Del New York Packet. Martes 29 de enero de 1788.
MADISON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
REanudando el asunto del último artículo, paso a examinar si el gobierno federal o los gobiernos estatales tendrán la ventaja con respecto a la predilección y el apoyo del pueblo.
No obstante los diferentes modos en que son nombrados, debemos considerarlos a ambos como sustancialmente dependientes del gran cuerpo de los ciudadanos de los Estados Unidos. Asumo esta posición aquí en lo que respecta al primero, reservando las pruebas para otro lugar.
Los gobiernos federal y estatal no son de hecho más que diferentes agentes y fideicomisarios del pueblo, constituidos con diferentes poderes y diseñados para diferentes propósitos. Los adversarios de la Constitución parecen haber perdido de vista al pueblo por completo en sus razonamientos sobre este tema; y haber visto a estos diferentes establecimientos, no solo como mutuos rivales y enemigos, sino como libres del control de cualquier superior común en sus esfuerzos por uzurpar las autoridades el uno del otro.
A estos caballeros se les debe recordar aquí su error. Debe decirse les que la autoridad suprema, doquiera que se encuentre la derivada, reside únicamente en el pueblo, y que no dependerá meramente de la ambición o la maña comparativas de los diferentes gobiernos, el que uno u otro de ellos, o cuál de ellos, sea capaz de ampliar su esfera de jurisdicción a expensas del otro.
La verdad, ni menos que el decoro, exige que el acontecimiento en cada caso deba suponerse dependiente de los sentimientos y la sanción de sus comitentes comunes.
Muchas consideraciones, además de las sugeridas en una ocasión anterior, parecen situar fuera de toda duda que el apego primero y más natural del pueblo se dirigirá hacia los gobiernos de sus respectivos Estados.
- A la administración de estos aspirará a elevarse un mayor número de individuos.
- Del favor de estos manarán un mayor número de cargos y emolumentos.
- Bajo el cuidado vigilante de estos, se regularán y atenderán todos los intereses más domésticos y personales del pueblo.
- Con los asuntos de estos, el pueblo estará más familiar y minuciosamente familiarizado.
- Y con los miembros de estos, tendrá una mayor proporción del pueblo vínculos de conocimiento personal y amistad, y de afiliaciones familiares y partidistas; del lado de estos, por lo tanto, bien puede esperarse que se incline con más fuerza la tendencia popular.
La experiencia habla el mismo idioma en este caso. La administración federal, aunque hasta entonces muy defectuosa en comparación con lo que puede esperarse bajo un sistema mejor, tuvo, durante la guerra, y particularmente mientras el fondo independiente de emisiones de papel estuvo en crédito, una actividad y una importancia tan grandes como las que bien puede tener en cualquier circunstancia futura. Estaba empeñada, además, en una serie de medidas que tenían por objeto la protección de todo lo que era querido, y la adquisición de todo lo que podía ser deseable para el pueblo en general.
No obstante, siempre se comprobaba, una vez pasado el entusiasmo efímero por los primeros congresos, que la atención y el afecto del pueblo volvían a dirigirse hacia sus propios gobiernos particulares; que el consejo federal no fue en ningún momento el ídolo del favor popular, y que la oposición a las ampliaciones propuestas de sus poderes e importancia era la postura que solían adoptar los hombres que deseaban construir su influencia política sobre los prejuicios de sus conciudadanos.
Si, por lo tanto, como se ha observado en otra parte, el pueblo llegara en el futuro a mostrarse más favorable al gobierno federal que a los de los Estados, tal cambio solo podrá ser el resultado de pruebas tan manifiestas e irresistibles de una mejor administración, que habrán de vencer todas sus inclinaciones anteriores.
Y en ese caso, indudablemente no debe impedirse al pueblo otorgar la mayor parte de su confianza allí donde descubra que es más merecida; pero aun en ese caso los gobiernos estatales tendrían poco que temer, porque solo dentro de cierta esfera puede administrarse el poder federal ventajosamente, por la naturaleza misma de las cosas.
Los puntos restantes sobre los cuales propongo comparar los gobiernos federal y estatales son la disposición y la facultad que puedan poseer respectivamente para resistir y frustrar las medidas de uno y otro.
Ya ha quedado demostrado que los miembros del gobierno federal dependerán más de los miembros de los gobiernos estatales que estos últimos de los primeros. También ha quedado patente que las predisposiciones del pueblo, de quien dependerán ambos, se inclinarán más hacia los gobiernos estatales que hacia el gobierno federal.
En cuanto la disposición de cada uno hacia el otro pueda verse influida por estas causas, los gobiernos estatales deben llevar claramente la ventaja. Pero bajo un aspecto distinto y muy importante, la ventaja estará del mismo lado.
- Las prevenciones que los propios miembros llevarán al gobierno federal serán generalmente favorables a los Estados;
- mientras que rara vez ocurrirá que los miembros de los gobiernos estatales lleven a los consejos públicos una inclinación a favor del gobierno general.
Un espíritu local prevalecerá infaliblemente mucho más en los miembros del Congreso, que un espíritu nacional en las legislaturas de los Estados particulares. Todo el mundo sabe que una gran proporción de los errores cometidos por las legislaturas estatales proviene de la disposición de los miembros a sacrificar el interés amplio y permanente del Estado, en aras de las opiniones particulares y separadas de los condados o distritos en los que residen.
Y si no amplían suficientemente su política para abarcar el bienestar colectivo de su Estado en particular, ¿cómo puede imaginarse que harán de la prosperidad agregada de la Unión, y de la dignidad y respetabilidad de su gobierno, los objetos de sus afectos y deliberaciones?
Por la misma razón que los miembros de las legislaturas estatales difícilmente se apegarán lo suficiente a los objetivos nacionales, los miembros de la legislatura federal probablemente se apegarán demasiado a los objetivos locales. Los Estados serán para estos últimos lo que los condados y los municipios son para los primeros. Las medidas se decidirán con demasiada frecuencia según su efecto probable, no sobre la prosperidad y la felicidad nacionales, sino sobre los prejuicios, los intereses y las aspiraciones de los gobiernos y del pueblo de cada Estado.
¿Cuál es el espíritu que ha caracterizado en general las actuaciones del Congreso? Una lectura de sus actas, así como las sinceras admisiones de quienes han tenido un escaño en esa asamblea, nos informarán de que sus miembros han manifestado con demasiada frecuencia el carácter de partidarios de sus respectivos Estados, más que el de guardianes imparciales de un interés común; de que si en una ocasión se hicieron sacrificios indebidos de consideraciones locales en aras del engrandecimiento del gobierno federal, los grandes intereses de la nación han sufrido en un centenar por una atención indebida a los prejuicios, intereses y puntos de vista locales de los Estados particulares.
No pretendo con estas reflexiones insinuar que el nuevo gobierno federal no vaya a adoptar un plan político más amplio que el que haya podido seguir el gobierno actual; mucho menos, que sus miras vayan a ser tan limitadas como las de las legislaturas estatales; sino tan solo que participará lo suficiente del espíritu de ambos como para no mostrar inclinación a invadir los derechos de los Estados individuales o las prerrogativas de sus gobiernos. Los motivos por parte de los gobiernos estatales para aumentar sus prerrogativas a expensas de detracciones al gobierno federal no se verán contrarrestados por predisposiciones recíprocas en los miembros.
Si se admitiera, sin embargo, que el Gobierno federal puede sentir una disposición igual a la de los gobiernos estatales para extender su poder más allá de los límites debidos, estos últimos aún tendrían la ventaja en los medios para derrotar tales usurpaciones.
Si un acto de un Estado en particular, aunque hostil hacia el gobierno nacional, es generalmente popular en ese Estado y no viola de manera demasiado flagrante los juramentos de los funcionarios estatales, se ejecuta de inmediato y, por supuesto, mediante medios locales y que dependen únicamente del Estado. La oposición del gobierno federal, o la interposición de los funcionarios federales, no haría más que inflamar el celo de todos los partidos a favor del Estado, y el mal no podría evitarse ni remediarse, de ser posible, sin el empleo de medios a los que siempre se debe recurrir con reticencia y dificultad.
Por otra parte, si una medida injustificada del gobierno federal fuera impopular en determinados Estados —lo cual rara vez dejaría de ocurrir—, o incluso si lo fuese una medida justificada —lo que a veces puede suceder—, los medios para oponerse a ella son poderosos y están a la mano. El descontento del pueblo; su repugnancia y, tal vez, su negativa a cooperar con los funcionarios de la Unión; el ceño fruncido de la magistratura ejecutiva del Estado; los obstáculos creados por los artificios legislativos, que a menudo se sumarían en tales ocasiones, opondrían en cualquier Estado dificultades nada desdeñables; formarían, en un Estado grande, impedimentos muy serios; y cuando los sentimientos de varios Estados colindantes coincidieran por casualidad, presentarían obstrucciones que el gobierno federal difícilmente estaría dispuesto a afrontar.
Pero las ambiciosas usurpaciones del gobierno federal sobre la autoridad de los gobiernos estatales no despertarían la oposición de un solo Estado, o de unos pocos Estados solamente. Serían señales de alarma general. Cada gobierno haría suya la causa común. Se abriría una correspondencia. Se concertarían planes de resistencia. Un solo espíritu animaría y dirigiría al conjunto.
Las mismas combinaciones, en una palabra, resultarían de la aprehensión del yugo federal que las producidas por el temor al yugo extranjero; y a menos que se renuncie voluntariamente a las innovaciones proyectadas, en un caso se recurriría al mismo ensayo de la fuerza que en el otro.
Pero ¿qué grado de locura podría llevar jamás al gobierno federal a semejante extremo? En la disputa con la Gran Bretaña, una parte del imperio se empleó contra la otra. La parte más numerosa invadió los derechos de la parte menos numerosa. El intento fue injusto e imprudente; pero en teoría no era absolutamente quimérico.
Pero ¿cuál sería el litigio en el caso que suponemos? ¿Quiénes serían las partes? Unos pocos representantes del pueblo se opondrían al pueblo mismo; o más bien un grupo de representantes estaría luchando contra trece grupos de representantes, con la totalidad de sus electores comunes del lado de estos últimos.
El único refugio que les queda a quienes profetizan la ruina de los gobiernos estatales es la suposición quimérica de que el gobierno federal pueda acumular previamente una fuerza militar para sus proyectos de ambición. Los razonamientos contenidos en estos escritos se habrán empleado en vano si ahora fuera necesario refutar la realidad de este peligro.
Que el pueblo y los Estados deban, durante un período de tiempo suficiente, elegir una sucesión ininterrumpida de hombres dispuestos a traicionar a ambos; que los traidores deban, a lo largo de este período, perseguir uniforme y sistemáticamente algún plan fijo para la ampliación del establecimiento militar; que los gobiernos y el pueblo de los Estados deban contemplar silenciosa y pacientemente la tormenta que se avecina, y seguir suministrando los materiales, hasta que esté preparada para estallar sobre sus propias cabezas, debe parecerle a cualquiera más bien como los sueños incoherentes de un delirio celoso, o las exageraciones desacertadas de un celo fingido, que como las serenas aprehensiones del patriotismo genuino.
Por extravagante que sea la suposición, hágase, sin embargo. Supongámonos un ejército regular, plenamente acorde con los recursos del país, y enteramente a la disposición del gobierno federal; aun así, no sería exagerado afirmar que los gobiernos estatales, con el pueblo de su parte, serían capaces de repelere el peligro.
El número más elevado al que, según el mejor cálculo, puede elevarse un ejército permanente en cualquier país, no excede de la centésima parte del número total de almas; o de la vigésima quinta parte del número de hombres capaces de portar armas. Esta proporción no produciría, en los Estados Unidos, un ejército de más de veinticinco o treinta mil hombres. A estos se opondría una milicia que ascendería a cerca de medio millón de ciudadanos con armas en las manos, mandada por oficiales elegidos de entre ellos mismos, que lucharían por sus libertades comunes, y unida y dirigida por gobiernos que poseen su afecto y confianza. Bien puede dudarse de que una milicia en tales circunstancias pudiera ser conquistada jamás por semejante proporción de tropas regulares. Quienes están más familiarizados con la última y exitosa resistencia de este país contra las armas británicas serán los más inclinados a negar tal posibilidad.
Además de la ventaja de estar armados, que los estadounidenses poseen por encima de los habitantes de casi cualquier otra nación, la existencia de gobiernos subordinados, a los cuales el pueblo está apegado y por los cuales se nombra a los oficiales de la milicia, constituye una barrera contra las empresas de la ambición más insuperable que la que cualquier gobierno simple de cualquier forma pueda admitir. A pesar de los establecimientos militares en los diversos reinos de Europa, que se llevan tan lejos como los recursos públicos lo soportan, los gobiernos temen confiar armas al pueblo. Y no es seguro que, con esta sola ayuda, este no fuera capaz de sacudirse sus yuigos. Pero si el pueblo poseyera las ventajas adicionales de gobiernos locales elegidos por él mismo, que pudieran recopilar la voluntad nacional y dirigir la fuerza nacional, y de oficiales nombrados de entre la milicia por estos gobiernos, y apegados tanto a ellos como a la milicia, puede afirmarse con la mayor seguridad que el trono de toda tiranía en Europa sería derrocado rápidamente a pesar de las legiones que lo rodean.
No insultemos a los libres y galantes ciudadanos de América con la sospecha de que serían menos capaces de defender los derechos de los que estarían en posesión real, de lo que los envilecidos súbditos del poder arbitrario lo serían para rescatar los suyos de las manos de sus opresores. No los insultemos más bien con la suposición de que puedan reducirse jamás a la necesidad de hacer el experimento, mediante una sumisión ciega y mansa a la larga serie de medidas insidiosas que deben precederlo y producirlo.
El argumento del presente apartado puede formularse de un modo muy conciso, que parece totalmente concluyente.
- O bien el modo en que el gobierno federal ha de ser construido lo hará suficientemente dependiente del pueblo, o no lo hará.
- Según la primera suposición, dicha dependencia lo frenará de tramar proyectos aborrecibles para sus constituyentes.
- Según la otra suposición, no gozará de la confianza del pueblo, y sus planes de usurpación serán fácilmente derrotados por los gobiernos estatales, que contarán con el respaldo del pueblo.
Al resumir las consideraciones expuestas en este y en el último ensayo, parece que equivalen a la evidencia más convincente de que los poderes que se propone depositar en el gobierno federal son tan poco formidables para aquellos reservados a los Estados individuales, como son indispensablemente necesarios para lograr los propósitos de la Unión; y que todas esas alarmas que se han proclamado sobre una aniquilación meditada y consecuente de los gobiernos estatales deben atribuirse, en la interpretación más favorable, a los temores quiméricos de sus autores.
PUBLIUS Anclaje H2