Para el Independent Journal. Miércoles, 6 de febrero de 1788.
MADISON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
¿A qué recurso, pues, habremos de recurrir finalmente para mantener en la práctica la necesaria división del poder entre los diversos departamentos, tal como lo establece la Constitución?
La única respuesta que puede darse es que, como todas estas disposiciones exteriores resultan inadecuadas, el defecto debe suplirse ideando la estructura interior del gobierno de tal manera que sus distintas partes constitutivas puedan, mediante sus relaciones mutuas, ser el medio para mantenerse cada una en su propio lugar.
Sin pretender emprender un desarrollo completo de esta importante idea, me arriesgaré a hacer algunas observaciones generales, que tal vez puedan presentarla bajo una luz más clara y permitirnos formar un juicio más correcto sobre los principios y la estructura del gobierno proyectado por la convención.
Para sentar la base debida de ese ejercicio separado y distinto de los diferentes poderes del gobierno, que hasta cierto punto es admitido por todos como esencial para la conservación de la libertad, es evidente que cada departamento debe tener una voluntad propia; y consecuentemente debe estar constituido de tal manera que los miembros de cada uno tengan la menor participación posible en el nombramiento de los miembros de los demás.
Si este principio se rigiera estrictamente, exigiría que todos los nombramientos para las magistraturas suprema ejecutiva, legislativa y judicial se obtuvieran de la misma fuente de autoridad, el pueblo, a través de canales que no tuvieran comunicación alguna entre sí.
Tal vez semejante plan de construcción de los diversos departamentos resulte menos difícil en la práctica de lo que parezca en la teoría. Algunas dificultades, sin embargo, y algunos gastos adicionales acompañarían su ejecución. Habrá de admitirse, por tanto, alguna desviación del principio.
En la constitución del departamento judicial en particular, podría ser poco conveniente insistir rigurosamente en el principio:
- primero, porque siendo esenciales aptitudes peculiares en los miembros, la consideración primordial debe ser seleccionar aquel modo de elección que garantice mejor dichas aptitudes;
- segundo, porque la permanencia en el cargo con la que se realizan los nombramientos en ese departamento debe destruir pronto todo sentido de dependencia respecto a la autoridad que los confiere.
Es igualmente evidente que los miembros de cada departamento deben depender lo menos posible de los de los otros en cuanto a los emolumentos anejos a sus cargos. Si el magistrado ejecutivo o los jueces no fuesen independientes del poder legislativo en este aspecto, su independencia en cualquier otro sería meramente nominal.
Pero la gran seguridad contra una concentración gradual de los diversos poderes en el mismo departamento consiste en dar a quienes administran cada departamento los medios constitucionales y los motivos personales necesarios para resistir las usurpaciones de los demás.
Las medidas de defensa deben, en este como en todos los demás casos, proporcionarse al peligro del ataque. Es preciso hacer que la ambición contrarreste a la ambición. El interés del hombre debe estar vinculado a los derechos constitucionales del lugar.
Puede ser un reflejo de la naturaleza humana el que tales dispositivos sean necesarios para controlar los abusos del gobierno. Pero ¿qué es el gobierno en sí mismo, sino el mayor de todos los reflejos de la naturaleza humana?
- Si los hombres fuesen ángeles, ningún gobierno sería necesario.
- Si los ángeles fuesen a gobernar a los hombres, ni los controles externos ni los internos sobre el gobierno serían necesarios.
Al estructurar un gobierno que ha de ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad radica en esto: primero debe habilitarse al gobierno para controlar a los gobernados; y en segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo.
Una dependencia del pueblo es, sin duda, el control primario del gobierno; pero la experiencia le ha enseñado a la humanidad la necesidad de precauciones auxiliares.
Esta política de suplir, mediante intereses opuestos y rivales, el defecto de mejores motivos, podría rastrearse a través de todo el sistema de los asuntos humanos, tanto privados como públicos.
Lo vemos manifestado en particular en todas las distribuciones subordinadas de poder, donde el propósito constante es dividir y disponer los diversos cargos de tal manera que cada uno pueda ser un freno para el otro; que el interés privado de cada individuo sea un centinela de los derechos públicos.
Estas invenciones de la prudencia no pueden ser menos indispensables en la distribución de los poderes supremos del Estado.
Pero no es posible conferir a cada departamento un poder igual de autodefensa. En el gobierno republicano, la autoridad legislativa predomina necesariamente. El remedio para este inconveniente consiste en dividir el legislativo en diferentes ramas; y en hacerlas, mediante distintos modos de elección y diferentes principios de acción, tan poco conectadas entre sí como lo permitan la naturaleza de sus funciones comunes y su dependencia común de la sociedad.
Puede incluso ser necesario protegerse contra las incursiones peligrosas mediante precauciones aún mayores. Así como el peso de la autoridad legislativa exige que esté así dividida, la debilidad del poder ejecutivo puede exigir, por otra parte, que sea fortalecido.
Un negativo absoluto sobre la legislatura parece, a primera vista, ser la defensa natural con la que el magistrado ejecutivo debería estar armado. Pero tal vez no sería ni del todo seguro ni suficiente por sí solo. En ocasiones ordinarias podría no ejercerse con la firmeza requerida, y en ocasiones extraordinarias podría ser pérfidamente abusado.
¿No podrá suplirse este defecto de un negativo absoluto mediante alguna conexión calificada entre este departamento más débil y la rama más débil del departamento más fuerte, por la cual esta última pueda ser inducida a apoyar los derechos constitucionales de la primera, sin estar demasiado alejada de los derechos de su propio departamento?
Si los principios en que se fundan estas observaciones son justos, como me persuade a mí mismo que lo son, y se aplican como criterio a las diversas constituciones estatales y a la Constitución federal, se descubrirá que, si esta última no se corresponde perfectamente con ellos, las primeras son infinitamente menos capaces de soportar tal prueba.
Hay, además, dos consideraciones particularmente aplicables al sistema federal de América, que colocan a dicho sistema en un punto de vista muy interesante.
First. In a single republic, all the power surrendered by the people is submitted to the administration of a single government; and the usurpations are guarded against by a division of the government into distinct and separate departments.
En la república compuesta de América, el poder cedido por el pueblo se divide primero entre dos gobiernos distintos, y luego la porción asignada a cada uno se subdivide entre departamentos distintos y separados.
De aquí resulta una doble seguridad para los derechos del pueblo. Los diferentes gobiernos se controlarán unos a otros, al mismo tiempo que cada uno será controlado por sí mismo.
Segundo. Es de gran importancia en una república no solo resguardar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino resguardar a una parte de la sociedad contra la injusticia de la otra parte. Necesariamente existen diferentes intereses en las distintas clases de ciudadanos. Si una mayoría se une por un interés común, los derechos de la minoría no estarán seguros. No hay más que dos métodos para precaver este mal: el uno, creando una voluntad en la comunidad independiente de la mayoría —es decir, de la sociedad misma—; el otro, abarcando en la sociedad tantas clases diferentes de ciudadanos que hagan que una combinación injusta de la mayoría del total sea muy improbable, si no impracticable.
El primer método prevalece en todos los gobiernos que poseen una autoridad hereditaria o autoproclamada. Esta, en el mejor de los casos, no es más que una seguridad precaria; porque un poder independiente de la sociedad puede tanto secundar los puntos de vista injustos de la facción mayoritaria como los intereses legítimos de la minoritaria, y posiblemente volverse contra ambas partes.
El segundo método se ejemplificará en la república federal de los Estados Unidos. Si bien toda la autoridad en ella derivará de la sociedad y dependerá de ella, la sociedad misma estará dividida en tantas partes, intereses y clases de ciudadanos que los derechos de los individuos, o de la minoría, correrán poco peligro a causa de combinaciones interesadas de la mayoría. En un gobierno libre, la garantía de los derechos civiles debe ser la misma que la de los derechos religiosos. Consiste, en un caso, en la multiplicidad de intereses y, en el otro, en la multiplicidad de sectas. El grado de seguridad en ambos casos dependerá del número de intereses y sectas; y cabe presumir que esto dependerá de la extensión del país y del número de personas comprendidas bajo el mismo gobierno. Esta perspectiva del tema debe recomendar particularmente un sistema federal adecuado a todos los amigos sinceros y prudentes del gobierno republicano, ya que demuestra que, en exacta proporción a como el territorio de la Unión se divida en Confederacias o Estados más circunscritos, se facilitarán las combinaciones opresivas de una mayoría: la mejor garantía, bajo las formas republicanas, para los derechos de cada clase de ciudadanos se verá disminuida; y, en consecuencia, la estabilidad y la independencia de algún miembro del gobierno —la única otra garantía— deberán incrementarse proporcionalmente.
La justicia es el fin del gobierno. Es el fin de la sociedad civil. Siempre ha sido y será perseguida hasta que se obtenga, o hasta que la libertad se pierda en esa búsqueda. En una sociedad bajo cuyas formas la facción más fuerte puede unirse fácilmente y oprimir a la más débil, puede decirse con tanta verdad que reina la anarquía como en un estado de naturaleza, donde el individuo más débil no está protegido contra la violencia del más fuerte; y así como, en este último estado, aun los individuos más fuertes son impelidos, por la incertidumbre de su condición, a someterse a un gobierno que proteja tanto a los débiles como a sí mismos; así también, en el primer estado, las facciones o partidos más poderosos serán gradualmente inducidos, por un motivo similar, a desear un gobierno que proteja a todos los partidos, a los más débiles así como a los más poderosos.
Pocas dudas puede caber de que si el Estado de Rhode Island fuera separado de la Confederación y dejado a sí mismo, la inseguridad de los derechos bajo la forma popular de gobierno dentro de límites tan estrechos se vería manifestada por tales repetidas opresiones de mayorías fajosas que algún poder totalmente independiente del pueblo pronto sería reclamado por la voz de las mismas facciones cuyo mal gobierno habría demostrado la necesidad de este.
En la amplia república de los Estados Unidos, y entre la gran variedad de intereses, partidos y sectas que abarca, una coalición de la mayoría de toda la sociedad rara vez podría tener lugar sobre otros principios que no fueran los de la justicia y el bien general; al mismo tiempo que, habiendo así menos peligro para una minoría por parte de la voluntad de un partido mayoritario, debe haber también menos pretexto para proveer a la seguridad de la primera introduciendo en el gobierno una voluntad no dependiente de la segunda, o, en otras palabras, una voluntad independiente de la propia sociedad. Es tan cierto como importante, a pesar de las opiniones contrarias que se han sostenido, que cuanto mayor sea la sociedad, siempre que se encuentre dentro de una esfera práctica, más capaz será debidamente del autogobierno. Y felizmente para la CAUSA REPUBLICANA, la esfera practicable puede llevarse a un grado muy considerable mediante una modificación y mezcla juiciosas del PRINCIPIO FEDERAL.
PUBLIUS Anclaje H2