A ningún hombre se le permite ser juez en su propia causa, porque su interés ciertamente sesgaría su juicio y, con no poca probabilidad, corrompería su integridad. Con igual, no, con mayor razón, un grupo de hombres no es apto para ser juez y parte al mismo tiempo; sin embargo, ¿qué son muchos de los actos legislativos más importantes sino otras tantas determinaciones judiciales, no ciertamente sobre los derechos de personas individuales, sino sobre los derechos de grandes cuerpos de ciudadanos?
¿Y qué son las diferentes clases de legisladores sino defensores y partes interesadas en las causas que determinan? ¿Se propone una ley relativa a las deudas privadas? Es una cuestión en la que los acreedores son parte por un lado y los deudores por el otro. La justicia debe mantener la balanza entre ellos. Sin embargo, las partes son, y deben ser, los jueces mismos; y debe esperarse que prevalezca la parte más numerosa, o, en otras palabras, la facción más poderosa.
¿Deben fomentarse las manufacturas nacionales, y en qué medida, mediante restricciones a las manufacturas extranjeras?, son preguntas que el sector terrateniente y el manufacturero resolverían de distinta manera, y probablemente ninguno de ambos con la mira puesta exclusivamente en la justicia y el bien público.
El reparto de los impuestos entre las diversas clases de propiedad es un acto que parece exigir la imparcialidad más exacta; sin embargo, no hay tal vez ningún acto legislativo en el que se ofrezcan mayores oportunidades y tentaciones a un partido predominante para pisotear las reglas de la justicia. Cada chelín con el que sobrecarguen a la minoría es un chelín que se ahorran en sus propios bolsillos.
En vano se alega que unos estadistas ilustrados podrán conciliar estos intereses contrapuestos y hacerlos todos subservientes al bien público.
Los hombres de Estado ilustrados no estarán siempre al timón. Ni tampoco, en muchos casos, podrá hacerse semejante ajuste sin tener en