# LOS FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN
La protección de los accionistas minoritarios exige que se prohíba de manera absoluta a las sociedades celebrar contratos en los que un director tenga un interés privado, y que todos dichos contratos no sean declarados meramente anulables, sino absolutamente nulos.
En el caso de los ferrocarriles y las empresas de servicios públicos (en contraposición a las compañías industriales privadas), dicha prohibición se exige también en interés del público en general. Pues los intereses entrelazados generan ineficiencia y deslealtad; y el público paga, mediante tarifas más altas o un mal servicio, una gran parte del costo de la corrupción y la ineficiencia.
En efecto, no se puede determinar si las tarifas son adecuadas o excesivas hasta que se sepa si los ingresos brutos de la corporación se gastan debidamente. Porque cuando los contratos importantes de una empresa se celebran a través de directores que tienen intereses en ambas partes, no prevalece la presunción común de que el dinero gastado lo ha sido de manera adecuada. Y esto es particularmente cierto en el sector ferroviario, donde a la compañía con frecuencia le falta una competencia efectiva en su propio ámbito.
Pero la razón de peso para prohibir los consejos de administración cruzados no es ni la protección de los accionistas, ni la protección del público frente a los incidentes de ineficiencia y corrupción. Una prueba concluyente (si fuera obtenible) de que la práctica de los consejos de administración cruzados beneficiaba a todos los accionistas y constituía la forma más eficiente de organización, no eliminaría las objeciones. Pues aún más importantes que la eficiencia son la libertad industrial y política; y ambas se ven en peligro por el Trust del Dinero. *Los consejos de