Ninguna nación que conozca la naturaleza de nuestra asociación política sería tan imprudente como para contraer compromisos con los Estados Unidos por los cuales concediera privilegios de alguna importancia para ella, al tiempo que estuviera advertida de que los compromisos por parte de la Unión podían ser violados en cualquier momento por sus miembros, y mientras experimentara que podía disfrutar de cualquier ventaja que deseara en nuestros mercados, sin concedernos más retribución que la que su conveniencia momentánea le sugiriera.
No es de extrañar, por tanto, que el señor Jenkinson, al presentar en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley para regular el intercambio comercial temporal entre los dos países, precediera su introducción con la declaración de que disposiciones similares en leyes anteriores habían demostrado cumplir con todos los propósitos del comercio de Gran Bretaña, y que sería prudente persistir en el plan hasta que se viera si el gobierno estadounidense parecía adquirir o no una mayor consistencia.(1)
Varios Estados se han esforzado, mediante prohibiciones, restricciones y exclusiones separadas, en influir sobre la conducta de ese reino en este particular; pero la falta de acuerdo, derivada de la carencia de una autoridad general y de los puntos de vista encontrados y dispares de los Estados, ha frustrado hasta ahora todo experimento de esa índole, y seguirá haciéndolo mientras sigan existiendo los mismos obstáculos para lograr la uniformidad de medidas.
Las reglamentaciones entrometidas y poco vecinas de algunos Estados, contrarias al verdadero espíritu de la Unión, han dado, en diferentes ocasiones, justo motivo de recelo y queja a otros, y es de temer que ejemplos de esta índole, de no ser frenados por un control nacional, se multipliquen y extiendan hasta convertirse no solo en fuentes graves de animosidad y discordia, sino también en impedimentos perjudiciales para las relaciones entre las distintas partes de la Confederación.