En el derecho consuetudinario, la práctica de cobrar un rédito se clasificaba entre los delitos más graves contra la moral pública. Tan odiosa era entre los cristianos que la práctica se limitaba casi por completo a los judíos, quienes no exigían usura a los judíos sino a los cristianos.
Las leyes del rey Alfredo, hacia el año 900 d. C., ordenaban que los bienes de los prestamistas por usura fueran confiscados por el rey, sus tierras pasaran a los señores bajo los cuales se tenían, y no debían ser enterrados en suelo consagrado.
Por las leyes de Eduardo el Confesor, hacia el año 1050 d. C., el usurero confiscaba todas sus propiedades, era declarado prófugo de la ley y desterrado de Inglaterra. En el reinado de Enrique II, hacia finales del siglo XII, los bienes de los usureros eran confiscados a su muerte y sus hijos eran desheredados.
Su sucesor, Ricardo I, fue aún más severo, prohibiendo que los usurarios asistieran a su coronación, ni tampoco los protegería de la violencia de la turba.
Durante el siglo XIII no se relajaron las severidades contra los usureros. El rey Juan confiscó su riqueza acumulada sin escrúpulos. Se registra que exigió una multa enorme a un judío de Bristol por sus usuras, y cuando el judío se negó a pagar, ordenó que le arrancaran un diente diariamente hasta que pagara. Se dice que el judío aguantó la extracción de siete, pero entonces se desmoronó y pagó la multa.
Enrique III fue igualmente duro y severo en sus medidas. Exigió todo lo que pudo y luego los entregó al conde de Cornualles.
"El uno desollaba y el otro destripaba".
Está escrito en las crónicas de Inglaterra, en el año 1251 d. C.: "Por tales usurarios y licenciosos holgazanes como los que le pertenecen, el reino ya se había corrompido gravemente".