From The Independent Journal. Wednesday, April 2, 1788.
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
SE HA mencionado como una de las ventajas que cabe esperar de la cooperación del Senado en el asunto de los nombramientos, que contribuiría a la estabilidad de la administración.
El consentimiento de ese cuerpo sería necesario para destituir tanto como para nombrar. Un cambio de primer magistrado, por lo tanto, no ocasionaría una revolución tan violenta ni tan general en los funcionarios del gobierno como podría esperarse si él fuera el único dispuesto de los cargos.
Donde un hombre en cualquier puesto hubiera dado pruebas satisfactorias de su aptitud para este, un nuevo presidente se vería frenado en su intento de hacer un cambio a favor de una persona que le fuera más grata, por el temor de que el rechazo del Senado frustrara el intento y acarreara cierto grado de descrédito sobre sí mismo.
Aquellos que mejor pueden calcular el valor de una administración firme, serán los más dispuestos a valorar una disposición que vincula la existencia oficial de los hombres públicos con la aprobación o desaprobación de ese cuerpo que, debido a la mayor permanencia de su propia composición, estará con toda probabilidad menos sujeto a la inconstancia que cualquier otro miembro del gobierno.
A esta unión del Senado con el Presidente, en lo relativo a los nombramientos, se ha sugerido en algunos casos que serviría para otorgar al Presidente una influencia indebida sobre el Senado, y en otros que tendría una tendencia opuesta; una prueba contundente de que ninguna de las dos sugerencias es cierta.
Exponer lo primero en su forma adecuada es refutarlo. Se reduce a lo siguiente:
el Presidente ejercería una influencia indebida sobre el Senado, debido a que el Senado tendría el poder de frenarlo.
Esto es una absurdidad en los términos. No cabe la menor duda de que la facultad absoluta de nombramiento le permitiría establecer con mucha más eficacia un imperio peligroso sobre dicho cuerpo que una mera facultad de designación sujeta al control de este.
Echemos una ojeada a la inversa de la proposición: "el Senado influirá en el Ejecutivo". Como he tenido ocasión de señalar en varios otros casos, la imprecisión de la objeción impide una respuesta exacta.
¿De qué manera ha de ejercerse esta influencia? ¿En relación con qué objetos? El poder de influir en una persona, en el sentido en que aquí se emplea, debe implicar el poder de conferirle un beneficio. ¿Cómo podría el Senado conferir un beneficio al Presidente mediante la forma de ejercer su derecho de veto sobre sus nombramientos?
Si se dijere que algunas veces podrían complacerle cediendo a una preferencia predilecta, cuando motivos públicos dictarían una conducta distinta, respondo que los casos en los que el Presidente pudiera estar personalmente interesado en el resultado serían demasiado pocos como para permitir que las complacencias del Senado le afecten sustancialmente.
El PODER que puede originar la disposición de honores y emolumentos es más propenso a atraer que a ser atraído por el PODER que tan solo puede obstaculizar su curso.
Si por influenciar al Presidente se entiende contenerlo, esto es precisamente lo que debe haberse tenido por objeto. Y se ha demostrado que la restricción sería saludable, al mismo tiempo que no sería de tal naturaleza que destruyera una sola ventaja que deba esperarse de la acción descontrolada de dicho Magistrado.
El derecho de nominación produciría todos los
(bueno, sin el mal.)(E1) (bueno en cuanto al nombramiento, y evitaría en gran medida sus males.)(E1)
Al comparar el plan para el nombramiento de los funcionarios del gobierno propuesto con el establecido por la constitución de este Estado, debe darse una preferencia decidida al primero.
En ese plan, el poder de designación está inequívocamente conferido al Ejecutivo. Y como habría la necesidad de someter cada designación al juicio de una rama entera del legislativo, las circunstancias que rodearían un nombramiento, por el modo de llevarlo a cabo, se convertirían naturalmente en asuntos de notoriedad pública; y el público no tendría dificultad alguna en determinar qué papel habría desempeñado cada uno de los actores.
- La culpa de una mala designación recaerá sobre el Presidente única y absolutamente.
- La censura por rechazar una buena recaerá enteramente sobre el Senado; agravada por la consideración de haber contrarrestado las buenas intenciones del Ejecutivo.
Si se hiciera un nombramiento desacertado, el Ejecutivo encargado de proponer y el Senado encargado de aprobar participarían, aunque en distintos grados, en el oprobio y la desgracia.
Lo inverso de todo esto caracteriza el modo de nombramiento en este Estado. El consejo de nombramientos consta de tres a cinco personas, de las cuales el gobernador es siempre una. Este pequeño cuerpo, encerrado en un apartamento privado, impenetrable a la vista del público, procede a la ejecución de la confianza que se le ha encomendado. Se sabe que el gobernador reivindica el derecho de nominación, basándose en algunas expresiones ambiguas de la constitución; pero no se sabe hasta qué punto, ni de qué manera lo ejerce; ni en qué ocasiones es contradicho u opuesto. La censura de un mal nombramiento, debido a la incertidumbre de su autor y a la falta de un objeto determinado, no tiene ni mordacidad ni duración. Y mientras se abre un campo ilimitado para la intriga y el teje y maneje, se pierde toda idea de responsabilidad.
Lo más que el público puede saber es que el gobernador se arroga el derecho de designación; que a dos de los escasos cuatro miembros demasiadas veces se les puede manejar sin mucha dificultad; que si algunos de los integrantes de un consejo en particular resultan ser de carácter intransigente, a menudo no es imposible deshacerse de su oposición programando las reuniones de tal manera que su asistencia sea inconveniente; y que, por el motivo que fuere, se hacen de vez en cuando un gran número de nombramientos sumamente ineptos.
Ya sea que el gobernador de este Estado se valga de la influencia que necesariamente posee, en esta delicada e importante parte de la administración, para preferir en los cargos a los hombres mejor calificados para ellos, o ya sea que prostituya esa ventaja para promover a personas cuyo principal mérito es su devoción implícita a su voluntad, y para el apoyo de un sistema deleznable y peligroso de influencia personal, son cuestiones que, desafortunadamente para la comunidad, solo pueden ser objeto de especulación y conjetura.
Todo mero consejo de nombramiento, por bien constituido que esté, será un cónclave en el que la cábala y la intriga tendrán vía libre. Su número, sin un aumento injustificado de los gastos, no puede ser lo suficientemente grande como para impedir la facilidad de combinación. Y como cada miembro tendrá amigos y allegados a quienes colocar, el deseo de complacencia mutua engendrará un escandaloso trueque de votos y negociaciones por cargos. Las afecciones privadas de un solo hombre podrían satisfacerse fácilmente; pero satisfacer las afecciones privadas de una docena, o de veinte hombres, provocaría un monopolio de todos los empleos principales del gobierno en unas pocas familias, y conduciría de manera más directa a una aristocracia o a una oligarquía que cualquier otra medida que pudiera idearse.
Si, para evitar una acumulación de cargos, hubiera de haber un cambio frecuente en las personas que iban a componer el consejo, esto acarrearía los perjuicios de una administración variable en toda su extensión. Tal consejo también sería más propenso a la influencia ejecutiva que el Senado, porque su número sería menor y actuaría de forma menos directa bajo la inspección pública.
Un consejo de esta índole, en fin, como sustituto del plan de la convención, daría lugar a un aumento de gastos, a una multiplicación de los males que surgen del favoritismo y la intriga en la distribución de los honores públicos, a una disminución de la estabilidad en la administración del gobierno y a una merma en la seguridad contra una influencia indebida del Ejecutivo. Y, sin embargo, se ha defendido con entusiasmo un consejo semejante por considerarlo una enmienda esencial en la Constitución propuesta.
No podría concluir con propiedad mis observaciones sobre el tema de los nombramientos sin prestar atención a un proyecto que ha tenido algunos defensores, aunque pocos; me refiero al de asociar a la Cámara de Representantes en el poder de hacerlos.
No haré, sin embargo, mucho más que mencionarlo, ya que no puedo imaginar que sea probable que obtenga el favor de ninguna parte considerable de la comunidad.
- Un cuerpo tan fluctuante y al mismo tiempo tan numeroso jamás puede considerarse adecuado para el ejercicio de ese poder.
- Su ineptitud se hará evidente para todos si se recuerda que en medio siglo puede estar compuesto de tres o cuatrocientas personas.
- Todas las ventajas de la estabilidad, tanto del Ejecutivo como del Senado, se verían anuladas por esta unión, y se ocasionarían infinitas demoras y perplejidades.
El ejemplo de la mayor parte de los Estados en sus constituciones locales nos anima a reprobar la idea.
Las únicas facultades restantes del Ejecutivo se comprenden en dar información al Congreso sobre el estado de la Unión; en recomendar a su consideración aquellas medidas que juzgue convenientes; en convocarlos, o a cualquiera de sus cámaras, en ocasiones extraordinarias; en aplazar sus sesiones cuando ellos mismos no puedan ponerse de acuerdo sobre el momento del aplazamiento; en recibir embajadores y otros ministros públicos; en ejecutar fielmente las leyes; y en otorgar nombramientos a todos los funcionarios de los Estados Unidos.
Salvo algunas objeciones mezquinas sobre la facultad de convocar a cualquiera de las cámaras del poder legislativo y la de recibir embajadores, no se ha hecho ningún reparo a esta clase de atribuciones, ni cabría admitir ninguno. En verdad, se requería una avidez insaciable de censura para inventar excepciones a los puntos que han sido objetados.
Por lo que respecta al poder de convocar a cualquiera de las Cámaras del poder legislativo, apenas haré la observación de que, al menos por lo que se refiere al Senado, podemos descubrir fácilmente una buena razón para ello. Como este cuerpo tiene un poder concurrente con el Ejecutivo en el artículo de los tratados, a menudo podría ser necesario convocarlo con vistas a este objetivo, cuando sería innecesario e impropio convocar a la Cámara de Representantes.
En cuanto a la recepción de embajadores, lo que he dicho en un escrito anterior ofrecerá una respuesta suficiente.
Hemos completado ya un examen de la estructura y las facultades del departamento ejecutivo, el cual, según me he esforzado en demostrar, reúne, hasta donde los principios republicanos lo permiten, todos los requisitos para la energía. La pregunta restante es: ¿Reúne también los requisitos para la seguridad, en un sentido republicano —una debida dependencia del pueblo, una debida responsabilidad—?
La respuesta a esta pregunta ha sido anticipada en la investigación de sus otras características, y se deduce satisfactoriamente de estas circunstancias: de la elección del Presidente cada cuatro años por personas elegidas directamente por el pueblo para tal fin; y de que esté en todo momento sujeto a acusación constitucional (impeachment), juicio, destitución de su cargo, incapacidad para servir en cualquier otro, y a la pérdida de la vida y de los bienes mediante un proceso posterior según el curso ordinario de la ley.
Pero estas precauciones, por grandes que sean, no son las únicas que el plan de la convención ha previsto en favor de la seguridad pública. En los únicos casos en los que el abuso de la autoridad ejecutiva era de temerse materialmente, el Magistrado Supremo de los Estados Unidos estaría, según dicho plan, sujeto al control de una rama del cuerpo legislativo. ¿Qué más podría desear un pueblo ilustrado y razonable?
PUBLIO
E1. Estos dos finales alternativos de esta oración aparecen en diferentes ediciones.