From The Independent Journal. Wednesday, March 19, 1788.
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
La administración del gobierno, en su sentido más amplio, comprende todas las operaciones del cuerpo político, ya sean legislativas, ejecutivas o judiciales; pero en su acepción más usual, y tal vez la más precisa, se limita a los detalles ejecutivos y cae peculiarmente dentro de la competencia del departamento ejecutivo.
La conducta efectiva de las negociaciones extranjeras, los planes preparatorios de hacienda, la aplicación y desembolso de los caudales públicos de conformidad con las asignaciones generales de la legislatura, la disposición del ejército y de la marina, la dirección de las operaciones de guerra —éstos y otros asuntos de naturaleza semejante— constituyen lo que parece entenderse más propiamente por la administración del gobierno.
Las personas, por lo tanto, a cuya gestión inmediata se confían estos diferentes asuntos, deben ser consideradas como los ayudantes o diputados del magistrado principal, y por esta razón, deben derivar sus cargos de su nombramiento, al menos de su designación, y deben estar sujetas a su superintendencia.
Esta perspectiva del asunto nos sugerirá de inmediato la íntima conexión entre la duración del magistrado ejecutivo en su cargo y la estabilidad del sistema de administración. Revertir y deshacer lo que ha sido hecho por un predecesor es considerado muy a menudo por un sucesor como la mejor prueba que puede dar de su propia capacidad y merecimiento; y además de esta propensión, cuando la alteración ha sido el resultado de la elección pública, la persona sustituida está autorizada a suponer que la destitución de su predecesor ha provenido de una aversión a sus medidas; y que cuanto menos se le parezca, más se recomendará a sí misma ante el favor de sus constituyentes.
Estas consideraciones, y la influencia de las confidencias y los afectos personales, probablemente inducirían a cada nuevo Presidente a promover un cambio de hombres para ocupar los puestos subalternos; y estas causas juntas no dejarían de ocasionar una vergonzosa y ruinosa mutabilidad en la administración del gobierno.
Con una duración positiva de considerable extensión, conecto la circunstancia de la reelegibilidad.
- La primera es necesaria para infundir en el propio funcionario la inclinación y la resolución de desempeñar bien su papel, y para dar a la comunidad el tiempo y el margen necesarios para observar la tendencia de sus medidas y formarse así una estimación empírica de sus méritos.
- La última es necesaria para permitir que el pueblo, cuando encuentre motivos para aprobar su conducta, lo mantenga en su puesto, a fin de prolongar la utilidad de sus talentos y virtudes, y de asegurar al gobierno la ventaja de la permanencia en un sistema de administración prudente.
Nada parece más plausible a primera vista, ni más infundado a una inspección detallada, que un proyecto que en relación con el punto actual ha tenido algunos defensores respetables —me refiero al de mantener al magistrado principal en el cargo durante un tiempo determinado, y luego excluirlo del mismo, ya sea por un período limitado o para siempre jamás—. Esta exclusión, ya sea temporal o perpetua, tendría casi los mismos efectos, y estos efectos serían en su mayor parte más perjudiciales que salutarios.
Un efecto nocivo de la exclusión sería la disminución de los incentivos para el buen comportamiento. Son pocos los hombres que no sentirían mucho menos celo en el cumplimiento de un deber al ser conscientes de que las ventajas del cargo con el que está relacionado deben abandonarse en un período determinado, que cuando se les permite albergar la esperanza de obtener, al merecerlo, su continuidad.
Esta posición no será disputada mientras se admita que el deseo de recompensa es uno de los incentivos más fuertes de la conducta humana; o que la mejor garantía para la fidelidad de la humanidad es hacer que sus intereses coincidan con su deber.
Aun el amor a la gloria, la pasión dominante de las mentes más nobles, que impulsaría a un hombre a planear y emprender empresas vastas y arduas en beneficio público, que exigen un tiempo considerable para madurarlas y perfeccionarlas, si pudiera abrigar la lisonjera esperanza de que se le permitiría terminar lo que había comenzado, le disuadirá, por el contrario, de acometer la empresa cuando presagie que habrá de abandonar la escena antes de poder consumar la obra, y deberá encomendarla, junto con su propia reputación, a manos que pudieran ser ineptas u hostiles para la tarea.
Lo más que puede esperarse de la generalidad de los hombres, en tal situación, es el mérito negativo de no hacer daño, en lugar del mérito positivo de hacer el bien.
Otro efecto nocivo de la exclusión sería la tentación a puntos de vista sórdidos, a la malversación y, en algunos casos, a la usurpación.
Un hombre avaro, que pudiera llegar a ocupar el cargo, anticipando el momento en que de todos modos tendría que ceder los emolumentos de los que disfrutaba, sentiría una propensión, no fácil de resistir por un hombre así, a aprovechar al máximo la oportunidad de la que gozaba mientras durara, y podría no vacilar en recurrir a los expedientes más corruptos para hacer que la cosecha fuera tan abundante como transitoria; aunque el mismo hombre, probablemente con una perspectiva diferente ante sí, podría conformarse con los emolumentos regulares de su situación, y tal vez incluso se mostraría reacio a arriesgar las consecuencias de un abuso de sus oportunidades.
Su avaricia podría ser una salvaguarda contra su avaricia.
A esto se añade que el mismo hombre podía ser vano o ambicioso, además de avaricioso. Y si pudiera esperar prolongar sus honores mediante su buena conducta, tal vez dudaría en sacrificar su apetito por ellos en aras de su apetito por el lucro. Pero ante la perspectiva de una aniquilación inminente que se avecina, lo más probable es que su avaricia venciera a su cautela, a su vanidad o a su ambición.
Un hombre ambicioso también, cuando se encontrara sentado en la cúspide de los honores de su país, cuando mirara hacia el momento en que habría de descender de tan encumbrada eminencia para siempre, y reflexionara que ningún esfuerzo de mérito por su parte podría salvarlo de tan indeseado revés; un hombre así, en semejante situación, se sentiría mucho más violentamente tentado a aprovechar una coyuntura favorable para intentar la prolongación de su poder, a riesgo de cualquier peligro personal, que si tuviera la probabilidad de alcanzar el mismo fin cumpliendo con su deber.
¿Promovería la paz de la comunidad o la estabilidad del gobierno el tener a media docena de hombres que hubieran tenido el crédito suficiente para ser elevados al solio de la suprema magistratura, deambulando entre el pueblo como fantasmas descontentos y suspirando por un puesto que estaban destinados a no volver a poseer jamás?
Un tercer efecto nocivo de la exclusión sería privar a la comunidad de la ventaja de la experiencia adquirida por el magistrado principal en el ejercicio de su cargo.
Que la experiencia es madre de la sabiduría es un refrán cuya verdad reconocen tanto los más sabios como los más simples de la humanidad.
¿Qué hay más deseable o más esencial que esta cualidad en los gobernantes de las naciones? ¿Dónde es más deseable o más esencial que en el primer magistrado de una nación? ¿Puede ser prudente proscribir esta cualidad deseable y esencial en la Constitución, y declarar que en el momento en que se adquiere, su poseedor será obligado a abandonar el puesto en el que la adquirió y para el cual es apto?
Este, sin embargo, es el sentido preciso de todas aquellas regulaciones que excluyen a los hombres de servir a su país, por elección de sus conciudadanos, después de que se han preparado mediante una trayectoria de servicio para hacerlo con un mayor grado de utilidad.
Un cuarto efecto pernicioso de la exclusión sería el apartar a los hombres de puestos en los cuales, en ciertas emergencias del Estado, su presencia podría ser de la mayor importancia para el interés o la seguridad públicos. No hay nación que no haya experimentado, en uno u otro momento, la necesidad absoluta de los servicios de determinados hombres en determinadas situaciones; tal vez no sería exagerado afirmar que para la preservación de su existencia política.
¡Qué imprudente, por consiguiente, debe ser toda ordenanza de abnegación semejante que sirva para prohibir a una nación hacer uso de sus propios ciudadanos de la manera que mejor se adapte a sus exigencias y circunstancias!
Sin suponer la esencialidad personal del hombre, es evidente que el cambio del primer magistrado, al estallar una guerra o en cualquier crisis similar, por otro, aun de igual mérito, sería en todo momento perjudicial para la comunidad, en la medida en que sustituiría la inexperiencia por la experiencia, y tendería a desestabilizar y poner a la deriva el curso ya establecido de la administración.
Un quinto efecto nocivo de la exclusión sería que obraría como una prohibición constitucional de la estabilidad en la administración. Al hacer necesario un cambio de hombres en el primer cargo de la nación, haría necesaria una mutabilidad de medidas. Por lo general, no es de esperar que los hombres varíen y las medidas permanezcan uniformes. Lo contrario es el curso habitual de las cosas. Y no debemos temer que haya demasiada estabilidad mientras exista incluso la opción de cambiar; ni debemos desear prohibir al pueblo que continúe su confianza donde cree que puede depositarse con seguridad, y donde, mediante la constancia de su parte, pueda evitar los inconvenientes fatales de unos consejos fluctuantes y una política variable.
Estos son algunos de los inconvenientes que se desprenderían del principio de exclusión. Se aplican con mayor fuerza al sistema de una exclusión perpetua; pero cuando consideramos que incluso una exclusión parcial haría siempre de la readmisión de la persona un objetivo remoto y precario, las observaciones que se han hecho se aplicarán casi con la misma plenitud a un caso que al otro.
¿Cuáles son las ventajas prometidas para contrarrestar estas desventajas?
Se representan como:
- 1.º, mayor independencia en el magistrado;
- 2.º, mayor seguridad para el pueblo.
A menos que la exclusión sea perpetua, no habrá pretexto para deducir la primera ventaja. Pero aun en ese caso, ¿no podrá tener ningún objetivo más allá de su puesto actual, al cual pueda sacrificar su independencia? ¿No podrá tener conexiones, ni amigos, por quienes sacrificarla? ¿No estará acaso menos dispuesto, mediante una conducta firme, a crearse enemigos personales, cuando actúa bajo la impresión de que se acerca rápidamente el momento en el cual, a su llegada, no solo PUEDE, sino que DEBE quedar expuesto a sus resentimientos, en un plano de igualdad, o tal vez de inferioridad? No es un punto fácil de determinar si su independencia se vería más favorecida o menoscabada por semejante disposición.
En cuanto a la segunda supuesta ventaja, hay motivos aún mayores para albergar dudas al respecto.
Si la exclusión hubiese de ser perpetua, un hombre de ambición desordenada, respecto del cual únicamente cabría en cualquier caso albergar temores, se sometería con infinita repugnancia a la necesidad de despedirse para siempre de un cargo en el que su pasión por el poder y la preeminencia hubiese adquirido la fuerza de la costumbre.
Y si hubiera sido lo suficientemente afortunado o diestro como para granjearse la buena voluntad del pueblo, podría inducirle a considerar como una coacción muy odiosa e injustificable para consigo mismo una disposición destinada a privarle del derecho de dar una nueva prueba de su afecto a un favorito.
Pueden concebirse circunstancias en las cuales este disgusto del pueblo, secundando la frustrada ambición de tal favorito, podría ocasionar un peligro mayor para la libertad del que jamás podría temerse razonablemente de la posibilidad de una perpetuación en el cargo, mediante los sufragios voluntarios de la comunidad, en ejercicio de un privilegio constitucional.
Hay un exceso de refinamiento en la idea de inhabilitar al pueblo para continuar en sus cargos a los hombres que se habían hecho acreedores, en su opinión, a la aprobación y a la confianza; cuyas ventajas son a lo sumo especulativas y equívocas, y se ven superadas por desventajas mucho más ciertas y decisivas.
PUBLIUS Anclaje H2