrar; y parece que no destinaba nada para este fin, salvo un campo público o lugar de ejercicio en el cual pudiera practicarlos y ejecutarlos.

En las primeras épocas, tanto de la república griega como de la romana, las demás partes de la educación parecen haber consistido en aprender a leer, escribir y echar cuentas, de acuerdo con la aritmética de la época.

Estas habilidades parecen haber sido adquiridas con frecuencia por los ciudadanos más adinerados en el hogar, con la ayuda de algún pedagogo doméstico que era, por lo general, un esclavo o un liberto, y por los ciudadanos más pobres en las escuelas de aquellos maestros que hacían de la enseñanza un oficio a cambio de una retribución.

Tales partes de la educación, sin embargo, se abandonaron por completo al cuidado de los padres o tutores de cada individuo. No consta que el Estado haya asumido jamás inspección o dirección alguna sobre ellas. Por una ley de Solon, en verdad, los hijos quedaban eximidos de mantener a aquellos padres que hubiesen omitido instruirles en algún oficio o negocio lucrativo.

En el proceso de refinamiento, cuando la filosofía y la retórica se pusieron de moda, la gente principal solía enviar a sus hijos a las escuelas de filósofos y retóricos, con el fin de ser instruidos en estas ciencias de moda.

Pero esas escuelas no estaban sostenidas por el público. Durante mucho tiempo, este apenas las toleró. La demanda de filosofía y retórica fue, durante mucho tiempo, tan pequeña, que los primeros profesores declarados de una u otra no podían encontrar empleo constante en ninguna ciudad, sino que se veían obligados a viajar de un lugar a otro. De este modo vivieron Zenón de Elea, Protágoras, Gorgias, Hipias y muchos otros.

A medida que la demanda aumentó, la escuela, tanto de filosofía como de retórica, se volvió sedentaria, primero en Atenas y después en varias otras ciudades. El Estado, sin embargo, parece no haberlas alentado más que asignando a algunas de un lugar particular para enseñar, lo cual a veces también hacían donantes privados.

• El Estado parece haber asignado la Academia a Platón, el Liceo a Aristóteles y el Pórtico a Zenón de Citio, el fundador de los estoicos.
• Pero Epicuro legó sus jardines a su propia escuela.

Sin embargo, hasta aproximadamente la época de Marco Aurelio, ningún profesor parece haber recibido un salario del público, ni haber tenido otros emolumentos que los procedentes de los honorarios o tarifas de sus discípulos. La generosidad que aquel emperador filósofo, como sabemos por Luciano, concedió a uno de los profesores de filosofía, probablemente no duró más que su propia vida.

No había nada equivalente a los privilegios de graduación; y haber asistido a cualquiera de esas escuelas no era necesario para que se permitiera ejercer un oficio o profesión determinados. Si la opinión de su propia utilidad no podía atraer a los discípulos hacia ellas, la ley ni obligaba a nadie a acudir a ellas, ni recompensaba a nadie por haber acudido.

Los profesores no tenían jurisdicción sobre sus alumnos, ni ninguna otra autoridad aparte de esa autoridad natural que la virtud y las capacidades superiores nunca dejan de procurar de los jóvenes hacia aquellos a quienes se confía alguna parte de su educación.

En Roma, el estudio del derecho civil formaba parte de la educación, no de la mayor parte de los ciudadanos, sino de algunas familias particulares. Sin embargo, los jóvenes que deseaban adquirir conocimientos en derecho no tenían ninguna escuela pública a la que acudir, y no tenían otro método para estudiarlo que frecuentar la compañía de aquellos parientes y amigos de quienes se suponía que lo entendían.

Vale la pena señalar, tal vez, que aunque muchas de las leyes de las doce tablas fueron copiadas de las de algunas antiguas repúblicas griegas, el derecho nunca parece haberse convertido en una ciencia en ninguna república de la antigua Grecia. En Roma se convirtió en una ciencia muy pronto, y otorgó un grado considerable de ilustración a aquellos ciudadanos que tenían la reputación de entenderlo.

En las repúblicas de la antigua Grecia, particularmente en Atenas, los tribunales ordinarios de justicia consistían en numerosos, y por tanto desordenados, cuerpos de personas, que con frecuencia decidían casi al azar, o según el clamor, la facción y el espíritu de partido determinaran. La ignominia de una decisión injusta, cuando debía repartirse entre quinientos, mil o mil quinientos ciudadanos (pues algunos de sus tribunales eran tan numerosos), no podía recaer con mucha fuerza sobre ningún individuo.

En Roma, por el contrario, los principales tribunales de justicia consistían en un solo juez o en un pequeño número de jueces, cuyas reputaciones, especialmente al deliberar siempre en público, no podían dejar de verse muy afectadas por cualquier decisión precipitada o injusta. En casos dudosos, dichos tribunales, debido a su inquietud por evitar la censura, intentarían naturalmente ampararse bajo el ejemplo o precedente de los jueces que les habían precedido, ya fuera en el mismo tribunal o en algún otro.

Esta atención a la práctica y al precedente convirtió necesariamente al derecho romano en ese sistema regular y ordenado en el que nos ha sido legado; y una atención semejante ha tenido efectos parecidos en las leyes de cualquier otro país donde tal atención haya tenido lugar. La superioridad de carácter de los romanos sobre la de los griegos, tan señalada por Polibio y Dionisio de Halicarnaso, se debió probablemente más a la mejor constitución de sus tribunales de justicia que a cualquiera de las circunstancias a las que dichos autores la atribuyen.

Se dice que los romanos se distinguieron particularmente por su respeto superior hacia el juramento. Pero las personas que estaban acostumbradas a jurar únicamente ante un tribunal de justicia diligente y bien informado serían naturalmente mucho más cuidadosas con lo que juraban que aquellas que estaban acostumbradas a hacer lo mismo ante asambleas tumultuosas y desordenadas.

Las capacidades, tanto civiles como militares, de los griegos y romanos, se admitirá sin dificultad que fueron al menos iguales a las de cualquier nación moderna. Nuestro prejuicio tiende tal vez más bien a sobrevalorarlas.

Pero, excepto en lo relacionado con los ejercicios militares, el Estado parece no haberse tomado ninguna molestia para formar esas grandes capacidades; pues no puedo llegar a creer que la educación musical de los griegos fuera de gran importancia para formarlas. Sin embargo, al parecer, se habían encontrado maestros para instruir a las clases más acomodadas de aquellas naciones en cada arte y ciencia en que las circunstancias de su sociedad hacían necesario o conveniente que fuesen instruidas.

La demanda de tal instrucción produjo lo que siempre produce, el talento para impartirla; y la emulación que una competencia sin restricciones nunca deja de suscitar, parece haber llevado ese talento a un muy alto grado de perfección.

En la atención que los antiguos filósofos suscitaron, en el imperio que adquirieron sobre las opiniones y principios de sus oyentes, en la facultad que poseían de dar un determinado tono y carácter a la conducta y conversación de dichos oyentes, parecen haber sido muy superiores a cualquier maestro moderno.

En los tiempos modernos, la diligencia de los profesores públicos está más o menos corrompida por las circunstancias que los hacen más o menos independientes de su éxito y reputación en sus respectivas profesiones. Sus salarios, asimismo, colocan al profesor privado que pretendiera entrar en competencia con ellos en la misma situación que un comerciante que intenta comerciar sin una prima, en competencia con quienes comercian con una considerable.

• Si vende sus mercancías casi al mismo precio, no puede obtener el mismo beneficio; y la pobreza y la indigencia al menos, si no la bancarrota y la ruina, serán infaliblemente su suerte.
• Si intenta venderlas mucho más caras, es probable que tenga tan pocos clientes que su situación no mejore gran cosa.

Los privilegios de graduación, además, son en muchos países necesarios, o al menos sumamente convenientes, para la mayoría de los hombres de profesiones letradas, es decir, para la gran mayoría de aquellos que tienen necesidad de una educación erudita. Pero dichos privilegios solo pueden obtenerse asistiendo a las conferencias de los profesores públicos. La asistencia más esmerada a las enseñanzas más capaces de cualquier profesor privado no siempre puede dar derecho a reclamarlos.

Es por estas diferentes causas por lo que el profesor privado de cualquiera de las ciencias que comúnmente se enseñan en las universidades es considerado, en los tiempos modernos, generalmente como perteneciente al orden más ínfimo de los hombres de letras. A un hombre de verdaderas capacidades difícilmente se le ocurre un empleo más humillante ni más poco lucrativo al que dedicarlas.

Las dotaciones de las escuelas y los colegios han corrompido de este modo no solo la diligencia de los profesores públicos, sino que han hecho casi imposible contar con buenos profesores privados.

Si no hubiera instituciones públicas de educación, no se enseñaría ningún sistema ni ninguna ciencia para la que no hubiera alguna demanda, o que las circunstancias de los tiempos no hicieran necesario, conveniente o al menos de moda aprender.

Un maestro particular nunca hallaría provecho en enseñar ni un sistema caduco y anticuado de una ciencia reconocida como útil, ni una ciencia que se creyera universalmente como un cúmulo inútil y pedante de sofistería y absurdo.

Tales sistemas, tales ciencias, no pueden subsistir en ninguna parte sino en aquellas sociedades incorporadas para la educación, cuya prosperidad e ingresos son en gran medida independientes de su laboriosidad.

Si no hubiera instituciones públicas de educación, un caballero, tras cursar con aplicación y talento el ciclo educativo más completo que las circunstancias de la época pudieran ofrecer, no podría presentarse ante el mundo completamente ignorante de todo aquello que constituye el tema común de conversación entre los caballeros y los hombres mundanos.

No hay instituciones públicas para la educación de las mujeres y, por consiguiente, no hay nada inútil, absurdo o fantástico en el curso común de su educación.

Se les enseña lo que sus padres o tutores juzgan necesario o útil para ellas, y no se les enseña nada más.

Cada parte de su educación tiende evidentemente a algún propósito útil; ya sea para realzar los atractivos naturales de su persona, o para formar su mente en la reserva, la modestia, la castidad y la economía; para hacer que sea probable que lleguen a ser amas de casa y que se comporten adecuadamente cuando ya lo sean.

En cada etapa de su vida, una mujer experimenta alguna conveniencia o ventaja de cada parte de su educación. Rara vez sucede que un hombre, en cualquier etapa de su vida, obtenga alguna conveniencia o ventaja de algunas de las partes más laboriosas y molestas de su educación.

¿Debe, por consiguiente —podría preguntarse—, el público no prestar ninguna atención a la educación del pueblo? O, si debe prestar alguna, ¿cuáles son las diferentes partes de la educación a las que debe atender en las distintas clases del pueblo? ¿Y de qué manera debe atender a ellas?

En algunos casos, el estado de la sociedad coloca necesariamente a la mayor parte de los individuos en situaciones tales que forman naturalmente en ellos, sin ninguna atención por parte del gobierno, casi todas las habilidades y virtudes que dicho estado requiere, o quizás puede admitir.

En otros casos, el estado de la sociedad no coloca a la mayor parte de los individuos en tales situaciones; y cierta atención del gobierno es necesaria para prevenir la corrupción y degeneración casi totales de la gran masa del pueblo.

En el progreso de la división del trabajo, la ocupación de la gran mayor parte de los que viven del trabajo, es decir, de la gran masa del pueblo, queda limitada a unas pocas operaciones muy sencillas; frecuentemente a una o dos.

Pero el entendimiento de la mayor parte de los hombres se forma necesariamente a partir de sus ocupaciones ordinarias. El hombre cuya vida entera se pasa realizando unas pocas operaciones sencillas, cuyos efectos son también quizás siempre los mismos, o muy aproximadamente los mismos, no tiene ocasión de esforzar su entendimiento ni de ejercitar su inventiva para descubrir recursos que eliminen dificultades que nunca se presentan.

Por consiguiente, pierde de manera natural el hábito de tal esfuerzo y por lo general se vuelve tan estúpido e ignorante como le es posible serlo a una criatura humana. El sopor de su mente lo vuelve no solo incapaz de disfrutar o de tomar parte en cualquier conversación racional, sino de concebir cualquier sentimiento generoso, noble o tierno, y consecuentemente de formarse un juicio justo sobre muchos de los deberes, incluso ordinarios, de la vida privada.

De los grandes y vastos intereses de su país es totalmente incapaz de juzgar; y a menos que se hayan tomado dolores muy particulares para hacer que sea de otro modo, es igualmente incapaz de defender a su país en la guerra.

• La uniformidad de su vida sedentaria corrompe naturalmente el valor de su espíritu y hace que mire con aborrecimiento la vida irregular, incierta y aventurera de un soldado.
• Corrompe incluso la actividad de su cuerpo y lo vuelve incapaz de emplear su fuerza con vigor y perseverancia en cualquier otra ocupación que no sea aquella para la que ha sido criado.

Su destreza en su oficio particular parece adquirirse, de este modo, a expensas de sus virtudes intelectuales, sociales y marciales.

Pero en toda sociedad desarrollada y civilizada, este es el estado en el que los pobres laboriosos, es decir, la gran masa del pueblo, deben caer necesariamente, a menos que el gobierno tome ciertas medidas para prevenirlo.

Otra cosa sucede en las sociedades bárbaras, como comúnmente se les llama, de cazadores, de pastores, y aun de agricultores en ese estado rudimentario de la agricultura que precede al progreso de las manufacturas y a la extensión del comercio exterior.

En tales sociedades, las variadas ocupaciones de cada individuo obligan a cada uno a ejercitar su capacidad y a inventar recursos para superar las dificultades que se presentan continuamente. La capacidad de invención se mantiene viva, y no se permite que la mente caiga en esa estúpida modorra que, en una sociedad civilizada, parece entorpecer el entendimiento de casi todas las clases inferiores del pueblo.

En esas sociedades bárbaras, como se las llama, cada hombre, como ya se ha observado, es un guerrero. Todos son también, en cierta medida, hombres de estado, y pueden formarse un juicio tolerable acerca de los intereses de la sociedad y de la conducta de quienes la gobiernan. Hasta qué punto sus jefes son buenos jueces en tiempos de paz, o buenos líderes en la guerra, resulta evidente a la observación de casi cualquier individuo entre ellos.

En una sociedad así, ciertamente, nadie puede adquirir fácilmente ese entendimiento refinado y cultivado que unos pocos hombres poseen a veces en un estado más civilizado. Aunque en una sociedad rudimentaria existe una gran variedad en las ocupaciones de cada individuo, no la hay muy grande en las de toda la sociedad. Cada hombre hace, o es capaz de hacer, casi todo lo que cualquier otro hombre hace, o es capaz de hacer. Cada cual posee un grado considerable de conocimiento, ingenio e inventiva, pero casi nadie posee un grado elevado. Sin embargo, el grado que comúnmente se posee suele ser suficiente para llevar a cabo todo el sencillo funcionamiento de la sociedad.

En un estado civilizado, por el contrario, aunque hay poca variedad en las ocupaciones de la mayor parte de los individuos, existe una variedad casi infinita en las de toda la sociedad. Estas variadas ocupaciones presentan una variedad casi infinita de objetos a la contemplación de esos pocos que, al no estar ligados a ninguna ocupación en particular, disponen del tiempo libre y la inclinación necesarios para examinar los oficios de los demás.

La contemplación de tan gran variedad de objetos ejercita necesariamente sus mentes en interminables comparaciones y combinaciones, y vuelve su entendimiento extraordinariamente agudo y abarcador. Sin embargo, a menos que esos pocos se encuentren en situaciones muy particulares, sus grandes facultades, aunque honrosas para ellos mismos, pueden contribuir muy poco al buen gobierno o a la felicidad de su sociedad. A pesar de las grandes capacidades de esos pocos, todas las facetas más nobles del carácter humano pueden quedar, en gran medida, borradas y extinguidas en la gran masa del pueblo.

La educación del común del pueblo requiere, tal vez, en una sociedad civilizada y comercial, la atención del público, más que la de las personas de cierto rango y fortuna.

Las personas de cierto rango y fortuna tienen por lo general dieciocho o diecinueve años de edad antes de emprender ese negocio, profesión u oficio particular con el que se proponen distinguirse en el mundo. Tienen, antes de eso, tiempo de sobra para adquirir, o al menos para prepararse a adquirir después, cualquier logro que pueda recomendarles a la estimación pública, o hacerles dignos de ella. Sus padres o tutores suelen estar suficientemente preocupados por que alcancen tales logros y, en la mayoría de los casos, dispuestos a sufragar el gasto necesario para ese fin.

Si no son siempre educados adecuadamente, rara vez se debe a la falta de gastos invertidos en su educación, sino a la aplicación inadecuada de dichos gastos. Rara vez se debe a la falta de maestros, sino a la negligencia e incapacidad de los maestros que se pueden conseguir, y a la dificultad, o más bien a la imposibilidad, que existe en el estado actual de las cosas, de encontrar otros mejores.

Las ocupaciones también en las que las personas de cierto rango o fortuna pasan la mayor parte de sus vidas no son, como las del común del pueblo, simples y uniformes. Son casi todas ellas extremadamente complicadas, y tales que ejercitan más la cabeza que las manos. El entendimiento de quienes se dedican a tales ocupaciones rara vez puede abormoscarse por falta de ejercicio.

Las ocupaciones de las personas de cierto rango y fortuna, además, rara vez son de aquellas que las agobian de la mañana a la noche. Por lo general tienen bastante tiempo libre, durante el cual pueden perfeccionarse en cualquier rama, ya sea de conocimiento útil u ornamental, de la cual hayan sentado las bases, o para la cual hayan adquirido cierto gusto en la primera parte de su vida.

Entre la gente común ocurre de otro modo. Tienen poco tiempo libre para la educación. Sus padres apenas pueden costear su mantención, ni siquiera en la infancia.

Tan pronto como son capaces de trabajar, deben dedicarse a algún oficio con el que puedan ganarse el sustento. Ese oficio, además, es por lo general tan sencillo y monótono que ejercita poco el entendimiento; mientras que, al mismo tiempo, su labor es tanto tan constante como tan dura, que les deja poco tiempo libre y aún menos inclinación para dedicarse, o incluso para pensar, en cualquier otra cosa.

Pero aunque el vulgo no pueda, en ninguna sociedad civilizada, estar tan bien instruido como las personas de cierta posición y fortuna; las partes más esenciales de la educación —leer, escribir y contar— se pueden adquirir, sin embargo, en un período de la vida tan temprano, que la mayor parte, incluso de aquellos que van a ser educados para las ocupaciones más humildes, tiene tiempo de adquirirlas antes de poder ser empleada en dichas ocupaciones.

Por un gasto muy pequeño, el público puede facilitar, puede fomentar y puede incluso imponer a casi la totalidad del pueblo la necesidad de adquirir esas partes más esenciales de la educación.

El público puede facilitar esta adquisición estableciendo en cada parroquia o distrito una escuelita, donde a los niños se les pueda enseñar por una retribución tan moderada que incluso un trabajador común pueda pagarla; estando el maestro pagada en parte, pero no en su totalidad, por el público; porque, si lo fuera total o incluso principalmente, pronto aprendería a descuidar su labor.

En Escocia, el establecimiento de tales escuelas parroquiales ha enseñado a casi todo el pueblo común a leer, y a una proporción muy grande de este a escribir y hacer cuentas.

En Inglaterra, el establecimiento de escuelas benéficas ha tenido un efecto de la misma índole, aunque no tan universal, porque el establecimiento no es tan universal.

Si, en esas escuelitas, los libros con los que se enseña a leer a los niños fueran un poco más instructivos de lo que comúnmente son; y si, en lugar de un ligero barniz de latín, que a veces se enseña allí a los hijos de la gente común y que casi nunca puede serles de utilidad alguna, se les instruyera en los elementos de la geometría y la mecánica; la educación literaria de esta clase de personas sería, tal vez, tan completa como puede serlo.

Apenas hay oficio común que no ofrezca algunas oportunidades de aplicar en él los principios de la geometría y la mecánica, y que, por lo tanto, no ejercite y mejore gradualmente al pueblo común en dichos principios, la introducción necesaria a las ciencias más sublimes, así como a las más útiles.

El público puede fomentar la adquisición de esas partes más esenciales de la educación, concediendo pequeños premios y pequeños distintivos de honor a los niños de la gente común que sobresalgan en ellas.

El público puede imponer a casi la totalidad del pueblo la necesidad de adquirir las partes más esenciales de la educación, obligando a todo hombre a someterse a un examen o prueba sobre ellas, antes de poder obtener la libertad en cualquier corporación, o de que se le permita ejercer cualquier oficio, ya sea en un pueblo o en una ciudad con fuero.

Fue de este modo, facilitando la adquisición de sus ejercicios militares y gimnásticos, fomentándola e incluso imponiendo a todo el cuerpo del pueblo la necesidad de aprender dichos ejercicios, como las repúblicas griega y romana mantuvieron el espíritu marcial de sus respectivos ciudadanos.

Facilitaron la adquisición de tales ejercicios destinando un cierto lugar para aprenderlos y practicarlos, y concediendo a ciertos maestros el privilegio de enseñar en él. No consta que dichos maestros tuviesen sueldos ni privilegios exclusivos de clase alguna. Su recompensa consistía íntegramente en lo que obtenían de sus discípulos; y un ciudadano que hubiese aprendido sus ejercicios en los gimnasios públicos no tenía ninguna clase de ventaja legal sobre quien los hubiese aprendido de forma privada, siempre y cuando este último los hubiese aprendido igualmente bien.

Aquellas repúblicas fomentaron la adquisición de dichos ejercicios otorgando pequeños premios e insignias de distinción a quienes sobresalían en ellos. Haber ganado un premio en los juegos olímpicos, ístmicos o nemeos otorgaba prestigio no solo a la persona que lo obtenía, sino a toda su familia y parentela. La obligación en la que se encontraba todo ciudadano de servir un determinado número de años, de ser requerido para ello, en los ejércitos de la república, imponía de manera suficiente la necesidad de aprender tales ejercicios, sin los cuales no habría podido ser apto para dicho servicio.

Que en el curso del progreso la práctica de los ejercicios militares, a menos que el gobierno ponga el empeño adecuado en mantenerla, decae paulatinamente y, junto con ella, el espíritu marcial de la gran masa del pueblo, lo demuestra sobradamente el ejemplo de la Europa moderna.

Pero la seguridad de toda sociedad debe depender siempre, en mayor o menor medida, del espíritu marcial de la gran masa del pueblo. En los tiempos actuales, por cierto, ese espíritu marcial por sí solo, y sin el respaldo de un ejército permanente bien disciplinado, tal vez no bastaría para la defensa y seguridad de ninguna sociedad. Mas donde cada ciudadano tuviera el espíritu de un soldado, sin duda se requeriría un ejército permanente menor.

Ese espíritu, además, disminuiría necesariamente en gran medida los peligros para la libertad, ya reales o imaginarios, que comúnmente se temen de un ejército permanente. Así como facilitaría enormemente las operaciones de ese ejército contra un invasor extranjero, del mismo modo las entorpecería en igual medida si, por desgracia, llegaran a dirigirse alguna vez contra la constitución del Estado.

Las antiguas instituciones de Grecia y Roma parecen haber sido mucho más eficaces para mantener el espíritu marcial de la gran masa del pueblo que el establecimiento de lo que se llama las milicias de los tiempos modernos. Eran mucho más sencillas. Una vez establecidas, se ejecutaban por sí mismas, y requerían poca o ninguna atención por parte del gobierno para mantenerse en el más perfecto vigor.

En cambio, para mantener, aun en una ejecución tolerable, las complejas regulaciones de cualquier milicia moderna, se requiere la atención continua y penosa del gobierno, sin la cual caen constantemente en el total descuido y desuso.

La influencia de las instituciones antiguas era, además, mucho más universal. Por medio de ellas, la masa entera del pueblo era instruida por completo en el uso de las armas; mientras que es solo una parte muy pequeña de este la que puede llegar a ser instruida de este modo por las regulaciones de cualquier milicia moderna, excepto, tal vez, la de Suiza.

Pero un cobarde, un hombre incapaz de defenderse o de vengarse a sí mismo, carece evidentemente de una de las partes más esenciales del carácter de un hombre. Está tan mutilado y deformado en su mente como otro en su cuerpo que ha sido privado de algunos de sus miembros más esenciales o ha perdido el uso de ellos. Es evidentemente el más desgraciado y miserable de los dos; porque la felicidad y la miseria, que residen por completo en la mente, deben depender necesariamente más del estado saludable o enfermizo, mutilado o íntegro de la mente, que del del cuerpo.

Aun cuando el espíritu marcial del pueblo no fuera de utilidad alguna para la defensa de la sociedad, con todo, para evitar que esa especie de mutilación, deformidad y miseria mental que la cobardía lleva necesariamente consigo se propague por la gran masa del pueblo, merecería aún la atención más seria del gobierno; del mismo modo que merecería su atención más seria evitar que la lepra, o cualquier otra enfermedad repugnante y ofensiva, aunque ni mortal ni peligrosa, se propague entre ellos; aunque, tal vez, ningún otro bien público pudiera resultar de dicha atención, aparte de la prevención de tan gran mal público.

Lo mismo puede decirse de la grossera ignorancia y estupidez que, en una sociedad civilizada, parecen adormecer tan frecuentemente el entendimiento de todas las clases inferiores del pueblo.

Un hombre privado del uso adecuado de las facultades intelectuales de un hombre es, de ser posible, más despreciable aun que un cobarde, y parece estar mutilado y deformado en una parte todavía más esencial del carácter de la naturaleza humana.

Aunque el Estado no obtuviera ventaja alguna de la instrucción de las clases inferiores del pueblo, merecería aún su atención el que no estuvieran del todo desprovistas de instrucción. El Estado, sin embargo, obtiene una ventaja nada despreciable de su instrucción.

• Cuanto más instruidos están, menos expuestos se encuentran a los delirios del entusiasmo y la superstición, los cuales, entre las naciones ignorantes, ocasionan frecuentemente los más espantosos desórdenes.
• Un pueblo instruido e inteligente, además, es siempre más decente y ordenado que uno ignorante y estúpido.
• Se sienten a sí mismos, cada uno individualmente, más respetables y con mayores probabilidades de obtener el respeto de sus superiores legítimos, y están, por tanto, más dispuestos a respetar a dichos superiores.
• Están más dispuestos a examinar, y son más capaces de ver a través de, las quejas interesadas de las facciones y la sedición; y por esa razón son menos propensos a ser engañados para adoptar una oposición caprichosa o innecesaria a las medidas del gobierno.

En los países libres, donde la seguridad del gobierno depende en gran medida del juicio favorable que el pueblo pueda formarse de su conducta, debe ser sin duda de la mayor importancia que este no esté dispuesto a juzgar de manera apresurada o caprichosa en relación con ella.

Art. III.—De los gastos de las instituciones para la instrucción de personas de todas las edades.

Las instituciones para la instrucción de personas de todas las edades son principalmente aquellas destinadas a la instrucción religiosa.

Esta es una especie de instrucción cuyo objeto no es tanto hacer de las personas buenos ciudadanos en este mundo, como prepararlas para otro mundo mejor en la vida venidera. Los maestros de la doctrina que contiene esta instrucción, del mismo modo que otros maestros, pueden depender por completo para su subsistencia de las contribuciones voluntarias de sus oyentes; o pueden derivarla de algún otro fondo al que la ley de su país les dé derecho, tal como una propiedad territorial, un diezmo o impuesto territorial, un salario o estipendio establecido.

Es probable que su esfuerzo, su celo y su laboriosidad sean mucho mayores en la primera situación que en la segunda. A este respecto, los maestros de una religión nueva siempre han tenido una ventaja considerable al atacar aquellos sistemas antiguos y establecidos, cuyos clérigos, reposando en sus beneficios, habían negado mantener el fervor de la fe y la devoción en el gran cuerpo del pueblo; y, habiéndose entregado a la indolencia, se habían vuelto totalmente incapaces de realizar cualquier esfuerzo vigoroso en defensa incluso de su propio establecimiento.

El clero de una religión establecida y bien dotada se convierte con frecuencia en hombres de letras y elegancia, que poseen todas las virtudes de los caballeros, o aquellas que pueden recomendarles para la estima de los caballeros; pero tienden a perder gradualmente las cualidades, tanto buenas como malas, que les daban autoridad e influencia sobre las clases inferiores del pueblo, y que quizás habían sido las causas originales del éxito y el establecimiento de su religión. Tal clero, cuando es atacado por un grupo de entusiastas populares y audaces, aunque quizás estúpidos e ignorantes, se siente tan perfectamente indefenso como las naciones indolentes, afeminadas y bien alimentadas de las partes meridionales de Asia, cuando fueron invadidas por los tártaros del norte, activos, audaces y hambrientos.

Dicho clero, ante tal emergencia, comúnmente no tiene otro recurso que invocar al magistrado civil para que persiga, destruya o expulse a sus adversarios como perturbadores de la paz pública. Fue así como el clero católico romano invocó al magistrado civil para perseguir a los protestantes, y la Iglesia de Inglaterra para perseguir a los disidentes; y que, en general, toda secta religiosa, una vez que ha disfrutado durante uno o dos siglos de la seguridad de un establecimiento legal, se ha visto incapaz de oponer una defensa vigorosa contra cualquier nueva secta que decida atacar su doctrina o disciplina.

En tales ocasiones, la ventaja en cuanto a erudición y buen escribir puede estar a veces del lado de la iglesia establecida. Pero las artes de la popularidad, todas las artes para ganar prosélitos, están constantemente del lado de sus adversarios. En Inglaterra, esas artes han sido largamente descuidadas por el clero bien dotado de la iglesia establecida, y en la actualidad son cultivadas principalmente por los disidentes y por los metodistas.

Sin embargo, las provisiones independientes que en muchos lugares se han hecho para los maestros disidentes mediante suscripciones voluntarias, derechos fiduciarios y otras evasiones de la ley, parecen haber disminuido considerablemente el celo y la actividad de dichos maestros. Muchos de ellos se han convertido en hombres muy instruidos, ingeniosos y respetables; pero en general han dejado de ser predicadores muy populares. Los metodistas, sin la mitad de la erudición de los disidentes, están mucho más de moda.

En la iglesia de Roma, la actividad y el celo del clero inferior se mantienen más vivos por el poderoso motivo del interés propio que en quizás ninguna iglesia protestante establecida.

El clero parroquial deriva gran parte de su subsistencia de las oblaciones voluntarias del pueblo; una fuente de ingresos que la confesión les brinda muchas oportunidades de mejorar.

Las órdenes mendicantes derivan toda su subsistencia de dichas oblaciones. Ocurre con ellas como con los húsares y la infantería ligera de algunos ejércitos; no hay botín, no hay paga.

• El clero parroquial es como aquellos profesores cuya remuneración depende en parte de su sueldo y en parte de las tasas u honorarios que obtienen de sus alumnos; y estos deben depender siempre, en mayor o menor medida, de su esfuerzo y reputación.
• Las órdenes mendicantes son como aquellos profesores cuya subsistencia depende enteramente de su actividad. Por lo tanto, se ven obligados a emplear todas las artes capaces de avivar la devoción del pueblo llano.

El establecimiento de las dos grandes órdenes mendicantes de Santo Domingo y San Francisco, como observa Maquiavelo, reavivó, en los siglos trece y catorce, la fe y la devoción languidecientes de la iglesia católica.

En los países católicos romanos, el espíritu de devoción es sostenido enteramente por los monjes y por el clero parroquial más pobre. Los grandes dignatarios de la iglesia, con todas las dotes de caballeros y hombres de mundo, y a veces con las de hombres cultos, se cuidan de mantener la disciplina necesaria sobre sus inferiores, pero rara vez se toman la molestia de instruir al pueblo.

«La mayor parte de las artes y profesiones en un Estado», dice con mucho el más ilustre filósofo e historiador de la época actual, «son de tal naturaleza que, si bien promueven los intereses de la sociedad, también son útiles o agradables para ciertos individuos; y, en ese caso, la regla constante del magistrado, excepto, tal vez, en la primera introducción de cualquier arte, es dejar la profesión a su aire y confiar su estímulo a los particulares que obtienen el beneficio de ella.

Los artesanos, al ver que sus ganancias aumentan por el favor de sus clientes, incrementan tanto como es posible su destreza y laboriosidad; y, como los asuntos no se ven alterados por ninguna intromisión desacertada, se tiene siempre la seguridad de que la mercancía estará en todo momento casi en proporción con la demanda».

“Pero también hay algunas vocaciones que, aunque útiles y aun necesarias en un Estado, no reportan ninguna ventaja ni placer a ningún individuo; y el poder supremo se ve obligado a alterar su conducta con respecto a los dependientes de esas profesiones.

Debe brindarles estímulo público para su subsistencia; y debe prevenir esa negligencia a la que naturalmente estarán sujetos, ya sea añadiendo honores particulares a la profesión, estableciendo una larga subordinación de rangos y una estricta dependencia, o mediante algún otro artificio.

Las personas empleadas en las finanzas, las flotas y la magistratura son ejemplos de este orden de hombres.

“Puede parecer naturalmente, a primera vista, que los eclesiásticos pertenecen a la primera clase, y que su retribución, así como la de los abogados y médicos, puede confiarse con seguridad a la liberalidad de los particulares, que se adhieren a sus doctrinas y que hallan beneficio o consuelo en su ministerio y asistencia espirituales.

Su laboriosidad y vigilancia serán, sin duda, aiguijoneadas por ese motivo adicional; y su destreza en la profesión, así como su habilidad para gobernar los ánimos del pueblo, recibirán un incremento diario a partir de su práctica, estudio y atención crecientes.

“Pero si consideramos la cuestión más de cerca, hallaremos que esta diligencia interesada del clero es lo que todo legislador sabio procurará evitar; porque, en toda religión excepto en la verdadera, resulta sumamente perniciosa, y tiene incluso una tendencia natural a pervertir la verdad, infundiéndole una fuerte mezcla de superstición, insensatez y engaño.

Cada oficiante espiritual, para hacerse más precioso y sagrado a los ojos de sus seguidores, les infundirá la más violenta aversión hacia todas las demás sectas y se esforzará continuamente, mediante alguna novedad, por excitar la lánguida devoción de su auditorio.

No se prestará atención alguna a la verdad, a la moral ni al decoro en las doctrinas inculcadas. Se adoptará todo dogma que mejor se adapte a los desordenados afectos de la naturaleza humana. Se atraerá a clientes a cada conventículo mediante un nuevo esfuerzo y habilidad en la manipulación de las pasiones y la credulidad del populacho.

Y, a la postre, el magistrado civil descubrirá que ha pagado muy cara su pretendida frugalidad al ahorrarse un establecimiento fijo para los sacerdotes; y que, en realidad, el arreglo más decente y ventajoso que puede hacer con los guías espirituales es sobornar su indolencia, asignando salarios fijos a su profesión y haciendo superfluo que actúen más allá de impedir meramente que su rebaño se desvíe en busca de nuevos pastores.

Y de este modo los establecimientos eclesiásticos, aunque por lo común surgieron al princípio por motivos religiosos, resultan a la postre ventajosos para los intereses políticos de la sociedad.”

But whatever may have been the good or bad effects of the independent provision of the clergy, it has, perhaps, been very seldom bestowed upon them from any view to those effects.

Times of violent religious controversy have generally been times of equally violent political faction. Upon such occasions, each political party has either found it, or imagined it, for his interest, to league itself with some one or other of the contending religious sects. But this could be done only by adopting, or, at least, by favouring the tenets of that particular sect.

The sect which had the good fortune to be leagued with the conquering party necessarily shared in the victory of its ally, by whose favour and protection it was soon enabled, in some degree, to silence and subdue all its adversaries. Those adversaries had generally leagued themselves with the enemies of the conquering party, and were, therefore the enemies of that party.

The clergy of this particular sect having thus become complete masters of the field, and their influence and authority with the great body of the people being in its highest vigour, they were powerful enough to overawe the chiefs and leaders of their own party, and to oblige the civil magistrate to respect their opinions and inclinations.

Their first demand was generally that he should silence and subdue all their adversaries; and their second, that he should bestow an independent provision on themselves. As they had generally contributed a good deal to the victory, it seemed not unreasonable that they should have some share in the spoil.

They were weary, besides, of humouring the people, and of depending upon their caprice for a subsistence. In making this demand, therefore, they consulted their own ease and comfort, without troubling themselves about the effect which it might have, in future times, upon the influence and authority of their order.

The civil magistrate, who could comply with their demand only by giving them something which he would have chosen much rather to take, or to keep to himself, was seldom very forward to grant it. Necessity, however, always forced him to submit at last, though frequently not till after many delays, evasions, and affected excuses.

Pero si la política nunca hubiera llamado en su auxilio a la religión, si el partido vencedor nunca hubiera adoptado los dogmas de una secta más que los de otra tras alcanzar la victoria, probablemente habría tratado de manera equitativa e imparcial a todas las diferentes sectas, y habría permitido a cada cual elegir a su propio sacerdote y a su propia religión según lo considerara oportuno.

Habría habido, y en este caso sin duda habría habido, una gran multitud de sectas religiosas. Casi cada congregación diferente habría tenido probablemente una pequeña secta propia, o habría mantenido algunos dogmas particulares suyos. Cada maestro se habría sentido sin duda en la necesidad de realizar el máximo esfuerzo y de emplear todas las artimañas, tanto para preservar como para aumentar el número de sus discípulos. Pero como cualquier otro maestro se habría sentido bajo la misma necesidad, el éxito de ningún maestro individual, o secta de maestros, podría haber sido muy grande.

El celo interesado y activo de los maestros religiosos solo puede ser peligroso y problemático cuando en la sociedad solo se tolera una secta, o cuando el conjunto de una gran sociedad está dividido en dos o tres grandes sectas; cuyos maestros actúan de común acuerdo y bajo una disciplina y subordinación regulares. Pero ese celo debe ser completamente inofensivo allí donde la sociedad está dividida en dos o tres cientos, o tal vez en otros tantos miles de pequeñas sectas, de las cuales ninguna podría ser lo suficientemente considerable como para perturbar la tranquilidad pública.

Los maestros de cada secta, viéndose rodeados por todas partes de más adversarios que amigos, se verían obligados a aprender esa franqueza y moderación que tan raramente se encuentran entre los maestros de esas grandes sectas cuyos dogmas, al ser respaldados por el magistrado civil, son tenidos en veneración por casi todos los habitantes de extensos reinos e imperios, y que, por tanto, no ven a su alrededor más que seguidores, discípulos y humildes admiradores.

Los maestros de cada pequeña secta, al encontrarse casi solos, se verían obligados a respetar a los de casi cualquier otra secta; y las concesiones que mutuamente hallarían tanto conveniente como agradable hacerse unos a otros podrían con el tiempo reducir probablemente la doctrina de la mayor parte de ellos a esa religión pura y racional, libre de toda mezcla de absurdo, impostura o fanatismo, tal como los hombres sabios han deseado ver establecida en todas las épocas del mundo; pero tal como la ley positiva quizás nunca ha establecido todavía y probablemente nunca establecerá en ningún país, porque, con respecto a la religión, la ley positiva siempre ha estado, y probablemente siempre estará, más o menos influenciada por la superstición y el entusiasmo populares.

Este plan de gobierno eclesiástico, o más bien de ausencia de gobierno eclesiástico, fue el que la secta llamada de los Independientes (una secta, sin duda, de entusiastas muy exaltados) propuso establecer en Inglaterra hacia el final de la guerra civil. De haberse establecido, aunque de un origen muy antifilosófico, habría dado lugar probablemente, para estas fechas, a la disposición de ánimo y la moderación filosóficas más provechosas con respecto a toda clase de principio religioso. Se ha establecido en Pensilvania, donde, aunque los cuáqueros resultan ser los más numerosos, la ley en realidad no favorece a ninguna secta por encima de otra; y se dice que allí ha dado lugar a esta disposición de ánimo y moderación filosóficas.

Pero aunque esta igualdad de trato no produzca esta buena disposición y moderación en todas, ni siquiera en la mayor parte de las sectas religiosas de un determinado país; sin embargo, siempre que dichas sectas fueran suficientemente numerosas, y cada una de ellas, por consiguiente, demasiado pequeña para alterar la tranquilidad pública, el celo excesivo de cada una por sus dogmas particulares difícilmente podría producir efectos muy dañinos, sino más bien varios buenos; y si el gobierno estuviera firmemente decidido tanto a dejarlas a todas en paz como a obligarlas a todas a dejarse en paz las unas a las otras, hay poco peligro de que no se subdividieran por sí mismas con la rapidez suficiente como para no tardar en volverse lo bastante numerosas.

En toda sociedad civilizada, en toda sociedad donde la distinción de clases se ha establecido por completo alguna vez, siempre ha habido dos regímenes o sistemas de moralidad diferentes vigentes al mismo tiempo; de los cuales el primero puede llamarse el sistema estricto o austero; el otro, el liberal, o, si se quiere, el laxo.

El primero es generalmente admirado y venerado por el pueblo llano; el segundo es comúnmente más estimado y adoptado por los llamados círculos elegantes.

El grado de desaprobación con el que debemos señalar los vicios de frivolidad, aquellos vicios que tienden a surgir de la gran prosperidad y del exceso de alegría y buen humor, parece constituir la principal distinción entre esos dos regímenes o sistemas opuestos.

En el sistema liberal o laxo, el lujo, el desenfreno e incluso la algarabía desordenada, la búsqueda del placer hasta cierto punto de intemperancia, la ruptura de la castidad, al menos en uno de los dos sexos, etc., siempre que no vayan acompañados de una grosera indecencia y no conduzcan a la falsedad y a la injusticia, son tratados por lo general con bastante indulgencia, y se excusan o perdonan fácilmente por completo.

En el sistema austero, por el contrario, tales excesos se consideran con la más absoluta aborrecimiento y detestación.

• Los vicios de frivolidad son siempre ruinosos para el pueblo llano, y la falta de reflexión y la disipación de una sola semana suelen bastar para arruinar para siempre a un pobre obrero, y para empujarlo, a través de la desesperación, a cometer los crímenes más enormes.
• Los sectores más sabios y prudentes del pueblo llano sienten, por tanto, el más absoluto aborrecimiento y detestación hacia tales excesos, que su experiencia les indica que son tan inmediatamente fatales para las personas de su condición.

El desorden y la extravagancia de varios años, por el contrario, no siempre arruinan a un hombre elegante; y las personas de ese rango son muy dadas a considerar el poder de entregarse a cierto grado de exceso como una de las ventajas de su fortuna, y la libertad de hacerlo sin censura ni reproche como uno de los privilegios que pertenecen a su posición.

En las personas de su propia clase, por consiguiente, consideran tales excesos con un grado muy pequeño de desaprobación, y los censuran de manera muy ligera o no los censuran en absoluto.

Casi todas las sectas religiosas han tenido su origen entre la gente común, de la cual han sacado por lo general sus primeros prosélitos, así como los más numerosos.

El sistema austero de moralidad ha sido adoptado, en consecuencia, por dichas sectas casi de manera constante, o con muy pocas excepciones, pues las ha habido. Era el sistema con el que mejor podían recomendarse a esa clase de personas a quienes propusieron por primera vez su plan de reforma sobre lo que antes se había establecido.

Muchas de ellas, tal vez la mayor parte, se han esforzado incluso por ganar prestigio refinando este sistema austero y llevándolo a cierto grado de insensatez y extravagancia; y este rigor excesivo les ha valido con frecuencia, más que cualquier otra cosa, el respeto y la veneración de la gente común.

Un hombre de rango y fortuna es, por su posición, el miembro distinguido de una gran sociedad, que presta atención a cada parte de su conducta y que, por lo tanto, le obliga a prestar atención a cada parte de ella por sí mismo. Su autoridad y consideración dependen en gran medida del respeto que esta sociedad le profesa. No se atreve a hacer nada que pueda deshonrarle o desacreditarle en ella; y está obligado a una observación muy estricta de esa especie de moral, ya sea liberal o austera, que el consentimiento general de esta sociedad prescribe a las personas de su rango y fortuna.

Un hombre de condición humilde, por el contrario, está lejos de ser un miembro distinguido de cualquier gran sociedad. Mientras permanece en una aldea rural, su conducta puede ser objeto de atención, y es posible que se vea obligado a prestar atención a ella por sí mismo. En esta situación, y en esta situación únicamente, puede tener lo que se llama una reputación que perder.

Pero tan pronto como llega a una gran ciudad, se hunde en la oscuridad y el anonimato. Su conducta no es observada ni atendida por nadie; y es muy probable, por tanto, que él mismo la descuide y se entregue a toda clase de vileza y vicio mezquinos. Nunca sale tan eficazmente de esta oscuridad, su conducta nunca atrae tanto la atención de ninguna sociedad respetable, como al convertirse en miembro de una pequeña secta religiosa.

A partir de ese momento adquiere un grado de consideración que nunca antes había tenido. Todos sus hermanos de secta están interesados, por el prestigio de la misma, en observar su conducta; y, si da ocasión a algún escándalo, si se aparta demasiado de esa moral austera que casi siempre se exigen unos a otros, en castigarle con lo que es siempre un castigo muy severo, aun cuando no se produzcan efectos nocivos, la expulsión o excomunión de la secta.

En las pequeñas sectas religiosas, por consiguiente, la moral de la gente común ha sido casi siempre notablemente regular y ordenada; por lo general, mucho más que en la iglesia establecida. La moral de esas pequeñas sectas, en verdad, ha sido con frecuencia más bien desagradablemente rigurosa e insociable.

Hay dos remedios muy fáciles y eficaces, sin embargo, mediante cuya operación conjunta el Estado podría, sin violencia, corregir todo lo que hubiere de antisocial o desagradablemente riguroso en la moral de todas las pequeñas sectas en que el país estaba dividido.

El primero de esos remedios es el estudio de la ciencia y la filosofía, que el Estado podría hacer casi universal entre todas las personas de rango y fortuna medianos o superiores a la media; no dando salarios a los profesores para volverlos negligentes y perezosos, sino instituyendo algún tipo de prueba, incluso en las ciencias superiores y más difíciles, que deba superar toda persona antes de que se le permita ejercer cualquier profesión liberal, o antes de que pueda ser admitida como candidata a cualquier cargo honorable, de confianza o lucrativo.

Si el Estado impusiera a esta clase de hombres la necesidad de aprender, no tendría que tomarse la molestia de proporcionarles profesores adecuados. Pronto encontrarían por sí mismos mejores profesores que cualquiera de los que el Estado pudiera proporcionarles.

La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición; y allí donde todos los rangos superiores de la población estuvieran a salvo de él, los rangos inferiores no podrían estar muy expuestos al mismo.

El segundo de esos remedios es la frecuencia y la alegría de las diversiones públicas.

El Estado, al fomentar —es decir, al otorgar completa libertad a todos aquellos que, por su propio interés, intenten, sin escándalo ni indecencia, entretener y divertir al pueblo mediante la pintura, la poesía, la música, la danza; mediante toda clase de representaciones y exhibiciones dramáticas—, disiparía fácilmente, en la mayor parte de ellos, ese humor melancólico y sombrío que casi siempre es el criadero de la superstición y el fanatismo populares.

Las diversiones públicas han sido siempre objeto de pavor y odio para todos los promotores fanáticos de esos frenesíes populares. La alegría y el buen humor que esas diversiones inspiran eran del todo incompatibles con ese estado de ánimo que resultaba más propicio para sus fines, o sobre el cual mejor podían influir.

Las representaciones dramáticas, además, al exponer con frecuencia sus artimañas al ridículo público, y a veces incluso a la execración pública, eran por tal motivo, más que cualquier otra diversión, objeto de su particular aborrecimiento.

En un país donde la ley no favoreciera a los maestros de ninguna religión por encima de los de otra, no sería necesario que ninguno de ellos tuviera ninguna dependencia particular o inmediata del poder soberano o ejecutivo, ni que este tuviera nada que ver ni en su nombramiento ni en su destitución de sus cargos.

En tal situación, el soberano no tendría motivo alguno para preocuparse por ellos, más allá de mantener la paz entre ellos, del mismo modo que entre el resto de sus súbditos, es decir, impedir que se persigan, se insulten o se opriman unos a otros.

Pero ocurre todo lo contrario en los países donde hay una religión establecida o gobernante. En este caso, el soberano nunca puede estar seguro a menos que disponga de los medios para influir en un grado considerable en la mayor parte de los maestros de dicha religión.

El clero de toda iglesia establecida constituye una gran corporación. Puede actuar concertadamente y perseguir su interés conforme a un solo plan y con un mismo espíritu, casi como si estuviera bajo la dirección de un solo hombre; y con frecuencia, además, se encuentra bajo semejante dirección.

Su interés como cuerpo incorporado nunca coincide con el del soberano, y a veces es directamente opuesto a él. Su gran interés es mantener su autoridad ante el pueblo, y dicha autoridad depende de la supuesta certeza e importancia de toda la doctrina que inculcan, y de la supuesta necesidad de adoptar cada una de sus partes con la fe más ciega, con el fin de evitar la miseria eterna.

Si el soberano tuviera la imprudencia de mostrarse burlón o de dudar él mismo de la parte más insignificante de su doctrina, o si, por humanidad, intentara proteger a quienes hicieran lo uno o lo otro, el honor puntilloso de un clero que no depende en absoluto de él se ve inmediatamente incitado a proscribirlo como a una persona profana, y a emplear todos los terrores de la religión con el fin de obligar al pueblo a transferir su lealtad a algún príncipe más ortodoxo y obediente.

Si se opone a cualquiera de sus pretensiones o usurpaciones, el peligro es igualmente grande. A los príncipes que se han atrevido a rebelarse de este modo contra la Iglesia, además de este crimen de rebelión, se les suele imputar también el delito adicional de herejía, a pesar de sus solemnes protestas de fe y de su humilde sumisión a cada uno de los dogmas que ella tuvo a bien prescribirles.

Pero la autoridad de la religión es superior a cualquier otra autoridad. Los temores que sugiere vencen a todos los demás temores. Cuando los maestros autorizados de la religión propagan entre la gran masa del pueblo doctrinas subversivas de la autoridad del soberano, solo mediante la violencia, o por la fuerza de un ejército permanente, puede este mantener su autoridad. Incluso un ejército permanente no puede ofrecerle en este caso ninguna seguridad duradera; porque si los soldados no son extranjeros —lo cual rara vez puede suceder—, sino reclutados de entre la gran masa del pueblo —lo que casi siempre ha de ocurrir—, es probable que no tarden en ser corrompidos por esas mismas doctrinas.

Las revoluciones que la turbulencia del clero griego provocaba continuamente en Constantinopla, mientras subsistió el imperio oriental; las convulsiones que, a lo largo de varios siglos, la turbulencia del clero romano provocó continuamente en todas partes de Europa, demuestran suficientemente cuán precaria e insegura ha de ser siempre la situación del soberano que no dispone de medios adecuados para influir en el clero de la religión establecida y gobernante de su país.

Los artículos de fe, así como todos los demás asuntos espirituales, es bien sabido que no entran dentro de la competencia propia de un soberano temporal, el cual, aunque puede estar muy capacitado para proteger, rara vez se supone que lo esté para instruir al pueblo. Con respecto a tales asuntos, por lo tanto, su autoridad rara vez puede ser suficiente para contrarrestar la autoridad unida del clero de la iglesia establecida. La tranquilidad pública, sin embargo, y su propia seguridad, pueden depender frecuentemente de las doctrinas que ellos consideren oportuno propagar acerca de tales asuntos. Como rara vez puede oponerse directamente a su decisión con el peso y la autoridad adecuados, es necesario que sea capaz de influir en ella; y sólo puede influir en ella mediante los temores y las expectativas que pueda suscitar en la mayor parte de los individuos de dicha orden. Esos temores y expectativas pueden consistir en el miedo a la destitución u otro castigo, y en la expectativa de un mayor ascenso.

En todas las iglesias cristianas, los beneficios del clero son una especie de propiedad vitalicia que disfrutan, no a voluntad, sino durante su vida o buena conducta. Si los poseyeran bajo un régimen más precario, y estuvieran expuestos a ser destituidos ante cualquier leve desagrado, ya sea del soberano o de sus ministros, tal vez les sería imposible mantener su autoridad ante el pueblo, que entonces los consideraría como dependientes mercenarios de la corte, en cuya sinceridad de instrucciones ya no podría tener ninguna confianza.

Pero si el soberano intentara de manera irregular y violenta privar a un número de clérigos de sus beneficios, debido tal vez a que han propagado, con más celo del habitual, alguna doctrina fraccional o sediciosa, solo lograría, mediante tal persecución, hacer que tanto ellos como su doctrina fueran diez veces más populares y, por tanto, diez veces más molestos y peligrosos de lo que habían sido antes.

El miedo es en casi todos los casos un pésimo instrumento de gobierno y, en particular, no debería emplearse jamás contra ninguna orden de hombres que tenga la más mínima pretensión de independencia. Intentar atemorizarlos solo sirve para irritar su mal humor y confirmarlos en una oposición que un trato más suave, quizás, podría inducirles fácilmente a suavizar o a abandonar por completo.

La violencia que el gobierno francés empleaba habitualmente para obligar a todos sus parlamentos, o tribunales soberanos de justicia, a registrar cualquier edicto impopular, rara vez daba resultado. Sin embargo, los medios comúnmente empleados —el encarcelamiento de todos los miembros reacios— uno pensaría que eran lo suficientemente enérgicos. Los príncipes de la casa de Estuardo emplearon a veces medios similares para influir en algunos de los miembros del parlamento de Inglaterra, y por lo general los encontraron igualmente intratables.

El parlamento de Inglaterra se maneja ahora de otra manera; y un experimento muy pequeño que el duque de Choiseul hizo, hace unos doce años, con el parlamento de París, demostró sobradamente que todos los parlamentos de Francia podrían haberse manejado aún más fácilmente de la misma manera. Dicho experimento no se continuó. Pues aunque la gestión y la persuasión son siempre los instrumentos de gobierno más fáciles y seguros, así como la fuerza y la violencia son los peores y más peligrosos; tal es, al parecer, la insolencia natural del hombre, que casi siempre desdeña usar el buen instrumento, excepto cuando no puede o no se atreve a usar el malo. El gobierno francés podía y se atrevía a usar la fuerza, y por lo tanto desdeñó usar la gestión y la persuasión.

Pero no hay ninguna orden de hombres, según creo que demuestra la experiencia de todas las edades, sobre la cual sea tan peligroso, o más bien tan perfectamente ruinoso, emplear la fuerza y la violencia como sobre el respetado clero de una iglesia establecida. Los derechos, los privilegios, la libertad personal de cada eclesiástico individual, que se encuentra en buenos términos con su propia orden, son, incluso en los gobiernos más despóticos, más respetados que los de cualquier otra persona de rango y fortuna casi similares. Así ocurre en todas las gradaciones del despotismo, desde la del apacible y suave gobierno de París hasta la del violento y furioso gobierno de Constantinopla.

Pero aunque esta orden de hombres difícilmente puede ser forzada, se les puede manejar tan fácilmente como a cualquier otra; y la seguridad del soberano, así como la tranquilidad pública, parecen depender en gran medida de los medios que este tenga para manejarlos; y dichos medios parecen consistir por completo en las prebendas que tiene para concederles.

En la constitución antigua de la iglesia cristiana, el obispo de cada diócesis era elegido por los votos conjuntos del clero y del pueblo de la ciudad episcopal.

El pueblo no conservó durante mucho tiempo su derecho de elección; y mientras lo conservó, casi siempre actuó bajo la influencia del clero, que, en tales asuntos espirituales, parecía ser su guía natural. El clero, sin embargo, no tardó en cansarse de la molestia de gestionarlo y consideró más fácil elegir por sí mismo a sus propios obispos.

El abad, del mismo modo, era elegido por los monjes del monasterio, al menos en la mayor parte de las abadías. Todos los beneficios eclesiásticos inferiores comprendidos dentro de la diócesis eran conferidos por el obispo, quien los otorgaba a los eclesiásticos que estimaba convenientes. Todas las prebendas eclesiásticas estaban de este modo a disposición de la iglesia.

El soberano, aunque podía tener cierta influencia indirecta en esas elecciones y aunque a veces era habitual pedir tanto su consentimiento para elegir como su aprobación de la elección, no tenía, sin embargo, medios directos ni suficientes para manejar al clero. La ambición de cada eclesiástico le llevaba de forma natural a rendir pleitesía, no tanto a su soberano como a su propia orden, de la cual únicamente podía esperar ascensos.

En la mayor parte de Europa, el papa fue acaparando gradualmente, primero la provisión de casi todos los obispados y abadías, o de los llamados beneficios consistoriales, y después, mediante diversas maquinaciones y pretextos, la de la mayor parte de los beneficios inferiores comprendidos en cada diócesis, sin dejar al obispo poco más de lo estrictamente necesario para conferirle una autoridad decorosa ante su propio clero.

Con este arreglo, la condición del soberano empeoró aún más de lo que había sido antes. El clero de todos los diferentes países de Europa quedó constituido de este modo en una suerte de ejército espiritual, disperso por cierto en distintos acuartelamientos, pero cuyos movimientos y operaciones podían ser dirigidos ahora por una sola cabeza y conducidos según un plan uniforme.

El clero de cada país en particular podía considerarse como un destacamento específico de aquel ejército, cuyas operaciones podían ser fácilmente respaldadas y secundadas por todos los demás destacamentos acuartelados en los diferentes países circundantes. Cada destacamento no sólo era independiente del soberano del país en el que estaba acuartelado y por el cual era mantenido, sino que dependía de un soberano extranjero, el cual podía en cualquier momento volver sus armas contra el soberano de ese país particular y respaldarlas con las armas de todos los demás destacamentos.

Aquellas armas eran las más formidables que uno bien puede imaginar. En el antiguo estado de Europa, antes del establecimiento de las artes y las manufacturas, la riqueza del clero le otorgaba el mismo tipo de influencia sobre la gente común que la de los grandes barones les otorgaba sobre sus respectivos vasallos, arrendatarios y séquitos.

En las grandes haciendas rurales, que la piadosa equivocación tanto de los príncipes como de los particulares había otorgado a la iglesia, se establecieron jurisdicciones del mismo tipo que las de los grandes barones, y por la misma razón. En esas grandes haciendas rurales, el clero, o sus bailíos, podían mantener la paz fácilmente, sin el apoyo o la asistencia ni del rey ni de ninguna otra persona; y ni el rey ni ninguna otra persona podían mantener la paz allí sin el apoyo y la asistencia del clero.

Las jurisdicciones del clero, por tanto, en sus baronías o señoríos particulares, eran igualmente independientes, y excluían de igual manera la autoridad de los tribunales del rey, que las de los grandes Lores temporales. Los arrendatarios del clero eran, al igual que los de los grandes barones, casi todos arrendatarios a voluntad, enteramente dependientes de sus señores inmediatos y, por lo tanto, expuestos a ser convocados a voluntad para luchar en cualquier disputa en la que el clero estimara conveniente involucrarlos.

Además de las rentas de dichas haciendas, el clero poseía en los diezmos una porción muy considerable de las rentas de todas las demás haciendas en todos los reinos de Europa. Los ingresos provenientes de ambas especies de rentas se pagaban, en su mayor parte, en especie, en grano, vino, ganado, aves de corral, etc. La cantidad superaba con creces lo que el propio clero podía consumir; y no existían ni artes ni manufacturas por cuyos productos pudieran cambiar el excedente.

El clero no podía obtener ventaja de este inmenso excedente de ningún otro modo que no fuera empleándolo, tal como los grandes barones empleaban el excedente semejante de sus rentas, en la hospitalidad más profusa y en la caridad más extensa. En consecuencia, se dice que tanto la hospitalidad como la caridad del antiguo clero fueron muy grandes. No solo mantenían a casi todos los pobres de cada reino, sino que muchos caballeros y hidalgos a menudo no tenían otro medio de subsistencia que viajar de monasterio en monasterio, bajo el pretexto de la devoción, pero en realidad para disfrutar de la hospitalidad del clero.

El séquito de algunos prelados en particular era a menudo tan numeroso como el de los mayores Lores seculares, y el séquito de todo el clero tomado en conjunto era, tal vez, más numeroso que el de todos los Lores seculares. Siempre hubo mucha más unión entre el clero que entre los Lores seculares. Los primeros estaban bajo una disciplina regular y subordinación a la autoridad papal. Los segundos no estaban bajo ninguna disciplina o subordinación regular, sino que casi siempre se mostraban igualmente celosos los unos de los otros, y del rey. Aunque los arrendatarios y el séquito del clero, por consiguiente, tomados ambos en conjunto, hubieran sido menos numerosos que los de los grandes Lores seculares, y sus arrendatarios fueran probablemente mucho menos numerosos, su unión los habría hecho más formidables.

La hospitalidad y la caridad del clero también, no solo les otorgaban el mando de una gran fuerza temporal, sino que incrementaban en gran medida el peso de sus armas espirituales. Esas virtudes les procuraban el más alto respeto y veneración entre todos los rangos inferiores del pueblo, de los cuales muchos eran alimentados constantemente, y casi todos ocasionalmente, por ellos.

Todo lo perteneciente o relacionado con una orden tan popular, sus posesiones, sus privilegios, sus doctrinas, necesariamente aparecía sagrado a los ojos de la gente común; y cada violación de los mismos, ya fuera real o fingida, el acto supremo de maldad sacrílega y profanidad.

En este estado de cosas, si al soberano le resultaba frecuente y difícil resistir la confederación de unos pocos de la gran nobleza, no podemos extrañarnos de que le resultara aún más difícil resistir la fuerza unida del clero de sus propios dominios, respaldado por la del clero de todos los dominios vecinos. En tales circunstancias, lo extraño no es que a veces se viera obligado a ceder, sino que alguna vez fuera capaz de resistir.

Los privilegios del clero en aquellos tiempos antiguos (que a nosotros, los que vivimos en la actualidad, nos parecen de lo más absurdos), su total exención de la jurisdicción secular, por ejemplo, o lo que en Inglaterra se llamaba el beneficio del clero, eran las consecuencias naturales, o más bien necesarias, de este estado de cosas.

¡Cuán peligroso debió haber sido para el soberano intentar castigar a un eclesiástico por cualquier delito que fuera, si su orden estaba dispuesta a protegerlo, y a representar ya sea la prueba como insuficiente para condenar a un hombre tan santo, o el castigo como demasiado severo para ser infligido a alguien cuya persona había sido consagrada por la religión!

El soberano no podía, en tales circunstancias, hacer otra cosa mejor que dejarlo en manos de los tribunales eclesiásticos para ser juzgado, los cuales, por el honor de su propia orden, tenían el interés de impedir, tanto como fuera posible, que cualquiera de sus miembros cometiera crímenes atroces, o incluso que diera motivo a un escándalo tan grave que pudiera disgustar al pueblo.

En el estado en que se encontraban las cosas, durante la mayor parte de Europa, en los siglos décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero, y durante algún tiempo tanto antes como después de ese período, la constitución de la Iglesia de Roma puede considerarse como la combinación más formidable que jamás se haya formado contra la autoridad y la seguridad del gobierno civil, así como contra la libertad, la razón y la felicidad de la humanidad, que solo pueden florecer donde el gobierno civil es capaz de protegerlas.

En dicha constitución, los engaños más burdos de la superstición se veían respaldados de tal manera por los intereses particulares de un número tan grande de personas, que los ponían a resguardo de cualquier ataque de la razón humana; porque, aunque la razón humana tal vez habría sido capaz de desvelar, incluso ante los ojos de la gente común, algunos de los engaños de la superstición, jamás habría podido romper los vínculos del interés privado.

Si esta constitución no hubiera sido atacada por más enemigos que los débiles esfuerzos de la razón humana, habría perdurado para siempre. Pero ese inmenso y bien construido edificio, que toda la sabiduría y la virtud del hombre jamás habrían podido tambalear, y mucho menos derribar, fue, por el curso natural de las cosas, primero debilitado y después parcialmente destruido; y es probable que ahora, en el transcurso de unos pocos siglos más, tal vez, se desmorone hasta convertirse por completo en ruinas.

Las mejoras graduales de las artes, las manufacturas y el comercio, las mismas causas que destruyeron el poder de los grandes barones, destruyeron de la misma manera, en la mayor parte de Europa, todo el poder temporal del clero.

En los productos de las artes, las manufacturas y el comercio, el clero, al igual que los grandes barones, encontró algo por lo cual podía cambiar sus productos rudos y, de ese modo, descubrió el medio de gastar la totalidad de sus rentas en sus propias personas, sin dar una parte considerable de ellas a ninguna otra gente. Su caridad se volvió gradualmente menos extensa, su hospitalidad menos liberal o menos profusa. Sus dependientes se volvieron por consiguiente menos numerosos y, poco a poco, se desvanecieron por completo.

El clero también, al igual que los grandes barones, deseaba obtener una mejor renta de sus fincas rústicas para gastarla, de la misma manera, en la satisfacción de su propia vanidad y necedad privadas. Pero este aumento de renta solo podía conseguirse otorgando arrendamientos a sus inquilinos, quienes de este modo se volvieron, en gran medida, independientes de ellos. Los lazos de interés que ataban a las clases inferiores de la gente al clero se rompieron y disolvieron de este modo gradualmente. Incluso se rompieron y disolvieron antes que aquellos que ataban a esas mismas clases de gente a los grandes barones; porque, siendo los beneficios de la iglesia, en su mayor parte, mucho más pequeños que las haciendas de los grandes barones, el poseedor de cada beneficio era mucho más pronto capaz de gastar la totalidad de su renta en su propia persona.

Durante la mayor parte de los siglos XIV y XV, el poder de los grandes barones estuvo, en la mayor parte de Europa, en pleno vigor. Pero el poder temporal del clero, el dominio absoluto que una vez habían tenido sobre el gran cuerpo del pueblo, estaba muy decaído. Para entonces, el poder de la iglesia se había reducido muy cerca, en la mayor parte de Europa, al que surgía de su autoridad espiritual; y aun esa autoridad espiritual se vio muy debilitada cuando dejó de estar respaldada por la caridad y la hospitalidad del clero.

Las clases inferiores de la gente ya no miraban a esa orden como lo habían hecho antes; como los consoladores de sus aflicciones y los mitigadores de su indigencia. Por el contrario, se sentían irritadas y disgustadas por la vanidad, el lujo y los gastos del clero más rico, que parecía gastar en sus propios placeres lo que siempre antes se había considerado como el patrimonio de los pobres.

En este estado de cosas, los soberanos de los diferentes Estados de Europa se esforzaron por recuperar la influencia que antaño habían tenido en la provisión de los grandes beneficios de la iglesia, procurando que los deanes y cabildos de cada diócesis recuperaran su antiguo derecho de elegir al obispo, y los monjes de cada abadía, el de elegir al abad.

El restablecimiento de este antiguo orden fue el objetivo de varias leyes promulgadas en Inglaterra durante el transcurso del siglo XIV, particularmente de la llamada ley de provisiones (statute of provisors), y de la pragmática sanción, establecida en Francia en el siglo XV.

Para que la elección fuera válida, era necesario que el soberano tanto la consintiera de antemano como aprobara después a la persona elegida; y aunque se suponía que la elección seguía siendo libre, disponía, sin embargo, de todos los medios indirectos que su situación le brindaba necesariamente para influir en el clero de sus propios dominios.

Otras regulaciones, de tendencia similar, se establecieron en otras partes de Europa. Pero el poder del papa en la colación de los grandes beneficios de la iglesia parece, antes de la Reforma, no haber sido restringido en ninguna parte de manera tan eficaz y universal como en Francia e Inglaterra.

El concordato posterior, en el siglo XVI, otorgó a los reyes de Francia el derecho absoluto de presentación a todos los grandes beneficios de la iglesia galicana, o los llamados consistoriales.

Desde el establecimiento de la sanción pragmática y del concordato, el clero de Francia ha mostrado en general menos respeto por los decretos de la corte papal que el clero de cualquier otro país católico.

En todas las disputas que su soberano ha tenido con el papa, casi constantemente se han puesto del lado del primero. Esta independencia del clero de Francia respecto a la corte de Roma parece fundarse principalmente en la sanción pragmática y en el concordato.

En los primeros tiempos de la monarquía, el clero de Francia parece haber estado tan devotamente entregado al papa como el de cualquier otro país. Cuando Roberto, el segundo príncipe de la dinastía de los Capetos, fue excomunjado de la manera más injusta por la corte de Roma, se dice que sus propios criados arrojaron a los perros la comida que venía de su mesa y se negaron a probar bocado de algo que hubiera sido contaminado por el contacto de una persona en su situación. Se les enseñó a actuar así, puede presumirse con total seguridad, por el clero de sus propios dominios.

El derecho a la provisión de los grandes beneficios de la iglesia —un derecho en defensa del cual la corte de Roma había sacudido con frecuencia, y a veces derrocado, los tronos de algunos de los mayores soberanos de la cristiandad— fue de este modo limitado, modificado o abandonado por completo en muchas regiones diferentes de Europa, incluso antes de la época de la Reforma.

Como el clero tenía ahora menos influencia sobre el pueblo, el Estado tenía a su vez más influencia sobre el clero. Por consiguiente, el clero tenía tanto menor poder como menor inclinación para perturbar al Estado.

La autoridad de la iglesia de Roma se encontraba en este estado de decadencia cuando los debates que dieron origen a la Reforma comenzaron en Alemania y pronto se extendieron por todas partes de Europa.

Las nuevas doctrinas fueron recibidas en todas partes con un alto grado de favor popular. Se propagaron con todo ese celo entusiasta que comúnmente anima el espíritu de partido cuando ataca a la autoridad establecida.

Los maestros de dichas doctrinas, aunque tal vez, en otros aspectos, no más instruidos que muchos de los teólogos que defendían la iglesia establecida, parecen en general haber estado más familiarizados con la historia eclesiástica y con el origen y el progreso de aquel sistema de opiniones sobre el cual se fundaba la autoridad de la iglesia; y con ello tuvieron la ventaja en casi todas las disputas.

La austeridad de sus costumbres les otorgó autoridad ante la gente común, que contrastaba la estricta regularidad de su conducta con la vida desordenada de la mayor parte de su propio clero. Poseían también, en un grado mucho mayor que sus adversarios, todas las artes de la popularidad y de captación de prosélitos; artes que los elevados y dignificados hijos de la iglesia hacía tiempo que habían descuidado por considerarlas, en gran medida, inútiles.

La razón de las nuevas doctrinas las recomendó a algunos; su novedad, a muchos; el odio y el desprecio hacia el clero establecido, a un número aún mayor; pero la elocuencia zelosa, apasionada y fanática, aunque frecuentemente tosca y rústica, con la que fueron inculcadas casi en todas partes, las recomendó por mucho al mayor número.

El éxito de las nuevas doctrinas fue casi en todas partes tan grande, que los príncipes que por entonces se hallaban en malas relaciones con la corte de Roma pudieron, por medio de ellas, derribar fácilmente en sus propios dominios a la iglesia, la cual, al haber perdido el respeto y la veneración de las clases inferiores del pueblo, apenas pudo ofrecer resistencia.

La corte de Roma había ofendido a algunos de los príncipes menores del norte de Alemania, a los que probablemente había considerado demasiado insignificantes como para molestarse en tratarlos. Por consiguiente, todos ellos establecieron la reforma en sus propios dominios.

La tiranía de Cristierno II y de Troll, arzobispo de Upsala, permitió a Gustavo Vasa expulsar a ambos de Suecia. El papa favoreció al tirano y al arzobispo, y a Gustavo Vasa no le resultó difícil establecer la reforma en Suecia.

Cristierno II fue depuesto más tarde del trono de Dinamarca, donde su conducta lo había hecho tan odioso como en Suecia. El papa, sin embargo, todavía estaba dispuesto a favorecerlo, y Federico de Holstein, que había ascendido al trono en su lugar, se vengó siguiendo el ejemplo de Gustavo Vasa.

Los magistrados de Berna y Zúrich, que no tenían ninguna disputa particular con el papa, establecieron con gran facilidad la reforma en sus respectivos cantones, donde poco antes parte del clero había hecho que todo el orden sacerdotal fuera tanto odioso como deleznable mediante una impostura algo más burda de lo habitual.

En esta crítica situación de sus asuntos, la corte papal se esmeró lo suficiente en cultivar la amistad de los poderosos soberanos de Francia y España, de los cuales este último era a la sazón emperador de Alemania.

Con su ayuda, pudo, aunque no sin gran dificultad y mucho derramamiento de sangre, suprimir por completo u obstaculizar en gran medida el progreso de la reforma en sus dominios.

Estaba también bastante dispuesta a ser condescendiente con el rey de Inglaterra. Pero, por las circunstancias de los tiempos, no podía serlo sin ofender a un soberano aún mayor, Carlos V, rey de España y emperador de Alemania.

Enrique VIII, por consiguiente, aunque no abrazó él mismo la mayor parte de las doctrinas de la reforma, pudo sin embargo, debido a la generalización de estas, suprimir todos los monasterios y abolir la autoridad de la Iglesia de Roma en sus dominios.

Que llegara tan lejos, aunque no fuera más allá, dio cierta satisfacción a los defensores de la reforma, quienes, habiendo tomado el poder en el reinado de su hijo y sucesor, completaron sin dificultad alguna la obra que Enrique VIII había comenzado.

En algunos países, como en Escocia, donde el gobierno era débil, impopular y no muy firmemente establecido, la reforma fue lo suficientemente fuerte como para derrocar, no solo a la iglesia, sino también al Estado, por intentar apoyar a la iglesia.

Entre los seguidores de la reforma, dispersos por todos los diferentes países de Europa, no había ningún tribunal general que, como el de la corte de Roma o un concilio ecuménico, pudiera zanjar todas las disputas entre ellos y, con autoridad irresistible, prescribir a todos los límites precisos de la ortodoxia.

Cuando los seguidores de la reforma en un país, por lo tanto, diferían de sus hermanos en otro, como no tenían un juez común al cual apelar, la disputa nunca podía decidirse; y muchas de tales disputas surgieron entre ellos.

Las referentes al gobierno de la iglesia y al derecho de conferir beneficios eclesiásticos fueron quizás las más interesantes para la paz y el bienestar de la sociedad civil. Dieron origen, en consecuencia, a los dos principales partidos o sectas entre los seguidores de la reforma, las sectas luterana y calvinista, las únicas sectas entre ellos cuya doctrina y disciplina han sido establecidas hasta ahora por ley en alguna parte de Europa.

Los seguidores de Lutero, junto con la llamada iglesia de Inglaterra, conservaron en mayor o menor medida el gobierno episcopal, establecieron la subordinación entre el clero, otorgaron al soberano la disposición de todos los obispados y demás beneficios consistoriales dentro de sus dominios, convirtiéndolo de este modo en la cabeza real de la iglesia; y sin privar al obispo del derecho de conferir los beneficios menores dentro de su diócesis, admitieron, e incluso favorecieron, aun para dichos beneficios, el derecho de presentación, tanto en el soberano como en todos los demás patronos laicos.

Este sistema de gobierno eclesiástico fue, desde el principio, favorable a la paz y al buen orden, y a la sumisión al soberano civil. En consecuencia, nunca ha sido motivo de tumulto o conmoción civil en ningún país en el que se haya establecido. La iglesia de Inglaterra, en particular, siempre se ha enorgullecido, con sobrada razón, de la inmaculada lealtad de sus principios.

Bajo semejante gobierno, el clero se esfuerza de manera natural por granjearse el favor del soberano, de la corte y de la nobleza y aristocracia del país, por cuyo influjo esperan obtener principalmente sus ascensos. Rinden corte a dichos patronos, a veces, sin duda, mediante la más vil adulación y lisonja; pero con frecuencia también cultivando todas aquellas artes que mejor merecen, y que por tanto son más idóneas para ganarles, la estimación de las personas de rango y fortuna; mediante su conocimiento en todas las diferentes ramas del saber útil y ornamental, por la decente liberalidad de sus modales, por el social buen humor de su conversación y por su declarado desprecio hacia aquellas austeridades absurdas e hipócritas que los fanáticos inculcan y fingen practicar, con el fin de atraer sobre sí la veneración, y sobre la gran mayoría de las personas de rango y fortuna —que manifiestan no practicarlas—, la aversión de la gente del pueblo.

Tal clero, sin embargo, al rendir corte de este modo a las altas esferas de la vida, es muy propenso a descuidar por completo los medios para mantener su influencia y autoridad ante las clases bajas. Son escuchados, estimados y respetados por sus superiores; pero ante sus inferiores se muestran con frecuencia incapaces de defender eficazmente, y de manera convincente para tales oyentes, sus propias doctrinas sobrias y moderadas frente al más ignorante de los entusiastas que decida atacarlas.

Los seguidores de Zuinglio, o más propiamente los de Calvino, por el contrario, otorgaron al pueblo de cada parroquia, siempre que la iglesia quedaba vacante, el derecho de elegir a su propio pastor; y establecieron, al mismo tiempo, la más perfecta igualdad entre el clero.

La primera parte de esta institución, mientras se mantuvo en vigor, parece no haber producido más que desorden y confusión, y haber tendido igualmente a corromper las costumbres tanto del clero como del pueblo.

La segunda parte parece no haber tenido jamás otros efectos que los perfectamente convenientes.

Mientras los feligreses de cada parroquia conservaron el derecho de elegir a sus propios pastores, actuaron casi siempre bajo la influencia del clero, y por lo general de los miembros más facciosos y fanáticos de esa orden.

El clero, con el fin de preservar su influencia en esas elecciones populares, se volvió, o aparentó volverse, fanático él mismo en muchos casos, fomentó el fanatismo entre el pueblo y dio la preferencia casi siempre al candidato más fanático.

Un asunto tan menor como el nombramiento de un cura párroco ocasionaba casi siempre una disputa violenta, no solo en una parroquia, sino en todas las parroquias vecinas, que rara vez dejaban de tomar parte en la contienda.

Cuando la parroquia se hallaba situada en una gran ciudad, dividía a todos los habitantes en dos bandos; y cuando esa ciudad llegaba a constituirse en una pequeña república, o a ser la cabeza y capital de una pequeña república, como ocurría con muchas de las ciudades considerables de Suiza y Holanda, cualquier disputa mezquina de esta clase, además de exacerbar la animosidad de todas sus otras facciones, amenazaba con dejar tras de sí tanto un nuevo cisma en la iglesia como un nuevo bando en el Estado.

Por consiguiente, en esas pequeñas repúblicas, el magistrado muy pronto consideró necesario, en aras de preservar la paz pública, arrogarse el derecho de presentación a todos los beneficios vacantes.

En Escocia, el país más extenso en el que se ha establecido esta forma presbiteriana de gobierno eclesiástico, los derechos de patronato quedaron abolidos de hecho por la ley que estableció el presbiterianismo a principios del reinado de Guillermo III. Dicha ley, al menos, facultó a ciertas clases de personas en cada parroquia para adquirir, por un precio muy bajo, el derecho de elegir a su propio pastor.

Se permitió que la constitución que esta ley estableció subsistiera durante unos veintidós años, pero fue abolida por el décimo año de la reina Ana, cap. 12, debido a las confusiones y desórdenes que este modo de elección más popular había ocasionado casi en todas partes.

Sin embargo, en un país tan extenso como Escocia, un tumulto en una parroquia remota no era tan probable que perturbara al gobierno como en un Estado más pequeño. El décimo año de la reina Ana restituyó los derechos de patronato.

Pero aunque en Escocia la ley otorga el beneficio, sin excepción alguna, a la persona presentada por el patrono, la iglesia exige a veces (pues no ha sido muy uniforme en sus decisiones a este respecto) un cierto concurso del pueblo antes de conferir al presentado lo que se denomina cura de almas, o la jurisdicción eclesiástica en la parroquia. A veces, al menos, impulsada por una fingida preocupación por la paz de la parroquia, dilata el nombramiento hasta que se puede lograr dicho concurso.

Las maquinaciones privadas de parte del clero vecino, a veces para conseguir, pero con mayor frecuencia para impedir este concurso, y las artes populares que cultivan con el objeto de poder maniobrar con mayor eficacia en tales ocasiones, son quizás las causas que mantienen principalmente lo que queda del antiguo espíritu fanático, tanto en el clero como en el pueblo de Escocia.

La igualdad que la forma presbiteriana de gobierno eclesiástico establece entre el clero consiste, primero, en la igualdad de autoridad o jurisdicción eclesiástica; y, segundo, en la igualdad de beneficio.

En todas las iglesias presbiterianas, la igualdad de autoridad es perfecta; la de beneficio no lo es tanto. La diferencia, sin embargo, entre un beneficio y otro rara vez es tan considerable como para tentar habitualmente al poseedor incluso de uno pequeño a congraciarse con su patrono mediante las viles artes de la adulación y el servilismo con el fin de obtener uno mejor.

En todas las iglesias presbiterianas donde los derechos de patronato están firmemente establecidos, es mediante artes más nobles y mejores como el clero establecido en general se esfuerza por ganar el favor de sus superiores: por medio de su aprendizaje, de la irreprochable regularidad de su vida y del fiel y diligente cumplimiento de su deber. Sus patronos incluso se quejan con frecuencia de la independencia de espíritu de estos, que son propensos a interpretar como ingratitud por favores pasados, pero que, en el peor de los casos, tal vez rara vez sea otra cosa que la indiferencia que surge de manera natural de la conciencia de que nunca más se han de esperar favores de esa índole.

Apenas se podrá encontrar tal vez en ninguna parte de Europa un conjunto de hombres más culto, decoroso, independiente y respetable que la mayor parte del clero presbiteriano de Holanda, Ginebra, Suiza y Escocia.

Donde los beneficios eclesiásticos son casi todos iguales, ninguno de ellos puede ser muy grande; y esta mediocridad de los beneficios, aunque sin duda pueda llevarse demasiado lejos, tiene, sin embargo, algunos efectos muy agradables.

Nada excepto unas costumbres ejemplares puede dar dignidad a un hombre de pequeña fortuna. Los vicios de la frivolidad y la vanidad lo vuelven necesariamente ridículo y son, además, casi tan ruinosos para él como lo son para la gente común. En su propia conducta, por tanto, se ve obligado a seguir aquel sistema de moral que la gente común respeta más.

Se gana su estima y afecto mediante ese plan de vida que su propio interés y situación lo llevarían a seguir. La gente común lo mira con esa amabilidad con la que nosotros consideramos naturalmente a alguien que se acerca un poco a nuestra propia condición, pero que, pensamos, debería estar en una superior.

Su amabilidad provoca naturalmente la de él. Se vuelve cuidadoso en instruirlas, y atento en asistirlas y socorrerlas. Ni siquiera desprecia los prejuicios de personas que están dispuestas a serle tan favorables, y nunca las trata con esos aires desdeñosos y arrogantes que encontramos tan a menudo en los orgullosos dignatarios de las iglesias opulentas y bien dotadas.

El clero presbiteriano, en consecuencia, ejerce más influencia sobre las mentes de la gente común que quizás el clero de cualquier otra iglesia establecida. Es, por consiguiente, sólo en los países presbiterianos donde encontramos alguna vez a la gente común convertida, sin persecución por completo, y casi hasta el último hombre, a la iglesia establecida.

En los países donde los beneficios eclesiásticos son, en su mayor parte, muy moderados, una cátedra en una universidad suele ser un mejor establecimiento que un beneficio eclesiástico. En este caso, las universidades tienen la posibilidad de seleccionar y escoger a sus miembros entre todos los eclesiásticos del país, quienes, en todas partes, constituyen con mucho la clase más numerosa de hombres de letras.

Donde los beneficios eclesiásticos, por el contrario, son en su mayoría muy considerables, la iglesia atrae naturalmente de las universidades a la mayor parte de sus hombres de letras eminentes; los cuales suelen encontrar algún mecenas que se honra a sí mismo al procurarles un ascenso eclesiástico.

En la primera situación, es probable que encontremos las universidades llenas de los hombres de letras más eminentes que existen en el país. En la segunda, es probable que encontremos pocos hombres eminentes entre ellos, y esos pocos entre los miembros más jóvenes de la corporación, los cuales, además, probablemente sean atraídos fuera de ella antes de haber adquirido la experiencia y el conocimiento suficientes para ser de mucha utilidad para la misma.

El señor de Voltaire observa que el padre Porée, un jesuitó de no mucha prominencia en la república de las letras, fue el único profesor que habían tenido jamás en Francia cuyas obras valía la pena leer. En un país que ha producido tantos hombres de letras eminentes, debe parecer un tanto singular que apenas uno de ellos haya sido profesor en una universidad. El famoso Gassendi fue, al principio de su vida, profesor en la universidad de Aix. Apenas alboreó su talento, se le representó que, al ingresar en la iglesia, podría encontrar fácilmente un sustento mucho más tranquilo y desahogado, así como una mejor situación para proseguir sus estudios, y siguió el consejo inmediatamente.

La observación del señor de Voltaire puede aplicarse, creo yo, no solo a Francia, sino a todos los demás países católicos romanos. Muy rara vez encontramos en ninguno de ellos a un hombre de letras eminente que sea profesor en una universidad, excepto, tal vez, en las profesiones de derecho y medicina; profesiones de las que la iglesia no es tan propicia a atraerlos.

Después de la iglesia de Roma, la de Inglaterra es, con mucho, la iglesia más rica y mejor dotada de la cristiandad. En Inglaterra, por consiguiente, la iglesia drena continuamente a las universidades de todos sus miembros mejores y más capaces; y un viejo tutor universitario conocido y distinguido en Europa como un hombre de letras eminente se encuentra allí tan raramente como en cualquier país católico romano.

En Ginebra, por el contrario, en los cantones protestantes de Suiza, en los países protestantes de Alemania, en Holanda, en Escocia, en Suecia y en Dinamarca, los hombres de letras más eminentes que esos países han producido han sido, no todos ciertamente, pero sí la gran mayoría de ellos, profesores en universidades. En esos países, las universidades drenan continuamente a la iglesia de todos sus hombres de letras más eminentes.

Puede, tal vez, valer la pena señalar que, si exceptuamos a los poetas, a unos pocos oradores y a unos pocos historiadores, la gran mayoría de los demás hombres de letras eminentes, tanto de Grecia como de Roma, parecen haber sido maestros públicos o privados; por lo general, de filosofía o de retórica. Se podrá comprobar que esta observación es cierta desde los días de Lisias e Isócrates, de Platón y Aristóteles, hasta los de Plutarco y Epicteto, Suetonio y Quintiliano.

Imponer a cualquier hombre la necesidad de enseñar, año tras año, en una rama particular de la ciencia parece ser en realidad el método más eficaz para hacer que llegue a dominarla por completo. Al verse obligado a recorrer todos los años el mismo terreno, si el individuo vale para algo, se familiariza necesariamente, en pocos años, con cada una de sus partes y, si sobre algún punto en particular se formara una opinión demasiado apresurada un año, al llegar el momento de reconsiderar el mismo tema el año siguiente en el curso de sus lecciones, es muy probable que la corrija.

Así como ser profesor de una ciencia es sin duda la ocupación natural de un mero hombre de letras, también lo es, tal vez, la educación más propicia para convertirlo en un hombre de sólida instrucción y conocimiento. La medianía de los beneficios eclesiásticos tiende de manera natural a atraer a la mayor parte de los hombres de letras del país en donde esto ocurre hacia la ocupación en la que pueden ser más útiles al público y, al mismo tiempo, a brindarles la mejor educación que, quizás, sean capaces de recibir. Tiende a hacer que su saber sea tan sólido como sea posible y tan útil como sea posible.

El producto de cualquier iglesia establecida, exceptuando aquellas partes del mismo que puedan provenir de tierras particulares o señoríos, es una rama, cabe observar, del ingreso general del Estado, el cual es así desviado hacia un propósito muy diferente de la defensa del Estado.

El diezmo, por ejemplo, es un impuesto territorial real, que imposibilita a los propietarios de tierras contribuir a la defensa del Estado de manera tan generosa como de otro modo podrían hacerlo. La renta de la tierra es, sin embargo, según algunos, el único fondo; y, según otros, el principal fondo del cual, en todas las grandes monarquías, deben proveerse en última instancia las necesidades del Estado. Cuanto más de este fondo se le otorga a la iglesia, menos, es evidente, puede destinarse al Estado. Puede establecerse como una máxima cierta que, manteniéndose todo lo demás constante, cuanto más rica sea la iglesia, más pobre debe ser necesariamente, ya sea el soberano por un lado, o el pueblo por el otro; y, en todos los casos, menos capaz ha de ser el Estado para defenderse a sí mismo.

En varios países protestantes, particularmente en todos los cantones protestantes de Suiza, se ha descubierto que la renta que antiguamente pertenecía a la Iglesia católica romana —los diezmos y las tierras eclesiásticas— es un fondo suficiente no solo para proporcionar salarios competentes al clero establecido, sino también para sufragar, con escasa o nula aportación adicional, todos los demás gastos del Estado. Los magistrados del poderoso cantón de Berna, en particular, han acumulado, a partir de los ahorros de este fondo, una suma muy cuantiosa, que se supone asciende a varios millones; parte de la cual está depositada en un tesoro público y parte está colocada a interés en los llamados fondos públicos de las distintas naciones endeudadas de Europa, principalmente en los de Francia y Gran Bretaña.

Cuál pueda ser el monto del gasto total que la iglesia, ya sea la de Berna o la de cualquier otro cantón protestante, le cuesta al Estado, no pretendo saberlo. Según una contabilidad muy exacta, resulta que, en 1755, el ingreso total del clero de la Iglesia de Escocia, incluidos sus glebas o tierras eclesiásticas, y el alquiler de sus casas rectoras o viviendas, estimado según una valoración razonable, ascendía únicamente a 68.514 libras, 1 chelín y 5 1/12 peniques. Este ingreso tan moderado proporciona una subsistencia decente a novecientos cuarenta y cuatro ministros. El gasto total de la iglesia, incluido lo que se destina ocasionalmente a la construcción y reparación de templos y de las casas rectoras de los ministros, difícilmente puede suponerse que exceda las ochenta u ochenta y cinco mil libras al año.

La iglesia más opulenta de la cristiandad no mantiene mejor la uniformidad de la fe, el fervor de la devoción, el espíritu de orden, regularidad y moral austera en el gran cuerpo del pueblo que esta Iglesia de Escocia, dotada de recursos tan escasos. Todos los buenos efectos, tanto civiles como religiosos, que se puede suponer que produce una iglesia establecida, son producidos por ella con tanta perfección como por cualquier otra.

La mayor parte de las iglesias protestantes de Suiza, que por lo general no están mejor dotadas que la Iglesia de Escocia, producen esos efectos en un grado todavía mayor. En la mayor parte de los cantones protestantes no se encuentra ni una sola persona que no se declare perteneciente a la iglesia establecida. Si se declara de otra, en efecto, la ley le obliga a abandonar el cantón. Pero una ley tan severa o, más bien, en verdad, tan opresiva, nunca podría haberse aplicado en países tan libres de no haber sido porque la diligencia del clero había convertido de antemano a la iglesia establecida a la totalidad del pueblo, con la excepción, tal vez, de unos pocos individuos. En algunas regiones de Suiza, por consiguiente, donde debido a la unión accidental de un país protestante y uno católico romano la conversión no ha sido tan completa, ambas religiones no solo son toleradas, sino también establecidas por la ley.

El buen desempeño de todo servicio parece requerir que su paga o recompensa sea, con la mayor exactitud posible, proporcional a la naturaleza del servicio.

Si un servicio está muy mal pagado, es muy propenso a resentirse por la mezquindad y la incapacidad de la mayor parte de quienes se emplean en él.

Si está muy sobrepagado, es propenso a resentirse, quizás todavía más, por la negligencia y la ociosidad de estos.

Un hombre de grandes ingresos, cualquiera que sea su profesión, piensa que debe vivir como los otros hombres de grandes ingresos; y gastar gran parte de su tiempo en festejos, en vanidad y en disipación.

Pero en un clérigo, este tren de vida no solo consume el tiempo que debería emplearse en los deberes de su función, sino que, a los ojos de la gente común, destruye casi por completo esa santidad de carácter que es la única que puede permitirle desempeñar dichos deberes con la debida influencia y autoridad.

# PART IV. Of the Expense of supporting the Dignity of the Sovereign.

Por encima de los gastos necesarios para permitir que el soberano cumpla con sus diversos deberes, se requiere cierto gasto para el mantenimiento de su dignidad.

Este gasto varía, tanto con los diferentes períodos de mejora, como con las diferentes formas de gobierno.

En una sociedad opulenta y refinada, donde todos los diferentes órdenes de personas gastan cada día más en sus casas, en sus muebles, en sus mesas, en sus vestidos y en sus carruajes; no puede esperarse razonablemente que el soberano sea el único en resistirse a la moda.

Naturalmente, por tanto, o más bien necesariamente, él también gasta más en todos esos diferentes artículos. Su propia dignidad parece exigir que así sea.

Así como, en cuanto a la dignidad, un monarca está más elevado por encima de sus súbditos de lo que jamás se supone que lo esté el magistrado principal de cualquier república por encima de sus conciudadanos, así también se requiere un mayor gasto para sostener esa dignidad más elevada. Naturalmente esperamos más esplendor en la corte de un rey que en la mansión de un dux o un burgomaestre.

# CONCLUSIÓN.

El gasto de defender a la sociedad, y el de sostener la dignidad del magistrado supremo, se realizan ambos en beneficio general de toda la sociedad.

Es razonable, por tanto, que sean sufraga dos por la contribución general de toda la sociedad; debiendo contribuir todos los diferentes miembros, lo más exactamente posible, en proporción a sus respectivas capacidades.

El gasto de la administración de justicia, también, puede considerarse sin duda como realizado en beneficio de toda la sociedad.

No hay improcedencia alguna, por tanto, en que sea costeado mediante la contribución general de toda la sociedad.

Las personas, sin embargo, que dan lugar a este gasto son aquellas que, por su injusticia de un modo u otro, hacen necesario buscar reparación o protección en los tribunales de justicia.

Las personas, a su vez, beneficiadas de manera más inmediata por este gasto son aquellas a quienes los tribunales de justicia o bien restituyen en sus derechos, o bien mantienen en sus derechos.

El gasto de la administración de justicia, por lo tanto, puede ser costeado muy apropiadamente mediante la contribución particular de uno u otro, o de ambos, de esos dos grupos diferentes de personas, según las distintas ocasiones lo requieran, es decir, mediante las tasas judiciales.

No puede ser necesario recurrir a la contribución general de toda la sociedad, excepto para la condena de aquellos criminales que no tienen por sí mismos ningún patrimonio o fondo suficiente para pagar dichas tasas.

Aquellos gastos locales o provinciales cuyo beneficio es local o provincial (lo que se gasta, por ejemplo, en la policía de una ciudad o distrito particular) deben ser sufragar por una renta local o provincial, y no deben constituir una carga para la renta general de la sociedad.

Es injusto que toda la sociedad contribuya a un gasto cuyo beneficio se limita a una parte de ella.

El gasto de mantener buenas carreteras y comunicaciones es, sin duda, beneficioso para toda la sociedad y puede, por lo tanto, sin injusticia alguna, sufragarse mediante las contribuciones generales de toda la sociedad.

Este gasto, sin embargo, beneficia más inmediata y directamente a quienes viajan o transportan mercancías de un lugar a otro, y a quienes consumen dichas mercancías.

Los peajes de las carreteras (turnpike tolls) en Inglaterra, y los derechos llamados peages en otros países, lo recaen enteramente sobre esos dos distintos grupos de personas, liberando así a la hacienda general de la sociedad de una carga muy considerable.

El gasto de las instituciones de educación e instrucción religiosa es asimismo, sin duda, beneficioso para toda la sociedad y puede, por lo tanto, sin injusticia, ser costeado por la contribución general de toda la sociedad.

Este gasto, sin embargo, podría tal vez, con igual propiedad, e incluso con alguna ventaja, ser costeado enteramente por aquellos que reciben el beneficio inmediato de dicha educación e instrucción, o por la contribución voluntaria de quienes creen tener necesidad de la una o de la otra.

Cuando las instituciones o las obras públicas que benefician a toda la sociedad no pueden ser mantenidas en su totalidad, o no lo son en absoluto, por la contribución de aquellos miembros particulares de la sociedad que se benefician de ellas de un modo más inmediato, el déficit debe ser cubierto, en la mayor parte de los casos, por la contribución general de toda la sociedad.

Los ingresos generales de la sociedad, además de sufragar los gastos de defensa de esta y de sustentar la dignidad del primer magistrado, deben compensar el déficit de muchas ramas particulares de ingresos.

Las fuentes de estos ingresos generales o públicos me esforzaré por explicarlas en el capítulo siguiente.