Esta acusación contra sir Edward Coke, de contradecir su propia opinión, no está justificada por lo que dijo acerca de la jurisdicción eclesiástica; y el señor Plowden parece haber omitido, al extraer sus conclusiones, considerar el efecto del Estatuto 5 y 6 de Eduardo VI, c. 20, que se interpuso entre los dos estatutos de los que habla en el pasaje citado más arriba.
Ya hemos visto que el Estatuto de Enrique VIII deroga expresamente «todos los actos, estatutos y leyes anteriores relativos a la usura». Este acto de Enrique VIII fue a su vez derogado por el Estatuto 5 y 6 de Eduardo VI; de modo que el derecho común y la jurisdicción eclesiástica quedaron así revividos, y estaban en vigor cuando se aprobó el Estatuto de Isabel.
Este último estatuto volvió a derogar el derecho común, en la medida en que era un derecho temporal, pero salvó de su aplicación a la jurisdicción eclesiástica. Y es afortunado para el usurero que la ley sea tal como la expuso sir Edward Coke, pues si la salvedad aquí referida hubiera sido una salvedad del derecho común de la usura, y no solo de la jurisdicción eclesiástica, tal como sostiene el señor Plowden, el usurero seguiría estando sujeto, a su muerte, a la confiscación declarada por el derecho común, a saber, la totalidad de su propiedad.
El Sr. Ord, en su tratado sobre la usura, en la pág. 20, al hablar de este tema, dice: «Pero, a pesar de ello, pienso que en cierto sentido puede decirse que la usura sigue siendo punible por el derecho común (common law). El mismo acto de cobrar un interés exorbitante, que es castigable específicamente como usura por ley estatutaria, es una especie de extorsión o tiranía y, como tal, es punible por el derecho común mediante multa y prisión; pero parece que la usura ya no es punible eo nomine en el derecho común. El caso de King v. Walker, Sid. 421 y 3 Salk. 391, prueba que el mismo acto, que es castigable... parecen haber considerado que de algún modo fuera pecaminoso tomar prestado y pagar la usura».