Los Límites del Poder Soberano

Si el Estado es una persona moral cuya vida reside en la unión de sus miembros, y si el más importante de sus cuidados es el de su propia conservación, debe poseer una fuerza universal y compulsiva para mover y disponer cada parte del modo que resulte más ventajoso para el todo.

Así como la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos también; y es este poder el que, bajo la dirección de la voluntad general, lleva, como he dicho, el nombre de Soberanía.

Pero, además de la persona pública, hemos de considerar a las personas privadas que la componen, cuya vida y libertad son naturalmente independientes de ella. Estamos obligados, pues, a distinguir claramente entre los derechos respectivos de los ciudadanos y los del Soberano, y entre los deberes que los primeros tienen que cumplir como súbditos y los derechos naturales de los que deben disfrutar como hombres.

Cada hombre enajena, lo confieso, por el pacto social, únicamente aquella parte de su poder, de sus bienes y de su libertad cuyo uso importa a la comunidad; pero es preciso convenir también que el Soberano es juez único de esta importancia.

Todo servicio que un ciudadano pueda rendir al Estado debe rendirlo tan pronto como el Soberano lo exija; pero el Soberano, por su parte, no puede imponer a sus súbditos ninguna traba que sea inútil para la comunidad, ni siquiera puede desearlo; pues ni por la ley de la razón ni por la ley de la naturaleza puede ocurrir nada sin causa.

Los compromisos que nos ligan al cuerpo social solo son obligatorios porque son mutuos; y su naturaleza es tal que, al cumplirlos, no podemos trabajar para los demás sin trabajar para nosotros mismos.

¿Por qué la voluntad general es siempre recta y por qué todos quieren constantemente la felicidad de cada uno, sino porque no hay nadie que no piense en este «cada uno» como él mismo, y que no se considere a sí mismo al votar por todos?

Esto demuestra que la igualdad de derechos y la idea de justicia que tal igualdad produce derivan de la preferencia que cada hombre se da a sí mismo y, por consiguiente, de la naturaleza misma del hombre.

Demuestra que la voluntad general, para ser verdaderamente tal, debe serlo en su objeto tanto como en su esencia; que debe provenir de todos y aplicarse a todos; y que pierde su rectitud natural cuando se dirige a algún objeto particular y determinado, pues en tal caso juzgamos de algo que nos es ajeno y no nos guía ningún verdadero principio de equidad.

En efecto, tan pronto como surge una cuestión de hecho particular o de derecho sobre un punto no regulado previamente por una convención general, el asunto se vuelve litigioso.

Es un caso en el que los particulares interesados son una parte, y el público la otra, pero en el que no veo ni la ley que debe seguirse ni el juez que debe dictar sentencia. En tal caso, sería absurdo proponer remitir la cuestión a una decisión expresa de la voluntad general, la cual solo puede ser la conclusión alcanzada por una de las partes y, en consecuencia, será para la otra parte meramente una voluntad externa y particular, inclinada en esta ocasión a la injusticia y sujeta al error.

Así, del mismo modo que una voluntad particular no puede representar a la voluntad general, la voluntad general, a su vez, cambia de naturaleza cuando su objeto es particular y, como general, no puede pronunciarse sobre un hombre o sobre un hecho.

Cuando, por ejemplo, el pueblo de Atenas nombraba o destituía a sus gobernantes, decretaba honores a uno e imponía castigos a otro, y, mediante una multitud de decretos particulares, ejercía todas las funciones de gobierno indiscriminadamente, ya no tenía en tales casos una voluntad general en sentido estricto; ya no actuaba como soberano, sino como magistrado.

Esto parecerá contrario a las opiniones corrientes; pero debe dárseme tiempo para exponer las mías.

De lo anterior se infiere que lo que hace general a la voluntad es menos el número de votos que el interés común que los une; pues, en este sistema, cada uno se somete necesariamente a las condiciones que impone a los demás; y este admirable acuerdo entre el interés y la justicia confiere a las deliberaciones comunes un carácter equitativo que se desvanece de inmediato cuando se discute cualquier asunto particular, ante la ausencia de un interés común que una e identifique la regla del juez con la de la parte.

Por cualquier lado que nos acerquemos a nuestro principio, llegamos a la misma conclusión: que el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad tal, que todos se obligan bajo las mismas condiciones y deben por tanto disfrutar de todos los mismos derechos. Así, por la naturaleza misma del pacto, todo acto de Soberanía, es decir, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga o favorece igualmente a todos los ciudadanos; de modo que el Soberano tan solo conoce el cuerpo de la nación y no distingue a ninguno de los que la componen. ¿Qué es, pues, propiamente un acto de Soberanía? No es una convención entre un superior y un inferior, sino una convención del cuerpo con cada uno de sus miembros. Es legítima, porque se fundamenta en el contrato social; equitativa, porque es común a todos; útil, porque no puede tener otro objeto que el bien general; y estable, porque cuenta con la garantía de la fuerza pública y del poder supremo. Mientras los súbditos solo estén sometidos a convenciones de este tipo, no obedecen a nadie más que a su propia voluntad; y preguntar hasta dónde se extienden los derechos respectivos del Soberano y de los ciudadanos, es preguntar hasta qué punto estos pueden comprometerse consigo mismos, cada uno con todos y todos con cada uno.

Vemos por esto que el poder soberano, por absoluto, sagrado e inviolable que sea, no pasa ni puede pasar de los límites de las convenciones generales, y que todo hombre puede disponer a su voluntad de los bienes y de la libertad que estas convenciones le dejan; de modo que el Soberano nunca tiene derecho a gravar a un súbdito más que a otro, porque, en tal caso, el asunto se vuelve particular y deja de ser de su competencia.

Una vez admitidas estas distinciones, se ve que es tan falso que haya, en el contrato social, una renuncia real por parte de los individuos, que la situación en la que se encuentran como resultado del contrato es en verdad preferible a aquella en la que se hallaban antes.

En lugar de una renuncia, han hecho un cambio ventajoso:

• en lugar de una forma de vivir incierta y precaria, han conseguido una mejor y más segura;
• en lugar de la independencia natural, han conseguido la libertad;
• en lugar del poder de dañar a los demás, seguridad para sí mismos; y
• en lugar de su fuerza, que otros podrían superar, un derecho que la unión social hace invencible.

Su misma vida, que han consagrado al Estado, está por este constantemente protegida; y cuando la arriesgan en defensa del Estado, ¿qué otra cosa hacen sino devolver lo que de él han recibido?

¿Qué hacen que no harían con mayor frecuencia y con mayor peligro en el estado de naturaleza, en el que inevitablemente tendrían que librar combates a riesgo de sus vidas en defensa de aquello que es el medio de su conservación?

Todos tienen en verdad que luchar cuando su patria los necesita; pero entonces nadie tiene que luchar jamás por sí mismo. ¿No ganamos acaso algo al correr, en favor de aquello que nos proporciona nuestra seguridad, tan solo una parte de los riesgos que tendríamos que correr por nosotros mismos, tan pronto como la perdiéramos?