Cómo contener las usurpaciones del gobierno

Lo que acabamos de decir confirma el capítulo XVI, y aclara que la institución del gobierno no es un contrato, sino una ley; que los depositarios del poder ejecutivo no son los amos del pueblo, sino sus oficiales; que este puede establecerlos y destituirirlos cuando le plazca; que para ellos no se trata de contratar, sino de obedecer; y que al hacerse cargo de las funciones que el Estado les impone, no hacen otra cosa que cumplir con su deber de ciudadanos, sin tener el menor derecho a discutir las condiciones.

Cuando, por consiguiente, el pueblo instituye un gobierno hereditario, ya sea monárquico y confinado a una familia, o aristocrático y confinado a una clase, aquello en lo que entra no es un compromiso; la administración recibe una forma provisional, hasta que el pueblo decida ordenarla de otra manera.

Es verdad que tales cambios son siempre peligrosos y que jamás debe tocarse al gobierno establecido sino cuando llega a ser incompatible con el bien público; pero la circunspección que esto exige es una máxima de Estado y no una regla de derecho, y el Estado no está más obligado a dejar la autoridad civil en manos de sus gobernantes que la autoridad militar en la de sus generales.

También es verdad que es imposible extremar los cuidados para observar, en tales casos, todas las formalidades necesarias para distinguir un acto regular y legítimo de un tumulto sedicioso, y la voluntad de todo un pueblo del clamor de una facción.

Aquí, sobre todo, no debe concederse a la adversa posibilidad nada más que aquello que, según la más estricta lógica, no pueda negársele.

De esta obligación extrae el príncipe una gran ventaja para conservar su poder a pesar del pueblo, sin que sea posible decir que lo ha usurpado; pues, pareciendo valerse únicamente de sus derechos, le resulta muy fácil ampliarlos y evitar, bajo el pretexto de mantener la paz, las asambleas destinadas al restablecimiento del orden; con el resultado de que se aprovecha de un silencio que no permite romper, o de irregularidades que él mismo hace cometer, para dar por sentado que cuenta con el apoyo de aquellos a quienes el miedo impide hablar, y para castigar a los que se atreven a hacerlo.

Así fue como los decenviros, elegidos primero por un año y mantenidos después en el cargo por un segundo, intentaron perpetuar su poder prohibiendo que se reunieran los comicios; y por este sencillo método todo gobierno del mundo, una vez investido del poder público, tarde o temprano usurpa la autoridad soberana.

Las asambleas periódicas de las que ya he hablado están destinadas a prevenir o posponer esta calamidad, sobre todo cuando no necesitan una convocatoria formal; pues en tal caso, el príncipe no puede detenerlas sin declararse abiertamente infractor de la ley y enemigo del Estado.

La apertura de estas asambleas, cuyo único objeto es el mantenimiento del pacto social, debe adoptar siempre la forma de plantear dos proposiciones que no puedan ser suprimidas, las cuales deben votarse por separado.

La primera es:

«¿Aplaza al Soberano conservar la forma actual de gobierno?»

El segundo es:

“¿Agradará al pueblo dejar su administración en manos de quienes se encuentran realmente a cargo de ella?”

Voy aquí suponiendo lo que creo haber demostrado: que no hay en el Estado ninguna ley fundamental que no pueda ser revocada, sin excluir el pacto social mismo; pues si todos los ciudadanos se reuniesen de común acuerdo para romper el pacto, es imposible dudar de que este sería legítimamente roto.

Grotius piensa incluso que cada hombre puede renunciar a ser miembro de su propio Estado, y recuperar su libertad natural y sus bienes al abandonar el país. Sería, en verdad, absurdo que todos los ciudadanos reunidos no pudiesen hacer lo que cada uno puede hacer por sí mismo.