El pueblo (Continuación)

Un cuerpo político puede medirse de dos maneras: ya sea por la extensión de su territorio, o por el número de sus habitantes; y existe, entre estas dos mediciones, una justa proporción que hace que el Estado sea verdaderamente grande. Los hombres hacen el Estado, y el territorio sustenta a los hombres; la justa proporción es, por tanto, que la tierra baste para el mantenimiento de los habitantes, y que haya tantos habitantes como la tierra pueda mantener. En esta proporción radica la fuerza máxima de un número dado de personas; pues, si hay demasiada tierra, es difícil de custodiar y está insuficientemente cultivada, produce más de lo necesario y pronto da origen a guerras de defensa; si no hay suficiente, el Estado depende de sus vecinos para aquello que necesita en exceso, y esto pronto da origen a guerras de ofensiva. Todo pueblo al que su situación no le deje otra opción que la del comercio y la guerra es débil en sí mismo: depende de sus vecinos y de las circunstancias; su existencia nunca podrá ser más que breve e incidir en lo incierto. O conquista a otros y cambia su situación, o es conquistado y deja de ser nada. Solo la insignificancia o la grandeza pueden mantenerlo libre.

No se puede establecer una relación fija entre la extensión del territorio y la población adecuados el uno para la otra, tanto debido a las diferencias en la calidad de la tierra, en su fertilidad, en la naturaleza de sus productos y en la influencia del clima, como debido a los distintos temperamentos de quienes la habitan; pues algunos en un país fértil consumen poco, y otros en un suelo ingrato mucho.

La mayor o menor fecundidad de las mujeres, las condiciones más o menos favorables en cada país para el crecimiento de la población, y la influencia que el legislador puede esperar ejercer mediante sus instituciones, deben también tenerse en cuenta.

Por consiguiente, el legislador no debe guiarse por lo que ve, sino por lo que prevé; no debe detenerse tanto en el estado en el que encuentra actualmente a la población, sino en aquel al que debería llegar de manera natural.

Por último, hay innumerables casos en los que las circunstancias locales particulares exigen o permiten la adquisición de un territorio mayor de lo que parece necesario.

Así, la expansión será mayor en un país montañoso, donde los productos naturales, es decir, los bosques y los pastos, exigen menos trabajo, donde sabemos por experiencia que las mujeres son más fértiles que en las llanuras, y donde una gran extensión de pendiente ofrece solo una pequeña franja llana con la que se pueda contar para la vegetación.
Por otra parte, la contracción es posible en la costa, incluso en tierras de rocas y arenas casi estériles, porque allí la pesca compensa en gran medida la falta de productos de la tierra, porque los habitantes tienen que congregarse más para repeler a los piratas y, además, porque es más fácil aliviar al país de sus habitantes superfluos por medio de colonias.

A estas condiciones de dar leyes debe añadirse otra que, aunque no puede ocupar el lugar de las demás, hace que todas ellas resulten inútiles cuando está ausente.

Esta es el disfrute de la paz y de la abundancia; pues el momento en que un Estado pone su casa en orden es, como el momento en que un batallón se está formando, aquel en que su cuerpo es menos capaz de ofrecer resistencia y más fácil de destruir.

Se podría oponer una mejor resistencia en una época de desorganización absoluta que en un momento de fermentación, cuando cada cual está ocupado en su propia posición y no en el peligro.

Si la guerra, el hambre o la sedición sobrevienen en este tiempo de crisis, el Estado será inevitablemente derrocado.

No son muchos los gobiernos que no se hayan establecido durante tales tormentas; pero en tales casos estos mismos gobiernos son los destructores del Estado.

Los usurpadores siempre provocan o eligen tiempos revueltos para hacer aprobar, al amparo del terror público, leyes destructivas que el pueblo jamás adoptaría a sangre fría.

El momento elegido es uno de los medios más seguros para distinguir la obra del legislador de la del tirano.

¿Qué pueblo, pues, es apto para la legislación?

Aquel que, estando ya unido por algún vínculo de origen, de interés o de convención, no ha llevado aún el verdadero yugo de las leyes;
aquel que no tiene ni costumbres ni supersticiones muy arraigadas;
aquel que no teme verse abrumado por una invasión repentina;
aquel que, sin entrar en las querellas de sus vecinos, puede resistir por sí solo a cada uno de ellos, o servirse de uno para rechazar a otro;
aquel en el que cada miembro puede ser conocido por todos y en el que no se carga a ningún hombre con una pesada cruz que no pueda llevar;
aquel que puede prescindir de los demás pueblos y de quien todos los demás pueblos pueden prescindir;
aquel que no es ni rico ni pobre, sino autosuficiente;
y, por último, aquel que reúne la consistencia de un pueblo antiguo con la docilidad de uno nuevo.

Lo que hace difícil la obra de la legislación no es tanto lo que hay que construir como lo que hay que destruir; y lo que hace que el éxito sea tan raro es la imposibilidad de encontrar la sencillez natural unida a las necesidades sociales.

En verdad, todas estas condiciones rara vez se encuentran reunidas, y por ello son pocos los Estados bien constituidos.

Aún hay en Europa un país capaz de recibir leyes: Córcega. El valor y la constancia con que este valiente pueblo ha recuperado y defendido su libertad merecen bien que algún sabio hombre le enseñe a conservar lo que ha ganado. Tengo el presentimiento de que algún día esa pequeña isla asombrará a Europa.