Procederemos ahora a hacer algunas reflexiones generales sobre los gobiernos que siguen en orden, y también a considerar cada uno de ellos en particular; comenzando por aquellos principios que corresponden a cada uno: ahora bien, hay tres cosas en todos los estados que un legislador prudente debe considerar bien, las cuales son de gran importancia para todos, y si se atienden debidamente el estado será necesariamente feliz; y según la variación de las cuales el uno diferirá del otro.

La primera de estas es la [1298a] asamblea pública; la segunda, los funcionarios del estado, es decir, quiénes deben ser, con qué poder deben ser investidos y de qué manera deben ser nombrados; la tercera, el departamento judicial.

Ahora bien, es función propia de la asamblea pública decidir acerca de la guerra y la paz, hacer o romper alianzas, promulgar leyes, sentenciar a muerte, al exilio o a la confiscación de bienes, y pedir cuentas a los magistrados por su conducta durante el ejercicio de sus cargos.

Pues bien, estos poderes deben necesariamente confiarse a los ciudadanos en general, o todos ellos a algunos; ya sea a un magistrado o a más; o unos a uno y otros a otro, o algunos a todos y otros a algunos: confiar todo a todos es propio del espíritu de una democracia, porque el pueblo busca la igualdad.

Hay muchos métodos para delegar estos poderes en los ciudadanos en su conjunto, uno de los cuales consiste en permitir que los ejerzan por turno, y no todos a la vez, como se hacía en el Estado de Telécles el milesio.

En otros, el consejo supremo está compuesto por los diferentes magistrados, y estos suceden en los cargos de la comunidad mediante divisiones adecuadas de tribus, circunscripciones y otras proporciones muy pequeñas, hasta que cada uno, a su vez, pasa por todos ellos; ni la comunidad entera se reúne jamás, a no ser cuando se promulgan nuevas leyes, o se debate algún asunto nacional, o para escuchar lo que los magistrados tienen que proponerles.

Otro método es que el pueblo se reúna en cuerpo colectivo, pero solo con el fin de celebrar los comicios, hacer leyes, decidir acerca de la guerra o la paz e investigar la conducta de sus magistrados, mientras que la parte restante de los asuntos públicos es administrada por los magistrados, que tienen sus departamentos separados y son elegidos de entre toda la comunidad, ya sea por votación o por sorteo.

Otro método es que el pueblo en general se reúna para la elección de los magistrados y para examinar su conducta; y también para deliberar acerca de la guerra y las alianzas, y dejar las demás cosas en manos de los magistrados, cualesquiera que resulten elegidos, cuyos empleos particulares son de aquellos que requieren necesariamente personas bien versadas en ellos.

Un cuarto método es que cada persona delibere sobre todos los asuntos en la asamblea pública, donde los magistrados no pueden decidir nada por sí mismos y solo tienen el privilegio de dar sus opiniones en primer lugar; y este es el método de la democracia más pura, que es análogo a los procedimientos de una oligarquía dinástica y de una monarquía tiránica.

Éstos, pues, son los métodos mediante los cuales se llevan a cabo los asuntos públicos en una democracia.

Cuando el poder está en manos de una parte de la comunidad solamente, se trata de una oligarquía, y ésta también admite diferentes costumbres; pues siempre que los oficiales del Estado son elegidos entre aquellos que poseen una fortuna moderada, y éstos por tal circunstancia son numerosos, y cuando no se apartan de la línea que la ley ha establecido, sino que la siguen cuidadosamente, y cuando todos los que están dentro del censo son elegibles, sin duda se trata entonces de una oligarquía, pero fundada en los verdaderos principios de gobierno [1298b] por su moderación.

Cuando el pueblo en general no participa del poder deliberativo, sino ciertas personas elegidas para ese propósito, que gobiernan conforme a la ley; esto también, al igual que lo primero, es una oligarquía.

Cuando aquellos que tienen el poder deliberativo se eligen unos a otros, y el hijo sucede al padre, y cuando pueden derogar las leyes, semejante gobierno es por necesidad una oligarquía estricta.

Cuando unas personas deciden sobre una cosa y otras sobre otra, como la guerra y la paz, y cuando todos investigan la conducta de sus magistrados, y otras cosas se dejan a diferentes oficiales, elegidos ya sea por votación o por sorteo, entonces el gobierno es una aristocracia o un Estado libre.

Cuando algunos son elegidos por votación y otros por sorteo, y éstos ya sea del pueblo en general, o de un cierto número elegido para ese propósito, o si tanto los votos como los sorteos están abiertos a todos, semejante Estado es en parte una aristocracia, en parte un gobierno libre en sí mismo.

Éstos son los diferentes métodos en los cuales el poder deliberativo está conferido en diferentes estados, los cuales siguen todos alguna regulación aquí establecida.

Le resulta ventajoso a una democracia, en el sentido actual de la palabra, con el que me refiero a un Estado en el que el pueblo en general tiene un poder supremo, incluso sobre las leyes, celebrar frecuentes asambleas públicas; y será lo mejor en este aspecto imitar el ejemplo de las oligarquías en sus tribunales de justicia; pues éstas multan a quienes son designados para juzgar causas si no asisten, del mismo modo deben ellas recompensar a los pobres por acudir a las asambleas públicas: y sus consejos serán mejores cuando todos se aconsejen mutuamente, los ciudadanos con los nobles, los nobles con los ciudadanos.

También es aconsejable, cuando el consejo ha de estar compuesto por una parte de los ciudadanos, elegir, ya sea por votación o por sorteo, un número igual de ambos rangos.

También es adecuado, si la gente común en el Estado es muy numerosa, o bien no pagar a todos por su asistencia, sino solo a un número tal que los iguale con los nobles, o rechazar a muchos de ellos por sorteo.

En una oligarquía deberían convocar a algunos de los ciudadanos comunes al consejo, o bien establecer un tribunal, como se hace en otros Estados, a quienes llaman preasesores o guardianes de las leyes, cuya tarea debería ser proponer primero lo que luego habrán de decretar. Por este medio, el pueblo tendría un lugar en la administración de los asuntos públicos, sin tener el poder de ocasionar desorden alguno en el gobierno.

Además, al pueblo se le puede permitir votar sobre cualquier proyecto de ley que se proponga, pero sin poder proponer por sí mismo nada contrario a este; o bien puede dar su consejo, mientras que la facultad de decidir recae únicamente en los magistrados.

También es necesario seguir una práctica contraria a la establecida en las democracias, pues al pueblo se le debe conceder el poder de indultar, pero no el de condenar, ya que la causa debe remitirse nuevamente a los magistrados; mientras que lo contrario ocurre en las repúblicas, pues el poder de indultar lo tienen unos pocos, pero no el de condenar, el cual se remite siempre [1299a] al pueblo en general.

Y así es como resolvemos lo relativo al poder deliberativo en cualquier Estado, y en manos de quién debe estar.

Ancla H2