De la extensión del poder legislativo
El fin principal de la entrada de los hombres en sociedad es el disfrute de sus propiedades en paz y seguridad, y el gran instrumento y medio para ello son las leyes establecidas en esa sociedad; la primera y fundamental ley positiva de todos los Estados es el establecimiento del poder legislativo; así como la primera y fundamental ley natural, que ha de gobernar incluso al legislativo mismo, es la preservación de la sociedad y (en la medida en que sea compatible con el bien público) de cada persona en ella.
Este poder legislativo no solo es el poder supremo del Estado, sino que es sagrado e inalterable en manos de aquellos en quienes la comunidad lo haya depositado una vez; ni ningún edicto de cualquier otro, bajo la forma en que fuere concebido o por el poder que fuere respaldado, puede tener la fuerza y la obligación de una ley si no tiene su sanción de aquel legislativo que el público ha elegido y nombrado; pues sin esto la ley no podría tener aquello que es absolutamente necesario para su existencia como ley, el consentimiento de la sociedad; sobre la cual nadie puede tener poder para hacer leyes sino por su propio consentimiento y por la autoridad recibida de ella.
Y por ello toda la obediencia que, por los vínculos más solemnes, alguien pueda estar obligado a rendir, culmina en última instancia en este poder supremo y es dirigida por las leyes que este promulga; ni ningún juramento a ningún poder extranjero de cualquier clase, o a cualquier poder doméstico subordinado, puede eximir a ningún miembro de la sociedad de su obediencia al legislativo, cuando este actúa conforme a la confianza depositada en él; ni obligarle a ninguna obediencia contraria a las leyes así promulgadas, ni más allá de lo que estas permiten; siendo ridículo imaginar que uno puede estar obligado en última instancia a obedecer a cualquier poder en la sociedad que no sea el supremo.
Aunque el poder legislativo, ya recaiga en una o en varias personas, ya esté siempre en activo o se reúna solo a intervalos, aunque sea el poder supremo en todo Estado; sin embargo,
Primero, no es, ni puede ser de ningún modo absolutamente arbitrario sobre las vidas y las fortunas del pueblo: pues al ser tan solo el poder conjunto de cada miembro de la sociedad entregado a aquella persona, o asamblea, que es legisladora, no puede ser mayor de lo que esas personas tenían en el estado de naturaleza antes de entrar en sociedad y entregarse a la comunidad; porque nadie puede transferir a otro más poder del que tiene en sí mismo; y nadie tiene un poder absoluto y arbitrario sobre sí mismo, ni sobre ningún otro, para destruir su propia vida, o quitar la vida o la propiedad de otro.
Un hombre, como se ha demostrado, no puede someterse al poder arbitrario de otro; y al no tener en el estado de naturaleza ningún poder arbitrario sobre la vida, la libertad o la posesión de otro, sino solo el que la ley de naturaleza le dio para la autoconservación y la del resto de la humanidad, esto es todo lo que hace, o puede hacer, entregar a la comunidad y, por medio de ella, al poder legislativo, de modo que el legislativo no puede tener más que esto.
Su poder, en sus límites extremos, está limitado al bien público de la sociedad. Es un poder que no tiene otro fin que la conservación y, por lo tanto, jamás puede tener derecho a destruir, esclavizar o empobrecer premeditadamente a los súbditos.
Las obligaciones de la ley de naturaleza no cesan en la sociedad, sino que solo en muchos casos se estrechan y tienen, mediante leyes humanas, sanciones conocidas adscritas a ellas para hacer cumplir su observancia. Así, la ley de naturaleza permanece como una regla eterna para todos los hombres, tanto para los legisladores como para los demás. Las reglas que dicten para las acciones de los demás hombres deben, al igual que sus propias acciones y las de los demás, ser conformes a las leyes de naturaleza, es decir, a la voluntad de Dios, de la cual esta es una declaración; y siendo la «ley fundamental de naturaleza la preservación de la humanidad», ninguna sanción humana puede ser buena o válida en contra de ella.
En segundo lugar,
La autoridad legislativa o suprema no puede arrogarse el poder de gobernar mediante decretos improvisados y arbitrarios; sino que está obligada a hacer justicia y a decidir los derechos de los súbditos mediante leyes promulgadas y permanentes, y jueces autorizados y conocidos.
Pues como la ley de naturaleza no está escrita y, por tanto, no se encuentra en ninguna parte sino en las mentes de los hombres, aquellos que por pasión o interés la citen o apliquen mal no pueden ser convencidos tan fácilmente de su error allí donde no hay un juez establecido; y así no sirve, como debiera, para determinar los derechos y proteger las propiedades de quienes viven bajo ella, especialmente cuando cada uno es juez, intérprete y también ejecutor de la misma, y ello en su propio caso; y quien tiene la razón de su parte, al disponer por lo general únicamente de su propia fuerza individual, no tiene la fuerza suficiente para defenderse de las injurias o para castigar a los delincuentes.
Para evitar estos inconvenientes, que perturban las propiedades de los hombres en el estado de naturaleza, los hombres se unen en sociedades para poder contar con la fuerza unida de toda la sociedad que asegure y defienda sus propiedades, y para disponer de reglas fijas que las limiten, mediante las cuales cada uno pueda saber qué es lo suyo.
Con este fin, los hombres ceden todo su poder natural a la sociedad en la que ingresan, y la comunidad deposita el poder legislativo en las manos que considera oportunas, con la confianza de que serán gobernados por leyes declaradas; de lo contrario, su paz, su tranquilidad y su propiedad seguirán estando en la misma incertidumbre que en el estado de naturaleza.
El poder absoluto y arbitrario, o el gobernar sin leyes fijas y establecidas, no pueden conciliarse con los fines de la sociedad y del gobierno; pues los hombres no abandonarían la libertad del estado de naturaleza ni se someterían a vínculos si no fuera para preservar sus vidas, sus libertades y sus haciendas, y para asegurar su paz y su tranquilidad mediante normas establecidas de derecho y de propiedad.
No puede suponerse que pretendieran —si es que tuvieran el poder de hacerlo— otorgar a uno o a varios un poder absoluto y arbitrario sobre sus personas y sus bienes, y poner en manos del magistrado la fuerza necesaria para ejecutar caprichosamente su voluntad ilimitada sobre ellos. Equivaldría a colocarse en una situación peor que la del estado de naturaleza, en la cual tenían la libertad de defender su derecho frente a las agresiones de los demás y se hallaban en pie de igualdad para mantenerlo, ya fuera invadidos por un solo hombre o por muchos aliados.
En cambio, al suponer que se han entregado al poder absoluto y arbitrario y a la voluntad de un legislador, se han desarmado a sí mismos y lo han armado a él para convertirse en su presa cuando le plazca; encontrándose en una situación mucho peor aquel que está expuesto al poder arbitrario de un solo hombre que tiene el mando de 100.000, que aquel que se halla expuesto al poder arbitrario de 100.000 hombres particulares; pues nadie tiene la seguridad de que la voluntad de quien ostenta tal mando sea mejor que la de los demás, aunque su fuerza sea 100.000 veces mayor.
Y por ello, cualquiera que sea la forma de la república, el poder gobernante debe regirse por leyes declaradas y recibidas, y no por mandatos improvisados y resoluciones indeterminadas; pues de otro modo la humanidad se hallaría en una condición mucho peor que en el estado de naturaleza si hubiera armado a uno o a unos pocos hombres con el poder conjunto de una multitud para obligarles a obedecer a capricho los decretos exorbitantes e ilimitados de sus pensamientos repentinos, o de voluntades desenfrenadas y hasta ese momento desconocidas, sin tener ninguna norma establecida que pueda guiar y justificar sus acciones; puesto que todo el poder que tiene el gobierno, al ser únicamente para el bien de la sociedad, así como no debe ser arbitrario y caprichoso, tampoco debe ejercerse sino mediante leyes establecidas y promulgadas; a fin de que tanto el pueblo conozca su deber y esté seguro y a salvo dentro de los límites de la ley, como los gobernantes se mantengan dentro de sus fronteras y no se vean tentados, por el poder que tienen en sus manos, a emplearlo con fines y por medios que no habrían querido conocer ni consentir voluntariamente.
En tercer lugar,
El poder supremo no puede quitar a ningún hombre parte de su propiedad sin su propio consentimiento; porque siendo la conservación de la propiedad el fin del gobierno, y aquello para lo que los hombres entran en sociedad, se supone y requiere necesariamente que el pueblo tenga propiedad, sin la cual se suponer que pierde al entrar en sociedad aquello que constituyó el fin por el cual entraron en ella; un absurdo demasiado flagrante para que nadie lo admita.
Teniendo, por tanto, los hombres propiedad en la sociedad, poseen tal derecho sobre los bienes que, por la ley de la comunidad, son suyos, que nadie tiene derecho a quitarles su hacienda, ni parte alguna de ella, sin su propio consentimiento; sin esto no tienen propiedad alguna, pues verdaderamente no tengo propiedad sobre aquello que otro pueda quitarme por derecho, cuando le plazca, en contra de mi voluntad.
De ahí que sea un error pensar que el poder supremo o legislativo de cualquier estado pueda hacer lo que quiera y disponer arbitrariamente de las haciendas de los súbditos, o tomar cualquier parte de ellas a su antojo. Esto no es muy de temer en los gobiernos en los que el poder legislativo consiste, total o parcialmente, en asambleas variables cuyos miembros, tras la disolución de la asamblea, son súbditos sujetos a las leyes comunes de su país, al igual que los demás.
Pero en los gobiernos en los que el poder legislativo reside en una asamblea permanente que siempre está en activo, o en un solo hombre, como en las monarquías absolutas, sigue existiendo el peligro de que piensen que tienen un interés distinto al del resto de la comunidad, y por lo tanto sean propensos a aumentar sus propias riquezas y poder tomando del pueblo lo que les parezca oportuno; pues la propiedad de un hombre no es en absoluto segura, aunque existan leyes buenas y equitativas para fijar los límites de esta entre él y sus conciudadanos, si quien manda a esos súbditos tiene el poder de quitar a cualquier particular la parte que le plazca de su propiedad, y usarla y disponer de ella como mejor le parezca.
Pero el gobierno, en cualesquiera manos que sea puesto, estando, como ya he mostrado, confiado bajo esta condición y con este fin: que los hombres puedan tener y asegurar sus propiedades; el príncipe o el senado, por mucho poder que tenga para hacer leyes con el fin de regular la propiedad entre los súbditos unos y otros, nunca puede tener el poder de tomar para sí mismo la totalidad o parte de la propiedad del súbdito sin su propio consentimiento; pues esto equivaldría, en la práctica, a dejarles sin propiedad alguna.
Y para hacernos ver que incluso el poder absoluto, cuando es necesario, no es arbitrario por el hecho de ser absoluto, sino que sigue estando limitado por aquella razón y circunscrito a aquellos fines que exigían que fuera absoluto en ciertos casos, no necesitamos mirar más allá de la práctica común de la disciplina militar: pues la preservación del ejército, y en él de toda la mancomunidad, exige una obediencia absoluta al mandato de cualquier oficial superior, y es justamente motivo de muerte desobedecer o disputar el más peligroso o irrazonable de ellos; mas sin embargo vemos que ni el sargento, que puede ordenar a un soldado marchar hacia la boca de un cañón o situarse en una brecha donde es casi seguro que perezca, puede ordenarle a ese soldado que le dé un solo centavo de su dinero; ni el general, que puede condenarlo a muerte por desertar de su puesto o por no obedecer las órdenes más desesperadas, puede aun así, con todo su poder absoluto sobre la vida y la muerte, disponer de un solo farthing del patrimonio de ese soldado, ni incautarse de una sola pizca de sus bienes; a quien, no obstante, puede ordenarle cualquier cosa y ahorcarlo por la más mínima desobediencia: porque tal obediencia ciega es necesaria para aquel fin para el cual el comandante tiene su poder, a saber, la preservación de los demás; pero la disposición de sus bienes no tiene nada que ver con ello.
Es verdad que los gobiernos no pueden sostenerse sin grandes gastos, y es justo que todo aquel que disfruta de su cuota de protección pague de su hacienda su proporción para el mantenimiento de esta.
Mas aun así, ha de ser con su propio consentimiento, es decir, el consentimiento de la mayoría, otorgado por sí mismos o por sus representantes elegidos por ellos: porque si alguien pretende tener el poder de imponer y recaudar impuestos sobre el pueblo por su propia autoridad y sin dicho consentimiento del pueblo, con ello atenta contra la ley fundamental de la propiedad y subvierte el fin del gobierno; pues ¿qué propiedad tengo yo sobre aquello que otro puede tomar legítimamente para sí cuando le plazca?
Cuarto, El poder legislativo no puede transferir el poder de hacer leyes a ningunas otras manos; pues, al ser tan solo un poder delegado por el pueblo, quienes lo poseen no pueden traspasarlo a otros.
El pueblo es el único que puede determinar la forma de la república, lo cual hace al constituir el poder legislativo y señalar en qué manos habrá de residir.
Y cuando el pueblo ha dicho: nos someteremos a las normas y seremos gobernados por las leyes hechas por tales hombres y bajo tales formas, nadie más puede decir que otros hombres les harán las leyes; ni tampoco puede el pueblo verse obligado por otras leyes que no sean aquellas promulgadas por quienes ellos han elegido y autorizado para legislar en su nombre.
El poder del legislativo, al derivarse del pueblo mediante una concesión e institución positiva y voluntaria, no puede ser otro que el que dicha concesión positiva transmitía; y dado que esta consiste únicamente en hacer leyes y no en nombrar legisladores, el poder legislativo no puede tener la facultad de transferir su autoridad de hacer leyes para depositarla en otras manos.
Estos son los límites que la confianza que la sociedad, y la ley de Dios y de la naturaleza, han depositado en ellos han impuesto al poder legislativo de cualquier comunidad, en todas las formas de gobierno.
First,
- They are to govern by promulgated established laws, not to be varied in particular cases, but to have one rule for rich and poor, for the favourite at court, and the countryman at plough.
En segundo lugar,
Estas leyes también deben estar destinadas en última instancia a ningún otro fin que no sea el bien del pueblo.
En tercer lugar, no deben aumentar los impuestos sobre la propiedad del pueblo sin el consentimiento del pueblo, dado por sí mismo o por sus diputados.
Y esto concierne propiamente solo a aquellos gobiernos en los que el poder legislativo está siempre activo, o al menos en los que el pueblo no se ha reservado ninguna parte del poder legislativo para ser ejercido por diputados elegidos por él de vez en cuando.
En cuarto lugar,
El poder legislativo ni debe ni puede transferir el poder de hacer leyes a ninguna otra persona, ni situarlo en ninguna parte que no sea aquella en la que el pueblo lo ha puesto.