Capítulo II.

No podemos admitir la corrección de las conclusiones a las que llega el señor Plowden mediante los argumentos anteriores. El significado propio de las palabras «actos, estatutos y leyes», y la construcción que el Estatuto de Enrique VIII pretendía que tuvieran, nos parece que incluye tanto el derecho escrito como el no escrito; es decir, tanto la ley estatutaria como el derecho consuetudinario. El primero designado como «actos y estatutos», y el segundo descrito adecuadamente con el término «leyes». Así pues, las palabras «actos, estatutos y leyes» incluyen tanto las leyes escritas como el derecho consuetudinario. En el Estatuto de Eduardo VI, que derogó el Estatuto de Enrique VIII y restableció el derecho consuetudinario, se omite la palabra leyes y solo se hace referencia a actos y estatutos; y en cuanto al otro argumento, de que la expresión «sentencias, palabras y términos», utilizada en el Estatuto de Enrique VIII como origen de «dudas, ambigüedades y cuestiones», solo puede aplicarse a las leyes escritas, no vemos que dicha expresión no sea igualmente aplicable al derecho consuetudinario, el cual, aunque se denomine con frecuencia derecho no escrito, está, de hecho, escrito y contenido en los libros de nuestros autores jurídicos, y es tan propenso como los