Para el Independent Journal. Sábado, 3 de noviembre de 1787
JAY
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
NO ES una observación nueva que los habitantes de cualquier país (si, como los americanos, son inteligentes y están bien informados) rara vez adoptan y perseveran firmemente durante muchos años en una opinión errónea respecto a sus intereses.
Esa consideración tiende naturalmente a inspirar un gran respeto por la alta opinión que el pueblo de América ha mantenido durante tanto tiempo y de manera uniforme sobre la importancia de seguir firmemente unido bajo un solo gobierno federal, investido con poderes suficientes para todos los fines generales y nacionales.
Cuanto más atenta y minuciosamente considero e investigo las razones que parecen haber dado origen a esta opinión, más me convence que son válidas y concluyentes.
Entre los muchos objetos a los que un pueblo sabio y libre encuentra necesario dirigir su atención, el de proveer para su SEGURIDAD parece ser el primero. La SEGURIDAD del pueblo tiene sin duda relación con una gran variedad de circunstancias y consideraciones, y por consiguiente ofrece un gran margen a aquellos que desean definirla con precisión y amplitud.
Por el momento intento considerarlo únicamente en lo que respecta a la seguridad para la preservación de la paz y la tranquilidad, tanto frente a los peligros de las ARMAS E INFLUENCIA EXTRANJERAS, como frente a los peligros de la MISMA ÍNDOLE provenientes de causas domésticas.
Como el primero de estos ocupa el primer lugar en el orden, es apropiado que sea el primero en ser discutido. Procedamos, por tanto, a examinar si el pueblo no tiene razón en su opinión de que una Unión cordial, bajo un gobierno nacional eficiente, le ofrece la mejor seguridad que puede idearse contra las HOSTILIDADES del exterior.
El número de guerras que han ocurrido o ocurrirán en el mundo siempre estará en proporción al número y la importancia de las causas, ya sean REALES o SUPUESTAS, que las PROVOQUEN o INVITEN a ellas. Si esta observación es justa, resulta útil averiguar si es probable que una AMÉRICA UNIDA dé tantas JUSTAS causas de guerra como una América DESUNIDA; pues si resulta que la América Unida probablemente dará las mínimas, se seguirá entonces que, a este respecto, la Unión es lo que más tiende a preservar al pueblo en un estado de paz con las demás naciones.
Las causas JUSTAS de guerra, por lo general, surgen ya sea de la violación de tratados o de la violencia directa. América ya ha celebrado tratados con no menos de seis naciones extranjeras, y todas ellas, excepto Prusia, son marítimas, y por lo tanto capaces de molestarnos y perjudicarnos. También mantiene un extenso comercio con Portugal, España y Gran Bretaña, y, con respecto a estas dos últimas, se añade además la circunstancia de la vecindad que debe tenerse en cuenta.
Es de suma importancia para la paz de América que observe las leyes de las naciones hacia todas estas potencias, y a mí me parece evidente que esto se cumplirá con mayor perfección y puntualidad por un gobierno nacional que lo que podría hacerse ya sea por trece Estados separados o por tres o cuatro confederaciones distintas.
Porque una vez que se establezca un gobierno nacional eficiente, los mejores hombres del país no solo consentirán en servir, sino que por lo general también serán designados para administrarlo; pues, aunque la influencia local, municipal o de otra esfera reducida pueda colocar a los hombres en asambleas estatales, o senados, o tribunales de justicia, o departamentos ejecutivos, se requerirá una reputación más general y extensa por sus talentos y otras cualificaciones para recomendar a los hombres a los cargos bajo el gobierno nacional —especialmente dado que este tendrá el campo más amplio de elección y jamás experimentará esa escasez de personas idóneas que no es infrecuente en algunos de los Estados.
Por tanto, resultará que la administración, los consejos políticos y las decisiones judiciales del gobierno nacional serán más sabios, metódicos y juiciosos que los de los Estados individuales, y por consiguiente más satisfactorios con respecto a otras naciones, así como más SEGUROS con respecto a nosotros.
Porque, bajo el gobierno nacional, los tratados y artículos de los tratados, así como las leyes de las naciones, siempre serán interpretados en un mismo sentido y ejecutados de la misma manera; mientras que las sentencias sobre los mismos puntos y cuestiones, en trece Estados, o en tres o cuatro confederaciones, no siempre concordarán ni serán coherentes; y ello, tanto por la variedad de tribunales independientes y jueces nombrados por gobiernos diferentes e independientes, como por las diferentes leyes e intereses locales que puedan afectarlos e influir en ellos.
No se puede alabar demasiado la sabiduría de la Convención al encomendar tales cuestiones a la jurisdicción y al juicio de tribunales nombrados por un solo gobierno nacional y responsables únicamente ante él.
Porque la perspectiva de una pérdida o una ventaja inmediata puede tentar a menudo al partido gobernante en uno o dos Estados a desviarse de la buena fe y la justicia; pero como esas tentaciones no alcanzan a los demás Estados, y por consiguiente tienen poca o ninguna influencia en el gobierno nacional, la tentación será infructuosa, y se preservarán la buena fe y la justicia.
El caso del tratado de paz con Gran Bretaña añade un gran peso a este razonamiento.
Porque, aun cuando el partido gobernante en un Estado estuviera dispuesto a resistir tales tentaciones, como tales tentaciones pueden resultar, y comúnmente resultan, de circunstancias peculiares del Estado, y pueden afectar a un gran número de habitantes, el partido gobernante puede no ser siempre capaz, aun si estuviera dispuesto, de prevenir la injusticia planeada o de castigar a los agresores.
Pero el gobierno nacional, al no verse afectado por esas circunstancias locales, no se verá inducido a cometer la injusticia por sí mismo, ni le faltará el poder o la inclinación para impedir o castigar su comisión por parte de otros.
Por tanto, en la medida en que las violaciones de los tratados y del derecho de gentes, ya sean deliberadas o accidentales, proporcionan causas JUSTAS de guerra, hay que temerlas menos bajo un gobierno general que bajo varios más pequeños, y en ese aspecto el primero favorece más la SEGURIDAD del pueblo.
En cuanto a aquellas justas causas de guerra que provienen de la violencia directa e ilegal, me parece igualmente claro que un buen gobierno nacional ofrece mucha más seguridad contra peligros de esa índole de la que se puede obtener de cualquier otra fuente.
Porque tales violencias son más frecuentemente causadas por las pasiones e intereses de una parte que del todo; de uno o dos Estados que de la Unión.
Ni una sola guerra con los indios ha sido ocasionada hasta ahora por las agresiones del presente gobierno federal, por débil que sea; sino que hay varios ejemplos de hostilidades indígenas que han sido provocadas por la conducta impropia de estados particulares, los cuales, incapaces o mal dispuestos a reprimir o castigar las ofensas, han dado ocasión a la matanza de muchos inocentes habitantes.
La vecindad de los territorios españoles y británicos, que limita con unos Estados y con otros no, confina naturalmente las causas de disputa de un modo más inmediato a los habitantes de la frontera.
Los Estados fronterizos, si los hay, serán los que, bajo el impulso de una irritación repentina y de un rápido sentimiento de interés o perjuicio aparente, sean más propensos, mediante la violencia directa, a provocar una guerra con estas naciones; y nada puede evitar tan eficazmente ese peligro como un gobierno nacional, cuya sabiduría y prudencia no se verán disminuidas por las pasiones que mueven a las partes directamente interesadas.
Pero el gobierno nacional no solo dará lugar a menos justas causas de guerra, sino que también estará más en su poder el acomodarlas y resolverlas amigablemente.
Serán más moderados y serenos, y en ese aspecto, así como en otros, estarán en mejor capacidad de actuar con juicio que el Estado ofensor.
El orgullo de los Estados, así como el de los hombres, los dispone naturalmente a justificar todas sus acciones, y se opone a que reconozcan, corrijan o reparen sus errores y ofensas.
El Gobierno nacional, en tales casos, no se dejará afectar por este orgullo, sino que procederá con moderación y franqueza a considerar y decidir sobre los medios más adecuados para sacarlos de las dificultades que los amenazan.
Además, es bien sabido que a menudo se aceptan como satisfactorias las declaraciones de reconocimiento, explicaciones y compensaciones por parte de una nación fuerte y unida, las cuales serían rechazadas por insatisfactorias si fuesen ofrecidas por un Estado o confederación de escasa consideración o poder.
En el año de 1685, habiendo ofendido a Luis XIV el Estado de Génova, procuró aplacarle. Este exigió que enviasen a su Dogo, o magistrado supremo, acompañado de cuatro de sus senadores, a FRANCIA, para pedirle perdón y recibir sus condiciones. Se vieron obligados a someterse a ello por amor a la paz.
¿Habría exigido o recibido jamás en alguna ocasión semejante humillación por parte de España, de Gran Bretaña o de cualquier otra nación PODEROSA?
PUBLIUS Anclaje H2