Esta doctrina, aplicada a la imposición de tributos, no encuentra defensores, porque entra en fuerte conflicto con los sentimientos de humanidad y las percepciones de conveniencia social de los hombres; pero el principio de justicia al que alude es tan verdadero y vinculante como aquellos a los que se puede apelar en su contra.
En consecuencia, ejerce una influencia tácita en la línea de defensa empleada para otros modos de tasación de impuestos. La gente se siente obligada a argumentar que el Estado hace más por los ricos que por los pobres, como justificación para quitarles más a aquellos: aunque en realidad esto no es cierto, pues los ricos estarían mucho mejor preparados para protegerse a sí mismos, en ausencia de ley o gobierno, que los pobres, y de hecho probablemente tendrían éxito en convertir a los pobres en sus esclavos.
Otros, a su vez, llevan su respeto por esa misma concepción de la justicia hasta el punto de sostener que todos deben pagar un impuesto personal igual por la protección de sus personas (siendo estas de igual valor para todos), y un impuesto desigual por la protección de su propiedad, que es desigual.
A esto replican otros que el «todo» de un hombre es tan valioso para él como el «todo» de otro.
De estas confusiones no hay otro modo de salir que el utilitarista.