Del *Daily Advertiser*. Jueves, 22 de noviembre de 1787.
MADISON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
ENTRE las numerosas ventajas que promete una Unión bien construida, ninguna merece ser desarrollada con mayor precisión que su tendencia a reprimir y controlar la violencia de las facciones.
El amigo de los gobiernos populares nunca se siente tan alarmado por el carácter y el destino de estos como cuando contempla su propensión a este peligroso vicio. No dejará de conceder, por lo tanto, el debido valor a todo plan que, sin violar los principios a los que está apegado, proporcione un remedio adecuado para ello.
La inestabilidad, la injusticia y la confusión introducidas en los consejos públicos han sido, en verdad, las enfermedades mortales bajo las cuales los gobiernos populares han perecido en todas partes; así como continúan siendo los temas favoritos y fecundos de los cuales los adversarios de la libertad obtienen sus más especiosas declamaciones.
Las valiosas mejoras introducidas por las constituciones estadounidenses en los modelos populares, tanto antiguos como modernos, ciertamente no pueden admirarse demasiado; pero constituiría una parcialidad injustificable sostener que han evitado el peligro por este flanco tan eficazmente como se deseaba y esperaba.
Por todas partes se escuchan las quejas de nuestros ciudadanos más prudentes y virtuosos, amigos por igual de la fe pública y privada, y de la libertad pública y personal, de que nuestros gobiernos son demasiado inestables, de que el bien público se pasa por alto en los conflictos de partidos rivales, y de que las medidas se deciden con demasiada frecuencia, no según las reglas de la justicia y los derechos de la minoría, sino por la fuerza superior de una mayoría interesada y autoritaria.
Por mucho que deseemos con ansiedad que estas quejas carezcan de fundamento, la evidencia de los hechos conocidos no nos permite negar que son, en cierta medida, verdaderas.
Se descubrirá, en efecto, tras un examen sincero de nuestra situación, que algunas de las angustias que padecemos se han atribuido erróneamente al funcionamiento de nuestros gobiernos; pero se descubrirá, al mismo tiempo, que otras causas por sí solas no bastan para explicar muchas de nuestras más graves desgracias y, en particular, esa generalizada y creciente desconfianza en los compromisos públicos, y la alarma por los derechos privados, que resuenan de un extremo a otro del continente.
Estos deben ser principal, si no enteramente, efectos de la inestabilidad y la injusticia con que un espíritu faccioso ha corrompido nuestras administraciones públicas.
Por facción, entiendo a un número de ciudadanos, ya sea que constituyan una mayoría o una minoría del total, que están unidos y animados por algún impulso común de pasión, o de interés, adverso a los derechos de los otros ciudadanos, o a los intereses permanentes y colectivos de la comunidad.
Hay dos métodos para curar los males de las facciones:
- el uno, eliminando sus causas;
- el otro, controlando sus efectos.
Hay de nuevo dos métodos para eliminar las causas de las facciones:
- la una, destruyendo la libertad que es esencial para su existencia;
- la otra, dando a cada ciudadano las mismas opiniones, las mismas pasiones y los mismos intereses.
De ningún remedio se pudo decir con tanta verdad que era peor que la enfermedad.
La libertad es a las facción lo que el aire al fuego, un alimento sin el cual se extingue al instante.
Pero no sería menor insensatez abolir la libertad, la cual es esencial para la vida política, porque alimenta a las facciones, que desear la abolición del aire, el cual es esencial para la vida animal, porque otorga al fuego su cualidad destructiva.
El segundo temperamento es tan impracticable como imprudente sería el primero. Mientras la razón del hombre siga siendo falible, y este tenga libertad para ejercerla, se formarán diferentes opiniones. Mientras subsista la conexión entre su razón y su amor propio, sus opiniones y sus pasiones ejercerán una influencia recíproca entre sí; y aquellas serán los objetos a los que estas se apegarán.
La diversidad en las facultades de los hombres, de donde se originan los derechos de propiedad, no es un obstáculo menos insuperable para una uniformidad de intereses. La protección de estas facultades es el primer objeto del gobierno. De la protección de las facultades diferentes y desiguales para adquirir propiedad, resulta inmediatamente la posesión de diferentes grados y tipos de propiedad; y de la influencia de estos sobre los sentimientos y puntos de vista de los respectivos propietarios, se sigue una división de la sociedad en diferentes intereses y partidos.
Las causas latentes de las facciones están, pues, sembradas en la naturaleza del hombre; y vemos que por doquier se les da distintos grados de actividad, según las diferentes circunstancias de la sociedad civil.
Un celo por diferentes opiniones relativas a la religión, al gobierno y a muchos otros puntos, tanto de especulación como de práctica; un apego a distintos líderes que compiten ambiciosamente por la preeminencia y el poder; o a personas de otra índole cuyas suertes han interesado a las pasiones humanas, han dividido a su vez a la humanidad en partidos, la han inflamado de mutua animosidad y la han vuelto mucho más dispuesta a molestarse y oprimirse recíprocamente que a cooperar para su bien común.
Tan fuerte es esta propensión de la humanidad a caer en mutuas animosidades, que cuando no se presenta ninguna ocasión sustancial, las distinciones más frívolas e imaginarias han sido suficientes para encender sus pasiones hostiles y excitar sus conflictos más violentos.
Pero la fuente más común y duradera de facciones ha sido la distribución diversa y desigual de la propiedad. Los que poseen propiedad y los que carecen de ella siempre han formado intereses distintos en la sociedad. Los acreedores y los deudores caen bajo una distinción semejante. Un interés agrario, un interés manufacturero, un interés mercantil, un interés financiero, junto con muchos intereses menores, surgen por necesidad en las naciones civilizadas y las dividen en diferentes clases, movidas por distintos sentimientos y puntos de vista. La regulación de estos diversos e interferentes intereses constituye la tarea principal de la legislación moderna, y envuelve el espíritu de partido y de facción en las operaciones necesarias y ordinarias del gobierno.
A ningún hombre se le permite ser juez en su propia causa, porque su interés ciertamente sesgaría su juicio y, con no poca probabilidad, corrompería su integridad. Con igual, no, con mayor razón, un grupo de hombres no es apto para ser juez y parte al mismo tiempo; sin embargo, ¿qué son muchos de los actos legislativos más importantes sino otras tantas determinaciones judiciales, no ciertamente sobre los derechos de personas individuales, sino sobre los derechos de grandes cuerpos de ciudadanos?
¿Y qué son las diferentes clases de legisladores sino defensores y partes interesadas en las causas que determinan? ¿Se propone una ley relativa a las deudas privadas? Es una cuestión en la que los acreedores son parte por un lado y los deudores por el otro. La justicia debe mantener la balanza entre ellos. Sin embargo, las partes son, y deben ser, los jueces mismos; y debe esperarse que prevalezca la parte más numerosa, o, en otras palabras, la facción más poderosa.
¿Deben fomentarse las manufacturas nacionales, y en qué medida, mediante restricciones a las manufacturas extranjeras?, son preguntas que el sector terrateniente y el manufacturero resolverían de distinta manera, y probablemente ninguno de ambos con la mira puesta exclusivamente en la justicia y el bien público.
El reparto de los impuestos entre las diversas clases de propiedad es un acto que parece exigir la imparcialidad más exacta; sin embargo, no hay tal vez ningún acto legislativo en el que se ofrezcan mayores oportunidades y tentaciones a un partido predominante para pisotear las reglas de la justicia. Cada chelín con el que sobrecarguen a la minoría es un chelín que se ahorran en sus propios bolsillos.
En vano se alega que unos estadistas ilustrados podrán conciliar estos intereses contrapuestos y hacerlos todos subservientes al bien público.
Los hombres de Estado ilustrados no estarán siempre al timón. Ni tampoco, en muchos casos, podrá hacerse semejante ajuste sin tener en cuenta consideraciones indirectas y remotas, que rara vez prevalecerán sobre el interés inmediato que una parte pueda hallar en desatender los derechos de otra o el bien de la totalidad.
La conclusión a la que llegamos es que las CAUSAS de la facción no pueden ser eliminadas, y que el remedio tan solo debe buscarse en los medios para controlar sus EFECTOS.
Si una facción consta de menos de una mayoría, el remedio lo aporta el principio republicano, que permite a la mayoría frustrar sus siniestros proyectos mediante el voto regular. Podrá entrabar la administración, podrá convulsionar a la sociedad; pero será incapaz de ejecutar su violencia y enmascararla bajo las formas de la Constitución.
Cuando una mayoría se halla incluida en una facción, la forma de gobierno popular, por otra parte, le permite sacrificar a su pasión o interés dominante tanto el bien público como los derechos de los demás ciudadanos.
Garantizar el bien público y los derechos privados contra el peligro de semejante facción, y al mismo tiempo preservar el espíritu y la forma del gobierno popular, es por consiguiente el gran objeto al que se dirigen nuestras indagaciones. Permítaseme añadir que es el gran desiderátum mediante el cual esta forma de gobierno puede rescatarse del oprobio bajo el cual ha laborado durante tanto tiempo, y ser recomendada a la estima y adopción de la humanidad.
¿Por qué medio es alcanzable este objeto? Evidentemente por uno de dos solamente.
- O debe impedirse la existencia de una misma pasión o interés en una mayoría al mismo tiempo, o bien
- a la mayoría, que posea esa pasión o interés coexistente, se le debe inhabilitar, por su número y situación local, para concertar y llevar a cabo planes de opresión.
Si se permite que el impulso y la oportunidad coincidan, sabemos bien que no se puede confiar en motivos morales ni religiosos como un freno adecuado. No se ha demostrado que lo sean ante la injusticia y la violencia de los individuos, y pierden su eficacia en proporción al número de los que se unen, es decir, en proporción a medida que su eficacia se vuelve necesaria.
Desde este punto de vista del asunto, puede concluirse que una democracia pura, por la cual entiendo una sociedad compuesta por un pequeño número de ciudadanos, que se reúnen y administran el gobierno en persona, no puede admitir ningún remedio para los males de facción.
Una pasión o interés común será, en casi todos los casos, sentida por una mayoría del todo; la comunicación y el concierto surgen de la forma misma de gobierno; y no hay nada que frene los incentivos para sacrificar al partido más débil o a un individuo odioso.
De ahí es que tales democracias han sido siempre espectáculos de turbulencia y discordia; se ha descubierto siempre que son incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad; y han sido en general tan breves en sus vidas como violentas en sus muertes.
Los políticos teóricos, que han patrocinado esta especie de gobierno, han supuesto erróneamente que, al reducir a la humanidad a una perfecta igualdad en sus derechos políticos, serían, al mismo tiempo, perfectamente igualados y asimilados en sus posesiones, sus opiniones y sus pasiones.
Una república, por la cual entiendo un gobierno en el que tiene lugar el sistema de representación, abre una perspectiva diferente y promete el remedio que estamos buscando. Examinemos los puntos en los que difiere de la democracia pura, y comprenderemos tanto la naturaleza del remedio como la eficacia que este debe derivar de la Unión.
Los dos grandes puntos de diferencia entre una democracia y una república son:
- primero, la delegación del gobierno, en este último, a un pequeño número de ciudadanos elegidos por el resto;
- segundo, el mayor número de ciudadanos y la mayor esfera de país sobre la cual este último puede extenderse.
El efecto de la primera diferencia es, por una parte, refinar y ampliar las opiniones públicas, haciéndolas pasar por el medio de un cuerpo de ciudadanos electos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor a la justicia sean los menos proclives a sacrificarlo a consideraciones temporales o parciales.
Bajo tal regulación, bien puede suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo, sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, convocado para tal fin.
Por otra parte, el efecto puede invertirse. Los hombres de temperamento faccioso, de prejuicios locales o de designios siniestros pueden, mediante la intriga, la corrupción u otros medios, obtener primero los sufragios y traicionar después los intereses del pueblo.
La cuestión que se plantea es si las repúblicas pequeñas o las extensas son más propicias para la elección de guardianes idóneos del bienestar público; y ello se decide claramente en favor de las segundas mediante dos consideraciones evidentes:
En primer lugar, debe observarse que, por pequeña que sea la república, los representantes deben elevarse a cierto número, con el fin de precaverse contra las cábalas de unos pocos; y que, por grande que sea, deben limitarse a cierto número, con el fin de precaverse contra la confusión de la multitud.
Por consiguiente, no estando el número de representantes en los dos casos en proporción al de los dos cuerpos electorales, y siendo proporcionalmente mayor en la pequeña república, se deduce que, si la proporción de personajes idóneos no es menor en la gran república que en la pequeña, la primera ofrecerá una mayor opción y, por consiguiente, una mayor probabilidad de una elección acertada.
En el siguiente lugar, como cada representante será elegido por un número mayor de ciudadanos en la república grande que en la pequeña, será más difícil para los candidatos indignos practicar con éxito las artes viciosas mediante las cuales se ganan con demasiada frecuencia las elecciones; y los sufragios del pueblo, al ser más libres, tendrán más probabilidades de recaer en hombres que posean el mérito más atractivo y los caracteres más difundidos y consagrados.
Debe confesarse que en este, como en la mayor parte de los demás casos, existe un término medio, a ambos lados del cual se encontrarán inconvenientes.
- Al aumentar demasiado el número de electores, hacéis que los representantes conozcan muy poco todas sus circunstancias locales e intereses menores;
- al reducirlo demasiado, hacéis que aquel esté indebidamente apeado a estos, y que sea muy poco apto para comprender y perseguir los grandes y nacionales objetivos.
La Constitución federal forma en este respecto una feliz combinación; estando referidos los intereses grandes y agregados a las legislaturas nacionales, y los locales y particulares a las de los Estados.
El otro punto de diferencia es el mayor número de ciudadanos y la extensión de territorio que pueden abarcarse dentro de los límites de un gobierno republicano que de uno democrático; y es esta circunstancia principalmente la que hace que las combinaciones facciosas sean menos de temer en el primero que en el segundo.
Cuanto menor es una sociedad, tanto más reducidos serán probablemente los partidos y los intereses distintos que la componen; cuantos menos partidos e intereses distintos existan, con mayor frecuencia se encontrará una mayoría del mismo partido; y cuanto menor sea el número de individuos que componen una mayoría y más pequeño el ámbito en el que se encuentren, con mayor facilidad concertarán y ejecutarán sus planes de opresión.
Amplíese la esfera y se abarca una mayor variedad de partidos e intereses; se hace menos probable que una mayoría del total tenga un motivo común para violar los derechos de los demás ciudadanos; o si tal motivo común existe, será más difícil para todos los que lo sienten descubrir su propia fuerza y actuar en sintonía unos con otros.
Aparte de otros impedimentos, puede señalarse que, cuando existe la conciencia de propósitos injustos o deshonrosos, la comunicación siempre se ve frenada por la desconfianza en proporción al número cuya concurrencia es necesaria.
Por tanto, aparece claramente que la misma ventaja que una república tiene sobre una democracia, para controlar los efectos de las facciones, la disfruta una república grande sobre una pequeña; —la disfruta la Unión sobre los Estados que la componen.
¿Consiste la ventaja en la sustitución de representantes cuyas luces y virtudes los hagan superiores a los prejuicios locales y a los planes de injusticia? No se negará que la representación de la Unión será la más apta para poseer estas dotes necesarias.
¿Consiste en la mayor seguridad que ofrece una mayor variedad de partidos, contra el acontecimiento de que cualquier partido pueda superar en número y oprimir al resto? En igual grado, la aumentada variedad de partidos comprendidos dentro de la Unión aumenta esta seguridad.
¿Consiste, en fin, en los mayores obstáculos que se oponen al concierto y al cumplimiento de los deseos secretos de una mayoría injusta e interesada? Aquí, de nuevo, la extensión de la Unión le otorga la ventaja más palpable.
La influencia de líderes partidistas puede encender una llama dentro de sus respectivos Estados, pero será incapaz de propagar una conflagración general por los demás Estados.
Una secta religiosa puede degenerar en una facción política en una parte de la Confederación; pero la variedad de sectas dispersas por toda su superficie debe poner a los consejos nacionales a salvo de cualquier peligro procedente de esa fuente.
Una furia por el papel moneda, por la abolición de deudas, por una división igualitaria de la propiedad, o por cualquier otro proyecto inadecuado o inicuo, será menos propensa a permear a todo el cuerpo de la Unión que a uno de sus miembros particulares; en la misma proporción en que semejante enfermedad es más probable que contamine a un condado o distrito particular, que a un Estado entero.
En la extensión y en la estructura adecuada de la Unión, por lo tanto, contemplamos un remedio republicano para las enfermedades más incidentes en el gobierno republicano. Y de acuerdo con el grado de placer y orgullo que sentimos por ser republicanos, debe ser nuestro celo en fomentar el espíritu y respaldar el carácter de federalistas.
PUBLIUS Anclaje H2