intermezcla parcial es incluso, en algunos casos, no sólo apropiada sino necesaria para la defensa mutua de los diversos miembros del gobierno entre sí.
Un veto absoluto o calificado del Ejecutivo sobre los actos del cuerpo legislativo es considerado por los más expertos en ciencia política como una barrera indispensable contra las invasiones de este sobre aquel. Y quizá pueda sostenerse, con no menor razón, que los poderes relativos a las acusaciones constitucionales (impeachments) son, como se indicó antes, un freno esencial en manos de dicho cuerpo contra las usurpaciones del Ejecutivo.
La división de ellos entre las dos ramas del poder legislativo, asignando a una el derecho de acusar y a la otra el derecho de juzgar, evita el inconveniente de hacer que las mismas personas sean a la vez acusadoras y jueces; y previene el peligro de la persecución debido al predominio de un espíritu faccioso en cualquiera de esas ramas. Como será necesario el concurso de dos tercios del Senado para una condena, la seguridad para la inocencia, a partir de esta circunstancia adicional, será tan completa como ella misma pueda desear.
Es curioso observar con qué vehemencia esta parte del plan es impugnada, basándose en el principio aquí señalado, por hombres que afirman admirar, sin excepción, la constitución de este Estado; mientras que dicha constitución hace del Senado, junto con el canciller y los jueces de la Corte Suprema, no solo un tribunal de acusaciones, sino la máxima instancia judicial del Estado, en todas las causas, civiles y criminales.
La proporción, en cuanto al número, del canciller y los jueces respecto a los senadores, es tan insignificante, que puede afirmarse con verdad que la autoridad judicial de Nueva York, en última instancia, reside en su Senado.
Si el plan de la convención es, en este respecto, censurable por haberse apartado del célebre axioma que tantas veces se ha mencionado y tan