Del *New York Packet*. Martes, 26 de febrero de 1788.
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
LOS más sinceros opositores de la disposición relativa a las elecciones, contenida en el plan de la convención, cuando se ven presionados en el debate, a veces conceden la pertinencia de dicha disposición; con esta salvedad, sin embargo, de que debió haber ido acompañada de una declaración de que todas las elecciones debían celebrarse en los condados donde residían los electores.
Esto, dicen, fue una precaución necesaria contra el abuso del poder.
Una declaración de esta naturaleza habría sido ciertamente inofensiva; en la medida en que hubiera tenido el efecto de calificar los temores, quizás no habría sido indeseable. Pero, en realidad, habría ofrecido poca o ninguna seguridad adicional contra el peligro temido; y su ausencia nunca será considerada por un examinador imparcial y juicioso como una objeción seria, y mucho menos insuperable, al plan.
Las diferentes perspectivas adoptadas sobre el asunto en los dos documentos precedentes deben ser suficientes para convencer a todos los hombres imparciales y perspicaces de que, si la libertad pública llegara a ser víctima de la ambición de los gobernantes nacionales, el poder que ahora se examina, al menos, estará libre de culpa en dicho sacrificio.
Si aquellos que se inclinan a consultar únicamente sus recelos, los ejercitaran en un examen minucioso de las distintas constituciones estatales, hallarían poco menos motivos de inquietud y alarma por la latitud que la mayoría de ellas permite con respecto a las elecciones, que por la latitud que se propone permitir al gobierno nacional en el mismo sentido.
Un examen de su situación, en este punto particular, tendería en gran medida a disipar cualquier mala impresión que pueda subsistir con respecto a este asunto. Pero como esa perspectiva conduciría a detalles largos y tediosos, me contentaré con el único ejemplo del Estado en el que escribo.
La constitución de Nueva York no hace otra provisión para la LOCALIDAD de las elecciones que la de que los miembros de la Asamblea sean elegidos en los CONDADOS; y los del Senado, en los grandes distritos en los que el Estado está o pueda estar dividido: estos son actualmente cuatro en número, y comprenden cada uno de dos a seis condados. Se puede percibir fácilmente que no le sería más difícil a la legislatura de Nueva York anular los sufragios de los ciudadanos de Nueva York, confinando las elecciones a lugares particulares, de lo que le sería a la legislatura de los Estados Unidos anular los sufragios de los ciudadanos de la Unión mediante un expediente semejante.
Supongamos, por ejemplo, que la ciudad de Albany fuera designada como el único lugar de votación para el condado y el distrito de los que forma parte, ¿no se convertirían rápidamente los habitantes de esa ciudad en los únicos electores de los miembros tanto del Senado como de la Asamblea de dicho condado y distrito? ¿Podemos imaginar que los electores que residen en las subdivisiones remotas de los condados de Albany, Saratoga, Cambridge, etc., o en cualquier parte del condado de Montgomery, se tomarían la molestia de venir a la ciudad de Albany para emitir sus votos para los miembros de la Asamblea o del Senado, antes de que se trasladaran a la ciudad de Nueva York para participar en la elección de los miembros de la Cámara de Representantes federal?
La indiferencia alarmante que se advierte en el ejercicio de un privilegio tan invaluable bajo las leyes existentes, que ofrecen todas las facilidades para ello, proporciona una respuesta inmediata a esta pregunta. Y, prescindiendo de cualquier experiencia sobre el tema, no podemos tener duda alguna en determinar que, cuando el lugar de elección se encuentra a una DISTANCIA INCONVENIENTE del elector, el efecto sobre su conducta será el mismo ya sea que esa distancia sea de veinte millas o de veinte mil millas.
Por tanto, debe aparecer que las objeciones a la modificación particular del poder federal de regular las elecciones se aplicarán, en esencia, con igual fuerza a la modificación del poder semejante en la constitución de este Estado; y por esta razón será imposible absolver a la una y condenar a la otra. Una comparación similar conduciría a la misma conclusión con respecto a las constituciones de la mayor parte de los otros Estados.
Si se dijera que los defectos en las constituciones estatales no proporcionan disculpa alguna para los que se encuentran en el plan propuesto, respondo que, como nunca se ha considerado que las primeras pecaren de falta de atención hacia la seguridad de la libertad, cuando pueda demostrarse que las imputaciones lanzadas contra el segundo también les son aplicables a aquellas, la presunción es que se trata más bien de sutilezas cavilosas de una oposición predeterminada, que de deducciones bien fundadas de una búsqueda sincera de la verdad.
A aquellos que están dispuestos a considerar como omisiones inocentes en las constituciones estatales lo que consideran tachas imperdonables en el plan de la convención, nada se les puede decir; o, a lo sumo, solo se les puede pedir que den alguna razón sustancial de por qué los representantes del pueblo en un solo Estado habrían de ser más inexpugnables a la codicia de poder, u otros motivos siniestros, que los representantes del pueblo de los Estados Unidos.
Si no pueden hacer esto, deberían al menos probarnos que es más fácil subvertir las libertades de tres millones de personas, con la ventaja de unos gobiernos locales que encabecen su oposición, que las de dos a doscientas mil personas que carecen de esa ventaja. Y en relación con el punto que se está considerando de inmediato, deberían convencernos de que es menos probable que una facción predominante en un solo Estado deba, para mantener su superioridad, inclinarse a preferir a una clase particular de electores, a que un espíritu similar se apodere de los representantes de trece Estados, diseminados por una vasta región y distinguibles entre sí en varios aspectos por una diversidad de circunstancias locales, prejuicios e intereses.
Hasta aquí mis observaciones solo han tenido como objeto la vindicación de la disposición en cuestión, basándose en la propiedad teórica, en el peligro de situar el poder en otra parte y en la seguridad de colocarlo de la manera propuesta.
Pero falta mencionar una ventaja positiva que resultará de esta disposición, y que no se habría podido obtener tan bien de ninguna otra: aludo a la circunstancia de la uniformidad en la época de las elecciones para la Cámara de Representantes federal.
Es más que posible que la experiencia demuestre que esta uniformidad es de gran importancia para el bienestar público, tanto como salvaguarda contra la perpetuación del mismo espíritu en el cuerpo, como en calidad de cura para las enfermedades de las facciones.
Si cada Estado puede elegir su propia época de elección, es posible que haya al menos tantos periodos diferentes como meses tiene el año. Las épocas de elección en los distintos Estados, tal como están establecidas actualmente para fines locales, varían entre extremos tan distantes como marzo y noviembre.
La consecuencia de esta diversidad sería que jamás podría ocurrir una disolución o renovación total del cuerpo al mismo tiempo. Si llegara a prevalecer en él un espíritu inadecuado de cualquier clase, ese espíritu tendería a infundirse en los nuevos miembros a medida que estos fueran surgiendo sucesivamente. La masa probablemente permanecería casi igual, asimilando constantemente hacia sí sus graduales acreciones.
Hay un contagio en el ejemplo que pocos hombres poseen la fuerza de espíritu suficiente para resistir. Me inclino a pensar que el triple de duración en el cargo, con la condición de una disolución total del cuerpo al mismo tiempo, podría ser menos formidable para la libertad que un tercio de esa duración sujeta a alteraciones graduales y sucesivas.
La uniformidad en el tiempo de las elecciones parece no menos indispensable para llevar a cabo la idea de una rotación regular en el Senado, y para convocar convenientemente al poder legislativo en un período determinado de cada año.
Se podrá preguntar: ¿Por qué, entonces, no pudo fijarse un plazo en la Constitución? Como los más entusiastas adversarios del plan de la convención en este Estado son, por lo general, no menos entusiastas admiradores de la constitución del Estado, la pregunta puede devolverse y se podrá preguntar: ¿Por qué no se fijó un plazo con el mismo propósito en la constitución de este Estado?
No se puede dar mejor respuesta que la de que era un asunto que podía confiarse con seguridad a la discreción legislativa; y que si se hubiera fijado un plazo, la experiencia podría haber demostrado que era menos conveniente que cualquier otro.
La misma respuesta puede darse a la cuestión planteada en el otro sentido. Y puede agregarse que, siendo meramente especulativo el supuesto peligro de un cambio gradual, apenas habría sido prudente fundar en esa especulación, como un punto fundamental, lo que privaría a varios Estados de la conveniencia de celebrar las elecciones para sus propios gobiernos y para el gobierno nacional en las mismas épocas.
PUBLIUS Anclaje H2