De la edición de McLEAN, Nueva York. Miércoles, 28 de mayo de 1788
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
PROCEDEMOS ahora a un examen del departamento judicial del gobierno propuesto.
Al exponer los defectos de la Confederación existente, se han señalado claramente la utilidad y la necesidad de una judicatura federal. Es tanto menos necesario recapitular las consideraciones allí aducidas cuanto que la conveniencia de la institución en abstracto no se discute; las únicas cuestiones que se han planteado se refieren al modo de constituirla y a su alcance. A estos puntos, por lo tanto, se limitarán nuestras observaciones.
El modo de constituirlo parece abarcar estos diversos objetos:
- 1st. El modo de nombrar a los jueces.
- 2d. El tiempo durante el cual han de desempeñar sus cargos.
- 3d. La distribución de la autoridad judicial entre los diferentes tribunales y las relaciones de estos entre sí.
First. As to the mode of appointing the judges; this is the same with that of appointing the officers of the Union in general, and has been so fully discussed in the two last numbers, that nothing can be said here which would not be useless repetition.
Segundo. En cuanto al régimen por el cual los jueces han de ocupar sus cargos; esto se refiere principalmente a la duración de su mandato; las disposiciones para su sustento; las precauciones para su responsabilidad.
Según el plan de la convención, todos los jueces que sean nombrados por los Estados Unidos han de conservar sus cargos mientras dure su buena conducta; lo cual concuerda con las más aprobadas de las constituciones de los Estados y, entre el resto, con la de este Estado.
El que su decoro haya sido puesto en duda por los adversarios de dicho plan no es un síntoma leve de la furia por objetar que trastorna su imaginación y su juicio.
El criterio de la buena conducta para la permanencia en el cargo de la magistratura judicial es, sin duda, uno de los progresos más valiosos en la práctica del gobierno moderno.
- En una monarquía es una excelente barrera contra el despotismo del príncipe;
- en una república no es una barrera menos excelente contra las usurpaciones y opresiones del cuerpo representativo.
Y es el mejor expediente que puede idearse en cualquier gobierno para asegurar una administración firme, recta e imparcial de las leyes.
Quien considere atentamente los diferentes departamentos del poder debe percibir que, en un gobierno en el que están separados entre sí, el poder judicial, por la naturaleza de sus funciones, será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución; porque estará en menor capacidad de molestarlos o perjudicarlos.
El Ejecutivo no solo dispueba los honores, sino que empuña la espada de la comunidad.
El poder legislativo no solo dispone del erario, sino que prescribe las reglas mediante las cuales deben regularse los deberes y derechos de cada ciudadano.
El poder judicial, por el contrario, no tiene influencia sobre la espada ni sobre la bolsa; no dirige ni la fuerza ni la riqueza de la sociedad y no puede tomar ninguna resolución activa de ningún tipo. Puede decirse verdaderamente que no posee ni FUERZA ni VOLUNTAD, sino meramente juicio; y en última instancia debe depender de la ayuda del brazo ejecutivo incluso para la eficacia de sus sentencias.
Esta sencilla visión del asunto sugiere varias consecuencias importantes. Prueba indiscutiblemente que el poder judicial es, sin comparación, el más débil de los tres departamentos del poder(1); que jamás podrá atacar con éxito a ninguno de los otros dos; y que se requiere todo el cuidado posible para permitirle defenderse de sus ataques. Prueba igualmente que, aunque la opresión individual pueda provenir de vez en cuando de los tribunales de justicia, la libertad general del pueblo nunca puede estar en peligro por ese sector; quiero decir, siempre y cuando el poder judicial permanezca verdaderamente distinto tanto del poder legislativo como del Ejecutivo.
Pues estoy de acuerdo en que «no hay libertad, si el poder de juzgar no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo».(2)
Y demuestra, en último lugar, que así como la libertad no puede temer nada del poder judicial por sí solo, sino que lo tendría todo que temer de su unión con cualquiera de los otros departamentos; así como todos los efectos de semejante unión deben resultar de la dependencia del primero respecto de los segundos, a pesar de una separación nominal y aparente; así como, por la debilidad natural del poder judicial, este se encuentra en continuo peligro de ser dominado, intimidado o influenciado por sus ramas coordinadas; y así como nada puede contribuir tanto a su firmeza e independencia como la permanencia en el cargo, esta cualidad puede considerarse por lo tanto, con toda justicia, como un ingrediente indispensable de su constitución y, en gran medida, como la ciudadela de la justicia pública y de la seguridad pública.
La completa independencia de los tribunales de justicia es peculiarmente esencial en una Constitución limitada. Por Constitución limitada entiendo aquella que contiene ciertas excepciones especificadas a la autoridad legislativa; tales, por ejemplo, como que no aprobará leyes de proscripción (bills of attainder), ni leyes retroactivas (ex post facto), y cosas por el estilo.
Las limitaciones de esta clase no pueden preservarse en la práctica de ningún otro modo que no sea a través del medio de los tribunales de justicia, cuyo deber debe ser declarar nulos todos los actos contrarios al sentido manifiesto de la Constitución. Sin esto, todas las reservas de derechos o privilegios particulares equivaldrían a nada.
Cierta perplejidad respecto al derecho de los tribunales a declarar nulos los actos legislativos, por ser contrarios a la Constitución, ha surgido de la idea de que esta doctrina implicaría una superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Se argumenta que la autoridad que puede declarar nulos los actos de otra debe ser necesariamente superior a aquella cuyos actos pueden ser declarados nulos. Como esta doctrina es de gran importancia en todas las constituciones americanas, una breve discusión sobre el fundamento en que se apoya no puede ser inaceptable.
No hay principio que descanse sobre bases más claras que este: todo acto de una autoridad delegada, contrario al tenor de la comisión bajo la cual se ejerce, es nulo.
Ningún acto legislativo, por lo tanto, contrario a la Constitución, puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar que el diputado es mayor que su mandante; que el servidor está por encima de su amo; que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo; que los hombres que actúan en virtud de poderes pueden hacer no sólo lo que sus poderes no autorizan, sino lo que prohíben.
Si se dijere que el cuerpo legislativo es por sí mismo el juez constitucional de sus propios poderes, y que la interpretación que les dé es concluyente para los demás departamentos, puede responderse que esta no puede ser la presunción natural, cuando no se desprende de ninguna disposición particular de la Constitución.
No ha de suponerse de otro modo que la Constitución pudiera tener la intención de capacitar a los representantes del pueblo para sustituir la voluntad de este por la suya propia. Es mucho más racional suponer que los tribunales fueron concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con el fin, entre otras cosas, de mantener a esta última dentro de los límites asignados a su autoridad.
La interpretación de las leyes es propia y exclusiva de los tribunales. Una constitución es, de hecho, y debe ser considerada por los jueces como una ley fundamental. Por lo tanto, les corresponde a ellos determinar su significado, así como el de cualquier acto particular que provenga del cuerpo legislativo.
Si llegara a haber una discrepancia irreconciliable entre ambas, aquella que posea la obligación y la validez superiores debe, por supuesto, preferirse; o, en otras palabras, la Constitución debe preferirse a la ley, la intención del pueblo a la intención de sus agentes.
Tampoco supone esta conclusión de ningún modo una superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Solo supone que el poder del pueblo es superior a ambos; y que cuando la voluntad del legislativo, declarada en sus leyes, se halla en oposición a la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deben gobernarse por esta última más que por la primera. Deben regular sus decisiones por las leyes fundamentales, más bien que por aquellas que no lo son.
Este ejercicio de la discreción judicial, al determinar entre dos leyes contradictorias, se ejemplifica en un caso conocido. No es inusual que existan dos estatutos vigentes al mismo tiempo, que entran en colisión total o parcial entre sí, y que ninguno de ellos contenga cláusula o expresión derogatoria alguna.
En tal caso, compete a los tribunales liquidar y fijar su significado y aplicación. En la medida en que puedan, mediante cualquier interpretación razonable, conciliarse entre sí, la razón y la ley concurren a dictaminar que esto debe hacerse; cuando esto sea impracticable, se convierte en una cuestión de necesidad dar efecto a una, con exclusión de la otra.
La regla que ha prevalecido en los tribunales para determinar su validez relativa es que la última en el tiempo debe preferirse a la primera. Pero esta es una mera regla de interpretación, no derivada de ninguna ley positiva, sino de la naturaleza y la razón de las cosas. Es una regla no impuesta a los tribunales por disposición legislativa, sino adoptada por ellos mismos, por ser consonante con la verdad y la propiedad, para la dirección de su conducta como intérpretes de la ley.
Consideraron razonable que, entre los actos contradictorios de una autoridad IGUAL, aquel que constituyera la última manifestación de su voluntad tuviera preferencia.
Pero en lo que respecta a los actos concurrentes de una autoridad superior y otra subordinada, de un poder originario y otro derivado, la naturaleza y la razón de las cosas indican que lo adecuado es seguir la regla inversa.
Nos enseñan que el acto previo de un superior debe preferirse al acto posterior de una autoridad inferior y subordinada; y que, en consecuencia, siempre que un estatuto particular contravenga la Constitución, será deber de los tribunales judiciales atenerse a esta última y pasar por alto el primero.
No puede tener peso alguno decir que los tribunales, bajo el pretexto de una incompatibilidad, puedan sustituir su propio agrado por las intenciones constitucionales de la legislatura.
Esto bien podría suceder en el caso de dos estatutos contradictorios; o bien podría suceder en cualquier adjudicación sobre cualquier estatuto singular.
Los tribunales deben declarar el sentido de la ley; y si estuvieran dispuestos a ejercer la VOLUNTAD en lugar del JUICIO, la consecuencia sería igualmente la sustitución del agrado de aquellos por el del cuerpo legislativo.
La observación, si es que prueba algo, probaría que no debería haber jueces distintos de ese cuerpo.
Si, por tanto, los tribunales de justicia han de ser considerados como los baluartes de una Constitución limitada frente a las extralimitaciones legislativas, esta consideración ofrecerá un sólido argumento a favor de la permanencia en el cargo de los jueces, ya que nada contribuirá tanto como esto a ese espíritu independiente en los magistrados que resulta esencial para el fiel cumplimiento de una labor tan ardua.
Esta independencia de los jueces es igualmente necesaria para resguardar la Constitución y los derechos de los individuos contra los efectos de aquellos malos humores que las artes de hombres especulativos, o la influencia de coyunturas particulares, a veces diseminan entre el pueblo mismo, y que, aunque ceden con rapidez ante una mejor información y una reflexión más deliberada, tienen la tendencia, entretanto, a ocasionar innovaciones peligrosas en el gobierno y graves opresiones de la parte minoritaria en la comunidad.
Aunque confío en que los amigos de la Constitución propuesta jamás coincidirán con sus enemigos,(3) al cuestionar ese principio fundamental del gobierno republicano que admite el derecho del pueblo a alterar o abolir la Constitución establecida siempre que la consideren incompatible con su felicidad, no debe inferirse de este principio que los representantes del pueblo, cuando una inclinación momentánea llegue a apoderarse de una mayoría de sus mandantes, incompatible con las disposiciones de la Constitución vigente, se justificarían por esa razón en una violación de dichas disposiciones; ni que los tribunales tendrían una obligación mayor de tolerar infracciones de esta índole que cuando hubieran provenido enteramente de las cábalas del cuerpo representativo.
Hasta que el pueblo no haya derogado o cambiado la forma establecida, mediante algún acto solemne y autoritativo, esta es vinculante para él tanto de manera colectiva como individual; y ninguna presunción, o incluso conocimiento, de sus sentimientos puede autorizar a sus representantes a apartarse de ella antes de que se produzca tal acto. Pero es fácil ver que se necesitaría una porción poco común de fortaleza en los jueces para cumplir con su deber como guardianes fieles de la Constitución, cuando las invasiones legislativas de esta hubieran sido instigadas por la voz mayoritaria de la comunidad.
Pero no es solo en vista de las infracciones de la Constitución que la independencia de los jueces puede ser un baluarte esencial contra los efectos de los malos humores pasajeros en la sociedad. Estos a veces no van más allá de lesionar los derechos privados de clases particulares de ciudadanos, mediante leyes injustas y parciales.
Aquí también la firmeza de la magistratura judicial es de vasta importancia para mitigar la severidad y limitar el alcance de tales leyes. No solo sirve para moderar los daños inmediatos de aquellas que hayan sido aprobadas, sino que actúa como un freno sobre el cuerpo legislativo al promulgarlas; el cual, al percibir que cabe esperar obstáculos para el éxito de sus intenciones inicuas por parte de los escrúpulos de los tribunales, se ve en cierto modo obligado, por los mismos motivos de la injusticia que medita, a matizar sus intentos.
Esta es una circunstancia calculada para ejercer mayor influencia sobre el carácter de nuestros gobiernos de lo que pocos alcanzan a percibir. Los beneficios de la integridad y la moderación del poder judicial ya se han dejado sentir en más de un Estado; y aunque hayan displecido a aquellos cuyas siniestras expectativas hayan defraudado, deben de haberse ganado la estima y el aplauso de todos los virtuosos y desinteresados.
Los hombres sensatos, de cualquier condición, deben valorar todo aquello que tienda a engendrar o fortalecer esa disposición en los tribunales: pues ningún hombre puede estar seguro de no ser mañana víctima de un espíritu de injusticia del que hoy tal vez resulte beneficiado. Y todos deben comprender ahora que la tendencia inevitable de semejante espíritu es socavar los cimientos de la confianza pública y privada, introduciendo en su lugar la desconfianza y la zozobra universales.
Esa adhesión inflexible y uniforme a los derechos de la Constitución y de los particulares, que consideramos indispensable en los tribunales de justicia, ciertamente no puede esperarse de jueces que ocupan sus cargos mediante un nombramiento temporal.
Periodical appointments, however regulated, or by whomsoever made, would, in some way or other, be fatal to their necessary independence.
Si el poder de hacerlas se confiara al Ejecutivo o al poder legislativo, habría peligro de una complacencia indebida hacia la rama que lo poseyera; si a ambos, habría desgana en arriesgar el desagrado de cualquiera de ellos; si al pueblo, o a personas elegidas por este con un propósito especial, habría una disposición demasiado grande a consultar la popularidad, como para justificar la confianza de que no se consultaría otra cosa que la Constitución y las leyes.
Hay todavía otra razón, de más peso, para la permanencia de los cargos judiciales, que se deduce de la naturaleza de las condiciones que exigen.
Se ha observado frecuentemente, con gran propiedad, que un código de leyes voluminoso es uno de los inconvenientes necesariamente ligados a las ventajas de un gobierno libre. Para evitar una discrecionalidad arbitraria en los tribunales, es indispensable que estos se hallen atados por reglas estrictas y precedentes, que sirvan para definir y señalar su deber en cada caso particular que se presente ante ellos; y fácilmente se comprenderá, a partir de la variedad de controversias que surgen de la insensatez y la maldad de la humanidad, que los registros de dichos precedentes deben inevitablemente alcanzar un volumen considerable y exigir un estudio prolongado y laborioso para adquirir un conocimiento competente de ellos.
De ahí resulta que en la sociedad habrá muy pocos hombres con los conocimientos legales suficientes para habilitarlos para los puestos de jueces. Y haciendo las deducciones pertinentes por la ordinaria depravación de la naturaleza humana, el número debe ser todavía menor de aquellos que reúnan la integridad requerida con los conocimientos necesarios.
Estas consideraciones nos advierten que el gobierno apenas puede tener una gran variedad de opciones entre personas idóneas; y que una duración temporal en el cargo, que naturalmente disuadiría a tales personas de abandonar una lucrativa línea de ejercicio profesional para aceptar un puesto en el tribunal, tendería a arrojar la administración de justicia en manos menos capaces y menos cualificadas para conducirla con utilidad y dignidad. En las circunstancias actuales de este país, y en las que probablemente se encuentre durante mucho tiempo en el futuro, las desventajas en este sentido serían mayores de lo que a primera vista pudiera parecer; pero debe confesarse que son muy inferiores a las que se presentan bajo los otros aspectos del asunto.
En definitiva, no puede haber lugar a dudas de que la convención obró con acierto al copiar de los modelos de aquellas constituciones que han establecido la buena conducta como la duración de sus cargos judiciales; y que, lejos de ser censurable por este motivo, su plan habría adolecido de un defecto inexcusable si le hubiera faltado este rasgo importante de un buen gobierno.
La experiencia de la Gran Bretaña ofrece un comentario ilustre sobre la excelencia de la institución.
PUBLIO
- El célebre Montesquieu, al hablar de ellos, dice:
"De los tres poderes arriba mencionados, el judicial es casi nada."—Espíritu de las Leyes. Tomo I, página 186.
- Idem, pág. 181.
- Véase la Protesta de la Minoría de la Convención de Pensilvania, el Discurso de Martin, etc.