Considerado para el Independent Journal del miércoles 20 de febrero de 1788.
MADISON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
EL cargo restante contra la Cámara de Representantes, que voy a examinar, se funda en la suposición de que el número de miembros no aumentará de tiempo en tiempo, a medida que el crecimiento de la población lo exija.
Se ha admitido que esta objeción, de estar bien fundamentada, tendría mucho peso. Las siguientes observaciones demostrarán que, al igual que la mayoría de las demás objeciones contra la Constitución, solo puede provenir de una visión parcial del asunto, o de un recelo que deforma y desfigura todo objeto que se contempla.
- Los que instan la objeción parecen no haber recordado que la Constitución federal no sale perdiendo en una comparación con las constituciones estatales, en lo que respecta a la seguridad prevista para un aumento gradual del número de representantes. El número que ha de imperar en un principio se declara temporal. Su duración está limitada al corto plazo de tres años.
Dentro de cada período sucesivo de diez años debe repetirse un censo de los habitantes. Los objetivos inequívocos de estas regulaciones son, primero, reajustar, de tiempo en tiempo, el prorrateo de los representantes al número de habitantes, bajo la única excepción de que cada Estado tendrá al menos un representante; segundo, aumentar el número de representantes en los mismos períodos, bajo la única limitación de que el número total no exceda de uno por cada treinta mil habitantes.
Si examinamos las constituciones de los distintos Estados, veremos que algunas de ellas no contienen regulaciones determinadas sobre este tema, que otras coinciden bastante en este punto con la Constitución federal y que la seguridad más eficaz en cualquiera de ellas se reduce a una mera disposición directiva.
- Por lo que la experiencia ha demostrado en este asunto, un aumento gradual de los representantes según las constituciones estatales ha marchado al menos al mismo ritmo que el de los electores, y parece que aquellos han estado tan dispuestos a concurrir en tales medidas como estos a reclamarlas.
- Hay una peculiaridad en la Constitución federal que garantiza una atención vigilante por parte de una mayoría, tanto del pueblo como de sus representantes, respecto a un aumento constitucional de estos últimos. La peculiaridad radica en esto: que una rama del poder legislativo es una representación de los ciudadanos, y la otra de los Estados; en la primera, por consiguiente, los Estados más grandes tendrán mayor peso; en la segunda, la ventaja estará a favor de los Estados más pequeños. De esta circunstancia se puede inferir con certeza que los Estados más grandes serán firmes defensores de aumentar el número y el peso de aquella parte del poder legislativo en la que su influencia predomina. Y da la casualidad de que solo cuatro de los más grandes tendrán la mayoría de todos los votos en la Cámara de Representantes. Si los representantes o el pueblo de los Estados más pequeños se opusieran, por lo tanto, en algún momento a una adición razonable de miembros, una coalición de muy pocos Estados será suficiente para anular la oposición; una coalición que, a pesar de la rivalidad y los prejuicios locales que pudieran prevenirla en ocasiones ordinarias, no dejaría de producirse, cuando no solo es impulsada por el interés común, sino justificada por la equidad y los principios de la Constitución.
Tal vez se alegue que el Senado sería impulsado por motivos similares a una coalición adversa; y como su concurrencia sería indispensable, los puntos de vista justos y constitucionales de la otra rama podrían verse frustrados.
Esta es la dificultad que probablemente ha suscitado los temores más graves en los celosos defensores de una representación numerosa. Afortunadamente, se cuenta entre aquellas dificultades que, al existir sólo en apariencia, se desvanecen tras un examen detenido y minucioso. Las siguientes reflexiones, si no me equivoco, serán consideradas concluyentes y satisfactorias sobre este punto.
No obstante la igualdad de autoridad que subsistirá entre ambas cámaras en todos los asuntos legislativos, con excepción de la iniciativa de las leyes de presupuestos, no puede dudarse de que la Cámara, compuesta por el mayor número de miembros, cuando esté respaldada por los Estados más poderosos y exprese el sentido conocido y decidido de una mayoría del pueblo, tendrá una ventaja considerable en una cuestión que dependa de la firmeza comparativa de las dos cámaras.
Esta ventaja debe verse acrecentada por la conciencia, sentida por el mismo bando, de verse respaldado en sus demandas por el derecho, por la razón y por la Constitución; y por la conciencia, en el bando opuesto, de estar luchando contra la fuerza de todas estas solemnes consideraciones.
Ha de considerarse además que, en la gradación entre los Estados más pequeños y los más grandes, hay varios que, aunque con toda probabilidad habrán de inclinarse en general por los primeros, no se distancian lo suficiente en extensión y población de los segundos como para respaldar una oposición a sus justas y legítimas pretensiones.
Por tanto, no es en absoluto seguro que una mayoría de votos, ni siquiera en el Senado, fuera contraria a los aumentos adecuados en el número de representantes.
No será ir demasiado lejos añadir que los senadores de todos los nuevos Estados podrán ser ganados para las justas miras de la Cámara de Representantes, mediante un expediente demasiado obvio como para pasar por alto.
Como estos Estados van a experimentar, durante mucho tiempo, un aumento de población con una rapidez peculiar, les interesará que haya frecuentes reasignaciones de los representantes con respecto al número de habitantes.
Los grandes Estados, por lo tanto, que prevalecerán en la Cámara de Representantes, no tendrán más que hacer que convertir las redistribuciones y los aumentos en condiciones mutuas entre sí; y los senadores de todos los Estados en mayor crecimiento se verán obligados a luchar por esto último, por el interés que sus Estados sentirán por lo primero.
Estas consideraciones parecen ofrecer amplias garantías sobre este tema, y debieran por sí solas disipar todas las dudas y temores que se han manifestado al respecto.
Admitiendo, sin embargo, que todas ellas fueren insuficientes para doblegar la injusta política de los Estados menores, o su influencia predominante en los consejos del Senado, aún queda a los Estados mayores un recurso constitucional e infalible, mediante el cual podrán en todo momento alcanzar sus justos propósitos.
La Cámara de Representantes no solo puede negar, sino que ella sola puede proponer los fondos necesarios para el sostenimiento del gobierno. Ella, en una palabra, tiene la bolsa —ese poderoso instrumento mediante el cual vemos, en la historia de la Constitución británica, cómo una representación del pueblo incipiente y humilde fue ampliando gradualmente la esfera de su actividad e importancia, hasta reducir finalmente, en la medida en que parece haberlo deseado, todas las prerrogativas desmedidas de las demás ramas del gobierno.
Este poder sobre la bolsa puede, de hecho, considerarse como el arma más completa y eficaz con que cualquier constitución puede armar a los representantes inmediatos del pueblo, para obtener la reparación de todos los agravios y para llevar a cabo toda medida justa y salubre.
Pero ¿no estará la Cámara de Representantes tan interesada como el Senado en mantener al gobierno en sus funciones propias, y no se mostrará por tanto reacia a jugarse su existencia o su reputación a la docilidad del Senado?
O, si se arriesgara una prueba de firmeza semejante entre las dos ramas, ¿no sería tan probable que la una cediera primero como la otra?
Estas cuestiones no ofrecerán ninguna dificultad a quienes reflexionen que, en todos los casos, cuanto menor sea el número y más permanente y conspicua la posición de los hombres en el poder, tanto mayor será el interés que sentirán individualmente por todo lo que concierne al gobierno.
Aquellos que representan la dignidad de su país ante los ojos de otras naciones, serán particularmente sensibles a cualquier perspectiva de peligro público, o de estancamiento deshonroso en los asuntos públicos.
A estas causas debemos atribuir el continuo triunfo de la Cámara de los Comunes británica sobre las demás ramas del gobierno, siempre que se ha empleado el recurso de un proyecto de ley de presupuestos.
Una absoluta inflexibilidad por parte de estos últimos, aunque no habría dejado de envolver a todos los departamentos del Estado en la confusión general, no ha sido ni temida ni experimentada.
El grado máximo de firmeza que puedan desplegar el Senado federal o el Presidente, no superará al de una resistencia en la cual contarán con el respaldo de principios constitucionales y patrióticos.
En esta revisión de la Constitución de la Cámara de Representantes, he pasado por alto las circunstancias de economía que, en el estado actual de las cosas, podrían haber influido en la reducción del número temporal de representantes, y cuya inobservancia habría sido probablemente un tema de declamación contra la Constitución tan abundante como el que se ha manifestado a causa de la pequeñez del número propuesto.
Omito también cualquier comentario sobre la dificultad que podría encontrarse, bajo las circunstancias actuales, en comprometer para el servicio federal a un gran número de personajes de la índole que el pueblo probablemente elegirá. Una observación, sin embargo, debo permitirme añadir sobre este tema por reclamar, a mi juicio, una atención muy seria. Es que en todas las asambleas legislativas, cuanto mayor sea el número que las componga, menores serán los hombres que de hecho dirigirán sus deliberaciones.
En primer lugar, cuanto más numerosa sea una asamblea, cualesquiera que sean los caracteres que la compongan, mayor se sabe que es el ascendiente de la pasión sobre la razón.
En segundo lugar, cuanto mayor sea el número, mayor será la proporción de miembros de limitada información y débiles capacidades. Ahora bien, es precisamente sobre caracteres de esta índole que la elocuencia y la habilidad de unos pocos actúan con toda su fuerza.
En las antiguas repúblicas, donde todo el cuerpo del pueblo se reunía en persona, se solía ver a un solo orador, o a un estadista astuto, gobernar con un dominio tan absoluto como si se hubiera puesto un cetro en sus solas manos. Por el mismo principio, cuanto más multitudinaria se haga una asamblea representativa, más participará de las flaquezas inherentes a las reuniones colectivas del pueblo. La ignorancia será la engañada por la astucia, y la pasión, la esclava de la sofistería y la declamación.
El pueblo nunca puede equivocarse más que al suponer que, al multiplicar sus representantes más allá de cierto límite, fortalece la valla contra el gobierno de unos pocos. La experiencia le advertirá siempre que, por el contrario,
TRAS HABER ASEGURADO UN NÚMERO SUFICIENTE PARA LOS FINES DE LA SEGURIDAD, DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y DE LA SIMPATÍA DIFUSIVA CON TODA LA SOCIEDAD,
contrarrestarán sus propias opiniones con cada adición a sus representantes. El aspecto del gobierno puede volverse más democrático, pero el alma que lo anima será más oligárquica. La máquina será ampliada, pero más pocos, y a menudo más secretos, serán los resortes por los cuales se dirigen sus movimientos.
En relación con la objeción contra el número de representantes, puede señalarse aquí apropiadamente la que se ha sugerido en contra del número declarado competente para los asuntos legislativos. Se ha dicho que debería haberse exigido más que una mayoría para constituir el quórum; y, en casos particulares, si no en todos, más que la mayoría de un quórum para tomar una decisión.
No puede negarse que de semejante precaución habrían podido derivarse algunas ventajas. Habría sido un escudo adicional para ciertos intereses particulares y un obstáculo más, en general, contra las medidas apresuradas y parciales.
Pero estas consideraciones son superadas por los inconvenientes en el platillo opuesto. En todos los casos en que la justicia o el bien general pudieran requerir que se aprueben nuevas leyes o que se emprendan medidas activas, se invertiría el principio fundamental del gobierno libre. Ya no sería la mayoría la que mandaría: el poder sería transferido a la minoría.
Si el privilegio defensivo se limitara a casos particulares, una minoría interesada podría aprovecharse de él para escudarse de sacrificios equitativos en pro del bienestar general, o, en emergencias particulares, para extorsionar con indulgencias irrazonables.
Por último, facilitaría y fomentaría la perniciosa práctica de las secesiones; una práctica que se ha manifestado incluso en Estados donde solo se requiere una mayoría; una práctica subversiva de todos los principios de orden y gobierno regular; una práctica que conduce más directamente a las conmociones públicas y a la ruina de los gobiernos populares que cualquier otra que hasta ahora se haya manifestado entre nosotros.
PUBLIUS Anclaje H2