los habitantes de los otros dos Estados en calidad de consumidores de lo que importamos. Nueva York no estaría dispuesta ni sería capaz de renunciar a esta ventaja. Sus ciudadanos no consentirían que un arancel pagado por ellos fuera condonado en favor de los ciudadanos de sus vecinos; ni sería factible, si no existiera este impedimento de por medio, distinguir a los clientes en nuestros propios mercados.
¿Se someterían Connecticut y Nueva Jersey durante mucho tiempo a ser gravadas por Nueva York en beneficio exclusivo de esta? ¿Se nos permitiría durante mucho tiempo permanecer en el tranquilo e ininterrumpido disfrute de una metrópoli, de cuya posesión derivábamos una ventaja tan odiosa para nuestros vecinos y, en su opinión, tan opresiva? ¿Seríamos capaces de preservarla frente al peso imponente de Connecticut por un lado y la presión cooperativa de Nueva Jersey por el otro?
Estas son preguntas que solo la temeridad responderá en afirmativo.
La deuda pública de la Unión sería un motivo más de colisión entre los distintos Estados o confederaciones. El prorrateo, en un principio, y la consiguiente extinción progresiva después, generarían por igual mal humor y animosidad.
¿Cómo sería posible convenir en una regla de reparto satisfactoria para todos? Apenas hay alguna que pueda proponerse que esté completamente libre de objeciones reales. Estas, como de costumbre, serían exageradas por el interés adverso de las partes.
Incluso existen opiniones divergentes entre los Estados en cuanto al principio general de saldar la deuda pública.
- Algunos de ellos, ya sea porque están menos impresionados por la importancia del crédito nacional, o porque sus ciudadanos tienen poco o ningún interés inmediato en la cuestión,