primera instancia, a las administraciones locales; lo cual, en los casos ordinarios, y cuando no prevalecen puntos de vista inadecuados, puede ser tanto más conveniente como más satisfactorio; pero se han reservado a la autoridad nacional el derecho de interponerse, siempre que circunstancias extraordinarias pudieran hacer dicha interposición necesaria para su seguridad.
Nada puede ser más evidente que el hecho de que un poder exclusivo para regular las elecciones del gobierno nacional, en manos de las legislaturas estatales, dejaría la existencia de la Unión enteramente a su merced.
Podrían en cualquier momento aniquilarlo, al omitir prever la elección de las personas para administrar sus asuntos. Poco sirve decir que una negligencia o misión de esta clase no sería probable. La posibilidad constitucional del hecho, sin una compensación por el riesgo, constituye una objeción irrefutable.
Tampoco se ha aducido aún ninguna razón satisfactoria para correr ese riesgo. Las conjeturas extravagantes de unos celos enfermizos jamás podrán ser dignificadas con ese carácter. Si estamos dispuestos a presumir abusos de poder, es tan justo presumirlos por parte de los gobiernos estatales como por parte del gobierno general. Y como es más acorde con las reglas de una teoría justa confiar a la Unión el cuidado de su propia existencia, que transferir ese cuidado a otras manos, si se han de correr riesgos de abusos de poder de un lado o del otro, es más racional correrlos allí donde el poder se colocaría naturalmente, que donde se colocaría antinaturalmente.
Supongamos que se hubiera introducido un artículo en la Constitución que facultara a los Estados Unidos para regular las elecciones de los respectivos Estados, ¿habría dudado alguien en condenarlo tanto como una indebida transferencia de poder como un instrumento premeditado para la destrucción de los gobiernos estatales?