Que la soberanía es inalienable

La primera y más importante deducción de los principios que hasta ahora hemos establecido es que solo la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, a saber, el bien común: porque si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el establecimiento de las sociedades, el acuerdo de esos mismos intereses es lo que lo ha hecho posible.

Lo que hay de común en estos diferentes intereses es lo que forma el vínculo social; y si no hubiera un punto en el que todos estuvieran de acuerdo, ninguna sociedad podría existir. Es exclusivamente sobre la base de este interés común como debe ser gobernada toda sociedad.

Sostengo, pues, que la soberanía, no siendo más que el ejercicio de la voluntad general, no puede jamás enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo: el poder bien puede transmitirse, pero no la voluntad.

En realidad, si no es imposible que una voluntad particular concuerde en algún punto con la voluntad general, es al menos imposible que dicha acuerdo sea duradero y constante; pues la voluntad particular tiende, por su propia naturaleza, a la parcialidad, mientras que la voluntad general tiende a la igualdad.

Es todavía más imposible contar con alguna garantía de este acuerdo; pues aun cuando existiera siempre, sería el efecto no del arte, sino del azar. Bien puede decir el Soberano:

«Quiero actualmente lo que este hombre quiere, o al menos lo que dice querer»;

pero no puede decir:

«Lo que este hombre quiera mañana, lo querré yo también»

porque es absurdo que la voluntad se encadene para el futuro, ni corresponde a ninguna voluntad consentir en nada que no sea el bien del ser que quiere.

Si, pues, el pueblo promete simplemente obedecer, por ese mismo acto se disuelve y pierde su condición de pueblo; en el momento en que hay un amo, ya no hay Soberano, y desde ese instante el cuerpo político deja de existir.

Esto no significa que las órdenes de los gobernantes no puedan pasar por voluntades generales, siempre que el Soberano, siendo libre de oponerse a ellas, no ofrezca ninguna oposición.

En tal caso, se supone que el silencio universal implica el consentimiento del pueblo. Esto se explicará más adelante.