Que la institución del gobierno no es un contrato

Una vez bien establecido el poder legislativo, lo que sigue es establecer de la misma manera el poder ejecutivo; pues este último, que opera solo mediante actos particulares, al no ser de la esencia del primero, está naturalmente separado de él.

Si fuese posible que el Soberano, en tanto que tal, poseyera el poder ejecutivo, el derecho y el hecho estarían tan confundidos que nadie podría saber qué era ley y qué no lo era; y el cuerpo político, así desfigurado, caería pronto presa de la violencia para cuya prevención fue instituido.

Como los ciudadanos, por el contrato social, son todos iguales, todos pueden prescribir lo que todos deben hacer, pero nadie tiene derecho a exigir que otro haga lo que él mismo no hace. Es estrictamente este derecho, indispensable para dar vida y movimiento al cuerpo político, el que el Soberano, al instituir el gobierno, confiere al príncipe.

Se ha sostenido que este acto de establecimiento fue un contrato entre el pueblo y los gobernantes que este se impone⁠—un contrato en el que se establecían condiciones entre ambas partes que obligaban a la una a mandar y a la otra a obedecer. Se admitirá, estoy seguro, que este es un tipo extraño de contrato que se puede firmar. Pero veamos si esta opinión puede sostenerse.

Primero, la autoridad suprema no puede modificarse más que enajenarse; limitarla es destruirla. Es absurdo y contradictorio que el Soberano se dé un superior; obligarse a obedecer a un señor sería volver a la libertad absoluta.

Además, es evidente que este contrato entre el pueblo y tales o cuales personas sería un acto particular; y de ello se sigue que no puede ser ni una ley ni un acto de soberanía, y que en consecuencia sería ilegítimo.

Es evidente también que las partes contratantes, en relación la una con la otra, se hallarían únicamente bajo la ley natural y carecerían por completo de garantías para sus compromisos mutuos, una situación totalmente incompatible con el estado civil.

Aquel que tiene la fuerza bajo su mando estando siempre en condiciones de controlar la ejecución, vendría a ser lo mismo que si se le diera el nombre de «contrato» al acto de un hombre que le dijese a otro: «Te doy todos mis bienes, a condición de que me devuelvas de ellos tanto como te plazca».

No hay más que un contrato en el Estado, y es el del acto de asociación, el cual excluye por sí mismo la existencia de un segundo. Es imposible concebir ningún contrato público que no sea una violación del primero.