Del *New York Packet*. Martes 25 de diciembre de 1787.
HAMILTON
Al Pueblo del Estado de Nueva York:
SE ha sostenido, de diversas maneras, que una Constitución de la clase propuesta por la convención no puede funcionar sin la ayuda de una fuerza militar para ejecutar sus leyes.
Esto, sin embargo, como la mayoría de las otras cosas que se han alegado por ese lado, se basa en una mera afirmación general, sin el respaldo de ninguna designación precisa o inteligible de las razones en las que se funda.
Por lo que he podido adivinar del significado latente de los objetores, este parece provenir de la presuposición de que el pueblo se mostrará reacio al ejercicio de la autoridad federal en cualquier asunto de índole interna.
Renunciando a cualquier objeción que pudiera plantearse ante la imprecisión o falta de claridad en la distinción entre lo interno y lo externo, inquiramos qué fundamento existe para presuponer esa aversión en el pueblo.
A menos que supongamos al mismo tiempo que los poderes del gobierno general serán peor administrados que los del gobierno estatal, no parece haber lugar para suponer mala voluntad, desafección u oposición en el pueblo.
Creo que puede establecerse como una regla general que su confianza en un gobierno y su obediencia a este serán comúnmente proporcionales a la bondad o maldad de su administración.
Debe admitirse que hay excepciones a esta regla; pero estas excepciones dependen de manera tan entera de causas accidentales, que no pueden considerarse como si tuvieran relación alguna con los méritos o deméritos intrínsecos de una constitución. Estos solo pueden juzgarse mediante principios y máximas generales.
Varias razones se han sugerido, en el curso de estos escritos, para inducir la probabilidad de que el gobierno general sea mejor administrado que los gobiernos particulares; las principales de las cuales son que la extensión de las esferas de elección presentará una mayor opción, o latitud de elección, al pueblo; que por medio de las legislaturas estatales, que son cuerpos selectos de hombres, y que han de nombrar a los miembros del Senado nacional, hay razón para esperar que esta rama esté compuesta por lo general con peculiar cuidado y juicio; que estas circunstancias prometen mayor conocimiento y más extensa información en los concilios nacionales, y que serán menos aptas para ser mancilladas por el espíritu de facción, y más fuera del alcance de esos malos humores ocasionales, o prejuicios y propensiones temporales, que, en las sociedades más pequeñas, contaminan frecuentemente los concilios públicos, engendran injusticia y opresión de una parte de la comunidad, y producen planes que, aunque satisfacen una inclinación o deseo momentáneo, terminan en angustia general, insatisfacción y repulsión.
Varias razones adicionales de considerable peso, para fortificar dicha probabilidad, se presentarán cuando pasemos a examinar, con un ojo más crítico, la estructura interior del edificio que se nos invita a erigir.
Será suficiente observar aquí que, hasta que puedan aducirse razones satisfactorias para justificar la opinión de que es probable que el gobierno federal sea administrado de tal manera que lo haga odioso o despreciable para el pueblo, no puede haber fundamento razonable para suponer que las leyes de la Unión vayan a tropezar con mayor oposición por parte de este, ni que necesiten de otros métodos para hacer cumplir su ejecución que los exigidos por las leyes de los miembros particulares.
La esperanza de la impunidad es un fuerte incentivo para la sedición; el temor al castigo, un desincentivo proporcionalmente fuerte para ella.
¿No será el gobierno de la Unión, que, si está dotado del grado debido de poder, puede convocar en su ayuda los recursos colectivos de toda la Confederación, más propenso a reprimir el PRIMER sentimiento e inspirar el ÚLTIMO, que el de un solo Estado, que solo puede disponer de los recursos que posee en su interior?
Una facción turbulenta en un Estado puede suponer fácilmente que es capaz de enfrentarse a los amigos del gobierno en ese Estado; pero difícilmente podrá estar tan obnubilada como para imaginarse a la altura de los esfuerzos combinados de la Unión.
Si esta reflexión es justa, hay menos peligro de resistencia por parte de combinaciones irregulares de individuos a la autoridad de la Confederación que a la de un solo miembro.
Haré, en este lugar, una observación, que no será menos justa porque a algunos les pueda parecer nueva; la cual es que cuanto más se entremezclen las operaciones de la autoridad nacional en el ejercicio ordinario del gobierno, cuanto más acostumbrados estén los ciudadanos a tropezar con ella en los sucesos comunes de su vida política, cuanto más familiarizada esté a su vista y a sus sentimientos, cuanto más penetre en aquellos objetos que tocan las fibras más sensibles y ponen en movimiento los resortes más activos del corazón humano, tanto mayor será la probabilidad de que se concilie el respeto y el afecto de la comunidad.
El hombre es en gran medida una criatura de hábitos. Una cosa que rara vez impresiona sus sentidos por lo general ejercerá poca influencia sobre su mente. Difícilmente puede esperarse que un gobierno continuamente distante y fuera de vista interese las sensaciones del pueblo.
La inferencia es que la autoridad de la Unión, y el afecto de los ciudadanos hacia ella, se verán fortalecidos, más bien que debilitados, por su extensión a lo que se llama asuntos de interés interno; y tendrá menos ocasión de recurrir a la fuerza, en proporción a la familiaridad y amplitud de su acción. Cuanto más circule a través de aquellos canales y corrientes en los que fluyen naturalmente las pasiones de la humanidad, menos necesitará el auxilio de los violentos y peligrosos recursos de la coacción.
Una cosa, a fin de cuentas, debe ser evidente: que un gobierno como el propuesto tendría muchas más probabilidades de evitar la necesidad de recurrir a la fuerza que esa especie de liga que defienden la mayoría de sus oponentes, cuya autoridad solo operaría sobre los Estados en sus capacidades políticas o colectivas.
Se ha demostrado que en semejante Confederación no puede haber otra sanción para las leyes que la fuerza; que las frecuentes transgresiones de los miembros son el fruto natural de la estructura misma del gobierno; y que siempre que estas ocurren, solo pueden remediarse, si es que acaso pueden, mediante la guerra y la violencia.
El plan presentado por la convención, al extender la autoridad de la cabeza federal a los ciudadanos particulares de los diversos Estados, permitirá al gobierno emplear la magistratura ordinaria de cada uno en la ejecución de sus leyes.
Es fácil percibir que esto tenderá a destruir, en el concepto común, toda distinción entre las fuentes de donde aquéllos pudieren dimanar; y le dará al gobierno federal la misma ventaja para asegurar la debida obediencia a su autoridad que la de que goza el gobierno de cada Estado, además de la influencia sobre la opinión pública que resultará de la importante consideración de tener el poder de invocar para su asistencia y apoyo los recursos de toda la Unión.
Merece particular atención en este lugar, que las leyes de la Confederación, en cuanto a los objetos ENUMERADOS y LEGÍTIMOS de su jurisdicción, se convertirán en la LEY SUPREMA del país; a cuya observancia todos los funcionarios, legislativos, ejecutivos y judiciales, en cada Estado, estarán obligados por la santidad de un juramento. Así, las legislaturas, los tribunales y los magistrados de los respectivos miembros serán incorporados a las operaciones del gobierno nacional HASTA DONDE ALCANCE SU JUSTA Y CONSTITUCIONAL AUTORIDAD; y serán convertidos en auxiliares para la ejecución de sus leyes.(1)
Cualquier hombre que siga, mediante sus propias reflexiones, las consecuencias de esta situación, percibirá que hay buenos fundamentos para contar con una ejecución regular y pacífica de las leyes de la Unión, si sus poderes se administran con una porción común de prudencia. Si suponemos arbitrariamente lo contrario, podemos deducir las inferencias que nos plazcan de tal suposición; pues ciertamente es posible, mediante un ejercicio desacertado de las autoridades del mejor gobierno que se haya instituido jamás, o que jamás pueda instituirse, provocar y precipitar al pueblo hacia los más desenfrenados excesos.
Pero aunque los adversarios de la Constitución propuesta supusieran que los gobernantes nacionales serían insensibles a los motivos del bien público, o a las obligaciones del deber, aún les preguntaría ¿cómo pueden promoverse los intereses de la ambición, o las miras de usurpación, mediante semejante conducta?
PUBLIO
- La sofística que se ha empleado para demostrar que esto tenderá a la destrucción de los gobiernos estatales, será, en su debido momento, plenamente descubierta.