Pasamos ahora a considerar la elección de los magistrados; pues esta parte de los asuntos públicos contiene muchas partes diferentes, como cuántos deben ser, cuál ha de ser su cargo particular, y con respecto al tiempo cuánto tiempo continuará cada uno en su puesto; pues algunos lo hacen por seis meses, otros por menos, otros por un año, otros por mucho más tiempo; o si deben ser perpetuos o por mucho tiempo, o ninguna de las dos cosas; pues la misma persona puede ocupar el mismo cargo varias veces, o puede no vérsele permitido disfrutarlo ni siquiera dos veces, sino una sola: y también con respecto al nombramiento de los magistrados, quiénes deben ser elegibles, quién ha de elegirlos y de qué manera; pues en todos estos detalles debemos distinguir adecuadamente las diferentes vías que pueden seguirse; y luego mostrar cuál de ellas se adapta mejor a tal o cual gobierno.
Ahora no es fácil determinar a quién debemos propiamente dar el nombre de magistrado, pues un gobierno requiere muchas personas en el cargo; pero no cualquiera de los que son elegidos por votación o por suerte ha de ser considerado un magistrado.
Los sacerdotes, por ejemplo, en primer lugar; pues estos han de considerarse muy diferentes de los magistrados civiles: a estos podemos añadir los coregos y heraldos; es más, incluso los embajadores son elegidos; hay algunos empleos civiles que pertenecen a los ciudadanos; y estos se dan ya cuando todos participan en una misma cosa, como cuando como soldados obedecen a su general, o cuando solo una parte de ellos lo hace, como en el gobierno de las mujeres o la educación de la juventud; y también algunos de índole económica, pues a menudo eligen inspectores de grano: otros son serviles, en los cuales, si son ricos, emplean esclavos.
Pero en verdad son llamados más propiamente magistrados aquellos que son miembros del consejo deliberativo, o deciden causas, o ejercen algún mando, este último más especialmente, pues mandar es propio de los magistrados.
Pero a decir verdad, esta cuestión no es de gran importancia, ni compete a los jueces decidir entre quienes disputan sobre palabras; puede ser, ciertamente, objeto de una indagación especulativa; pero investigar qué oficiales son necesarios en un Estado, y cuántos, y cuáles, aunque no sean los más necesarios, pueden sin embargo ser ventajosos en un gobierno bien establecido, es una tarea mucho más útil, y esto con respecto a todos los Estados en general, así como a las pequeñas ciudades.
En los gobiernos extensos es conveniente encomendar un solo empleo a una sola persona, ya que hay muchos para servir al público en una sociedad tan numerosa, donde algunos pueden ser pasados por alto durante mucho tiempo y otros jamás ocupar un cargo sino una vez; y en verdad todo se hace mejor cuando cuenta con la atención exclusiva de una persona, que cuando esa [1299b] atención se divide entre muchas; pero en los estados pequeños es necesario que unos pocos ciudadanos desempeñen muchas funciones; pues sus números son tan reducidos que no convendrá tener a muchos de ellos en el poder al mismo tiempo; porque ¿dónde encontraremos a otros para sucederles por turno?
Los estados pequeños requerirán a veces de los mismos magistrados y de las mismas leyes que los grandes, pero unos no necesitarán emplearlos con tanta frecuencia como los otros; de modo que diferentes cargos pueden encomendarse a una misma persona sin ningún inconveniente, ya que no interferirán entre sí y, por falta de miembros suficientes en la comunidad, será necesario.
Si supiéramos cuántos magistrados son necesarios en cada ciudad, y cuántos, aunque no necesarios, es sin embargo conveniente tener, podríamos saber mejor cuántos cargos distintos se le pueden asignar a un solo magistrado. También es necesario saber qué tribunales en diferentes lugares deben tener distintas cuestiones bajo su jurisdicción, y también qué asuntos deben estar siempre bajo la competencia del mismo magistrado; como, por ejemplo, la decencia de las costumbres: ¿debe el inspector del mercado conocer de esto si la causa surge en el mercado, y otro magistrado en otro lugar, o el mismo magistrado en todas partes? ¿O acaso debe hacerse una distinción según el hecho o las partes? Como, por ejemplo, en lo tocante a la decencia de las costumbres, ¿será un asunto diferente cuando se refiere a un hombre y otro cuando se refiere a una mujer?
En diferentes Estados, ¿deben ser los magistrados diferentes o los mismos? Me refiero a si en una democracia, una oligarquía, una aristocracia y una monarquía, las mismas personas deben tener el mismo poder, o si este debe variar según la diferente constitución del gobierno; como en una aristocracia, donde los cargos del Estado se asignan a quienes están bien educados; en una oligarquía, a los ricos; en una democracia, a los hombres libres. ¿O acaso los magistrados deben diferir según difieran las comunidades? Pues puede ocurrir que unas mismas personas sean a veces apropiadas y a veces no; en este Estado puede ser necesario que el magistrado tenga grandes poderes, y en aquel, muy pequeños.
También hay ciertos magistrados propios de ciertos Estados —como los probulos, que no son adecuados en una democracia, a diferencia del Senado; pues es necesario un consejo de este tipo cuya función sea deliberar de antemano y preparar los proyectos de ley que se someterán al pueblo para que este tenga tiempo de ocuparse de sus propios asuntos; y cuando estos son pocos en número, el Estado se inclina hacia la oligarquía—. Los probulos, en efecto, deben ser siempre pocos, ya que son propios de una oligarquía; y cuando existen ambas funciones en el mismo Estado, la del probulo es superior a la del senador, teniendo la primera un poder democrático y la segunda uno oligárquico. Y, de hecho, el [1300a] poder del senado se pierde en aquellas democracias en las que el pueblo, reunido en una sola asamblea pública, toma todos los asuntos en sus propias manos; y esto suele suceder o bien cuando la comunidad en general goza de desahogo económico, o cuando se les paga por su asistencia, pues entonces tienen tiempo libre para reunirse a menudo y decidir todo por sí mismos.
Un magistrado cuya función sea vigilar las costumbres de los jóvenes o de las mujeres, o que desempeñe cualquier cargo similar a este, se encuentra en una aristocracia, pero no en una democracia, pues ¿quién puede prohibir a las esposas de los pobres aparecer en público? Tampoco se halla tal magistrado en una oligarquía, ya que las mujeres allí son demasiado delicadas para soportar el control. Y baste con esto sobre este tema.
Esforcémonos por tratar extensamente sobre el establecimiento de los magistrados, comenzando desde los primeros principios. Ahora bien, estos difieren entre sí de tres maneras, de cuya combinación surgen todas las variedades imaginables. La primera de estas diferencias radica en quiénes nombran a los magistrados; la segunda consiste en quiénes son los nombrados; la tercera, en el modo de nombramiento. Y cada una de estas tres difiere de tres maneras: pues o bien todos los ciudadanos pueden nombrar conjuntamente, o algunos de entre todo su cuerpo, o algunos de entre un orden particular dentro de este, según la fortuna, el linaje, la virtud u otra regla (como en Mégara, donde el derecho de elección correspondía a quienes habían regresado juntos a su patria y se habían reinstalado por la fuerza de las armas), y esto ya sea por votación o por sorteo.
Asimismo, estos diversos modos pueden combinarse de forma diferente, de modo que algunos magistrados sean elegidos por una parte de la comunidad y otros por el total; unos de entre una parte, otros de entre el total; unos por votación, otros por sorteo. Y cada uno de estos diferentes modos admite una subdivisión cuádruple: pues o bien todos eligen a todos por votación o por sorteo; y cuando todos eligen, pueden proceder sin distinción alguna, o bien pueden elegir mediante una cierta división de tribus, circunscripciones o corporaciones, hasta haber recorrido a toda la comunidad; y algunos magistrados pueden ser elegidos de un modo y otros de otro.
Además, si algunos magistrados son elegidos ya sea por votación o por sorteo de todos los ciudadanos, o por votación de unos y sorteo de otros, o unos de un modo y otros de otro —es decir, unos por votación de todos y otros por sorteo de todos—, habrá entonces doce métodos diferentes para elegir a los magistrados, sin mezclar ambos procedimientos. De estos, hay dos adaptados a una democracia; a saber: que todos los magistrados sean elegidos de entre todo el pueblo, ya sea por votación, por sorteo o por ambos; es decir, unos por sorteo y otros por votación. En un Estado libre, toda la comunidad no debe elegir al mismo tiempo, sino algunos de entre todo el conjunto, o de entre algún rango particular; y esto ya sea por sorteo, por votación o por ambos; y deben elegir ya sea de entre toda la comunidad, o de entre ciertas personas particulares de la misma, y esto tanto por sorteo como por votación.
En una oligarquía es adecuado elegir a algunos magistrados de entre todo el cuerpo de ciudadanos, a unos por votación, a otros por sorteo, y a otros por ambos métodos; el sorteo es lo que más corresponde a esa forma de gobierno. En una aristocracia libre, algunos magistrados [1300b] deben ser elegidos de entre la comunidad en general, y otros de entre un rango particular, siendo unos elegidos por votación y otros por sorteo. En una oligarquía pura, los magistrados deben ser elegidos de entre ciertos rangos y por ciertas personas, y algunos de ellos por sorteo y otros por ambos métodos; pero elegirlos de entre toda la comunidad no se corresponde con la naturaleza de este gobierno. En una aristocracia es propio que toda la comunidad elija a sus magistrados de entre personas determinadas, y esto por votación.
Estas son, por tanto, todas las distintas formas de elegir magistrados, las cuales se han asignado según la naturaleza de las diferentes comunidades; pero qué modo de proceder es adecuado para cada comunidad, cómo deben establecerse los cargos o con qué poderes, se explicará en particular. Entiendo por poderes de un magistrado cuál debe ser su ámbito específico, como la gestión de las finanzas o las leyes del Estado, pues los diferentes magistrados tienen diferentes atribuciones, del mismo modo que el general del ejército difiere del inspector del mercado.
Ancla H2