poder de decidir aquellas causas a las que ha de extenderse su autoridad; o simplemente como la señal de que los órganos de la judicatura nacional debieran ser un Tribunal Supremo y tantos tribunales subordinados como el Congreso juzgue oportuno designar; o en otras palabras, que los Estados Unidos debieran ejercer el poder judicial con el que han de ser investidos por medio de un tribunal supremo y un cierto número de otros inferiores que ellos instituyan. Lo primero excluye, lo último admite, la jurisdicción concurrente de los tribunales estatales; y como lo primero equivaldría a una abdicación del poder estatal por implicación, lo último me parece la interpretación más natural y la más defendible.
Pero esta doctrina de la jurisdicción concurrente solo es claramente aplicable a aquellas clases de causas de las cuales los tribunales estatales tienen conocimiento previo. No es igualmente evidente en relación con los casos que puedan surgir de la Constitución que ha de establecerse, y ser peculiares a ella; pues no permitir a los tribunales estatales el derecho de jurisdicción en tales casos apenas puede considerarse como la merma de una autoridad preexistente.
No pretendo, por tanto, sostener que los Estados Unidos, en el curso de la legislación sobre los asuntos confiados a su dirección, no puedan encomendar la decisión de las causas que surjan a propósito de una regulación particular exclusivamente a los tribunales federales, si tal medida se considerase conveniente; sino que sostengo que a los tribunales estatales no se les despojará de ninguna parte de su jurisdicción originaria, más allá de lo que pueda referirse a una apelación; e incluso soy de la opinión de que, en todo caso en el que no sean expresamente excluidos por los futuros actos de la legislatura nacional, conocerán por supuesto de las causas a las que dichos actos puedan dar origen.
Esto lo infiero de la naturaleza del poder judicial y del genio general del sistema. El poder judicial de todo gobierno mira más allá de sus propias