Para el Independent Journal. Sábado, 1 de diciembre de 1787
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York.
EN EL curso de los artículos precedentes, he procurado, compatriotas, presentar ante vosotros, con luz clara y convincente, la importancia de la Unión para vuestra seguridad y felicidad políticas. Os he expuesto una multiplicidad de peligros a los que estaríais expuestos si permitierais que ese lazo sagrado que une al pueblo de América sea cortado o disuelto por la ambición o por la avaricia, por los celos o por la tergiversación.
En la continuación de la investigación a través de la cual me propongo acompañarle, las verdades destinadas a ser inculcadas recibirán una confirmación adicional a partir de hechos y argumentos hasta ahora inadvertidos.
Si el camino que aún habéis de recorrer os pareciere en algunos trechos tedioso o molesto, recordaréis que vais en pos de información sobre un asunto de la mayor trascendencia que puede ocupar la atención de un pueblo libre, que el campo por el que habéis de transitar es de suyo espacioso y que las dificultades del viaje han sido incrementadas innecesariamente por los laberintos con que la sofistería ha plagado la ruta.
Mi propósito será eliminar los obstáculos de vuestro progreso de la manera más compendiosa posible, sin sacrificar la utilidad en aras de la rapidez.
En cumplimiento del plan que me he propuesto para la discusión del tema, el punto que sigue en orden para ser examinado es la «insuficiencia de la Confederación actual para la preservación de la Unión».
Quizás se pueda preguntar qué necesidad hay de razonamiento o prueba para ilustrar una posición que ni se controvierte ni se duda, a la que asienten los entendimientos y sentimientos de todas las clases de hombres, y que en esencia es admitida tanto por los oponentes como por los amigos de la nueva Constitución.
Debe en verdad reconocerse que, por más que estos difieran en otros aspectos, en general parecen concordar al menos en este sentimiento: que existen imperfecciones materiales en nuestro sistema nacional, y que es necesario hacer algo para rescatarnos de la anarquía inminente.
Los hechos que respaldan esta opinión ya no son objeto de especulación. Se han impuesto en la sensibilidad del pueblo en general y han arrancado por fin a aquellos, cuya política errónea ha tenido la parte principal en precipitar el extremo al que hemos llegado, una confesión renuente de la realidad de aquellos defectos en el plan de nuestro gobierno federal que desde hace mucho tiempo han sido señalados y lamentados por los amigos inteligentes de la Unión.
Ciertamente puede decirse, con toda propiedad, que hemos llegado a casi la última etapa de la humillación nacional. No hay apenas nada que pueda herir el orgullo o degradar el carácter de una nación independiente que no estemos experimentando.
- ¿Existen compromisos a cuyo cumplimiento nos vinculan todos los lazos respetables entre los hombres? Estos son objeto de una violación constante y descarada.
- ¿Debemos deudas a los extranjeros y a nuestros propios ciudadanos contraídas en un momento de inminente peligro para la preservación de nuestra existencia política? Estas siguen sin ninguna disposición adecuada o satisfactoria para su pago.
- ¿Tenemos valiosos territorios y puestos importantes en posesión de una potencia extranjera que, por estipulaciones expresas, debieron haber sido entregados hace mucho tiempo? Estos aún se retienen, en perjuicio de nuestros intereses, ni más ni menos que de nuestros derechos.
- ¿Estamos en condiciones de resentir o repeler la agresión? No tenemos ni tropas, ni tesoro, ni gobierno.(1)
- ¿Estamos acaso en condiciones de protestar con dignidad? Las justas imputaciones a nuestra propia lealtad, respecto al mismo tratado, deberían ser eliminadas primero.
- ¿Tenemos derecho por naturaleza y por pacto a una libre participación en la navegación del Misisipi? España nos excluye de ella.
- ¿Es el crédito público un recurso indispensable en tiempos de peligro público? Parecemos haber abandonado su causa por desesperada e irrerecuperable.
- ¿Es el comercio de importancia para la riqueza nacional? El nuestro se encuentra en el punto más bajo de su decadencia.
- ¿Es la respetabilidad ante los ojos de las potencias extranjeras una salvaguarda contra las invasiones extranjeras? La imbecilidad de nuestro gobierno les prohíbe incluso negociar con nosotros. Nuestros embajadores en el extranjero no son más que la comparsa de una soberanía imitada.
- ¿Es una disminución violenta y antinatural en el valor de la tierra un síntoma de angustia nacional? El precio de la tierra cultivada en la mayor parte del país es mucho más bajo de lo que puede explicarse por la cantidad de tierras baldías en el mercado, y solo puede explicarse plenamente por esa falta de confianza pública y privada, que abunda de manera tan alarmante entre todas las clases, y que tiene una tendencia directa a devaluar la propiedad de todo tipo.
- ¿Es el crédito privado amigo y mecenas de la industria? El tipo más útil, aquel relacionado con el préstamo y la obtención de préstamos, se reduce a los límites más estrechos, y esto se debe aún más a una opinión de inseguridad que a la escasez de dinero.
Para abreviar una enumeración de detalles que no pueden proporcionar ni placer ni instrucción, puede preguntarse en general: ¿qué indicio de desorden, pobreza e insignificancia nacional, de entre los que podrían sobrevenir a una comunidad tan singularmente bendecida con ventajas naturales como la nuestra, no forma parte del sombrío catálogo de nuestras desgracias públicas?
Esta es la melancólica situación a la que nos han traído aquellos mismos principios y consejos que ahora querrían disuadirnos de adoptar la Constitución propuesta; y que, no contentos con habernos conducido al borde de un precipicio, parecen decididos a precipitarnos en el abismo que nos aguarda abajo.
Aquí, compatriotas míos, impulsados por todo motivo que deba influir en un pueblo ilustrado, hagamos una defensa firme por nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra dignidad, nuestra reputación. Rompamos por fin el encanto fatal que durante demasiado tiempo nos ha seducido de los caminos de la felicidad y la prosperidad.
Es verdad, como ya se ha observado antes, que los hechos, demasiado testarudos para ser resistidos, han producido una especie de asentimiento general a la proposición abstracta de que existen defectos materiales en nuestro sistema nacional; pero la utilidad de la concesión, por parte de los antiguos adversarios de las medidas federales, queda destruida por una enérgica oposición a un remedio, basado en los únicos principios que pueden darle la oportunidad de triunfar.
Aunque admiten que el gobierno de los Estados Unidos carece de energía, se oponen a conferirle aquellos poderes que son necesarios para suministrar esa energía.
Parece que aún pretenden alcanzar cosas repugnantes e irreconciliables; * a un aumento de la autoridad federal, sin una disminución de la autoridad estatal; * a la soberanía en la Unión y a la completa independencia en los miembros.
Aún, en fin, parecen abrigar con devoción ciega el monstruo político de un imperium in imperio. Esto hace necesario una exposición completa de los principales defectos de la Confederación, para demostrar que los males que experimentamos no provienen de imperfecciones diminutas o parciales, sino de errores fundamentales en la estructura del edificio, los cuales no pueden enmendarse de otro modo que mediante una alteración en los primeros principios y en los pilares principales de la fábrica.
El gran y radical vicio en la estructura de la Confederación existente radica en el principio de LEGISLACIÓN para los ESTADOS o GOBIERNOS, en sus capacidades CORPORATIVAS o COLECTIVAS, y en contraposición a los INDIVIDUOS de los que constan.
Aunque este principio no recorre todos los poderes delegados a la Unión, impregna y rige aquellos de los cuales depende la eficacia de los demás.
Salvo por la regla de designación, los Estados Unidos tienen una discreción indefinida para hacer requisiciones de hombres y dinero; pero no tienen autoridad para reclutar a ninguno de ambos mediante reglamentos que se extiendan a los ciudadanos individuales de América.
La consecuencia de esto es que, aunque en teoría sus resoluciones respecto a esos objetos son leyes, vinculantes por la constitución para los miembros de la Unión, en la práctica son meras recomendaciones que los Estados observan o ignoran a su discreción.
Es un ejemplo singular de la veleidad de la mente humana que, después de todas las advertencias que hemos tenido por experiencia a este respecto, todavía se encuentren hombres que se opongan a la nueva Constitución por desviarse de un principio que se ha demostrado ser la ruina de la antigua, y que es en sí mismo evidentemente incompatible con la idea de GOBIERNO; un principio, en suma, que, si ha de ejecutarse de algún modo, debe sustituir la acción violenta y sanguinaria de la espada por la suave influencia de la magistratura.
No hay nada absurdo ni impracticable en la idea de una liga o alianza entre naciones independientes para ciertos propósitos definidos, precisados con exactitud en un tratado que regule todos los detalles de tiempo, lugar, circunstancia y cantidad; sin dejar nada a la discreción futura; y cuya ejecución dependa de la buena fe de las partes.
Pactos de esta índole existen entre todas las naciones civilizadas, sujetos a las usuales vicisitudes de la paz y de la guerra, de la observancia y la inobservancia, según lo dicten los intereses o las pasiones de las potencias contratantes.
En los primeros años del presente siglo hubo una fiebre epidémica en Europa por esta clase de pactos, de los cuales los políticos de la época esperaban con ilusión beneficios que nunca se materializaron. Con el propósito de establecer el equilibrio de poder y la paz de aquella parte del mundo, se agotaron todos los recursos de la negociación y se formaron alianzas triples y cuádruples; pero apenas se formaban cuando ya se rompían, dando una lección instructiva pero penosa a la humanidad sobre cuán poca confianza debe depositarse en tratados que no tienen otra sanción que las obligaciones de la buena fe, y que oponen consideraciones generales de paz y justicia al impulso de cualquier interés o pasión inmediata.
Si los Estados particulares de este país están dispuestos a guardar una relación semejante entre sí, y a abandonar el proyecto de una SUPERINTENDENCIA DISCRECIONAL general, el plan sería en verdad pernicioso, y nos acarrearía todos los males que se han enumerado bajo el primer punto; pero tendría el mérito de ser, al menos, coherente y practicable
Abandonando toda perspectiva de un gobierno confederado, esto nos llevaría a una simple alianza ofensiva y defensiva; y nos pondría en una situación de ser alternativamente amigos y enemigos los unos de los otros, según nos lo dictaran nuestros recelos y rivalidades mutuos, alimentados por las intrigas de naciones extranjeras.
Pero si no estamos dispuestos a ser colocados en esta situación peligrosa; si aún hemos de adherirnos al diseño de un gobierno nacional, o, lo que es lo mismo, de un poder superintendente, bajo la dirección de un consejo común, debemos resolvernos a incorporar en nuestro plan aquellos elementos que pueden considerarse como formadores de la diferencia característica entre una liga y un gobierno; debemos extender la autoridad de la Unión a las personas de los ciudadanos, los únicos objetos propios del gobierno.
El Gobierno implica la facultad de hacer leyes. Es esencial para la idea de una ley que vaya acompañada de una sanción; o, en otras palabras, de una pena o castigo por la desobediencia. Si no hay una pena anexa a la desobediencia, las resoluciones o mandatos que pretendan ser leyes equivaldrán, de hecho, a nada más que a un consejo o recomendación.
Esta pena, cualquiera que sea, solo puede imponerse de dos maneras:
- por la agencia de los tribunales y ministros de justicia, o por la fuerza militar;
- por la COERCIÓN de la magistratura, o por la COERCIÓN de las armas.
La primera especie puede evidentemente aplicarse sólo a los hombres; la última especie debe, por necesidad, emplearse contra los cuerpos políticos, las comunidades o los Estados. Es evidente que no existe proceso judicial alguno mediante el cual pueda obligarse, en última instancia, a la observancia de las leyes. Se pueden dictar sentencias contra ellos por violaciones de su deber; pero estas sentencias sólo pueden llevarse a ejecución por medio de la espada.
En una asociación en donde la autoridad general se limita a los cuerpos colectivos de las comunidades que la componen, cada infracción de las leyes debe entrañar un estado de guerra; y la ejecución militar ha de convertirse en el único instrumento de obediencia civil. Tal estado de cosas ciertamente no merece el nombre de gobierno, ni ningún hombre prudente elegiría confiar su felicidad a él.
Hubo un tiempo en que se nos decía que no debían esperarse violaciones, por parte de los Estados, de las regulaciones de la autoridad federal; que un sentimiento de interés común presidiría la conducta de los respectivos miembros y engendraría un pleno cumplimiento de todas las exigencias constitucionales de la Unión.
Este lenguaje, en el día de hoy, parecerá tan descabellado como lo parecerá una gran parte de lo que ahora oímos de la misma fuente, cuando hayamos recibido más lecciones de ese mejor oráculo de la sabiduría, la experiencia. En todo momento traicionó una ignorancia de los verdaderos resortes que mueven la conducta humana, y desmintió los motivos originales para el establecimiento del poder civil.
¿Por qué se ha instituido el gobierno en absoluto? Porque las pasiones de los hombres no se conforman a los dictados de la razón y la justicia sin coacción.
¿Se ha descubierto acaso que los cuerpos de hombres actúan con más rectitud o mayor desinterés que los individuos? Lo contrario de esto ha sido inferido por todos los observadores minuciosos de la conducta de la humanidad, y tal inferencia se funda en razones obvias.
- El respeto por la reputación ejerce una influencia menos activa cuando la infamia de una mala acción ha de dividirse entre varios que cuando recae por entero sobre uno solo.
- El espíritu de facción, que suele mezclar su veneno en las deliberaciones de todos los cuerpos de hombres, arrastrará a menudo a las personas que los componen a cometer impropiedades y excesos de los que se sonrojarían en su condición de particulares.
Además de todo esto, existe, en la naturaleza del poder soberano, una impaciencia por el control que predispone a quienes están investidos de su ejercicio a mirar con malos ojos todos los intentos externos de restringir o dirigir sus operaciones.
De este espíritu resulta que, en toda asociación política que se forme sobre el principio de unir en un interés común a una serie de soberanías menores, se hallará una especie de tendencia excéntrica en los orbes subordinados e inferiores, mediante cuya operación habrá un esfuerzo perpetuo en cada uno por alejarse del centro común.
Esta tendencia no es difícil de explicar. Tiene su origen en el amor al poder. El poder controlado o coartado es casi siempre el rival y enemigo de aquel poder por el cual es controlado o coartado.
Esta sencilla proposición nos enseñará cuán poca razón hay para esperar que las personas encargadas de la administración de los asuntos de los miembros particulares de una confederación estén dispuestas en todo momento, con perfecta buena disposición y una consideración imparcial hacia el bienestar público, a ejecutar las resoluciones o decretos de la autoridad general. Lo contrario de esto se desprende de la constitución de la naturaleza humana.
Si, por lo tanto, las medidas de la Confederación no pueden ejecutarse sin la intervención de las administraciones particulares, habrá pocas perspectivas de que se ejecuten en absoluto. Los gobernantes de los respectivos miembros, ya tengan derecho constitucional a ello o no, se encargarán de juzgar la idoneidad de las medidas mismas. Considerarán la conformidad de la cosa propuesta o requerida con sus intereses o fines inmediatos; las conveniencias o inconveniencias momentáneas que acompañarían su adopción. Todo esto se hará; y con un espíritu de escrutinio interesado y suspicaz, sin ese conocimiento de las circunstancias nacionales y de las razones de Estado, que es esencial para un juicio correcto, y con esa fuerte predilección en favor de los objetivos locales, que difícilmente dejará de extraviar la decisión.
El mismo proceso debe ser repetido en cada uno de los miembros de que el cuerpo está constituido; y la ejecución de los planes, trazados por los consejos del conjunto, oscilará siempre a merced de la discreción de la opinión mal informada y prejuiciosa de cada parte.
Aquellos que han estado familiarizados con los procedimientos de las asambleas populares; que han visto cuán difícil es a menudo, cuando no hay una presión exterior de las circunstancias, llevarlas a resoluciones armoniosas sobre puntos importantes, concebirán fácilmente cuán imposible debe ser inducir a varias asambleas de este tipo, deliberando a distancia unas de otras, en diferentes momentos y bajo distintas impresiones, a cooperar durante mucho tiempo en los mismos puntos de vista y propósitos.
En nuestro caso, la concurrencia de trece voluntades soberanas distintas es requisito indispensable, bajo la Confederación, para la completa ejecución de toda medida importante que emane de la Unión.
Ha sucedido como debía haberse previsto. Las medidas de la Unión no han sido ejecutadas; los incumplimientos de los Estados han madurado, paso a paso, hasta llegar a un extremo que, a fin de cuentas, ha detenido todos los engranajes del gobierno nacional y los ha llevado a una paralización pavorosa. El Congreso en este momento apenas posee los medios para mantener las formas de la administración, hasta que los Estados tengan tiempo de ponerse de acuerdo sobre un sustituto más sustancial para la actual sombra de gobierno federal.
Las cosas no llegaron a este extremo desesperado de golpe. Las causas que se han especificado produjeron al principio solo grados desiguales y desproporcionados de cumplimiento respecto a las requisitorias de la Unión. Las mayores deficiencias de algunos Estados sirvieron de pretexto por el ejemplo y de tentación por el interés para los Estados cumplidores, o para los menos morosos.
¿Por qué habríamos de hacer más en proporción que aquellos que van embarcados con nosotros en la misma travesía política? ¿Por qué habríamos de consentir en soportar más de la parte que nos corresponde de la carga común?
Eran sugerencias a las que el egoísmo humano no pudo resistir, y que incluso los hombres especulativos, que miraban hacia consecuencias remotas, no pudieron combatir sin vacilación. Cada Estado, cediendo a la voz persuasiva del interés o la conveniencia inmediata, ha retirado sucesivamente su apoyo, hasta que el edificio frágil y tambaleante parece dispuesto a caernos encima y a aplastarnos bajo sus ruinas.
PUBLIO
- "Lo digo por la Unión."