sienten indiferencia, cuando no repugnancia, hacia el pago de la deuda interna a cualquier precio. Estos se inclinarían a magnificar las dificultades de una distribución. * Otros de ellos, un numeroso sector de cuyos ciudadanos son acreedores del público más allá de la proporción del Estado en el monto total de la deuda nacional, abogarían firmemente por alguna disposición equitativa
Las dilaciones de los primeros excitarían los resentimientos de los segundos. La adopción de una regla se pospondría, entretanto, debido a diferencias de opinión reales y a retrasos fingidos. Los ciudadanos de los Estados interesados protestarían; las potencias extranjeras exigirían la satisfacción de sus justas demandas, y la paz de los Estados se vería expuesta a la doble contingencia de la invasión externa y la contienda interna.
Supuestos superados los inconvenientes para acordar una regla, y hecho el reparto. Aun así, hay grandes motivos para suponer que la regla acordada resultaría, al experimentarla, ser más gravosa para unos Estados que para otros. Aquellos que sufrieran por ella buscarían naturalmente un alivio para su carga. Los demás se mostrarían con la misma naturalidad reacios a una revisión que probablemente terminara aumentando sus propias obligaciones. Su negativa sería un pretexto demasiado plausible para que los Estados agraviados retendrieran sus contribuciones como para no ser acogido con avidez; y el incumplimiento por parte de estos Estados de sus compromisos sería motivo de amarga discusión y disputa.
Si aun la regla adoptada justificara en la práctica la igualdad de su principio, persistirían los retrasos en los pagos por parte de algunos de los Estados como resultado de una diversidad de otras causas: la escasez real de recursos; la mala gestión de sus finanzas; los trastornos accidentales en la administración del gobierno y, además de todo lo demás, la reticencia