Y la discusión que ahora se requiere es una que debe remontarse hasta los principios mismos de la sociedad existente.
Las doctrinas fundamentales que las generaciones pasadas dieron por incontestables, vuelven a ser sometidas ahora a juicio. Hasta la época actual, la institución de la propiedad, tal como ha sido transmitida por el pasado, no había sido puesta seriamente en entredicho —salvo por unos pocos escritores especulativos—, porque los conflictos del pasado han sido siempre conflictos entre clases, ambas con intereses en la constitución existente de la propiedad.
No será posible seguir adelante de este modo por más tiempo.
Cuando en la discusión participan clases que apenas poseen bienes propios, y que solo se interesan por la institución en la medida en que constituye un beneficio público, no permitirán que se dé nada por sentado; y mucho menos el principio de la propiedad privada, cuya legitimidad y utilidad son negadas por muchos de los razonadores que analizan la cuestión desde el punto de vista de las clases trabajadoras.
Esas clases exigirán sin duda que el tema, en todas sus partes, sea reconsiderado desde los cimientos; que todas las propuestas para prescindir de la institución, y todos los modos de modificarla que presenten una apariencia favorable a los intereses de las clases trabajadoras, reciban la más amplia consideración y discusión antes de decidir que el asunto debe permanecer como está.
Por lo que este país respecta, las disposiciones de las clases trabajadoras se han manifestado hasta ahora hostiles únicamente hacia ciertas porciones periféricas del sistema de propiedad. Muchos de ellos desean excluir las cuestiones de salarios de la libertad de contratación, la cual es una de las atribuciones ordinarias de la propiedad privada.